MADRID.- Las quejas de los ciudadanos al Defensor del Pueblo aumentaron en 2017 en un 51,5% con respecto al año anterior, hasta situarse en 24.976,
frente a las 16.485 del ejercicio anterior. En el año 2016 se produjo
un descenso del 7,5% en las quejas en relación con el año anterior.
Según el informe anual de
la institución, entregado este lunes 19 de marzo en el Congreso y el
Senado, por el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández
Marugán, de las 24.976 quejas, un total de 14.829
fueron individuales (13.151 en el ejercicio anterior), y otras 10.147
fueron quejas de igual contenido o finalidad agrupadas para una tramitación conjunta (3.334 tramitadas en el año 2016).
En total, el Defensor del Pueblo tramitó durante el año 2017 un total de 25.776 expedientes (un
48,17% más que en 2016), correspondientes a las mencionadas quejas
(24.976), junto a las investigaciones de oficio (760) y solicitudes de
interposición de recurso de inconstitucionalidad (40).
Además,
la Institución dirigió a las Administraciones 918 recomendaciones,
1.048 sugerencias, 370 recordatorios de deberes legales y dos
advertencias. En total, se formularon 2.338 resoluciones, lo que supone un incremento del 32% con respecto al año anterior.
Servicios públicos y derechos sociales
En
2017 los ciudadanos trasladaron al Defensor del Pueblo su preocupación
por la mala prestación de determinados servicios públicos y por los efectos de la crisis en derechos sociales y prestacionales.
Por
número de quejas, las más numerosas han sido las que han tenido que ver
con tardanzas y deficiencias en la tramitación de los DNI y trámites
relativos a Tráfico hasta alcanzar las 6.008, mientras que con 4.417 destacan también las relacionadas con la atención en la Administración pública.
Asimismo,
hubo 3.395 quejas relacionadas con la Justicia. En este sentido, el
Defensor del Pueblo ha llamado la atención sobre los problemas prácticos
que padecen los testigos protegidos y la importancia de esta figura
para la persecución de delitos graves y complejos. La Institución
considera que "hay que repensar la legislación en esta materia".
Así
lo ha señalado el Defensor del Pueblo en funciones en declaraciones a
los medios de comunicación tras hacer entrega del informe anual a la
presidenta de la Cámara Baja,
Ana Pastor.
En
declaraciones a los medios en el Congreso, Fernández Marugán ha
reconocido que, aunque el país se encuentra en fase de recuperación
económica, esta situación no se ha materializado "en todos los
bolsillos". De hecho, ha denunciado la "desigualdad" que ha existido y
sigue existiendo en España.
"En
el contexto de las políticas sociales al uso, se revelaron como poco
poderosas, porque no pudieron neutralizar el deterioro en la condición
de vida que venían experimentando las personas con mayores dificultades.
Dicho en términos escuetos, la crisis cavó un pozo de desigualdad sin precedentes en España", ha denunciado ante los periodistas.
De
hecho, ha señalado a los parados de larga duración, familias con todos
sus miembros en paro, jóvenes sin trabajo, trabajadores pobres,
jubilados y personas con dependencia, como los colectivos que, tres años
después del final se la crisis, siguen dependiendo de las políticas
sociales del Gobierno.
"Los
ciudadanos han manifestado una actitud crítica, porque entendían que la
respuesta dada por las políticas económicas y sociales no eran las más
adecuadas", ha señalado el Defensor del Pueblo, para advertir de que, si
alguien cree que estas quejas se han producido sólo "en los años duros
de la crisis", se equivoca. "Hay un malestar que se nota en la quejas que se han presentado ahora por parte de los ciudadanos", ha apuntado.
Salir de la crisis no reduce la desigualdad
Para
Fernández Marugán, el hecho de que "el momento más duro de la crisis se
ha superado" y que en los últimos años "ha crecido el PIB y el empleo",
debería ser aprovechado para "revisar el funcionamiento de las
políticas sociales" para "mejorarlas", de tal manera que "se incida en
el consumo y en la renta de aquellos colectivos que todavía no han
cubierto con dignidad su condiciones de necesidad".
