Entre otras cosas, la izquierda española
es lenta. Ha pasado casi año y medio desde aquella aciaga votación de
no-investidura de Sánchez por el voto contrario de Podemos y algo más de
un año desde que las subsiguientes elecciones de junio de 2016
demostraran que aquel voto en contra había sido un tiro en el propio
pie.
Y eso suponiendo que estuviera animado del sincero deseo de
conseguir el sorpasso y no fuera una maniobra para garantizar el
gobierno de la derecha. La metedura de pata propició la semirrebelión
del ala socialdemócrata concluida en Vista Alegre II con el triunfo del
ala bolchevique que ahora se ve obligada a pactar con quien menos puede
digerir. Entre tanto, un año.
Un
año de gobierno desaforado del PP que alterna sus jornadas procesales
con las declamatorias. Un año de desgobierno económico más, anegado por
la corrupción. Un año con los independentistas catalanes en rampa de
salida.
En
efecto, la izquierda española es lenta. Pero hay que ser optimistas.
Por lo menos, las dos izquierdas se han sentado a hablar y han acordado
algo muy puesto en razón, algo que era obvio desde el primer momento: la
izquierda coordina su acción, se une, para desalojar democrática,
parlamentariamente al PP.
En esa unidad de acción pueden aparcar
razonablemente la cuestión catalana, pues no están de acuerdo en ella.
Un sector del gobierno sería partidario de pactar un referéndum y el
otro, no. Asunto distinto es si cabe tal aparcamiento dadas las
urgencias del momento. En todo lo demás podría gobernar, cosa que
empieza a ser angustiosamente necesaria, como lo era hace un año.
El
problema es que la izquierda no puede llegar al gobierno si no es
mediante una moción de censura para la que necesita los votos de los
indepes catalanes y, aun así, también los de 2 de Bildu y el de
Coalición Canaria. Que el PNV se sumara es más que dudoso, pues han
negociado los presupuestos con el gobierno. Pero quizá se abstenga algún
diputado; o los cinco.
Resulta
entonces que la posibilidad de la izquierda de llegar al gobierno a
implementar el programa acordado depende de la única cuestión que han
decidido dejar fuera del acuerdo. La posición de Podemos es conocida:
favorables al referéndum pactado (con campaña por el "no" a la
independencia), pero no a su celebración unilateral (excepto los
anticapis). Y esto ya les valió los votos de ERC (no del PDeCat) a su
moción de censura.
Queda por ver la oferta del PSOE, salida de la reciente reunión con el PSC, que se presenta como novedosa alternativa al autismo del gobierno. En totum revolutum
parece ser: plurinacionalidad, nación cultural, federalismo,
recuperación del Estatuto de 2006, revisión en profundidad del sistema
de financiación, quita de deuda y así, sin duda, hasta dar respuesta a
44 de las 46 famosas peticiones de Puigdemont. Quedan fuera el pacto
fiscal y el referéndum.
A
primera vista no parecen ser ofertas tentadoras para que los indepes
suspendan su hoja de ruta. Además de irrelevantes para la cuestión de
fondo que aquí se dilucida (el derecho de autodeterminación) son
imprecisas y muchas de ellas inverosímiles, pues dependen de
imponderables, como que la derecha acepte una reforma de la
Constitución.
La
confrontación toma rasgos cada vez más amenazadores. Ya están en juego
las fuerzas de seguridad. La entrada de la Guardia Civil en el Teatro
Nacional de Catalunya es uno de esos actos que algún majadero de los que
parecen llevar un micrófono de corbata, llamará de "normalidad
democrática", es un paso más en la dinámica de acción-reacción. Los de
la CUP han enviado una declaración colectiva al juez, identificándose
personalmente como cooperadores necesarios en el referéndum.
La
sustitución del director de los Mossos d’Esquadra, Batlle, por el
independentista Pere Soler sigue en la misma dirección. Permite entrever
un futuro inmediato de conflictos con cuestiones referentes a la
obediencia debida, fácilmente traducibles en actos de desobediencia
institucional. De ahí al procesamiento e inhabilitación de los
dirigentes catalanes no hay más que un paso. Pero puede ser un paso en
falso si las autoridades se niegan a acatar las medidas que contra ellas
se tomen, planteando una cuestión de legitimidad que, es de suponer,
tendrá mucho respaldo social.
No
se ve cómo será posible evitar el art. 155 e, incluso, medidas
excepcionales más concretas y, para darles eficacia, el despliegue de
una fuerza pública superior a los Mossos que no puede ser otra que la
Guardia Civil.
Llegados
a este punto, o escenario, ¿no es más prudente pactar un referéndum,
defender pacíficamente las convicciones propias y atenerse al resultado?
Mientras
no haya una solución a Cataluña, el gobierno de la izquierda no pasará
de ser oposición coordinada a un gobierno del PP que, según se ve, actúa
como cuando disponía de mayoría absoluta.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
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