Felipe González insiste en la supresión de ayuntamientos y diputaciones

MADRID.- Felipe González ha insistido hoy en su reclamación de que se supriman las diputaciones --ya que los servicios que prestan pueden asumirlos las delegaciones de Gobierno-- y se fusionen ayuntamientos. Según González, reabsorbiendo a los funcionarios y reorganizando servicios en tres niveles (Gobierno central, autonómicos y ayuntamientos), además del europeo, se lograría un ahorro de casi un punto del PIB.

   "No podemos soportar 8.300 municipios, y en algunos de 700 habitantes, polideportivos como si tuvieran 10.000. Y como no vamos a poder hay que acabar con la fiesta y decir a los ciudadanos 'lo que tenemos que hacer es esto', y seguro que lo van a entender", ha manifestado.

   En este sentido, González ha dejado claro que él está a favor de la descentralización, pero no de la "centrifugación". 

"El problema no es cuanta descentralización se hace sino cuánta centrifugación se evita. Descentralizar es bueno, centrifugar es un desastre", ha advertido.

   A su juicio, lo que no se puede es romper la "unidad" de España --no una unidad "sagrada", sino la unidad de "espacio público"-- en el mercado y en la igualdad a la hora de prestar servicios. "Hay que descentralizar y coordinar aunque hay gente que se resiste a ser coordinada", ha añadido.

El Congreso rechaza que el Tesoro gestione las emisiones de las CCAA

MADRID.- El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado con los votos de PSOE y PP una propuesta de resolución de CiU al Debate sobre el estado de la Nación que pretendía que el Tesoro gestione y avale las emisiones de deuda de las comunidades autónomas.

   Esta fue una de las principales propuestas que el portavoz parlamentario de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, presentó al presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en su debate del martes, si bien el jefe del Ejecutivo descartó a entonces esta posibilidad.

   También se ha descartado que el Estado pague a las comunidades autónomas el adelanto de 2011 del denominado fondo de competitividad, si bien en este punto los 'populares' sí han dado su apoyo a los nacionalistas catalanes.

    En terreno laboral, la Cámara Baja no ha aceptado la idea que CiU presenta por segundo año consecutivo en el Debate de una subvención directa de 5.000 euros en para los costos de contratación de un nuevo trabajador y la ampliación a todos los colectivos de la posibilidad de capitalizar el 100% de la prestación por paro para iniciar una actividad empresarial.

El Congreso pide por unanimidad incentivar la 'dación en pago'

MADRID.- El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado por unanimidad una propuesta de resolución al Debate sobre el estado de la Nación pactada por PSOE, PP y CiU para incentivar que la banca ofrezca la constitución de hipotecas denominadas de responsabilidad limitada, en las que la obligación garantizada se realiza únicamente sobre la vivienda, en la única modalidad de "dación en pago" que reconoce la actual legislación hipotecaria.

   También urge a analizar y supervisar las condiciones para la concesión de créditos hipotecarios, a fin de evitar "cláusulas abusivas", con "especial atención" a las que limiten la variación mínima de los intereses variables en función de la evolución de los tipos.

   La resolución recoge la idea del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para elevará a un 50% sobre el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) el límite no embargable del salario en proceso de ejecución hipotecaria y un 30% adicional por cada miembro de la familia que no disponga de ingresos propios.

   De esta forma, la cuantía medía pasará de 641 euros a 961 euros para personas sin familiares a cargo y podría alcanzar los 1.350 euros para quien tenga a cargo dos familiares sin ingresos.

   Asimismo, se estudiará elevar el "exiguo" porcentaje de valoración del inmueble por el que el banco puede adjudicárselo en caso de ejecución hipotecaria, si la subasta queda desierta. Actualmente está fijado en el 50% por la Ley de enjuiciamiento civil.

   El objetivo es mantener el valor real de los bienes en los procedimientos de ejecución hipotecaria, "evitando cualquier posibilidad de abuso sobre el deudor o de malabaratamiento de los bienes". Por ello también se propone que se acelere la introducción de las subastas judiciales electrónicas, para elevar el número de posibles postores.

   Estos acuerdo, que será elevado a la subcomisión parlamentaria contra los abusos hipotecarios, no incluye sin embargo la petición de otros grupos como ERC, IU-ICV y BNG, que pedían que la entrega de la vivienda pudiera saldar el préstamo también en caso de hipotecas ya vigentes en el caso de "deudores de buena fe", si bien esas formaciones han aceptado la transacción.

   Como complemento a estas ideas, y en colaboración con agentes sociales, económicos y financieros, se desarrollarán de sistemas de información, mediación y resolución de conflictos que permitan a las familias afrontar "con mayor seguridad" sus operaciones de crédito, ya sea en el momento de constitución o a lo largo de la vida del préstamo hipotecario.

   Además, se redefinirá la línea ICO moratoria de hipotecas, impulsar acuerdos de colaboración público-privado para la movilización del 'stock' de viviendas vacías a preciso asequibles y revisar los estímulos a la rehabilitación de viviendas y edificios, de manera que se puedan reducir los trámites para el acceso a ayudas y ampliar el concepto fiscal de rehabilitación.

   Además, se impulsarán acuerdos de colaboración público-privado para la movilización del 'stock' de viviendas vacías a preciso asequibles y revisar los estímulos a la rehabilitación de viviendas y edificios, de manera que se puedan reducir los trámites para el acceso a ayudas y ampliar el concepto fiscal de rehabilitación.

El retorno de los inmigrantes en paro a sus países es limitado

MADRID.- Una investigación del Real Instituto Elcano sobre la migración temporal entre Marruecos y España concluye que el retorno de los extranjeros que se han quedado en el paro a sus países de origen sería mayor si las normas españolas y europeas no fueran tan estrictas, ya que imponen que quienes se marchen, no podrán regresar en al menos tres años. 

   El estudio, firmado por la investigadora principal de Demografía, Población y Migraciones Internacionales de la institución, Carmen González, explica que "en este momento muchos de los inmigrantes desempleados, el 50% de los marroquíes, volverían a su país si las normas les permitieran retornar legalmente a España cuando aparecieran nuevas oportunidades laborales".

   "El plan de retorno actual, incorporado al nuevo Reglamento de la Ley de Extranjería, exige un período mínimo de estancia fuera demasiado largo, tres años, lo que obliga al migrante a hacer una apuesta incierta a largo plazo", señala la autora.

   Además, indica que "muchos" inmigrantes "optarían por volver a su país, donde la vida es más barata, si no fuera porque arriesgan perder su permiso de estancia en España si a lo largo de un año pasan más de seis meses fuera del país" y recuerda que incluso quienes tienen un permiso de larga duración se enfrentan a este problema, porque "las normas europeas les impiden pasar más de 12 meses seguidos fuera del espacio de la UE".

   "Hay indicios de que puede estar produciéndose una salida de esa migración desempleada hacia otros países europeos del espacio Schengen, en los que la ausencia de controles fronterizos permitiría a los migrantes pasar tiempo fuera sin que se detectase en España", afirma el estudio.

   El estudio critica que entre Marruecos y España no se producen flujos de ida y vuelta porque "las normas españolas lo dificultan", ya que, en general, "no favorecen que los inmigrantes puedan circular entre origen y destino de forma flexible de acuerdo con las oportunidades laborales o las necesidades vitales".

   En esta línea, la autora destaca que sólo existe un tipo de inmigración circular entre Marruecos y España, la estacional agraria regulada a nivel estatal, por el progresivo endurecimiento de las condiciones para entrar y permanecer legalmente en el país que se han ido imponiendo a los extranjeros.

   A juicio de la autora, esta es una de las razones por las que "el nivel educativo de los migrantes marroquíes en España es el más bajo" de entre los que se han afincado en Europa, "incluyendo países donde esta migración es reciente, como Italia", ya que quienes se desplazan al país son en su mayoría trabajadores del campo, mientras los licenciados, técnicos y emprendedores prefieren destinos como Francia.

