El Gobierno pide a la gran banca que compre la deuda extranjera de las autopistas en quiebra a un tipo del 4%

MADRID.- El Gobierno central pretende que los seis grandes bancos españoles se queden con la deuda que las nueve autopistas en quiebra tienen con bancos extranjeros, un pasivo de unos 646 millones de euros que se convertirá en un bono a treinta años y devengará un tipo de interés del 4,11%, según informaron fuentes del sector.

Este importe es el que resulta de restar a la deuda de 1.300 millones que las autopistas en concurso mantienen con una treintena de bancos foráneos una vez que se le practique la correspondiente quita del 50% que el Gobierno realizará a todo el pasivo de estas vías, un total de 4.600 millones de euros, contraído con bancos y constructoras.

   El plan de rescate que ultima el Gobierno contempla así que la empresa nacional de autopistas que se constituya con las nueve autopistas quebradas nazca con una deuda "máxima" de 2.300 millones de euros. Un importe que además se convertirá en un bono a treinta años y se estructurará en tres tramos.

   El primer tramo, de unos 1.355 millones, lo conformará la deuda financiera con la banca española, el segundo (de unos 600 millones) corresponde al pasivo de las vías con las constructoras, y el tercero, de 646 millones de euros, a la deuda con banca extranjera.

   Los dos primeros tramos de deuda devengarán un tipo de interés del 1%, porcentaje que se eleva al 4,11% en el caso del tercer tramo, de la nueva deuda que la banca española contraerá para comprar el pasivo a las entidades extranjeras.

   Los bancos españoles consideran que el cupón que percibirán por su deuda y el que cobren por la foránea dará lugar a un tipo medio de algo más del 2%, un porcentaje más próximo al del mercado, según indicaron dichas fuentes.

   De su lado, el Gobierno, con su petición a la banca de comprar del pasivo de la extranjera, evitará que estas entidades financieras foráneas abran una eventual batalla legal en los tribunales contra el Estado.

   Los principales bancos acreedores de las autopistas quebradas con Bankia, Banco Sabadell, CaixaBank, Santander y BBVA, además del ICO. En el caso de las entidades extranjeras, el Banco Espirito Santo figura como primer acreedor foráneo, por delante de RBS, ING, Barclays, BNP Paribas y Lloyds.

   Está previsto que representantes de los ministerios de Fomento y Hacienda se reúnan este jueves, 31 de julio, con los grandes bancos españoles para tratar de concretar esta reestructuración de deuda que incluye el plan de rescate de la autopistas.

   Entre los términos del plan por concretar figura la petición de los bancos de que el Banco de España les permita liberar las provisiones que han realizado por su exposición a las autopistas quebradas.

   En cuanto a la empresa nacional de autopistas, se integrará en Seittsa, una empresa pública del Ministerio de Fomento que actualmente no realiza actividad alguna.

   El plan contempla que Seittsa se quede con los activos (las autopistas) y los pasivos (su deuda tras la quita), no con las actuales sociedades concesionarias de las vías.

   Para ello, se prevé promover la acumulación de los procesos concursales en que todas ellas están inmersas para ofrecer este único convenio de acreedores y reestructuración de deuda, según detallaron fuentes del sector.

   Fomento prevé que Seittsa gestione las autopistas sin plazo de concesión, con el fin de que generen recursos para atender los servicios de la referida deuda con que se constituirá la nueva empresa pública de autopistas.

   La Seittsa se hará así con nueve vías que suman 748 kilómetros de longitud, lo que supone una quinta parte de la actual red de autopistas de peaje, y que en la primera mitad de este año contabilizaron un tráfico de 5.751 vehículos diarios, un 4,6% menos que el año anterior.

   Se trata de las cuatro radiales de Madrid, la que une la capital con el Aeropuerto de Barajas y las que conectan Madrid-Toledo, Ocaña-La Roda, Cartagena-Vera y la circunvalación de Alicante. En la actulidad, están controladas por grandes grupos constructores.

   Con este plan, el Gobierno pretende evitar la liquidación de estas infraestructuras, un supuesto que activaría la responsabilidad patrimonial que el Estado tiene con sus actuales sociedades concesionarias (participadas por grandes constructoras) y que podría suponer un impacto para el Estado de unos 5.000 millones de euros.

El juez del caso 'Novo Carthago' desestima el recurso presentado por el imputado Bernabé

MURCIA.- La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia ha desestimado el recurso de reforma interpuesto en representación del que fuera secretario general de la Consejería de Obras Públicas, el imputado José María Bernabé (en la imagen), frente a la providencia en la que se acordaba la personación como acusación popular del letrado Diego de Ramón. 

