Hubo un tiempo en que eran los
socialistas quienes llevaba la voz cantante sobre el agua y en que el PP
no terminaba de tomar el pulso a la cuestión. No de manera casual ese
tiempo coincidió con el periodo de gobernación socialista en la Región.
Una vez perdido el poder autonómico a mediados del los 90, también se
redujo la influencia del
PSRM
en la organización central, donde tenían asiento representantes de las
Comunidades antitrasvasistas.
El PP, que en los inicios apostaba por la
desalación, pronto tomó el relevo de los trasvases y consolidó su poder
durante muchos años gracias a incidir en esa posición, que situó en el
centro de su identidad política regional. Es cierto que el resultado, al
cabo, es más bien magro: no sólo no recuperó el trasvase del Ebro, sino
que pactó una importante reducción de los volúmenes trasvasables del
Tajo.
Pero tal vez porque los socialistas, desde la oposición, no
supieron mantener su discurso inicial al respecto, la percepción
ciudadana y de los agentes más directamente concernidos con la
administración del agua han venido identificando al PP como el partido
que mejor defendía los intereses murcianos, fijada la identificación de
éstos con la política hidrológica tradicional.
Una
vez que con la crisis menguó la presión sobre el agua más allá de los
regantes, es decir, la que ejercían los sectores relacionados con el
sector urbanístico, más el escarmiento de los casos de corrupción que
provocó aquella dinámica expansiva, el agua dejó de aparecer en el
primer renglón de la agenda política, en el que entraron otros asuntos
más acuciantes.
Sin embargo, la evidencia del
cambio climático
como problema real y urgente y su implantación cada vez más acusada en
el discurso política general, gracias sobre todo al impulso de las
nuevas generaciones, ha colocado al trasvase Tajo-Segura en una
perspectiva delicada en relación al futuro.
Es innegable que su
clausura, de una u otra manera, va a constituir de aquí en adelante una
implícita posibilidad. Más temprano o más tarde. Y, no hay tantas
diferencias en este aspecto entre la actual titular de
medio ambiente,
la socialista Teresa Ribera, y su antecesora del PP, Isabel García
Tejerina. Casi que se trata de un determinismo. Pero este horizonte
acabará provocando efectos trascendentes en el estatus político y
electoral de esta Región.
El
PSOE,
que había empezado a recuperarse en la Comunidad (ganó las autonómicas y
las penúltimas generales) podría volver a la casilla de salida si no
actúa con mayor previsión, cautela e inteligencia. El ministerio, en
funciones, para la Transición Ecológica (esta expresión, nadie se
engaña, incluye la 'transición' del modelo Tajo-Segura) ha mostrado
escasa paciencia y se ha adelantado muchos pueblos para justificar un
'trasvase cero', a pesar de los informes técnicos favorables, a cuenta
de los efectos contaminantes para el
Mar Menor de la actividad agrícola en la zona, y ha castigado de paso a la
agricultura de Alicante, Murcia y Almería alejada del Campo de
Cartagena.
Peregrino argumento. A primera vista, no parece que el Gobierno central
tenga interés en ayudar a despegar a los socialistas murcianos, pues
pone en bandeja del PP y de los sectores agrícolas que amagaban con
despegarse de él en esta fase la recuperación de la política
reivindicativa sobre el agua y la identificación del 'enemigo exterior' y
de su corresponsalía en la Región. el PSOE.
Coincide esta decisión
ministerial con el proceso de negociación con los independentistas
catalanes y vascos para la investidura de Pedro Sánchez, imágenes que en
regiones como la de Murcia tienen un reflejo de profundo rechazo. Es
cierto que el líder regional,
Diego Conesa,
ha tenido los necesarios reflejos para incorporarse desde el primer
instante a la protesta por la decisión del 'trasvase cero', pero la
confianza política tarda poco en disiparse, y la que dispone el PSOE es
muy frágil como para que sean tan descuidados y reincidentes al
guardarla.
Pero en esta
encrucijada no es sólo el PSOE el partido en aprietos. El colapso del
Mar Menor también ha dejado perplejo al PP, indudable principal agente
político del desastre. Ya no es que la opinión pública perciba con
claridad su desentendimiento cómplice para favorecer intereses
económicos diversos que le respondían con la gratificación electoral,
sino que, obligado a ofrecer señales urgentes de solución, ha tenido que
diseñar necesariamente un plan (un decreto-ley de medidas de protección
de la laguna) que establece regulaciones cuya sola enunciación señala
con claridad a los sectores responsables de la
contaminación, por mucho que en declaraciones al margen del texto elaborado se diga que el Gobierno regional no quiere estigmatizar a nadie.
El
PP se ve entre la espada y la pared, pues no tiene más remedio que
contener a los productores a los que hasta ahora dejaba hacer. Esto no
habría tenido mayor trascendencia si esos productores, conscientes de
que su actividad no podía mantenerse en las actuales circunstancias,
hubieran comprendido que una regulación estricta sería el mal menor para
ellos, entre otras cosas porque los mercados agrícolas internacionales
exigen ya condiciones ecológicamente idóneas de los productos en origen.
Pero en éstas llegó
Vox. Y el PP se ha puesto a temblar.