   "Es difícil encontrar en España empresarios o profesionales marroquíes, lo que tiene un efecto negativo sobre la imagen de este colectivo y, por extensión, de Marruecos en España", explica el estudio, donde se señala además, que "la política de concesión de permisos de residencia para estudiantes no ha facilitado la presencia de universitarios marroquíes en España".

   Asimismo, critica "la discrecionalidad en la concesión de permisos de residencia a los que desean emprender alguna actividad económica por su cuenta en España", porque a juicio de la experta, "ha reducido a la nimiedad la entrada de inmigrantes por esa vía".

   La experta, que asegura que la comunidad marroquí es, de entre todas las nacionalidades extracomunitarias procedentes de países pobres, la que tiene menores porcentajes de irregularidad, apuesta por medidas como incentivar la inmigración de marroquíes cualificados, una política de becas para que ciudadanos del reino alauí puedan estudiar carreras con salida en el mercado de trabajo y abrir el sector turístico a la inmigración de temporada.

   "Se trata de utilizar la migración como un instrumento de avance en las relaciones hispano marroquíes y de cooperación al desarrollo, atraer una inmigración cualificada evitando a la vez la fuga de cerebros en Marruecos y permitir a los inmigrantes en paro el retorno a su país con la posibilidad de volver a España, aunque hayan pasado fuera más de seis meses al año, cuando encuentren oportunidades laborales", concluye.

Advierten que se está en "estado de alarma roja" porque la parte sur del Corredor Mediterráneo no entrará

MURCIA.- El secretario general de Ferrmed, Joan Amorós,  aseguró anoche que, según los contactos "fidedignos en las altas instancias de la Comisión Europea" que tiene, la parte sur del Corredor Mediterráneo "no va a entrar en la red central europea, ya que no hay un compromiso por parte del Gobierno español de completar estas inversiones ferroviarias antes del año 2030".

   De ahí, ha alertado Amorós, que el estado actual es de "alarma roja", por lo que se ha dado traslado de la situación a los gobiernos autónomos, a los parlamentos regional y al Congreso y Senado.

   Al mismo tiempo, ha afirmado, se ha enviado una carta al ministro de Fomento, José Blanco, en la que se indica que se espera de su persona "una declaración contundente conforme a que el Ejecutivo español hará estas inversiones antes de la fecha límite que ha puesto la Comisión Europea y que instará a ésta para que incluya la parte sur del corredor".

   Al hilo, ha dejado claro que "no vale que el ministro haga una declaración verbal, sino que lo que tiene que hacer es una declaración firme por escrito dirigida al vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Transportes, Siim Kallas, trasladándole todo esto". Se está barajando también la posibilidad de realizar un acto "potente" en Madrid, ya que es "ahora o nunca".

   Igualmente, desde Murcia el consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, Antonio Sevilla, ha informado que se hará traslado a la Asamblea Regional de una declaración con respecto a este corredor al objeto de que "todos los grupos políticos la apoyen".

   En esta misma línea, solicitará una entrevista con el secretario general de Planificación e Infraestructuras, Victor Morlán, para transmitir la preocupación "porque no se estuviese contando la integridad de la línea hasta Algeciras".

   Y es que, según el secretario general de Ferrmed, "la parte sur del corredor no entrará en la red central europea, ya que no hay un compromiso del Gobierno español en completar estas inversiones ferroviarias antes del 2030".

   "Ésta es la situación y el corredor cumple perfectamente con los criterios europeos de corredores de primer nivel, pero lo que pasa es que la Comisión Europea dice que para que lo incluya debe haber un compromiso de los estados miembros en tener las obras pertinentes concluidas antes de 2030", ha manifestado Amorós.

   Radica en este punto el problema, ha reconocido, para después señalar que "parece ser que no hay un compromiso firme por parte del Ejecutivo central en tener concluido todo el Corredor Mediterráneo hasta llegar a Algeciras".

   La duda que se tiene es de dónde acabaría esta inclusión en la red central europea, ya que, ha apuntado, "pudiera ser que acabara esto en Valencia o hasta Cartagena, pero el tema está en que hay unas inversiones que hacer".

   Por su parte, el consejero murciano ha resaltado el apoyo de la sociedad murciana a este corredor en el que "cree como unidad fundamental de desarrollo socioeconómico de gran parte de España".

   De forma que ha asegurado que el Gobierno regional "va a seguir apoyando esta actuación, que supone una línea que entrando por Cataluña llegue hasta Algeciras y nos conecte con el centro de Europa; una línea ferroviaria como vía fundamental para el mantenimiento y promoción de la economía".

   "Creemos en un corredor íntegro y que su sentido como vía de transporte, logística, va desde una punta a otra de la Península", ha remarcado Sevilla.

   Amorós y Sevilla han hecho estas declaraciones momentos antes del encuentro que han mantenido con representantes de las organizaciones empresariales de la Región para analizar la actual situación del Corredor Ferroviario Mediterráneo y elaborar una 'Declaración de Murcia' acerca de la cuestión.

   Precisamente, el jefe del Ejecutivo murciano se reúne este jueves en Bruselas con el vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Transportes, ante quien reivindicará la posición de la Región de Murcia sobre esta infraestructura, con la intención de "hacer valer esa fuerza de representación que nos dan tantas y tantas voluntades que suman en torno al corredor ferroviario".

López Carbajo espera la "máxima colaboración" de las CC.AA. en el próximo Consejo de Política Fiscal

MADRID.- El secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Juan Manuel López Carbajo, ha asegurado que espera la "máxima colaboración" de las comunidades autónomas en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que convocará el Gobierno a finales del mes de julio.

   En declaraciones a los medios tras su primera comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Congreso, López Carbajo ha aseverado que hay una "mayor sensibilidad y compromiso" en las comunidades para cumplir los objetivos de déficit. "En un año y pico ha cambiado mucho la percepción", ha subrayado.  

   De la misma forma, ha adelantado que algunos de los planes de reequilibrio que quedaron pendientes de aprobación en la anterior reunión del CPFF están "prácticamente debatidos y aprobados", como es el caso de Andalucía, aunque otros, como el Cataluña o Andalucía, no están tan cerca.

   Sobre cómo se comportarán los impuestos en el futuro, López Carbajo ha admitido que la recaudación de IVA se moderará a partir de julio por la desaparición del 'efecto escalón' que proporcionaba la subida de tipos, aunque mejorarán otras cosas como el turismo.

   El Impuesto de Sociedades, por su parte, mejorará gracias al impulso que quiere dar el Ministerio a la gestión de este tributo, con la que esperan que el impuesto funcione mejor en las grandes empresas.

   Durante su intervención en la Comisión, Carbajo ha confiado en que los ingresos cierren el año mejor de lo previsto y ha recordado que el año pasado acertaron a pesar de que se les acusó de hacer previsiones "exageradas".

   "Se cumplieron (las previsiones)", ha señalado al diputado 'popular' Vicente Martínez Pujalte, que ha advertido al nuevo secretario de Estado que tiene una "dificilísima tarea" por delante par consolidar las cuentas.

   López Carbajo ha asegurado que el Estado va "bien" en el proceso de consolidación fiscal porque ha hecho "un gran esfuerzo", aunque ha rechazado las críticas de los que acusan al Gobierno de culpar a las comunidades del déficit. "Nada más lejos de la realidad", ha señalado, tras asegurar que se considera a sí mismo "poco sospechoso" de una acusación de ese tipo.

   En esta misma línea ha contestado al portavoz de CiU, Pere Macías, que ha criticado el "mal comienzo" de López Carbajo como secretario de Estado al intentar dar lecciones a las autonomías. "No se lo vamos a admitir, de ninguna de las maneras", ha espetado Macías a López Carbajo.

   "Ni cogiendo el rábano por las hojas se puede llegar a esa conclusión", ha respondido el 'número dos' del Ministerio de Economía, quien ha explicado que sólo ha dicho que el esfuerzo lo tienen que hacer todas las administraciones, cada una asumiendo la responsabilidad que le corresponde.

