UPyD pregunta al Ayuntamiento de Murcia si se ha planteado la opción de rescindir el contrato del tranvía

MURCIA.- El portavoz de Unión Progreso y Democracia en el Ayuntamiento de Murcia, Rubén Juan Serna, ha registrado una pregunta en la Secretaría del Pleno, con objeto de saber si el equipo de Gobierno se ha planteado rescindir unilateralmente el contrato con la empresa concesionaria del servicio de tranvía.

   La formación magenta también ha preguntado por el coste estimado que tendría esta decisión, y si existen informes municipales relacionados con esta posibilidad. "La situación es complicada" ha explicado Serna, "en el futuro, o se amplia el trazado del tranvía con objeto de llegar a más barrios, o se debe plantear cerrarlo y punto. Así, tal y como está, es insostenible".

   Para UPyD no es "admisible" que unos pocos kilómetros de tranvía supongan más gasto para el Ayuntamiento que todas las líneas de autobús juntas.

   El portavoz de UPyD Murcia considera que "es necesario tener todas las posibilidades encima de la mesa, desde continuar como hasta ahora, hasta ampliar a nuevas líneas, pasando por negociaciones dirigidas a abaratar el servicio, o incluso una supuesta rescisión del contrato". Por todo ello han dirigido estas preguntas al concejal Javier Iniesta.  

   Serna ha pedido, así mismo, no simplificar el debate sobre el transporte en el municipio a un mero "tranvía sí o tranvía no", ya que eso sólo va en detrimento de los intereses de los vecinos del municipio.

   Como indica el edil, UPyD Murcia ha considerado "prioritaria" desde su entrada en el Consistorio la conexión desde la Plaza Circular a la estación de El Carmen por Gran Vía para alcanzar así el Hospital Virgen de la Arrixaca y el Polígono Industrial de San Ginés, "pero siempre condicionando la viabilidad y desarrollo de nuevas líneas a la situación económica".

   El problema, ha indicado Serna, "es que el trazado debería haber conectado primero tanto el Hospital como el Polígono con los grandes núcleos de población". Éste, ha continuado el concejal, "debería haber sido el objetivo previo antes de llevar el tranvía hasta los centros comerciales, universidades privadas y áreas desiertas".

   "Ahora es la situación económica de crisis, con recortes en prestaciones y servicios básicos, la que condiciona la viabilidad de estas nuevas líneas", ha agregado en comunicado.

   "Nosotros siempre hemos remarcado que el tranvía es un medio eficaz, seguro y limpio pero que es muy caro", por lo tanto "y en estos momentos de crisis, pedimos mucho rigor, mucha responsabilidad y hacer las cosas con mucha cabeza y no de manera precipitada", ha indicado Rubén Juan Serna.

   Para UPyD Murcia las previsiones del tranvía y del número de viajeros no se están cumpliendo y por lo tanto considera que debe imperar la cautela a la hora de alargar el trazado o de proyectar nuevas líneas. "No se trata de tranvía sí o de tranvía no de una manera tan simple, sino que hay que reflexionar y desde luego no tomar las cosas a la ligera. Por eso mismo queremos tener información, con todas las opciones sobre la mesa para poder valorarlas".

   "Nosotros defendemos un transporte publico de calidad, eficaz, gestionado a través de una única empresa municipal" que coordine tanto líneas urbanas como interurbanas de autobús y que incluya el tranvía "para hacer más fácil la creación del billete único, por ejemplo" algo que UPyD Murcia demanda desde hace tiempo.

Canadá busca 320.000 obreros de la construcción para los próximos ocho años

TORONTO.- Canadá anunció ayer que, a partir de enero próximo, abrirá las puertas a 3.000 trabajadores extranjeros cualificados como electricistas o soldadores ante la incapacidad del país para generar los más de 320.000 trabajadores de la construcción que necesitará en los próximos ocho años. 

El ministro de Ciudadanía e Inmigración de Canadá, Jason Kenney, informó de que el programa, que entrará en vigor el 2 de enero de 2013, aceptará el primer año un máximo de 3.000 personas pero que esa cifra es sólo un modesto inicio de la entrada de trabajadores que se aprobará en los próximos años.