Hasta
ahora, Vox no parecía tener entre sus prioridades cuestiones de la
economía real, salvo por la difusión de mensajes genéricos y teóricos
que reproducen el canon de una política liberal extrema. Su ideología,
todavía no pulida por la práctica, parecía enfocar más el interés a
asuntos de la cultura de costumbres con la intención de impulsar un
retorno al viejo conservadurismo. Pero, de pronto, han encontrado un
gran filón en el Mar Menor. Tal vez advertidos por su crecimiento
electoral en las localidades limítrofes con ocasión de las últimas
elecciones generales y la percepción de que en ese entorno se empieza a
sufrir una mala digestión de las medidas que prevé el decreto-ley, han
decidido ampliar su campo de batalla.
Alguien
ha sacado de algún cajón las intervenciones públicas del ingeniero
Andrés Martínez durante su etapa como jefe de la Demarcación de Costas
(concluyó su mandato en el periodo en que presidía la Comunidad el
predecesor de López Miras,
Pedro Antonio Sánchez),
en las que proponía las apertura de las golas que comunican el Mar
Menor con el Mediterráneo para aliviar la contaminación de la laguna. Su
iniciativa fue entonces duramente contestada por ecologistas y varios
científicos, aunque contaba con el respaldo de otros a través de un
estudio elaborado por dos especialistas de la
Universidad de Murcia.
Vox
ha copiado literalmente esa idea y la ha convertido en iniciativas
parlamentarias. La 'solución' consiste en comunicar más ampliamente los
dos mares, de modo que las aguas del Mayor regenerarían las del Menor,
lo cual facilitaría que continuara la actividad agrícola tal y como
funciona ahora. Gráficamente sería como si nos tomáramos el gintónic con
dos tónicas y la misma dosis de ginebra; el efecto es que el alcohol
quedaría muy rebajado. Pero ¿seguiría sabiendo a gintónic?
Los críticos a
esta solución alegan que así no se 'salvaría' el Mar Menor' sino que
éste se convertiría en un embalse del Mediterráneo, es decir, perdería
lo que le es más propio: su peculiar ecosistema, incluyendo su fauna y
flora marina específica. Por lo demás, se trataría de ampliar el radio
contaminante para que quedara diluido en un espacio más extenso. Pero
quienes apoyan esta vía aseguran que las golas naturales existen porque
hace años la comunicación entre ambos mares era lo natural.
En cualquier caso, es una idea muy Vox: sencilla o, mejor, simple,
dirigida a quienes ven amenazados intereses consolidados por la batería
muy amplia de medidas estructurales que recoge el decreto-ley. Por
cierto que, dado que la propuesta se originó en Costas durante el
Gobierno Rajoy, se podría alegar que la 'solución golas' es una 'idea
PP', aunque no se practicara.
La
'solución' que reclama Vox ha sido extraordinariamente bien acogida por
las organizaciones agrarias de la zona, que están decididas a
estudiarla y compartirla. De prender esta iniciativa como reivindicación
de los sectores afectados por el decreto-ley, el PP corre el riesgo de
aparecer ante los crecientes votantes de derechas como un partido
acomplejado que asume desde el Gobierno consignas sobre el decrecimiento
económico que proceden del laboratorio de las izquierdas, es decir, el
cliché que Vox ha establecido para los populares, y no podría decirse
que sin éxito.
Tal vez sea por
esto que López Miras ha rehuido entrevistarse con el socialista Diego
Conesa para impulsar los pactos que éste le propone: Mar Menor,
Justicia, Pobreza estructural... Ha delegado un acuerdo de partidos
sobre el decreto-ley que afecta al Mar Menor a una reunión de sendas
comisiones que se celebrará mañana. El presidente no quiere fotos
previas con Conesa, y le vendría bien que éste se desentendiera del
consenso.
Su política, como se percibe en la disminuida actividad
parlamentaria, consiste a este respecto en borrar al PSOE, ofrecerle el
menor espacio posible en el escaparate. Así, López Miras ha remitido al
PSOE antes del fin de semana, a instancias reiteradas de Conesa, lo que
los populares denominan 'el texto definitivo' del decreto, modificado
sobre el que había trascendido, que califican de 'prematuro' y achacan
su filtración a un 'funcionario socialista'.
Quizá estos pretextos
constituyan un recurso para dulcificar algunas propuestas iniciales, una
vez que la estrategia de Vox parece contar con todos los ingredientes
para conectar con los grupos de interés (no olvidemos que el sector
agrícola es probablemente el más consistentemente asociado) de Cartagena
y el cinturón del Mar Menor, donde ya dio el palo en las últimas
generales.
En definitiva, a
efectos prácticos electorales, Vox le está llevando la mano al PP al
lanzar de manera inesperada una propuesta simple que espera obtener
respaldo entre la derecha sociológica de la zona tradicionalmente
abrigada en el PP. Para sacar adelante su decreto ley, si no cuenta con
el apoyo parlamentario de Vox, el presidente tendrá que recurrir al
PSOE, y éste solo lo apoyará si contiene medidas que no haga palidecer
la ruleta de colores de la Agenda 2030 que luce habitualmente en su
solapa.
Pero, a su vez, el PSOE también resbala desde el Gobierno en
funciones con una decisión sobre el trasvase que devuelve al PP a la
zona de confort del victimismo. Los socialistas ya debieran estar
advertidos, desde la etapa Narbona, acerca de que la práctica del
'despotismo ilustrado' es escasamente pedagógica y despierta irritación.
Otra vez el agua. De ahí no salimos.
(*) Columnista