   En este sentido, López Carbajo ha reiterado que todos tienen que hacer un gran esfuerzo para reducir el déficit público al 6% este año, una tarea "nada sencilla" que exige un "sacrificio conjunto".

   Por otro lado, López Carbajo ha rechazado que haya sido el Estado el que ha elevado el saldo negativo de las comunidades con algunas decisiones, ya que también ha tomado otras medidas que han permitido a las regiones reducir sus gastos, como la rebaja salarial de los funcionarios, una medida que ha beneficiado, en sus dos terceras partes, a las comunidades.

   Sobre si las regiones aún tienen margen para contener el gasto, López Carbajo se ha limitado a recordar que el gasto en educación, sanidad y servicios sociales ronda el 60%, por lo que queda un 30% que se puede revisar.  

   "Las reglas de gasto son buenas en estos momentos", ha indicado, tras rechazar una vez más la posibilidad de que el Gobierno plantee una nueva subida de impuestos para mejorar los ingresos, tal y como dijo la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, el pasado viernes. "Es la política del Gobierno", ha añadido.

PwC muestra su apoyo decidido al Corredor Mediterráneo y al eje Valencia-Barcelona

VALENCIA.- PwC ha mostrado su apoyo decidido al Corredor Mediterráneo y ha declarado que el corredor Valencia-Barcelona "debe ser un eje de inversión prioritaria". En este sentido, subraya que "apoya y aplaude" la creación de esta infraestructura. 

   La consultora, en un comunicado a cerca de las informaciones publicadas sobre el informe elaborado por la firma, ha señalado que este documento "se limita a analizar como optimizar la red de transporte ferroviario de mercancías ya existente" y "en ningún caso, entra a valorar las infraestructuras pendientes de construir".

   Así, ha indicado que el objetivo central del estudio es "impulsar un transporte de mercancías más eficiente y medioambientalmente más sostenible en España", en los próximos ocho años, en línea con los objetivos del Ministerio de Fomento de incrementar del tres al 10 por ciento el transporte de mercancías por ferrocarril.

   Para ello, se han tenido en cuenta "exclusivamente las infraestructuras y redes de transporte ya existentes" que están "poco cargadas" como consecuencia de la migración del tráfico de viajeros a las nuevas líneas de ancho de alta velocidad. No obstante, "hay una salvedad que es el corredor Valencia-Barcelona que debe ser un eje de inversión prioritaria".

   Del mismo modo, apunta que el estudio "apuesta decididamente" por el Corredor Mediterráneo y "no cita su ampliación hacia el sur, la cual apoyamos, porque se limita a las redes de transporte ya existentes". 

Al respecto, ha agregado que, según su propuesta, "Valencia se convierte en un nodo clave, por su posición en el eje mediterráneo".

El TC dice que es constitucional la reforma del Estatuto de Aragón en su capítulo de reserva hídrica del Ebro

LOGROÑO.- El Pleno del Tribunal Constitucional, en sentencia de 22 de junio de este año ha resuelto que no es inconstitucional la reserva del caudal hídrico del Ebro que recogía el Estatuto Autonómico de Aragón, en su reforma. El recurso de inscontitucionalidad lo interpuso el Gobierno de La Rioja, y ahora queda rechazado.

   En concreto, se presentó contra los artículos 19, 72 y disposición adicional quinta de la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de Reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón.

   El Tribunal Constitucional en su sentencia, de la que ha sido ponente la magistrada Elisa Pérez Vera, ha decidido declarar que no es inconstitucional la disposición adicional quinta recurrida, siempre que se interprete que no establece una reserva sobre el caudal hídrico del Ebro que obligue al Estado, desestimando el recurso en todo lo demás.

   Indica que la regulación de fijación de caudales hídricos en las cuencas intercomunitarias corresponde al Estado, por consecuencia, resulta inconstitucional la determinación unilateral por el legislador autonómico de dichos caudales.

   La sentencia ha recibido el voto particular concurrente formulado por el Magistrado Luis Ignacio Ortega Álvarez.

Más de 135.000 murcianos utilizan el tranvía en su primer mes de funcionamiento

MURCIA.- Más de 135.000 personas se han adherido a la movilidad sostenible del tranvía cuando se cumple un mes desde la puesta en marcha de la Línea 1 el pasado 28 de mayo. De esta forma, y a pesar de que han finalizado las clases universitarias y la Liga de fútbol y de que muchos murcianos abandonan la ciudad los fines de semana, cada día sube al tranvía una media de 4.550 personas.

 

   El concejal de Tráfico y Transportes, Javier Iniesta, se ha mostrado satisfecho por la buena acogida y valoración del tranvía, reflejadas en el número de pasajeros que lo han utilizado.

   "Los murcianos han recibido de forma muy positiva la implantación por parte del Ayuntamiento de un sistema de comunicaciones moderno y eficaz que contribuye a mejorar la calidad de vida del municipio", ha señalado Iniesta, quien también ha destacado la calidad del servicio, la seguridad y la puntualidad del nuevo modo de transporte urbano.

   En este primer mes de funcionamiento el tranvía ha recorrido 66.125 kilómetros, han informado fuentes municipales en comunicado de prensa.

   El análisis de los datos permite constatar también que el viernes es el día de la semana en el que se registra mayor utilización del nuevo medio de transporte (con 5.710 viajeros), seguido por el miércoles (con 5.478). El día en el que menos personas suben al tranvía es el domingo con 1.740 personas.

   Por paradas, las más utilizada es la de la Plaza Circular, con 23.871 validaciones de billete, seguida por la parada de Marina Española, con 9.480 y la de Juan Carlos I con 9.114.

   Durante este período, se constata además el uso masivo de bonos. Así, de estas 136.513 validaciones 65.906 corresponden a billete sencillo y el resto, 70.607, a los distintos bonos.

   En cuanto a la expedición de títulos, ya disponen de bono un total de 8.531 murcianos.

Crisis en Latbus

UGT ha asegurado que la situación de la plantilla de Latbus, compuesta por 630 trabajadores, es cada vez "más insostenible por el impago reiterado de sus nóminas ya que se les debe el 60 por ciento de la nómina de mayo, no esperan cobrar la de junio, ni mucho menos, la extra de verano", según han informado fuentes del sindicato en un comunicado de prensa.

   Asimismo, el sindicato ha comentado que "entretanto, empresa y Administración regional se culpan mutuamente de la situación y, una vez más, los trabajadores son los más afectados".

   Por ello, el responsable del Sector de Carreteras y Urbanos de la Federación de Transporte, Comunicaciones y Mar (TCM) de UGT, Antonio Tobal; el presidente del Comité de Empresa de Latbus, Miguel Cano; y Pedro Antonio Hernández, miembro del Comité de Empresa de Latbus de CCOO, informarán este jueves de las medidas que llevarán a cabo en sede de UGT.

Testigos acusan a la ex edil de Fortuna de ser la persona que se encargaba de recoger votos a cambio de empleo

MURCIA.- Varios testigos que han declarado este miércoles en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Murcia contra el alcalde de Fortuna (PP), Matías Carrillo, y los ex concejales de Hacienda y Empleo, José Antonio López y María Dolores Sánchez, respectivamente, han señalado a ésta última como la verdadera artífice de la trama de compra de votos por correo, descartando que estuviera implicado el regidor 'popular' de dicha localidad.

   No obstante, la anécdota de la jornada la ha protagonizado un vecino de Fortuna, que ha declarado como testigo, ya que ha cambiado la versión que realizó en un primer momento en el Juzgado de Instrucción de Cieza.

   En dicha declaración, este vecino aseguró que su voto por correo fue voluntario, ya que se marchaba de viaje; mientras que hoy ha sostenido que votó por correo porque se enteró de que a cambio ofrecían un puesto de trabajo en el Ayuntamiento.

   "Fui a ver a la concejal María Dolores y le entregué los carnés de mi familia y me dijo que mañana tendría trabajo", ha relatado este vecino fortunero, quien ha manifestado que tras votar tanto él como su mujer por correo consiguió un empleo durante seis meses.

