ÁGUILAS.- El juzgado de Instrucción número 3 de Murcia ha pospuesto hasta el primer día de febrero la toma de declaración a los tres funcionarios de la Comunidad Autónoma que se opusieron a la recalificación de los terrenos de la finca La Zerrichera.
Uno de ellos será Remigio Masa, que fue destituido la pasada semana como jefe del servicio de Ordenación y Gestión de los Recursos Naturales. Los otros dos funcionarios son Francisco de Paula Juanes Prats, técnico de apoyo; e Ignacio Rojo Núñez, ingeniero de Montes.
Los tres, junto por su entonces director general, Carlos Brugarolas, firmaron en agosto de 2004 un informe en contra de la recalificación de unos terrenos rústicos dentro de la Red Natura 2000, con protección específica de Lugar de Interés Comunitario y ZEPA.
El informe cerró en un primer momento la puerta al proyecto, reactivado posteriormente sin que mediara otro informe favorable de la Dirección General del Medio Natural.
Por otra parte, el que fue secretario general del PSOE en Águilas, Domingo Martínez, mostró su «sorpresa» al aparecer como imputado según varios medios de comunicación.
Martínez afirma que «a mí nadie me ha notificado ni comunicado nada», y añade que «no tengo nada que temer ni ocultar».
Además, señaló que ya interpuso una querella criminal contra el también socialista Ramón Román, después de que saltara a los medios una información sobre los supuestos cobros ilegales a miembros del partido para que el PSOE local no se opusiera a la recalificación de la polémica finca.
Uno de ellos será Remigio Masa, que fue destituido la pasada semana como jefe del servicio de Ordenación y Gestión de los Recursos Naturales. Los otros dos funcionarios son Francisco de Paula Juanes Prats, técnico de apoyo; e Ignacio Rojo Núñez, ingeniero de Montes.
Los tres, junto por su entonces director general, Carlos Brugarolas, firmaron en agosto de 2004 un informe en contra de la recalificación de unos terrenos rústicos dentro de la Red Natura 2000, con protección específica de Lugar de Interés Comunitario y ZEPA.
El informe cerró en un primer momento la puerta al proyecto, reactivado posteriormente sin que mediara otro informe favorable de la Dirección General del Medio Natural.
Por otra parte, el que fue secretario general del PSOE en Águilas, Domingo Martínez, mostró su «sorpresa» al aparecer como imputado según varios medios de comunicación.
Martínez afirma que «a mí nadie me ha notificado ni comunicado nada», y añade que «no tengo nada que temer ni ocultar».
Además, señaló que ya interpuso una querella criminal contra el también socialista Ramón Román, después de que saltara a los medios una información sobre los supuestos cobros ilegales a miembros del partido para que el PSOE local no se opusiera a la recalificación de la polémica finca.