"Para evitar la acumulación de peticiones, en el año inicial sólo se aceptarán 3.000 solicitudes pero repito que ese número crecerá", dijo Kenney en una rueda de prensa celebrada en una empresa en las cercanías de Toronto. "Será un año de prueba y espero elevar las cifras", añadió el ministro canadiense.

El anuncio fue aplaudido por organizaciones empresariales que desde hace años solicitan a las autoridades canadienses cambios en el sistema migratorio, que prima la llegada de inmigrantes con títulos universitarios, para agilizar la entrada de trabajadores en oficios de alta demanda. Michael Atkinson, presidente de la Asociación Canadiense de la Construción, dijo que "el nuevo programa asegura que se da una mayor consideración a las necesidades de las empresas cuando se procesan las solicitudes de emigración".

Atkinson dijo que para 2020 Canadá necesitará 320.000 trabajadores más en el sector de la construcción, y que el país sólo será capaz de generar como mucho la mitad de esa cifra. "Solo la mitad procederá de fuentes nacionales. No es que la inmigración sea la respuesta total a nuestros futuros problemas laborales, pero es una parte importante", explicó Atkison. Gran parte de esta demanda de trabajadores cualificados es fruto del fuerte crecimiento de los sectores de la construcción y energía que el país norteamericano ha experimentado en los últimos años.

Solo la provincia de Alberta, donde están los yacimientos de arenas bituminosas que han convertido a Canadá en una potencia mundial en la producción de petróleo y que se consideran contienen las terceras mayores reservas de crudo del mundo, necesitará en los próximos años 115.000 trabajadores para la construcción. Kenney declaró que "el nuevo programa de Oficios ayudará a responder a la grave escasez (de mano de obra) en algunas regiones del país y apoyar el crecimiento económico".

"Durante demasiado tiempo, el sistema de inmigración de Canadá no ha estado abierto a estos trabajadores en oficios de alta demanda. Estos cambios se tenían que haber producido hace mucho tiempo y nos ayudarán a ir hacia un sistema de inmigración rápido y flexible que funciona para la economía de Canadá", explicó el ministro.

Los cambios favorecerán a aquellos trabajadores extranjeros que tengan una oferta de empleo en Canadá, unos conocimientos mínimos de inglés o francés, una experiencia de al menos dos años en el oficio y que ésta se ajuste a lo demandado por el Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones. Aunque la lista de profesiones que Canadá solicitará todavía no ha sido anunciada, Kenney afirmó que las peticiones elegibles incluirán electricistas, soldadores y mecánicos de equipamiento pesado. Kenney reiteró que Canadá ha rebajado el nivel necesario de conocimiento del inglés o francés, los dos idiomas oficiales, para facilitar la llegada de trabajadores de otras naciones.

"Recalco que será un nivel básico de idiomas porque muchos trabajadores extranjeros no tienen educación secundaria, no han tenido la oportunidad de perfeccionar el nivel de su inglés o francés por lo que normalmente no estarían preparados para el programa de trabajadores cualificados", dijo. Por eso, añadió, se ha rebajado al nivel básico de idiomas, "lo suficiente para que puedan trabajar de forma segura en Canadá".

La ley obliga a Carlos Egea a optar entre presidir BMN o Caja Murcia pero no ambas

MADRID.- El anteproyecto de ley de reforma de las cajas de ahorro plantea su conversión en fundaciones bancarias y los patronos de estas fundaciones no podrán ocupar cargos equivalentes en las entidades de crédito. Es decir, que quien sea hoy consejero de una caja (patrono con la nueva ley), no podrá serlo también del grupo bancario al que han traspasado la actividad financiera. 

En la práctica, la incompatibilidad afecta a la mitad de los miembros de los consejos de los seis bancos controlados por cajas que siguen siendo viables por sí mismas (no nacionalizadas), al menos 41 de 86 consejeros, según adelanta 'El País'.

A Bruselas no le gusta que las antiguas cajas puedan tener posiciones de control en los bancos y el Ejecutivo español ha diseñado una fórmula para mantener el modelo: obligar a que esas antiguas cajas de se conviertan en fundaciones. Pero, como contrapeso, las atará en corto y limitará el número de representantes nombrados por las Administraciones en las fundaciones a un máximo del 25% del total, frente al 40% actual.