   La razón por la que acudió a la ex edil fue porque previamente se había dirigido al alcalde Carrillo para manifestarle las condiciones precarias en las que se encontraba y éste, al decirle que "no era posible" darle un empleo, fue a la concejal que se encargaba de esta área para solicitarlo.

   Llegado el turno de interrogación del letrado de la ex edil, ha pedido a la juez que deduzca testimonio para ver si ha incurrido en un delito de falso testimonio y ha declinado seguir preguntando a este testigo, porque "ha cambiado su declaración con respecto a lo que dijo en el Juzgado de Cieza".

   Una joven que también ha declarado este miércoles ha acusado a la ex concejal de Empleo de esta trama de compra de votos por correo, ya que también ella, tras acudir a pedirle trabajo porque "tenía que pensar en darle de comer a mis tres hijos", le dio el voto a cambio.

   Igualmente, el ofrecimiento de Sánchez llegó más allá, según la testigo, hasta el punto de que le dijo que si esta gente "retiraba la denuncia contra ella nos daría una vivienda social". Asimismo, ha negado que en un momento dado advirtiera a la edil de que declararía en su contra si no le daba trabajo.

   Esta testigo también obtuvo un trabajo de limpiadora en el Ayuntamiento tras haber entregado la documentación para que su voto por correo se pudiera gestionar a favor del PP.

   Durante el tiempo que permaneció en el Consistorio, observó, según ha trasladado a la juez, que "éramos ocho mujeres trabajando y la mayoría de veces estábamos paradas y nos metían en pedanías para que no vieran mucho personal".

   El primero en declarar ha sido un joven, que en la misma línea que los anteriores ha comentado que la ex edil lo abordó en plena calle y le dijo que si quería trabajar en el Ayuntamiento, a cambio de darle su voto y el de su familia. Sin embargo, lo que no sabía es que la madre de este joven, en su día menor de edad, era concejal de la oposición.

   Otro de los testigos ha reconocido que se presentó de forma voluntaria en el despacho de la que era concejal de Empleo para pedirle trabajo. "Ella me preguntó si era de 'derechas' y le dije que a tope, por lo que fui a por los carnés de mi familia para hacer los votos por correo", ha recordado.

   Sin embargo, dos testigos, uno de ellos ex concejal de la Agrupación de Fortuneros Independiente (AFI), han puesto de relieve que de la trama del PP de la compra de votos por correo sólo oyeron rumores.

   Tras tener conocimiento de ellos, este concejal independiente, junto a los representantes de IU y PSOE se reunieron en la sede socialista para hacer un escrito solicitando a la gente que votara "libremente".

   La mujer, por su parte, ha reconocido que por aquella época "había muchos nervios de los partidos políticos y todo el mundo se dirigía a la edil de Empleo a pedirle trabajo, porque intentaba ayudar a todo el mundo", aunque ha asegurado que nunca vio nada de la compra de votos por correo, puesto que ella, junto al voto de su marido y de su hija, los depositó en persona en Correos.

   El fiscal pide para cada uno de los acusados doce fines de semana de arresto, multa de seis meses con una cuota diaria de seis euros, y la inhabilitación especial para el cargo de concejal y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante cinco años.

   Por su parte, la acusación particular, representada por el letrado Joaquín Dólera, a instancias de IU, que fue quien denunció los hechos, considera que los hechos, además de un delito electoral, son constitutivos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

Hostelería y Comercio suman el 50% de las últimas afiliaciones de inmigrantes autónomos en la Región de Murcia

MURCIA.- UPTA asegura que el año 2011 está siendo un año positivo para los autónomos inmigrantes y así lo reflejan las cifras del número de extranjeros afiliados a la Seguridad Social, tanto en la Región de Murcia como en el resto de las comunidades. En concreto, apunta, Hostelería y Comercio suman el 50 por ciento de las últimas afiliaciones de inmigrantes autónomos en la Región. 

   En Murcia, a pesar de las 33 bajas registradas en marzo, la diferencia entre las altas y las bajas producidas entre enero y mayo es positiva.

   En el último mes se registraron 42 trabajadores por cuenta propia más que en abril y 89 más que a principios de año. Asimismo, abril registró el mayor número de altas con 75 nuevos emprendedores.

   A fecha 31 de mayo, había registrados en Murcia un total de 1.988 autónomos inmigrantes comunitarios y 2.956 extracomunitarios, explican en comunicado de prensa.

   Por sectores de actividad, destacan la hostelería y el comercio con 47 y 35 altas respectivamente desde principios de año, lo que se traduce en el 50 por ciento de las altas. Por su parte, la construcción sigue un continuo descenso, perdiendo 29 afiliados en la Región.

   UPTA recuerda que hace meses ya anunció que la recuperación del emprendimiento estaría relacionada con la iniciativa de los trabajadores inmigrantes, "a pesar de las dificultades que este colectivo tiene para ejercer una actividad por cuenta propia".

CiU propone que el Tesoro avale y gestione las emisiones de deuda de las comunidades autónomas

MADRID.- El grupo parlamentario CiU ha propuesto al Gobierno que el Tesoro gestione y avale las emisiones de deuda de las comunidades autónomas, autorizadas en función del cumplimiento de los objetivos de estabilidad y los límites de endeudamiento que se establecen en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

   "Como el Tesoro lo pagamos todos, queremos que avale las emisiones", ha señalado portavoz adjunto de CiU en el Congreso, Josep Sánchez Llibre, en una rueda de prensa, donde ha asegurado que "no es de justicia" que los ciudadanos paguen los diferenciales.

   En materia laboral, el grupo catalán también insta al Gobierno a introducir nuevos incentivos para la generación de empleo como una subvención directa de 5.000 euros en para los costos de contratación de un nuevo trabajador y la ampliación a todos los colectivos de la posibilidad de capitalizar el 100% de la prestación por paro para iniciar una actividad empresarial.

   En esta misma línea, propone aplicar una bonificación del 100% de las cotizaciones a los nuevos trabajadores autónomos durante el primer año y para su primer asalariado, al tiempo que se inclina por extender las bonificaciones para el mantenimiento de la ocupación a los trabajadores mayores de 55 años.

   Por otro lado, invita a revisar la legislación de los contratos a tiempo parcial para conseguir más flexibilidad en la organización de la jornada, una mejora del régimen de protección social de este tipo de contratos y posibles incentivos a las empresas.

   En el ámbito de la negociación colectiva, CiU pide facilitar una mayor vinculación entre sueldos y productividad, mejorar las posibilidades de flexibilidad interna de las empresas, la mejora de las herramientas para combatir el absentismo y la reformulación de las mutuas.

    De la misma forma, resalta la necesidad de clarificar la prioridad de los convenios autonómicos frente a los estatales, así como las partes que continúan vigentes en la fase de ultraactividad, al tiempo que apuesta por revisar los plazos de prórroga de los convenios en situaciones excepcionales y por facilitar el descuelgue de las pymes que así lo requieran.

El Tribunal de Cuentas europeo cuestiona las ayudas agrícolas que benefician a explotaciones sin actividad

LUXEMBURGO.- El Tribunal de Cuentas Europeo ha publicado hoy un informe sobre el régimen del pago único de la Política Agraria Común (PAC) en el que cuestiona las ayudas que benefician a titulares o explotaciones que no cumplen una actividad agrícola real, al tiempo que advierte que "buena parte" de las subvenciones van a parar a "grandes explotaciones" y que la contribución de este sistema a una agricultura respetuosa con el medio ambiente es "limitada".

   El Tribunal recoge ejemplos de distintos países que asignaron las ayudas cumpliendo las normas que pone en cuestión en el informe y menciona a España por considerar subvencionables superficies parcialmente forestales o pastizales rocosos de montaña, "aunque no se exigía que los agricultores llevasen a cabo ningún tipo de mantenimiento". Y apunta que los requisitos de carga ganadera para garantizar el mantenimiento de los pastizales permanentes en un nivel adecuados eran "meramente facultativos".

