MURCIA.- Fue Francisco Marqués, ex delegado del Gobierno en Murcia  y exconsejero de Sanidad y de Medio Ambiente en distintas legislaturas,  quien, en marzo de 2009, tras ser detenido por su presunta implicación  en el caso de supuesta corrupción conocido como 'La Zerrichera', puso a  los investigadores tras los pasos de su excompañera del Consejo de  Gobierno y, al menos hasta ese instante, buena amiga: la consejera de  Hacienda, Inmaculada García. Si fue un desliz o fue a conciencia, o  quizás un desesperado intento de justificar lo que parecía poco  justificable, sólo Marqués lo sabe. El asunto es que, 'motu propio', sin  que nadie le preguntara, fue de su boca de donde surgió el nombre, revela 'La Verdad'.
«Reconozco que el precio (del apartamento que en 2004  había adquirido en la Hacienda del Hornillo, de Águilas) fue muy bueno  gracias a la amistad con Inmaculada García, consejera de Hacienda, que  es prima del vendedor, Sebastián (Fernández Rabal, notario lorquino y  constructor)», explicó al juez instructor. Y añadió: «Ella misma  adquirió dos apartamentos encima del mío». Dando a entender, de alguna  forma, que Inmaculada García se había beneficiado de la misma rebaja (en  torno al 70%) que el promotor le había hecho a él y que, según se  sospecha, fue un regalo (un supuesto cohecho, en términos legales) a  cambio de posibles favores desde el cargo público que Marqués ocupaba. 
La mención le supo a cuerno quemado a la entonces titular  de Economía y Hacienda, quien en ese instante le habría hecho las  cruces a su colega y primer valedor ante Ramón Luis Valcárcel (Marqués  fue quien la presentó al presidente regional). Además se apresuró a  desmarcarse de su examigo. «Yo hice una reserva de dos apartamentos, al  mismo precio que todo el mundo, y además renuncié a ellos y no  escrituré», señaló García. Y dejó zanjado el asunto.
Para quien no quedó zanjado, sin embargo, fue para los  agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, Brigada de  Blanqueo de Dinero (UDEF-BLA), quienes, después de detener al promotor y  notario Fernández Rabal por supuesto cohecho a Marqués y de registrar  su vivienda y oficinas, se encontraron con los documentos relativos a la  reserva de dos apartamentos que había realizado Inmaculada García. Por  supuesto, les echaron un vistazo.
Ahora, dos años después, con el levantamiento del secreto  de sumario que pesaba sobre doce tomos del 'caso Zerrichera', se hace  evidente que el asunto no cayó en saco roto. Uno de los informes  policiales sostiene que la ya exconsejera de Hacienda se benefició  también de una sustancial rebaja en el precio de los pisos, y además  vincula el hecho a la supuesta voluntad del vendedor de obtener algún  posible trato de favor respecto de los muchos intereses que él tenía en  el urbanismo regional.
El citado informe policial (nº 74.187 UDEF-BLA-G24-A)  desvela que Inmaculada García y su esposo reservaron el 24 de abril de  2004 los pisos 1º C y 1ºD de Hacienda del Hornillo, al precio de 163.000  y 222.000 euros. Lo primero que llama la atención es que en septiembre  de 2004, cuando formalizan los contratos privados de compra y entregan  una señal de 12.000 euros, los pisos experimentan ya una sustancial  rebaja en el precio: el 1ºC se queda en 143.750 euros, y el 1ºD, en  186.719 euros, lo cual les supone un ahorro de 54.531 euros sobre el  precio inicial. La consejera y su esposo aprovecharon ese momento para  encargar alguna mejora en los materiales del apartamento, por importe de  unos 37.000 euros, según el citado informe. 
Como, además, los agentes se incautaron en el registro de  los contratos de compraventa de otros clientes de esa urbanización,  pudieron comparar los precios a los que éstos habían comprado. Y según  establecen en el informe, eran bastante más elevados. Así, ponen el  ejemplo de una mujer, que adquirió un 2ºC al precio de 215.000 euros, y  también el caso del propio promotor, Sebastián Fernández Rabal, quien se  quedó un 2ºD por el que pagó a la sociedad 258.000 euros.