La norma también quiere levantar un muro entre los consejos o patronatos de estas fundaciones y los de los grupos bancarios. La condición de patrono de las fundaciones bancarias “será incompatible con el desempeño de cargos equivalentes en la entidad bancaria de la cual la fundación sea accionista, o en otras entidades controladas por el grupo bancario”, reza el texto legal.

 Eso, hoy por hoy, afectaría de lleno a los órganos de los bancos Caixabank (La Caixa), Liberbank (Cajastur), Kutxabank (Kutxa, Vital y BBK), Banco Mare Nostrum (nacido de la fusión de Cajamurcia, Caixa Penedès, Caja Granada y Sa Nostra), Ibercaja Banco (Ibercaja) y Unicaja Banco (Unicaja). Los afectados tendrían que elegir entre ser patronos de la fundación (un cargo sin remunerar) o consejeros de los bancos.

En BMN, hay incompatibilidad para, al menos, cinco de 14 miembros, incluido el presidente, Carlos Egea (Caja Murcia).

La condición de patrono también será incompatible “con todo cargo político electo y con cualquier cargo ejecutivo en partido político, asociación empresarial o sindicato”, según la norma.

Cargos incompatibles en BMN

Carlos Egea (presidente de Caja Murcia), Antonio Jara (presidente de Caja Granada), Fernando Alzamora (presidente de Sa Nostra), Luis González Ruiz (vicepresidente de Caja Granada) y José Manuel Jódar Martínez (vicepresidente de Caja Murcia).

Las crónicas periodísticas obvian la presencia del presidente del CdR (Valcárcel) en el acto de concesión del Nóbel a la Unión Europea

OSLO.- El presidente de comité Nobel noruego, Thorbjorn Jagland, ha apelado a la solidaridad y la "responsabilidad colectiva" para que la Unión Europea supere la grave crisis económica que atraviesa, en el discurso pronunciado en la ceremonia de entrega del premio Nobel de la Paz a la Unión Europea, este lunes en Oslo.

   "A la luz de la crisis financiera que está afectando a tantas personas inocentes, podemos ver que el marco político sobre el que se asienta la Unión es ahora más importante que nunca. Debemos permanecer unidos. Tenemos responsabilidad colectiva", ha dicho Jagland.

   Jagland ha advertido de que sin esa "cooperación europea, el resultado bien podría haber sido fácilmente un nuevo proteccionismo, un nuevo nacionalismo, con el riesgo de perder el terreno ganado".

   Y ha recordado el periodo de entreguerras para subrayar que el auge de nacionalismos y proteccionismo "es lo que pasa cuando la gente normal paga la facturas de una crisis financiera provocada por otros".

   Sobre la crisis, el presidente del Comité Nobel ha insistido en la necesidad de que Europa avance unida y ha asegurado que "la solución no está en que los países actúen por su cuenta, a costa de otros".

 "Tampoco las minorías deben recibir la culpa, eso nos llevaría a trampas del ayer", ha añadido.

   Jagland ha hecho entrega del diploma y de la medalla del galardón a los máximos representantes de las instituciones europeas, esto es, el presidente del Consejo, Herman Van Rompuy; el jefe del Ejecutivo comunitario, José Manuel Durao Barroso; y el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz.

   Antes, durante su discurso de entrega, Jagland ha repasado la historia de la Unión Europea y la integración de cada Estado miembro, desde que en la década de los 50 naciera la Comunidad del acero y el carbón.

   "La cooperación económica desde entonces evitó nuevas guerras y conflictos en Europa", ha apuntado el presidente del Comité Nobel, para quien el ejemplo de la reconciliación entre Alemania y Francia fue el ejemplo más importante de cómo "la guerra y el conflicto puede transformarse rápidamente en paz y cooperación".

   "La presencia aquí hoy de la canciller (alemana), Angela Merkel, y del presidente francés, François Hollande, hacen que este día sea especialmente simbólico", según Jagland, que ha logrado los aplausos de la sala y el saludo en pie entre Merkel y Hollande.

   En esta edición, el Nobel de la Paz reconoce los esfuerzos de la Unión Europea para avanzar hacia la paz y la reconciliación en las últimas décadas, en un momento en el que la actualidad del bloque de 27 está marcada por una de sus mayores crisis debido a las dudas sobre el euro y las protestas sociales por los recortes.