   Por ello, el tribunal reclama a Bruselas cambios como que sólo se beneficien del pago único los agricultores considerados "activos", que se defina con "mayor claridad" criterios como el de "superficie subvencionable" y "actividad agrícola" para poder descartar posibles benefactores que no cumplan los requisitos y que se tenga en cuenta el coste de los esfuerzos por cuidar el medio ambiente. También recomienda que el valor de los derechos se base en las actuales condiciones de explotación de las distintas regiones de la Unión para lograr una distribución más equilibrada de la ayuda entre los agricultores.

   El portavoz comunitario de Agricultura, Roger Waites, ha admitido este miércoles en rueda de prensa que existe un "problema" porque "algunos agricultores inactivos" reciben ayudas de la PAC, pero ha defendido que Bruselas ya reclamó en 2008 una definición "más precisa" de lo que debe ser un productor "activo" y ha recordado que los Estados miembros pueden decidir "excluir" a determinados productores de las ayudas directas, pero "ninguno lo ha hecho".

   El comisario de Agricultra, Dacian Ciolos, presentará en otoño una propuesta legislativa para la reforma de la PAC más allá de 2013 en la que "afrontará este problema" y planteará acotar mejor el estatus de un agricultor activo, ha añadido su portavoz.
  El informe del Tribunal examina los beneficios de la PAC y las condiciones e impacto de su régimen de ayudas, incluidos los objetivos "de apoyar a la renta de los agricultores y de mantener las superficies agrícolas en buenas condiciones agrarias y medioambientales", y concluye que ha tenido una contribución positiva, pero pone en duda algunos de sus contenidos.

   Entre los principales problemas, el informe destaca que la definición de los beneficiarios del pago único ha permitido que hayan recibido ayudas "personas que no realizaban ninguna actividad agraria" o que sólo lo hacían de manera "marginal" e incluso hace referencia a casos en los que "favoreció las inversiones de operadores con poco interés en la agricultura como actividad", que se dedicaron a "explotar los ingresos garantizados" por la PAC.

   También considera "vagas" las características que debe reunir una parcela subvencionable para beneficiarse de los subsidios comunitarios y alerta de que agricultores pueden recibir pagos anuales "sin tener que llevar a cabo ninguna actividad específica de mantenimiento", ni existe una relación directa entre las ayudas que reciben y los costes para garantizar la conservación agrícola y medioambiental de sus tierras.

   El tribunal ha sometido a examen criterios como los derechos históricos --con los que se calculan las ayudas de agricultores de países como España en función de lo concedido entre 2000 y 2002-- porque "han dejado de ajustarse a las actuales condiciones" de producción en las regiones y también señala que el sistema de pago único beneficia "ante todo" a beneficiarios "no muy numerosos pero grandes".

   Al repasar distintos casos en la Unión Europea, el tribunal recalca que detectó algunos benefactores individuales que percibieron ayudas en un año por valor de hasta un millón de euros "sin realizar actividad agraria alguna en la superficie subvencionada".

   La Comisión Europea, por su parte, responde en el informe que el régimen de pago único es un mecanismo de ayuda "disociado" y por tanto no se puede vincular al requisito de producción. "No se puede considerar que un agricultor carece de actividad agrícola simplemente porque no mantiene un determinado nivel de producción", advierte. Aún así, admite que sí debe ejercer una "actividad agraria", entendida como un "mínimo mantenimiento de sus tierras en buenas condiciones agrarias y medioambientales".

El BBVA pide "no estropear" el mercado hipotecario por "presiones populistas"

MADRID.- El consejero delegado de BBVA, Ángel Cano, ha afirmado que es necesario proteger "a toda costa" el mercado hipotecario español y no adoptar medidas que "puedan estropearlo" por presiones populistas.

   "Responder a presiones populistas está bien, pero hay que tener cuidado de no estropear un mercado hipotecario de referencia a escala mundial", dijo Cano al término de su discurso en la escuela de negocios Esade.

   Cano respondía de esta manera al ser preguntado por el anuncio que realizó el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el Congreso de los Diputados sobre la próxima aprobación de medidas de protección para las personas que afrontan una ejecución hipotecaria por imposibilidad de pago.

   El consejero delegado de BBVA sostuvo que, a falta de conocer el desarrollo específico de la iniciativa, es fundamental proteger la seguridad jurídica en el mercado hipotecario español y respetar lo acordado por las partes en este tipo de contratos.

   "Sería complicado que el país empezara a violar, a saltar por encima de la seguridad jurídica", porque esto podría provocar una falta de confianza adicional en la economía española, dijo el 'número dos' del BBVA, para quien "hay que evitar esto a toda costa".

   Cano incidió en que España es el país desarrollado que cuenta con los menores precios y las mejores prácticas en el mercado hipotecario, y que la protección jurídica del cliente y de la entidad hacen que este sistema sea "sólido".

   El consejero delegado de BBVA recalcó que el mercado hipotecario español es "muy fiable" y una referencia a escala internacional.

   En cuanto al mercado de la vivienda, consideró que se podrían registrar caídas adicionales de precio en los próximos años de entre el 5% y el 10%, si bien insistió en que la evolución es muy diferente en función de la región geográfica de que se trate, ya que en 15 provincias el precio de la vivienda ya ha empezado a subir.

   Cano sostuvo que los bancos han registrado una caída media de los precios de los activos inmobiliarios que tienen en balance del 30%, y que podría haber un descenso adicional del 10% en los próximos años.

   A medida que se produzca el deterioro de activos se liberarán más provisiones, recalcó Cano, para quien la cuantía total podría elevarse a entre el 3% y el 5% del Producto Interior Bruto (PIB).

   El consejero delegado resaltó en este punto que BBVA realiza una "rabiosa" valoración de activos a precios de mercado.

Valeriano Gómez: nada impide invertir la 'hucha de las pensiones' en deuda autonómica

MADRID.- El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ha asegurado que "formalmente" no hay impedimento para que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social invierta en deuda autonómica, si bien ha apuntado que "no le consta" que el consejo rector de la 'hucha de las pensiones' esté estudiando esta posibilidad en estos momentos.

   El ministro se ha referido en estos términos a la reclamación planteada por CiU aprovechando la tramitación parlamentaria de la reforma de las pensiones para hacer explícita esta posibilidad, así como para dar entrada a las comunidades en la comisión de seguimiento y evaluación del Fondo, algo que Gómez considera que "es más difícil".

   Dicha Comisión está compuesta actualmente por el secretario de Estado de la Seguridad Social y representantes del Ministerio de Trabajo, del de Economía y Hacienda, de los distintos sindicatos y cuatro representantes de las organizaciones empresariales de mayor implantación.

   CiU, que presentó su propuesta en una enmienda al proyecto de Ley de reforma de las pensiones, la retiró en la votación en Comisión del pasado lunes tras pactar un paquete de medio centenar de enmiendas con el PSOE entre las que destacan varias que permiten la entrada de las mutuas de las comunidades y el traspaso a éstas de los centros sanitarios que gestionan, aunque seguían siendo patrimonio de la Seguridad Social.

   En cualquier caso, Gómez ha recordado que la inversión del Fondo ya se destina a deuda pública y que el único cambio en la ley que regula el Fondo sería necesario en el caso de invertir en deuda privada, una idea que el Ejecutivo barajó hace años pero que abandonó ante el rechazo de la oposición parlamentaria.

El PSOE carga contra los "abusos" en los embargos que "malbaratan" las viviendas

MADRID.- El PSOE plantea en sus propuestas de resolución al Debate sobre el estado de la Nación un paquete de medidas en materia hipotecaria que amplían las detalladas por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, incluya medidas que garanticen el mantenimiento del valor real de los bienes en los procedimientos de ejecución hipotecaria, "evitando cualquier posibilidad de abuso sobre el deudor o de malbaratamiento de los bienes".

   Los socialistas abogan por tener en cuenta la situación económica y familiar del deudor en los procesos de ejecución, elevando el límite de inembargabilidad con carácter general y adicionalmente por cada miembro del núcleo familiar sin ingresos propios.