En
su intervención, Fernández Marugán ha señalado que "es un error creer
que cuando se sale de una crisis se reduce por sí sola la desigualdad".
"La desigualdad es una lacra que sólo podrá corregirse si se lleva a cabo una política de redistribución activa y decidida", ha insistido, para señalar que en España hay "una situación que es preciso corregir".
Así,
ha llamado a los políticos a eliminar "dos elementos no muy
convenientes" y existentes en la política española que son "las
actitudes imperativas y las actitudes excesivamente categóricas". A su
juicio, la combinación de estas dos actitudes "dificulta mucho el
abordaje de cuestione relevantes" porque "la predisposición a admitir
las alternativas de los demás no es muy abundante".
"De
estos comportamientos imperativos y categóricos deberíamos ser capaces
de huir y adoptar actitudes más reflexivas. En la España de hoy estamos
en condiciones de cambiar en profundidad las políticas redistributivas,
pero, además, deberíamos hacer que ese malestar de los ciudadanos se
reduzca, porque si no somos capaces de hacer un cambio en estas
políticas, no sólo el malestar no se reducirá, sino que se
incrementará", ha denunciado.
Reformar la financiación de las comunidades
Como
solución, Fernández Marugán llama a regresar al diálogo, la negociación
y el pacto, unas prácticas que, en su opinión, "contribuirían a
resolver mejor la desigualdad y la ausencia de políticas de
distribución".
Basándose en los
datos, el Defensor del Pueblo detalla que la crisis supuso una caída en
la prestación de los servicios públicos y un descenso de la inversión
pública hasta mínimos históricos. En su análisis, los gastos en
vivienda, salud y educación crecieron hasta 2009, ejercicio en el que sumaron conjuntamente el 12,7 por ciento del PIB, mientras que en 2016 bajaron al 10,5 por ciento del PIB.
El
informe señala que este retroceso no se ha compensado con nuevas
políticas sociales, ni con mejoras de las ya existentes. Por ello, y
para paliar la pérdida de calidad de servicios tan esenciales como los
sanitarios, educativos y asistenciales, la Institución considera
necesario reformar de manera urgente el actual sistema de financiación
de las Comunidades Autónomas.
Por
ámbitos, el Defensor del Pueblo destaca en materia de Dependencia que
la crisis y las medidas adoptadas han dificultado la implantación de la
Ley y ha pedido una mejora del sistema de financiación actual y una garantía de incorporación de las personas en espera.
En
cuanto a pensiones, ha exigido la adopción de medidas para una
progresiva mejora de las condiciones salariales, "ya que parece difícil
que a corto plazo el reequilibrio pueda lograrse simplemente a través de
la recuperación de los empleos perdidos", ha apuntado.
Protección al hipotecado
"Es
preciso garantizar la solvencia y sostenibilidad del sistema público de
pensiones, así como la suficiencia económica de los actuales
pensionistas y de los futuros, pero cualquier reforma del sistema, y en
especial de su financiación, ha de llevarse a cabo en el marco del Pacto
de Toledo con el mayor nivel de consenso posible", ha indicado.
Finalmente,
la Institución también se refiere a los desahucios, que califica como
uno de los efectos sociales "más nocivos" de la recesión económica. A su
juicio, en esta materia "hay que seguir trabajando para reforzar la protección al hipotecado
y recuerda que el procedimiento de ejecución hipotecaria sigue siendo
una realidad en España".
Además, el Defensor denuncia las políticas
tributarias decididas durante la crisis "han agravado el proceso de
regresivización del sistema fiscal y lo han hecho, además, durante un
periodo en el que, para la mayoría de la población, la renta ha estado
estancada o disminuyendo".