   La trayectoria de esta unión de países durante "más de seis décadas" en las que ha contribuido "al avance de la paz y la reconciliación, la democracia y los Derechos Humanos en Europa", tras superar dos Guerras mundiales, es la razón esgrimida por la Academia para conceder este premio.

   "No estamos reunidos en la creencia de que la UE es perfecta. Estamos reunidos con la idea de que en Europa debemos resolver nuestros problemas juntos y para ello necesitamos instituciones que puedan asumir los compromisos necesarios", ha recalcado Jagland.

   "Juntos debemos garantizar que no perdemos lo que hemos construido sobre las ruinas de dos guerras mundiales", ha añadido, para llamar a la "moderación" y el "autocontrol" de los Estados y de los ciudadanos, al tiempo que ha lamentado las víctimas del extremismo.
Las crónicas periodísticas obviaron la presencia del presidente del CdR (Valcárcel) en el acto de concesión del Nóbel a la Unión Europea, quien tampoco ha intervenido junto a Barroso, Van Rompuy y el presidente del Parlamento Europeo, para dirigirse a los asistentes.

Acusan de 'prácticas abusivas' a Aguas de Murcia (Emuasa) por el reciente incremento de tarifas

MURCIA.- El colectivo Ciudadanos por el Derecho a la Ciudad ha denunciado esta mañana en rueda de prensa que la ciudadanía de Murcia se encuentra indefensa ante las prácticas abusivas de Aguas de Murcia (EMUASA) de incremento de las tarifas y esto es lo primero que se desprende del estudio del expediente administrativo que acompaña la aprobación por parte de la Comunidad Autónoma (Consejería de Universidades, Empresa e Investigación) de la Orden de las nuevas tarifas del servicio de agua potable en el municipio de Murcia, la ausencia de un control por parte de la Administración Pública de los estudios técnicos presentados por la empresa Emuasa para fundamentar las nuevas tarifas del agua.

Dos indicios de esta ausencia de control garantista, son, a su juicio:

1º) El Informe realizado por la Jefatura de Sección de Infraestructura y Comercio Interior aparece lleno de erratas, imprecisiones, corte y pega del propio estudio de Emuasa, aportaciones personales escasas, con fuentes inexplicadas y manejo desaliñado y erróneo de datos.

2º) En el expediente administrativo no figura ningún informe de fiscalización, ni de la Intervención del Ayuntamiento de Murcia, ni de la Intervención de la Administración de la Región de Murcia, pese a ser el asunto que nos ocupa el establecimiento de nuevas tarifas de un servicio público local.

"Dada la inacción y dejación de los controles públicos se constata que el único soporte documental del expediente para justificar el incremento de tarifas del servicio de Aguas es el “ESTUDIO DE REAJUSTE DE TARIFAS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE MURCIA, AÑO 2012” aprobado por el Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia (EMUASA). Pero sorprendentemente, las cifras de costes de todo el capítulo son estimaciones sin contraste alguno, ya que no aparecen comparadas con las cifras de los costes reales del año 2011, ni siquiera con las estimaciones similares efectuadas para el incremento de tarifas del año 2011, por lo que todo el capítulo 3º de “Estudio económico de costes de abastecimiento de agua para el año 2012” se convierte en un acto de fe.

2º) Unos incrementos tarifarios abusivos y arbitrarios
Ciudadanos por el Derecho a la Ciudad denuncia que esta dejación institucional y esta arbitrariedad en el cálculo de costes por parte de Emuasa dan como resultado unos incrementos de las tarifas del agua absolutamente abusivas. Si estudiamos la evolución del coste familiar para cada uno de los tramos de las tarifas, comparadas con el incremento del índice de precios de consumo –IPC-, vemos que las tarifas del agua en Murcia han aumentado desde el año 2000 en todos los tramos más del doble de lo que lo ha hecho el ipc. Para una subida del IPC del 39%, la tarifa fija de servicio ha crecido un 98%, la tarifa de consumo de 0 a 20 m3 lo ha hecho en un 89%, la de 20 a 40 m3 un 94%, la de 40 a 60 m3 un 97%, la de 60 a 90 un 177% y la de más de 90 m3 un 186%.