   No obstante, remarca que es necesario por mantener la "solvencia general" del sistema hipotecario español evitando "reformas indiscriminadas" que trasladen al conjunto del sistema la responsabilidad de los deudores que no se encuentran en situaciones de necesidad.

   Aun así, se compromete a impulsar las medidas que puedan derivarse de las propuestas de la subcomisión parlamentaria de análisis y posible reforma del sistema hipotecario español, "especialmente aquellas que permitan aliviar el riesgo de ejecución hipotecaria sobre la vivienda familiar" en "casos extremos" y siempre en un procedimiento judicial que permita evaluar las circunstancias de deudor y su excepcionalidad.  

   Asimismo, insiste en potenciar el "mercado de alquiler" y la vivienda protegida para promover un mercado más equilibrado y que garantice, además, el acceso de los ciudadanos a una vivienda digna, "especialmente a los más desprotegidos".

Inmigrantes 'sin papeles' con hijos menores de nacionalidad española podrán regularizar su situación

MADRID.- Los inmigrantes que se encuentren 'sin papeles' en España y sean padres de menores de edad con nacionalidad española podrán solicitar la regularización de su situación a partir de mañana, cuando entrará en vigor el nuevo Reglamento de Extranjería que contempla esta posibilidad al desarrollar la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España vigente desde enero del año pasado. 

   En concreto, el Reglamento, que llega con un año de retraso, crea la figura del arraigo familiar, por la que podrán regularizar su situación las personas sin permiso de residencia y con hijos menores si tienen nacionalidad española. No obstante, se mantiene la regularización por arraigo laboral --dos años de residencia y un contrato de trabajo--, por arraigo social --tres años de residencia, vínculos familiares y contrato laboral--, y por razones excepcionales o de índole humanitaria.

   Además, a partir de este 30 de junio las comunidades autónomas y los ayuntamientos tendrán que empezar a redactar informes para acreditar el "esfuerzo de integración" y la "adecuación de la vivienda" de los extranjeros que deseen regularizar su situación por arraigo, renovar la autorización o acceder a una reagrupación familiar. Este "esfuerzo", según la norma, "podrá ser alegado como información a valorar en caso de no acreditar el cumplimiento de alguno de los requisitos previstos" para el trámite de que se trate.

   Este informe deberá contener la certificación "de la participación activa del extranjero en acciones formativas destinadas al conocimiento y respeto de los valores constitucionales de España, los valores estatutarios de la Comunidad Autónoma en que se resida, los valores de la Unión Europea, los derechos humanos, las libertades públicas, la democracia, la tolerancia y la igualdad entre mujeres y hombres, así como el aprendizaje de las lenguas oficiales del lugar de residencia".

   En cuanto a la reagrupación familiar en particular, se denegarán las solicitudes cuando "de forma indubitada" se determine que el inmigrante no podrá mantener sus ingresos durante el año siguiente, para lo que analizará la "evolución" de la renta que ha percibido durante los seis meses previos a la petición. Esta renta deberá ser equivalente al 150% del IPREM y un 50% adicional por cada miembro de la familia si está formada por más de dos personas.

   El Reglamento contempla en su disposición transitoria segunda que las solicitudes presentadas con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo Reglamento se resolverán con el procedimiento que estuviera vigente en ese momento, salvo que el afectado pida que se le aplique la nueva normativa y cumpla los requisitos para ello.  

   Otra de las novedades incluidas en el Reglamento es la posibilidad de que los extranjeros acogidos a un programa de retorno voluntario puedan recuperar si vuelven a España la antigüedad del permiso de residencia que tenían antes de marcharse. No obstante, una vez estén en su país de origen, deberán esperar al menos tres años para poder regresar, aunque tendrán prioridad para acceder al contingente y la contratación en origen.

   Uno de los asuntos que ha suscitado más debate público es la protección de las víctimas de violencia de género o trata que se encuentren en situación irregular cuando acudan a denunciar. Aunque la Ley de Extranjería establece que se paralizaría el expediente de expulsión abierto a estas mujeres por no tener papeles, los grupos parlamentarios impulsaron una reforma para que esta sanción no fuera si quiera incoada. Esta iniciativa, reformada en el Senado, está pendiente de ser refrendada en el Parlamento.

   En paralelo, la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración introdujo esta previsión en el Reglamento, para especificar que si el expediente de expulsión "no se hubiese iniciado en el momento de presentar la denuncia, la decisión sobre su incoación será pospuesta hasta la finalización del proceso penal", es decir, hasta que exista una sentencia o un informe del fiscal que acredite que la afectada ha sido víctima de los delitos denunciados. Mientras tanto, tanto ella como sus hijos tendrán acceso a permisos temporales de residencia y/o trabajo.

   Sobre las personas que colaboren con las autoridades en la lucha contra las redes de trata de personas, el Reglamento reconoce a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en las distintas provincias la competencia de decidir si el inmigrante en situación irregular que contribuye con la investigación está exento de responsabilidad en el hecho de encontrarse 'sin papeles'. Si así lo concluye, se paralizará el expediente sancionador que se haya incoado o la expulsión que se hubiese acordado.

   Si estos colaboradores son además, víctimas de trata, accederán a una autorización temporal de residencia y trabajo cuya validez se extinguirá cuando se constate con una resolución judicial que la denuncia era fraudulenta, "desaparezcan las circunstancias que sirvieron de base a su concesión", su titular "reanude de forma activa, voluntaria y por iniciativa propia las relaciones con los presuntos autores del delito" o cuando "su titular deje de cooperar" con las autoridades.

   En materia de menores extranjeros no acompañados, el Reglamento marca que quienes habiendo estado tutelados por la administración pública cumplan la mayoría de edad sin estar documentados, podrán acceder a un permiso de residencia por circunstancias excepcionales por recomendación de la entidad que ostentase su tutela, guarda o custodia, si han "participado adecuadamente en las acciones formativas y actividades programadas por dicha entidad para favorecer su integración social".

   Asimismo, estas personas tendrán que acreditar para conseguir 'los papeles' que mantienen unos ingresos equivalentes al 100% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que es de 532 euros al mes en 2011, o un contrato laboral o que reúnen los requisitos para acceder a un permiso de trabajo por cuenta propia. No obstante, "en el marco del procedimiento se tendrá en especial consideración el grado de inserción del solicitante en la sociedad española", marca el Reglamento.

Salgado: "Creo que lo que tienen que hacer las comunidades es cumplir"

MADRID.- La vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, ha asegurado que lo que tienen que hacer las comunidades autónomas en este momento es cumplir con el límite de déficit que se ha fijado, situado en el 1,3% del PIB.

   Así lo ha señalado Salgado en los pasillos del Congreso al término del Debate sobre el estado de la Nación al ser preguntada por la última advertencia de la agencia de calificación crediticia Moody's sobre la posibilidad de rebajar el rating a algunas comunidades autónomas.

   Moody's ha asegurado que si las comunidades no dan nuevos pasos para lograr una mejora sostenible en sus posiciones fiscales y reducen sus déficits, podrían enfrentarse a rebajas en sus calificaciones.

   La agencia considera probable que varios gobiernos regionales superen el objetivo de déficit del 1,3% del PIB marcado para 2011, debido principalmente, entre otras razones, al excesivo optimismo de las previsiones de ingresos en los presupuestos.

Zapatero se arrepiente de no "haber intentado pinchar" antes la burbuja inmobiliaria española

MADRID.- El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha afirmado que "si se arrepiente de algo" es de no haber "pinchado o intentado pinchar antes la burbuja inmobiliaria" con la que su Gobierno convivió durante "dos o tres años" e hizo que se multiplicara por ocho el endeudamiento y que el crédito de ese sector creciera veinte puntos por encima de la media europea. 

   Durante su réplica al presidente del PP, Mariano Rajoy, ayer durante el Debate sobre el estado de la Nación en el Congreso, Zapatero ha espetado al líder 'popular' que si le parece una "buena herencia" de los gobiernos de José María Aznar que la inversión en vivienda y el endeudamiento en el sector creciera el doble respecto a Europa. "No es una buena herencia", ha remachado.

