Se trata del ex presidente de la CAM
Modesto Crespo, el ex director general Roberto López Abad, a la ex directora general adjunta Maria Dolores Amorós, el ex director general de Planificación y Control Teófilo Segorb, el ex director general de Recursos Vicente Soriano, el ex director general de Inversiones y Riesgo Francisco José Martínez, el ex director de Financiación y Gestión de Liquidez Juan Luis Sabater, y el ex director de Información Financiera Salvador Ochoa.
El juez ha dado por cerrada la investigación principal sobre el saqueo de la
Caja de Ahorros del Mediterráneo, iniciada en el año 2011. El magistrado
ve indicios de delito para procesar a ocho exdirectivos de la entidad
crediticia alicantina, rescatada con 5.249 millones de euros y comprada
por el Banco Sabadell en febrero de 2013 por un euro.
El juez señala que los estados financieros de la CAM de 2010 y primer semestre de 2011 "no reflejaban la imagen fiel de la entidad" sobre todo a consecuencia de la liberación de provisiones ligadas a préstamos titulizados, por lo que "el resultado contable del ejercicio 2010 deberías haber sido menor en 210.341.000 euros".
Ademas, se había contabilizado "de forma irregular" el reparto de dividendos de las sociedades filiales de la CAM y la dotación relativa al fondo de prejubilaciones " con un efecto igualmente perturbador respecto de la imagen fiel de la situación económica de la entidad".
"Esta alteración de la imagen fiel de la entidad se hizo en ejecución de un plan concertado por el comité de dirección y su finalidad era la integración en el SIP y posterior fusión con otras cajas de ahorros para diluir el verdadero estado de la caja así como poder cobrar los incentivos por resultados y otros complementos ligados a la buena marcha de la entidad", explica la resolución.
El auto considera, ademas, que según se extrae de las periciales practicadas miembros del comité de dirección de CAM cobraron indebidamente 47.307.200 euros por diversos conceptos retributivos como indemnizaciones, complementos variables salariales e intereses relativos al exceso de prima pagada a la aseguradora
Caser.
En su auto, el magistrado empieza por relatar la supuesta alteración de
las cuentas anuales de la CAM en los ejercicios de 2010 y 2011. Según el
escrito, “los estados financieros” de la caja “no reflejaban la imagen
fiel de la entidad”, con un desfase en 2010 de 210,3 millones, pero no
por un error o un accidente. El instructor considera que “hubo un plan
concertado” de los directivos “para diluir el verdadero estado de la
caja” y “poder cobrar los incentivos por resultados y otros complementos
ligados a la buena marcha de la entidad”, causando un perjuicio de 47,3
millones de euros.
Según Bermúdez, la investigación ha dejado “acreditado” que hubo una
manipulación en varios ámbitos. Por un lado, la CAM “dio de baja las
provisiones para los créditos de deuda de muy baja calidad”, y
“contabilizó de forma incorrecta a sabiendas un contrato de SWAP -de
permuta financiera- ocultando la existencia de opciones de compra”.
Además, los balances periódicos de la entidad “estaban falseados” y
“no reflejaban la situación crítica de la entidad”. Es más, ofrecían una
“imagen distorsionada”, aparentando beneficios por unos 60 millones de
euros cuando en realidad las pérdidas ascendían a 1.136 millones, como
determinaron las auditorías del FROB, el Banco de España y
KPMG. Este
falseamiento, recuerda el juez, perjudicó a los inversores y demoró la
adopción de medidas que hubieran evitado –o al menos reducido- la
inyección de 5.259 millones de euros públicos “para evitar el riesgo que
suponía para el sistema financiero español”.
El juez recuerda que los imputados ocultaron conscientemente a la
consultora externa
Towers Watson que seis miembros de su comité de
dirección se habían adherido al programa de reestructuración de la
plantilla de la caja, mediante prejubilaciones, por valor de 15,5
millones de euros. Esta cantidad no se contabilizó en el resultado de
2010, evidentemente como pérdidas. Las pruebas periciales practicadas
concluyen que los exdirectivos “cobraron indebidamente 47,3 millones
“por diversos conceptos retributivos como indemnizaciones, complementos
variables salariales e intereses relativos al exceso de prima pagada a
la aseguradora
Caser”.
En 2007, el Consejo de Administración contrató con
Caser un complemento
económico que se sumaría a la jubilación de los exdirectivos. La prima,
equivalente al 60% del salario fijo en los últimos tres años, solo se
podía abonar a los directivos con al menos cinco años de antigüedad. Sin
embargo, relata el juez, a lo largo de los años siguientes, los
exdirectivos fueron variando la cobertura en su propio beneficio al
margen del Consejo de Administración. En 2010, acordaron el pago por
adelantado de 25,6 millones de euros pese a que conocían la delicada
situación de la entidad. Las diversas modificaciones, con fecha falsa,
supusieron un perjuicio bruto para la CAM de 2,14 millones de euros.
El magistrado considera que el expresidente de la CAM
Modesto Crespo
“conocía, supo e intervino” en todas estas decisiones. Respecto a su
número dos y gerente de la entidad,
López Abad, el juez sostiene que
“desempeñó un papel relevante tanto en el proceso de elaboración de las
cuentas anuales de 2010 como en la fijación de las retribuciones (…) que
fueron pagadas indebidamente”.
Sobre la directora general adjunta,
María Dolores Amorós, Gómez
Bermúdez escribe que “fue la principal responsable de la elaboración de
los estados intermedios –cuentas trimestrales y semestrales- de 2011” y
“autorizó el pago de las retribuciones indebidas”. De
Teófilo Sogorb,
director de Planificación y Control de la CAM, el juez destaca que las
cuentas que elaboró y certificó con cifras falseadas “sirvieron como
base para las retribuciones indebidas”.
El director general de Recursos de la entidad,
Vicente Soriano, es
considerado “responsable de las irregularidades en materia de
retribuciones”.
Francisco José Martínez, director de Inversiones y
Riesgo supuestamente conocía que las operaciones de titulización “se
hacían para generar resultados de forma artificial”.
Sobre
José Luis Sabater, director de Financiación, el juez sostiene
que conocía que el objetivo de las titulizaciones “no era otro que
servir de artificio a la alteración de las cuentas y de la imagen real
de la entidad. Finalmente, sobre
Salvador Ochoa, director de Información
Financiera, el juez subraya su “importante papel” en la irregular
contabilidad de las titulizaciones.
En el auto de transformación de las diligencias a procedimiento abreviado, el juez da diez días a la Fiscalía y acusación particular para que formulen escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento.