Si en vez de las tarifas examinamos ejemplos reales de consumo, advertimos que donde más ha subido proporcionalmente el precio del agua ha sido en los casos de las familias con consumos más bajos. Así, un consumo de 8m3 cada 2 meses ha subido en 2012 el 94% respecto al 2000 y si el consumo fuera de 18 m3, la subida experimentada en estos 12 años ha sido del 93%, mientras que para un consumo de más de 95, la subida ha sido del 82%.

3º) La cuestión clave de la controversia: el procedimiento de determinación de las tarifas del agua como precio privado, y no como tasa, posibilita la más absoluta arbitrariedad al dejar en manos de responsables políticos y de la empresa decisiones estratégicas que deberían ser tomadas dentro del sistema de garantías democráticas amparadas por el derecho administrativo

En el recurso contencioso-administrativo, Ciudadanos por el Derecho a la Ciudad desvela el procedimiento que posibilita estos incrementos tarifarios sin control democrático alguno, esto es, el establecimiento de tarifas en el servicio público de aguas del municipio de Murcia mediante precio privado (y por tanto no ha sido determinada según los requisitos de las tasas). Esta es la clave de la cuestión, un procedimiento que permite a EMUASA presentar costes libres sin dar cuentas, en régimen de monopolio, lo que sólo puede traer costes crecientes y precios crecientes, con el consiguiente perjuicio de los ciudadanos.

Ciudadanos por el Derecho a la Ciudad considera que el procedimiento de determinación de las tarifas del agua como precio privado no ofrece las suficientes garantías ciudadanas, justifica la arbitrariedad y los abusos en el incremento de las tarifas, y es contrario al derecho humano al agua. 

Amparándonos en la doctrina del Tribunal Constitucional, reivindicamos la consideración de las tarifas del agua como una tasa lo que implicaría de inmediato la restauración de las garantías del derecho administrativo impidiendo que la decisión de que las tarifas del agua estén sujetas a reserva de ley se deje al albur de una decisión política de cada ayuntamiento.

4º) El procedimiento de determinación de las tarifas del agua como precio privado y no como tasa permite a EMUASA la práctica contraria al derecho humano al agua de castigar cortándoles el suministro de agua a las familias de las clases populares más golpeadas por la crisis que han acumulado el impago de dos facturas

Las luchas sociales contra la práctica de Aguas de Murcia de amenazar a las familias de las clases populares más golpeadas por la crisis de cortarles el suministro de agua por el impago acumulado de dos facturas (violencia institucionalizada en el Reglamento de Aguas de Murcia), evidencian que el procedimiento de determinación del agua como un precio privado y no como una tasa es contrario al derecho humano al agua. 

En el recurso contencioso- administrativo, Ciudadanos por el Derecho a la Ciudad defiende que si la tarifa del agua se tramitase como tasa, en caso de impago, antes de proceder al corte del suministro, primero deberá seguirse la vía de apremio, respetando los trámites esenciales de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común –LRJPAC-, donde el interesado podrá oponerse al corte del suministro de agua acreditando que carece de la suficiente capacidad económica para proceder al pago de la tasa, siendo un claro indicio la circunstancia de que haya resultado infructuosa la vía de apremio. 

Dadas las tremendas circunstancias económicas por las que está atravesando cada vez un mayor número de familias españolas, con cifras alarmantes de pobreza extrema, este tema de la falta de suministro por impago de un bien esencial como el agua, efectuado por empresas vicarias de los ayuntamientos españoles puede convertirse en una nueva bomba social, similar a la de los desahucios de viviendas por impagos a los bancos.

5º) Las inmensas ganancias que genera el servicio público de agua muestran que estamos ante un procedimiento de acumulación de riqueza económica por desposesión de un bien común como el agua, que debería estar al servicio de la ciudadanía.

El servicio público de abastecimiento de agua lo efectúa el Ayuntamiento de Murcia mediante la forma de gestión indirecta descrita por medio de la sociedad mercantil “Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia, S.A.” (EMUASA) con capital social mayoritariamente municipal. 

La sociedad EMUASA se constituyó en 1982 y se rige por sus Estatutos particulares y, subsidiariamente, por la Ley de Sociedades Anónimas y por las disposiciones del Régimen Local. Las tarifas de facturación de los servicios de agua, de alcantarillado y de vertidos están sujetas a autorización administrativa. Tiene un plazo de duración de 50 años a contar desde su conversión en Empresa Mixta Municipal. Su domicilio social está establecido en Murcia.