   Zapatero ha asegurado que su Ejecutivo puso en marcha la reforma de la Ley del Suelo para intentar modificar un modelo que se generó, desarrolló y creció desde 1996 a 2004, cuando gobernaba el Partido Popular, y que continuó hasta 2007, cuando ya gobernaba el PSOE y empezó a declinar por culpa de la crisis económica.  

   "Ahí está el problema de lo que ha pasado en la etapa de crecimiento", ha aseverado Zapatero, quien ha exigido a Rajoy que tenga la "honestidad intelectual" de reconocer que lo sucedido es una "responsabilidad colectiva".

El ICO pagará la deuda de los ayuntamientos

MADRID.- El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha anunciado la puesta en marcha de una línea de crédito ICO a las entidades locales para el pago de facturas pendientes a 31 de abril de 2011 a empresas y autónomos.

El Instituto de Crédito Oficial (ICO), a través de la entidad colaboradora oportuna, hará el pago directamente a los proveedores de las empresas de aquellas facturas reconocidas por el ayuntamiento incluidas en la línea de crédito, dijo el jefe del Ejecutivo durante el debate del estado de la nación.

El plazo que se establecerá del préstamo al ayuntamiento no podrá superar los tres años, ni el importe del mismo el 25 % de la participación de la entidad local en los tributos del estado, que constituirá la garantía final del préstamo.

El Gobierno ha encargado a la Comisión Delegada para Asuntos Económicos que instruya sobre esta línea al ICO, que actuará en función del volumen y de las facturas pendiente y la morosidad.

José Rosique sustituye a Clemente García al frente de la secretaría general de la CROEM

MURCIA.-  La trigésimo tercera asamblea general de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM), ha sustituido finalmente hoy a su secretario general, Clemente García García, por José Jesús Rosique Costa, hasta ahora adjunto al anterior como vicesecretario general y figura previsible para sus apoyos.

Respecto al nuevo secretario general, elegido por unanimidad, su antecesor en el cargo lo ha definido como "extraordinario", por lo que ha pedido a los empresarios que le presten a Rosique "la misma colaboración y confianza" que le otorgaron a él durante su trabajo al frente de ese puesto durante más de 32 años, antes de jubilarse cumplidos los 75 años de vida".

Entre sus retos está ahora la revitalización de una organización en declive y escasamente representativa del empresariado murciano, hoy bastante ajeno a ella, y situar a la CROEM en el siglo XXI liquidando de verdad los tics autoritarios enquistados por mor de la presencia de algunas personas nostálgicas, bastante refractarias todavía al sistema democrático.

Considerado un pupilo dilecto de su antecesor, Rosique no podrá seguir una línea excesivamente continuista ni dar la sensación de estar teledirigido por García si aspira a permanecer en su nuevo cargo más allá de un razonable periodo de transición en época tan turbulenta.

Murciano, de 58 años y casi toda su vida vinculado profesionalmente a la CROEM, hasta ahora como responsable de Formación y vicesecretario general, es licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia y cursó el Bachillerato en el Colegio de La Merced, de los Hermanos Maristas. 

Su experiencia profesional comenzó a desarrollarse entre los años 80 y 83 en el área de la Asesoría Jurídica para diversas empresas de la Región de Murcia, entre las que destacan Bodegas Capel, BMW Ibérica y Constructora Guifersol.  

   En 1983 se incorporó a la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia como director de Formación y en esa época compaginó estas tareas con la asistencia a la Secretaría General, al tiempo que coordinó el trabajo de los distintos equipos técnicos.

   En 2002 es nombrado vicesecretario general de CROEM, puesto que ocupaba hasta que la Junta Directiva le ha designado hoy secretario general para su ratificación en la XXXIII Asamblea General celebrada también hoy.

Durante su amplia etapa en CROEM, ha coordinado equipos de negociación en el ámbito del diálogo social y ha participado en distintas mesas de negociación en la CEOE.

El trazado del Corredor Ferroviario del Mediterráneo por Cartagena parece estar en el aire

MADRID.- La ejecución del Corredor Ferroviario del Mediterráneo en su vertiente este-sur, desde Valencia por el litoral hasta Algeciras, está en el aire. Así lo ha denunciado el 'lobby' Ferrmed, que pugna desde hace ya unos cuantos años para que se materialice esta infraestructura, que pretende dar cobertura a las necesidades que, en materia de transporte de viajeros y de mercancías, tendrá todo el litoral mediterráneo peninsular durante varias décadas.

Joan Amorós, secretario general de Ferrmed, ha afirmado que lo que está en riesgo en estos momentos es la inclusión de todo el trazado ferroviario –que discurre desde Murcia hasta Algeciras tanto por el interior de Andalucía, a través de Granada y Antequera, como por el litoral mediterráneo, mediante la unión de Valencia con Alicante, Cartagena, Almería, Motril y Málaga–, en la Red Ferroviaria Prioritaria Transeuropea. 

Ahora se especula con una conexión entre Valencia-Alcázar de San Juan-Algeciras como alternativa auspiciada por la Junta de Andalucía cerca del Ministerio de Fomento en detrimento de la continuidad de esta avanzada infraestructura por el sur del litoral mediterráneo español.

Y está en riesgo porque, según Amorós, el Ministerio de Fomento «no ha comprometido expresamente esta parte del trazado en las reuniones bilaterales mantenidas con responsables de la Comisión Europea». En concreto, con el comisario de Transportes encargado de estos asuntos y vicepresidente de la Comisión, Siim Kallas.

El problema es que el tiempo corre en contra de los intereses de alicantinos, murcianos, almerienses, granadinos y malagueños. Es más que probable que a finales de julio o ya en septiembre, la Comisión Europea y después el Parlamento, decidan sobre el Corredor. Y si la parte final del mismo - entre Valencia y Málaga - no ha sido incluida por España, quedaría fuera de las ayudas.

El lobby empresarial e institucional Ferrmed -el grupo de presión que más ha trabajado por el corredor mediterráneo- mostró su indignación con la propuesta ferroviaria de la consultora PricewaterhouseCoopers.

El secretario general de Ferrmed, Joan Amorós, asegura al diario 'Levante' que el trazado por el centro de la Península que propone el grupo de Jordi Sevilla es "gravísimo" para los intereses de la Comunidad Valenciana, Cataluña, Murcia y Andalucía.

"Es inadmisible que se corte el corredor mediterráneo por Valencia como un callejón sin salida y queden descolgados Alicante, Cartagena, Murcia y Almería. Es una situación muy grave y nos pondremos en pie de guerra para evitar que Europa decida impulsar este trazado", aseguró Amorós.

Según anunció en marzo el ministro de Fomento, José Blanco, el Estado hará una inversión global de 51.300 millones de euros, de los que ya se han destinado 8.400 millones en el Corredor Mediterráneo para que esté listo en 2020.

Un informe del Grupo de Crecimiento Inteligente de la consultora Price Waterhouse (PwC), que lidera el exministro socialista valenciano Jordi Sevilla, ha dejado fuera a Murcia, Alicante y Almería del futuro Corredor Mediterráneo para activar el tráfico de mercancías entre España y Francia, sobre el que ha de pronunciarse Fomento y Bruselas en otoño, revela, por su parte, el diario 'Información'.

El estudio apuesta por un conjunto de redes que llevarían las mercancías ferroviarias desde Andalucía hasta Francia por Hendaya y Perpignan, colocando como ejes centrales Madrid y Valencia, ciudad esta última, donde llegarían los trenes desde Albacete vía Alcázar de San Juan, desde donde continuarían hacia Castellón, Tarragona, Barcelona y Perpignan. El estudio destaca, en este sentido, la importancia del puerto de Valencia.

La otra opción planteada en el trabajo de investigación llevaría los trenes desde Andalucía a Alcázar de San Juan y desde ahí a Madrid y Zaragoza, desde donde se podría optar por continuar hacia el País Vasco y Hendaya o, incluso, tomar el corredor hacia Barcelona. Murcia y Alicante y quedan fuera en todas las opciones, según refleja el informe al que tuvo ayer acceso este periódico.