«Un simple cálculo aritmético -exponen los autores de  informe policial- nos permite determinar la diferencia hallada entre las  dos viviendas aludidas y las correspondientes a Inmaculada García,  suponiendo que adicionadas conforman una brecha de 142.723 euros, que en  porcentaje nos lleva a cifrar en un 43,2% el 'descuento' practicado».
Es a partir de ahí cuando los policías se preguntan qué  podía haber llevado a Fernández Rabal a hacerle una aparente rebaja que  ni él mismo se hizo, y concluyen que sería por su interés en obtener  posibles favores de la consejera de Hacienda.
 «No he sacado provecho» 
Inmaculada García no ocultó su estupor cuando este  periódico le telefoneó el viernes para preguntarle por estas  consideraciones policiales. «Yo reservé esos apartamentos en 2004,  cuando ni siquiera había empezado el movimiento de tierras, y lo hice al  mismo precio que tenían para todo el mundo. Los precios a los que  compraron otras personas no se pueden comparar, porque depende el  momento en que los adquirieran. Hay que recordar que en los años del  'boom' inmobiliario, todo subió muchísimo». 
La exconsejera explicó que los dos pisos que ella pensó  adquirir han sido vendidos recientemente «y han pagado por ellos menos  de lo que yo iba a pagar». Y añadió que el promotor aún no le ha  devuelto los 12.000 euros que entregó como señal.
Insistió en que ella no se ha beneficiado de nada, «ya  que no llegué a escriturar, porque renuncié a los dos apartamentos». El  mismo argumento que dio en 2009, cuando Marqués fue detenido. Lo que no  señaló entonces García es que, después de mantener el contrato vigente  cinco años, renunció a los dos pisos el 20 de febrero de 2009. Apenas  dos semanas antes de que Marqués fuera arrestado. Una decisión, la de no  escriturar los pisos, por la que ahora, visto lo visto, se estará  felicitando.
Un primo al que no arrimarse
La decisión de la entonces consejera Inmaculada García de  adquirir en 2004 dos pisos en Hacienda el Hornillo, de Águilas, y de  invitar a su compañero y amigo Francisco Marqués a hacer lo propio, bien  pudo estar motivada en parte por el hecho de que el promotor, Sebastián  Fernández Rabal, es familiar suyo. Primo, al parecer. Ahora, después de  todo lo que ha llovido, Inmaculada García probablemente no tenga muchas  ganas de dejarse ver en público con él. 
Este notario y constructor lorquino tiene el dudoso honor  de haber sido detenido y de estar imputado en dos casos de presunta  corrupción en Murcia: en una rama del 'caso Limusa', donde se investiga  si cometió delitos contra la Hacienda Pública con las sociedades que  compartía, entre otros, con el gerente de la empresa pública de  limpiezas, Francisco Gil Eguino, y en el 'caso Zerrichera', donde está  acusado de cohecho por haber vendido a Francisco Marqués un apartamento  por poco más de 100.000 euros, cuando su precio real rondaría los  300.000 euros. Un regalo que le habría hecho a cambio de que el entonces  consejero de Medio Ambiente le hubiera ayudado desde su cargo,  supuestamente, a burlar la legislación que le impedía acometer  determinadas obras en zona de costa, o a cambio de favores en otras  iniciativas urbanísticas en las que tenía interés. 
Fernández Rabal es un hombre muy conocido en Águilas y  Lorca, donde ha levantado el centro comercial Águilas Plaza, el Complejo  Hacienda del Hornillo, es socio de la firma Lorca Centro Abierto que  tiene la concesión del aparcamiento de la Plaza de Abastos lorquina... 
Entre sus gestas empresariales figura haber adquirido un  terreno en la zona de Marina de Cope a 112.687 euros cada hectárea y  haberlo vendido dos meses después a 475.000 euros cada hectárea. Casi  cuatro veces más. Un monumental pelotazo. Claro está que, en ese breve  periodo de tiempo, la Dirección General de Calidad Ambiental,  dependiente de la Consejería de Medio Ambiente que dirigía Marqués, dio  el visto bueno a la Declaración de Impacto Ambiental de ese complejo.  Algo que no deja de ser un vistoso detalle.
 