El capital social de 6.086.867,90 €, se encuentra suscrito al 51% y 49%, respectivamente, por el Ayuntamiento de Murcia y Aquagest Región de Murcia, S.A., perteneciendo esta última entidad al grupo Agbar cuya cabecera es Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A. 

Las cuentas anuales presentan resultados sumamente positivos, siendo los beneficios del ejercicio 2010 de 5.082.711,53 € y los del ejercicio 2011 de 4.761.943,11 €, ambos una vez deducidos los impuestos.

Con fecha 30 de junio de 2011 la Junta General acordó el pago a los accionistas de un dividendo por importe de 4.574.440,38 € (4.256.644,86 € en 2010), repartiéndose esta cantidad, en proporción al capital desembolsado, de la forma siguiente:

Ayuntamiento de Murcia
2.332.964,59 €

AQUAGEST
2.241.475,79 €

Hablamos de resultantes de la explotación del negocio del agua potable en Murcia y aplicados como dividendos por sus socios capitalistas, un flujo dinerario de cuyo empleo el Ayuntamiento, socio capitalista público, no facilita información alguna, por lo que seguramente sirva para financiar la insaciable voracidad del gasto corriente municipal, ante la indefensión ciudadana, que no cuenta con garantía alguna de su libertad patrimonial en las tarifas del agua.

6º) Concluyendo…

En definitiva, denunciamos las tarifas del agua potable en Murcia, ya que se trata de un bien esencial que no debe ser objeto del lucro, ni privado, ni público. EMUASA y el Ayuntamiento de Murcia gestionan un negocio que transgrede el art. 31.3 de la Constitución Española y que rompe la lógica económica; frente a una demanda del agua decreciente, presentan costes y precios que crecen mucho más que el coste de la vida, para conseguir unos beneficios superlativos que se distribuyen generosamente el Ayuntamiento de Murcia y AQUAGEST.

Si tienen vocación de mercaderes y necesitan beneficios, que lo hagan con el negocio del agua embotellada en el que hay concurrencia, y no con el agua potable a domicilio, que es un monopolio público con reserva de ley". 

Texto del recurso contencioso-administrativo
 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=gmail&attid=0.2&thid=13b84cb0b983d799&mt=application/pdf&url=https://mail.google.com/mail/?ui%3D2%26ik%3Dbfa9ec2849%26view%3Datt%26th%3D13b84cb0b983d799%26attid%3D0.2%26disp%3Dsafe%26zw&sig=AHIEtbR10KcnOBAA6-0wMVT6U3zBfJNvZQ

Los hoteles de Murcia tienen precio de hostales y pensiones

MURCIA.- Murcia es la ciudad con los hoteles más económicos de España, siendo su media de 54 euros. Los hoteles de Zaragoza registran una media de 57 euros, los de La Coruña y Lugo, de 58 euros, y los de Alicante, de 59 euros. 

   Por el contrario, Palma de Mallorca es la ciudad más cara para dormir en diciembre, con una media de 111 euros. Le siguen Barcelona, con un precio de 101 euros, San Sebastián, con 99 euros, y Segovia, donde alojarse cuesta 92 euros de media.

   Los hoteles españoles acaban el año con un precio medio de 87 euros, tras caer un 6% en el último mes, con lo que se convierte en la cifra más baja del año junto a la de enero, según el estudio mensual tHPI (trivago Hotel Price Index) del comparador de precios de hoteles 'www.trivago.es'.  

   Diciembre es uno de los meses del año en los que el precio de los hoteles españoles es más bajo. El descenso registrado este mes en comparación con noviembre es del 6%, pasando de costar una noche 93 euros de media a 87 euros.

   La mayoría de las ciudades españolas presentan notables caídas de precios hoteleros en diciembre, como Cádiz, donde descienden en un 19%, Huesca, donde lo hacen en un 15%, o Barcelona, donde dormir es un 11% más barato.

   En el caso de Valencia, Sevilla, Logroño y Madrid, los precios de sus hoteles se reducen en un 9%, los de Lleida y Zaragoza, en un 8%, y los de Las Palmas de Gran Canaria y San Sebastián, un 7%.