El trabajo de campo señala que teniendo en cuenta las características operativas y económicas del ferrocarril, su mercado objetivo se concentra en las distancias superiores a los 350 y 400 kilómetros y podría superar un volumen de negocio de 10.000 millones de euros al año.

El Grupo de Crecimiento Inteligente apuesta, en este sentido, por aprovechar corredores que queden liberados por la red de Alta Velocidad y, curiosamente, vuelve a conceder protagonismo a la localidad castellano-manchega de Alcázar de San Juan. Los técnicos insisten en que el escenario con los nuevos corredores ferroviarios de mercancías debe estar resuelto en 2020.

El Consell valenciano ya denunció hace un año que la primera fase del proyecto del Ministerio de Fomento para modernizar el Corredor Mediterráneo desde Barcelona a Algeciras se quedaba en La Encina (Villena) y no preveía continuar hasta Alicante y Murcia hasta 2020, cuando el tráfico de mercancías lleve ya colapsado cinco años.

Lo cierto es que la modernización del eje ferroviario Murcia-Alicante-Barcelona lleva esperando un proyecto concreto desde la reunión del 8 de enero de 2001 en Murcia, donde bajo la presidencia del entonces ministro del PP, Álvarez Cascos, se dio vía libre al AVE entre Madrid y la Comunidad Valenciana y también al Corredor Mediterráneo. Diez años después sólo está en obras el tramo Vandellós-Barcelona y en redacción el estudio informativo del tramo Castellón-Tarragona.

Un tramo de 190 kilómetros que actualmente sólo tiene una vía en cada sentido por las que deben circular todo tipo de trenes. Ahora mismo soporta una presión de 80 trenes diarios. El hecho de que la primera fase de la remodelación del trazado se quedara en La Encina, ya dejó sin posibilidad de activar un buen sistema de transporte ferroviario de mercancías desde Alicante y Murcia. El tramo Alicante-La Encina lleva prácticamente parado desde que se puso en marcha con una sola vía en cada sentido.

Moody´s amenaza con rebajas de ´rating´ a las CCAA

MADRID.- La agencia de calificación crediticia Moody's ha advertido de que si las comunidades autónomas no dan nuevos pasos para lograr una "mejora sostenible" en sus posiciones fiscales y reducen sus déficit, podrían enfrentarse a rebajas en sus calificaciones, según recoge en un comunicado.

La agencia cree que varios gobiernos regionales españoles es probable que superen el objetivo de déficit del 1,3% del PIB marcado para 2011, debido principalmente, entre otras razones, al "excesivo optimismo" de las previsiones de ingresos en los presupuestos.

Asimismo, este incumplimiento del objetivo de déficit también estará motivado por las dificultades a las que se enfrentan para controlar el rígido gasto en sanidad y educación y a la falta de voluntad de algunas regiones para adoptar medidas de consolidación fiscal antes de las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2011.

Por ello, Moody's considera que si las autonomías no adoptan nuevas medidas el déficit global de las comunidades se desviará un 0,75% adicional del PIB respecto a la estimación inicial del 1,3%.

Asimismo, señala que el retraso en los pagos en el sector de la sanidad, un problema que viene desde hace tiempo, y la necesidad de aliviar las tensiones de liquidez en el entorno actual de financiación se han traducido en un incremento de las cantidades a pagar en muchas regiones, algo negativo desde un punto de vista crediticio.

Como el año pasado, Moody's espera que las autonomías que califica sigan dividiéndose en dos grupos. Por un lado, aquellas con un rating 'A', como Castilla La Mancha, Cataluña, Murcia y Valencia, que ya se desviaron del objetivo de déficit el pasado año y que probablemente vuelvan a enfrentarse a dificultades significativas a la hora de controlar la trayectoria de su déficit en 2011.

Por otra parte, estarían aquellas con calificación 'Aa', como Andalucía, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid y País Vasco, que cumplieron con los objetivos de déficit el pasado año, o registraron sólo una ligera desviación, y que se encuentra en una posición "razonable" para alcanzar las estimaciones previstas para este ejercicio.

Sin embargo, Moody's también espera que algunas regiones de este último grupo experimenten unas posiciones de liquidez más complicadas y una creciente deuda comercial, lo que también añade presión a sus calificaciones crediticias.

La Barceloneta, La Manga del Mar Menor y la Costa del Sol, las costas más degradadas de España

MADRID.- La playa de La Barceloneta (Barcelona), La Manga del Mar Menor (Murcia) y la Costa del Sol (Andalucía), desde Marbella hasta Estepona, son las zonas costeras más degradadas de España, según se desprende el informe 'Banderas Negras 2011. Esto es una barbaridad', presentado por la organización Ecologistas en Acción.

   Los motivos por los que estas zonas ocupan los primeros puestos de este ranking son "que el primer kilómetro de la playa está urbanizado, las deficiencias de las depuradoras, la intrusión marina por parte de la construcción y que todos los municipios de la zona de La Manga vierten aguas residuales directamente a la costa", según ha precisado el coordinador del área de Costas de Ecologistas en Acción, Jorge Sáez.

   Así, Sáez ha concretado que la ONG ecologista ha colocado banderas negras en zonas a lo largo de toda la costa española debido a la degradación costera provocada por el urbanismo, vertidos orgánicos, obras en la costa, puertos, deficiencia en la depuración del agua y contaminación industrial.

   Según ha comentado Sáez, el número de banderas negras "se mantiene" con respecto al informe anterior", excepto en el caso de las banderas colocadas por obras en la costa, ámbito en el que han aumentado "a pesar se ha invertido menos dinero". Al mismo tiempo, ha advertido de que "la mayor consecuencia del urbanismo costero es la erosión de las costas".

   Por otro lado, ha criticado el dinero destinado a la regeneración de playas ya que, como ha añadido, en la playa de La Barceloneta "se han utilizado 550.000 metros cúbicos de arena para abastecer a terrenos privatizados". En este sentido, critica que la Ley 48/2003, de Régimen económico de puertos del Estado, abre la puerta a la privatización, como en el caso de La Barceloneta, donde se ha cambiado el suelo de uso marítimo por suelo de dominio público portuario.

   Según ha manifestado Sáez, Ecologistas en Acción llevará a los tribunales el caso de los vertidos residuales de Benicàssim (Castellón de la Plana). En este sentido, ha recordado que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha condenado a España por los vertidos de aguas residuales en 38 áreas urbanas de más de 15.000 habitantes, "que han aumentado en un diez por ciento".

   Igualmente, Sáez ha destacado el caso del Parque Natural de la Sierra Helada, en la Comunidad Valenciana, "donde los excrementos van a parar directamente a la playa". También ha concretado que un 90 por ciento de las depuradoras situadas en zonas costeras "están mal planificadas" porque durante el verano ser vierten "más residuos de los que reciben".

   Por otro lado, la organización denuncia que las comunidades autónomas "incumplen sistemáticamente la Directiva Marco de Agua (DMA) porque ninguna depura y reutiliza sus aguas tal y como estipula la ley". Además, la coordinadora del área de Costas de la ONG ecologista, Natalia Martín, ha asegurado que existe una "total falta de planificación" en materia portuaria porque, a su juicio, "no se estudian globalmente las necesidades y se apuesta por construir puertos con grandes impactos sobre las costas".

   Asimismo, Martín ha criticado que "hay zonas de alta peligrosidad como consecuencia de los vertidos industriales, como Gibraltar, Alborán y Huelva", al tiempo que ha añadido que después del vertido del Prestige en la costa gallega "se concedieron muchas licencias de construcción mientras la población disminuía", como en el litoral de Fisterra. Según Martín, este hecho demuestra que "el interés para otorgar licencias queda supeditado al interés de los inversores y de los propietarios del suelo".

   Ante esta situación, Ecologistas en Acción ha reclamado la puesta en marcha de la Estrategia de Sostenibilidad de la Costa y el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático este fenómeno medioambiental "está teniendo consecuencias tremendas en la costa".