MURCIA.- El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados ha 
presentado a la Mesa del Congreso de los Diputados una proposición no de
 Ley relativa a la Regulación del Sector Ecuestre para su debate en la 
Comisión de Economía, Industria y Competitividad, "en línea con la 
política de protección de animales".
El objeto, según ha explicado
 el diputado 'popular' por Murcia, Teodoro García, "es 
impulsar la regulación del sector", de las profesiones asociadas, las 
terapias asistidas, así como fomentar el turismo relacionado con el 
caballo.
La Región cuenta con más de 12.000 equinos y casi 2.000 
explotaciones ganaderas relacionadas con el sector, ha acentuado el 
diputado, "y desde el Congreso de los Diputados estamos impulsando 
medidas que estimulen la economía regional y nacional alrededor de 
sectores que aporten valor añadido al territorio".
Y es que, ha 
sostenido, "Murcia tiene en el sector ecuestre un gran potencial, supone
 una oportunidad para desestacionalizar el turismo a través de 
actividades que potencian y protegen nuestros valores medioambientales",
 afirmando, que "la regulación de este sector, y el impulso a las 
actividades y relacionadas con el mismo pueden generar a corto plazo más
 de 2.000 empleos directos indirectos en la región de Murcia en este 
ámbito".
Teodoro García explica 
que el PP pretende regular todas las profesiones que se encuentran 
alrededor del sector del caballo. 
"Hablamos de veterinarios, personas 
dedicadas al cuidado y mantenimiento de los animales, monitores y 
terapeutas para el tratamiento de enfermedades o acompañamiento de niños
 de altas capacidades, ganaderos. Todo un sector que pretendemos 
regular, cuidar y potenciar como uno de los grandes activos de nuestra 
Región y de nuestro país".
Tras indicar que la redacción de la 
propuesta del GPP ha contado con el asesoramiento de expertos del sector
 como Isabel Hernández del club Aros de la federación murciana, ha hecho
 hincapié en que "España cuenta con unas 175.000 explotaciones ecuestres
 y más de 700.000 cabezas de caballos, la mayoría de ellos concentrados 
en Andalucía, Cantabria, Navarra y Asturias", destacando, en este 
sentido, el primer estudio publicado, en junio de 2013, por la Federal 
Hípica Española sobre el impacto del sector del caballo en España.
Fue
 realizado por la consultora Deamon Quest de Deloitte y presentado por 
el ex ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel 
Ángel Arias Cañete, y el presidente de la Federación Hípica Española, 
Javier Revuelta.
Un informe que desveló que la industria equina 
española representaba el 0,51 por ciento del PIB nacional en el año 2012
 (5.303,6 millones de euros), ha señalado el 'popular', para recordar 
que el ex ministro destacó el peso económico del mundo del caballo en 
nuestro país e informó de la necesidad de trabajar "conjuntamente y 
potenciar el sector con la creación de una comisión nacional del sector 
equino".
Según este estudio, más de 60.000 puestos de trabajo 
dependen de la industria equina en España (mozos de cuadra, herradores, 
personal dedicado al cuidado de los caballos, encargados de apuestas en 
hipódromos) y explica que, sectores como la construcción, la medicina, 
el transporte, la moda, la alimentación, la formación o el turismo están
 indirectamente vinculados con el sector ecuestre, lo que supone un 
movimiento económico del 36 por ciento sobre el total de su impacto (más
 de 1.900 millones de euros).
Además, dicho informe señala la 
necesidad de regular el sector desde los siguientes puntos de vista 
profesional "para proteger y acompañar al autónomo en la mejora continua
 en busca me aumentar mercados", el derecho del animal, "para 
salvaguardar su buen estado físico y velar por su buen trato" y en 
acción social, a fin de "favorecer la accesibilidad de los tratamientos 
asistidos con caballos a las personas que lo necesitan".
Asimismo,
 ha incidido Teodoro García, el estudio habla de la importancia de crear
 nuevas líneas profesionales con repercusión laboral directa, afianzar 
España como país de turismo ecuestre internacional y fomentar la visión 
internacional de España como país ecuestre.
También propone la 
regulación de servicios ecuestres por medio de Centros de Formación 
Profesional de Mercado Ecuestre, una regulación económica con IVA y 
ayudas para autónomos según el número de animales, tamaño de la 
instalación y actividades, la regulación de la marca España País 
Ecuestre y la del derecho al respeto del animal y cuidado del medio 
ambiente.
Además de la regulación de las apuestas ecuestres y 
eventos deportivos y seguridad jurídica para entidades, centros y 
profesionales de sector.
A este punto, recuerda que como 
consecuencia de la presentación de este informe, en 2015 se aprobó en la
 Comisión de Agricultura Pesca y Alimentación de la Cámara, a propuesta 
del Grupo Popular en el Senado, la creación de la Comisión Nacional del 
Caballo con el objetivo de potenciar el sector equino en España.
La
 senadora del PP por Huelva, María Dolores Vázquez, destacó la 
"trascendencia económica, laboral y social del mundo del caballo en 
nuestro país" e indicó que el ganado equino tiene unas "indudables 
potencialidades como generador de una importante actividad económica, 
estratégica y generadora de empleo", además de ser un ejemplo más de 
multifuncionalidad de la ganadería.
Por último, la ex senadora 
subrayó que "hablamos de un sector que genera paralelamente riqueza en 
otras áreas, como en la alimentación, la construcción o la moda, entre 
otras; sin duda, nos encontramos ante un sector que requiere toda 
nuestra atención e inquietud".
Y es que, resalta el PP, "en 
España, la figura del caballo está muy ligada a nuestra historia y 
cultura, no sólo como herramienta para el transporte, campos de cultivo o
 eventos deportivos sino como icono de fiestas patronales, ferias o 
romerías locales. Por eso, es necesario establecer un marco legislativo 
común que regule y potencie el sector equino en nuestro país".
Por
 todo ello, el Grupo Parlamentario Popular insta al Gobierno a impulsar 
"las medidas necesarias para establecer un marco legislativo y normativo
 definitivo del sector ecuestre", así como "evaluar y coordinar los 
trabajos necesarios para, con la participación de todos los implicados 
en el sector del caballo, aumentar las potencialidades económicas de 
este sector".