   Las excepciones a esta bajada generalizada de precios son Castellón y Valladolid, donde la media se eleva en un 21% y un 13% respectivamente.

   Pese a la caída de precios en muchas ciudades, las ciudades más caras siguen rondando y superando la barrera de los 100 euros, como durante el resto del año.

   El descenso de precios hoteleros en diciembre es algo habitual, pero la evolución de estos durante el año 2012 advierte de un cambio importante, según el comparador de precios.

   Años atrás, los precios más elevados se registraban durante los meses de verano, mientras que en este año que acaba los hoteles han registrado los precios más altos durante la primavera y el otoño.

   Abril y mayo son los meses en los que los precios de los hoteles españoles han sido más elevados, con una media de 110 euros, seguidos de septiembre, con una media de 108 euros, y octubre, con 107 euros, siendo el precio medio de todo el año 2012 en España de 100 euros por noche.

Los autónomos encabezan el ranking de sectores con más perdidas por impagos

MADRID.-   Los servicios profesionales, colectivo que engloba a autónomos, abogados, arquitectos o ingenieros, ha reducido este ejercicio sus pérdidas por impagos del 4,5% al 4,2% actual, coyuntura que, sin embargo, no ha impedido que repita un año más en la primera posición del ranking de pérdidas por impagos en Europa, según un estudio elaborado por la firma sueca Intrum Justitia.

   Por su parte, en la cola del ranking sigue apareciendo el sector utilities (gas, agua y energía) con un 1,8%, aunque este año registra un incremento después de cuatro años de estabilidad en el 1,5%.

   En términos generales, la media europea de pérdidas por impagos se ha incrementado hasta el 2,8%, un porcentaje que registra una tendencia al alza desde 2007 cuando la media era del 1,9% (2,7% en 2011, 2,6% en 2010 y 2,4% en 2009). Este porcentaje se traduce en unas pérdidas por impagos de 340.000 millones de euros, según apunta el informe.

   Así, uno de cada dos autónomos afirma tener problemas de liquidez debido a la morosidad y el 53% indica que se ha incrementado el retraso en el pago por parte de sus clientes. Según el estudio, el retraso en el pago "es mayor en el sector público y empresas", puesto que tardan 15 días después de la fecha de vencimiento, hasta alcanzar los 45 días.

Las administraciones públicas adeudan 5.500 millones a los autónomos

MADRID.- Las administraciones públicas deben actualmente a los trabajadores autónomos en torno a 5.510 millones de euros, que corresponderían a las deudas acumuladas desde enero hasta finales de noviembre de 2012 así como a las facturas pendientes que no se pudieron acoger al Plan de Pago a Proveedores, según el observatorio del trabajo autónomo de ATA.

   La Federación de Autónomos agrega también que los entes públicos tardan un tiempo medio de 163 días en pagar las facturas atrasadas al colectivo de autónomos y pymes, por lo que denuncian que "se está incumpliendo la Ley de Morosidad y la futura Directiva Europea de la Unión Europea, que obligará a las administraciones en 2013 a pagar en 30 días".

   En concreto, la encuesta realizada por la patronal de autónomos revela que cuatro de cada diez autónomos (40,5%) tarda en cobrar más de seis meses y sólo el 11,8% cobra antes de 90 días de las administraciones públicas.

  El análisis apostilla que las administraciones públicas de Cataluña son las que más facturas impagadas adeudan a los autónomos que trabajan para ellas, como refleja que la deuda ascienda a 922 millones de euros en este territorio, un 16,7% del total de la deuda española total con los autónomos.

   Las siguientes administraciones públicas que lideran este ranking de morosidad con los autónomos son las de Andalucía (789 millones de euros, un 14,3% del total de la deuda española), Comunidad Valenciana (772 millones de euros, un 14%) y Madrid (558 millones de euros, un 10,1% del total ). Así, las administraciones públicas de Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid concentran el 55,1% de la deuda pública con los autónomos y microempresas.

   De su lado, los entes de Navarra y La Rioja son las que menos facturas adeudan a los autónomos, con una estimación de 48 y 35 millones de euros, respectivamente, lo que representa un 0,9% del total de la deuda española en el caso de la primera y un 0,6% en el de la segunda.

   Al desglosar los plazos medios de pago por comunidades autónomas, los entes públicos de Cataluña y la Comunidad Valenciana son las que más tardan en pagar de todo el territorio nacional. La media del periodo de pago de facturas atrasadas a autónomos y pymes es 167 días en ambas comunidades.

  Por encima de la media autonómica nacional - 163 días - también se encuentran Andalucía, con un periodo medio de espera de los autónomos de 166 días, y Castilla La Mancha y la Región de Murcia, ambas con 164 días  de espera de las deudas que las Administraciones Públicas tienen contraídas con ellos.

    En cuanto al tiempo medio de cobro por territorio, las administraciones catalana y valenciana son las que más tardan en pagar de todo el territorio nacional, con una media del periodo de pago de facturas atrasadas que se acerca a los 167 días. Por encima de la media autonómica nacional también se encuentran Andalucía, con un periodo medio de espera de los autónomos de 166 días.

   Las administraciones asturianas mantienen la media de pago nacional con sus autónomos, concretamente los trabajadores por cuenta propia del Principado tardan 163 días, de media, en recibir el pago de las facturas que les son adeudadas. Con periodos medios de pago inferiores a la media nacional se sitúan Canarias (151 días), Aragón (145 días) o Cantabria (139 días).

   Por su parte, los organismos públicos de La Rioja (55 días), Navarra (51 días) y País Vasco (49 días) son las que menos tardan en pagar a autónomos y pymes "y las que más se acercan a la Ley de Morosidad", recuerdan.

   Para el presidente de ATA, Lorenzo Amor, las administraciones públicas con este volumen de deuda a los autónomos "continúan siendo una fuente de destrucción de empleo, autónomos y empresas".

La contaminación lumínica se convierte en un problema global para la Tierra

WASHINGTON.- El satélite Suomi NPP (Suomi National Polar-orbiting Partnership) de la NASA ha publicado nuevas imágenes nocturnas de la Tierra en las que, según han señalado los expertos, se puede observar que existe un problema global de contaminación lumínica que, no solo oculta las estrellas, sino que supone un gran derroche de energía.

   Precisamente, el la misión de Suomi NPP nació como un satélite de observación del planeta para estudiar los efectos del cambio climático. El aparato capta fotos de la Tierra regularmente y publica algunas de ellas en Internet, en un álbum bajo el nombre 'Black Marmel'.

   Gracias a estas fotografías, la NASA ha podido determinar que la luz que emiten las ciudades y las autopistas, son tan dañinos para la Tierra como las emisiones de gases. Para los científicos, las imágenes muestran ciudades que brillan más de lo que necesitan y que, además, este gasto eléctrico está "mal dirigido". En este sentido, han explicado que, solo en los Estados Unidos, se gastan miles de millones de dólares anualmente iluminando "el cielo" de la noche en lugar de aceras y calzadas en el suelo.

   "Las imágenes del satélite demuestran que aún queda trabajo por hacer en la Tierra en cuanto a la lucha contra la contaminación lumínica", ha señalado el director ejecutivo de la Asociación Internacional Cielo Oscuro, Bob Parks, quien ha señalado que "el impacto de la iluminación nocturna terrestre se extiende mucho más allá de la astronomía".

   A su juicio, las luces excesivas y mal dirigidas puede crear sombras profundas que no son seguras para la seguridad del ser humano. También afecta a animales, como es el caso de las crías de tortugas marinas, que pierden de vista el mar por la iluminación o las aves migratorias que pueden sufrir confusión al volar entre edificios. "La contaminación lumínica tiene otros efectos de largo alcance desconocidos para muchos de los que siguen utilizando iluminación ineficaz", apunta Parks.

   En cuanto a las soluciones, aunque "muchos creen que es tan simple como cambiar la potencia de las bombillas, utilizar sensores de movimiento o instalar campanas sobre las bombillas desnudas", Park ha recomendado que "toda la iluminación exterior se dirija hacia abajo y que solo se utilice cuando sea realmente necesaria y en la cantidad que sea necesaria".

   Para Parks, si se aplican estos procedimientos, el resultado no solo reduciría las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que permitiría ahorrar dinero, reducir el impacto en el mundo natural y mejoraría la visibilidad en el terreno.