En los fundamentos de la resolución dictada por el magistrado instructor del caso 'Novo Carthago', Manuel Abadía, se pone de manifiesto que la providencia "debe confirmarse al ser ajustada a derecho".

Recuerda el magistrado instructor que ANSE fue la primera asociación que se presentó a esta Instrucción en el ejercicio de la acción popular, seguido de los concejales de PSOE e IU y, posteriormente Diego de Ramón.

Por tanto, considera que "no parece oportuno que los concejales de partidos políticos, con finalidades totalmente distintos a ANSE, les obligue el Tribunal a litigar unidos a la dirección legal de ANSE; ni tampoco a un ciudadano español que en su escrito de personación no manifestó ser miembro de un partido político o asociación mencionada, obligarle a que litigue bajo la dirección de los anteriores".

Y es que, destaca, la Constitución Española "le reconoce ese derecho cívico a la Acción Popular de modo autónomo y no se le debe cercenar en modo alguno y obligarle a litigar bajo la dirección de un partido político o asociación".

Este proyecto urbanístico consistía en la construcción de hoteles y más de 10.000 viviendas "en una zona que estaba calificada como de especial protección para el Mar Menor y donde una parte de los terrenos eran LIC, ZEPA y ZEPIN" y por otra parte como no urbanizable de protección del trasvase (NUPT).

El diputado Martínez-Pujalte se jacta de su amistad con políticos corruptos del PP condenados por los jueces

MADRID.- El PP lamenta la entrada en prisión del exministro y expresidente balear Jaume Matas, quien este lunes ingresó en la cárcel de Segovia para cumplir una condena de nueve meses. En concreto, el portavoz económico de los 'populares' en el Congreso y diputado por Murcia, Vicente Martínez Pujalte, ha confesado sentir "una gran pena" porque su "amigo" ha sido encarcelado por un delito de "tráfico de influencias", a su juicio, "muy liviano".

A su llegada al Congreso para acudir a la comparecencia del ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, el portavoz del Grupo Popular, Alfonso Alonso, se ha limitado a señalar que lamenta "que las cosas sean así", pero ha subrayado que en el de Matas, como en todos los casos, se tiene que "cumplir la ley" y las decisiones de los tribunales de Justicia.

Algo más se ha extendido Martínez Pujalte, quien ha señalado que, igual que la semana pasada, cuando se confirmó su pena de prisión dijo que el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra es su "amigo", ahora tenía que decir lo mismo de Matas.

"Me produce una gran pena, igual que Fabra, Matas es mi amigo", ha confesado. A renglón seguido ha hecho hincapié en que el también expresidente del PP en Baleares no ingresa en prisión por nada que "tenga que ver con los casos 'Palma Arena' o 'Nóos' ni con nada"·

"Por lo que he leído es un tema simplemente de trafico de influencias, además muy liviano, pero me da una gran pena", ha insistido el diputado del PP por Murcia.

El magistrado instructor de 'Novo Carthago' pone fino al decano del Colegio de Abogados y defensor de Bascuñana

MURCIA.-El magistrado instructor del denominado caso 'Novo Carthago', Manuel Abadía, ha desestimado el recurso de reforma interpuesto por la representación del ex consejero de Obras Públicas y actual delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Joaquín Bascuñana, solicitando la suspensión de su declaración como imputado.

Bascuñana, imputado por un presunto delito de prevaricación en este caso que investiga una trama de presunta corrupción urbanística en torno al proyecto urbanístico de Novo Carthago, acudió al Palacio de Justicia el pasado 2 de julio, pero optó por acogerse a su derecho a no declarar.
Cabe recordar que el abogado de Bascuñana, Francisco Martínez Escribano, decano del Colegio de Abogados de Murcia, presentó este recurso frente a la providencia de 1 de julio de 2014, por la cual el juez instructor llamaba a declarar a Bascuñana como imputado, esgrimiendo que el letrado ya tenía previsto un señalamiento ese mismo día y no podía atender los dos al mismo tiempo.
El juez instructor recuerda en su resolución que el señalamiento de la declaración de Bascuñana García se había dictado en un auto dictado siete días antes, concretamente el 24 de junio de 2014, notificado ese mismo día.
Por este motivo, el magistrado esgrime que el letrado "incumplió de forma deliberada lo dispuesto en el artículo 183 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, según el cual si "a cualquiera de los que hubieren de acudir a una vista le resultase imposible asistir a ella en el día señalado, lo manifestará de inmediato al Tribunal".
Para el juez, el abogado de Bascuñana "No sólo no lo puso en conocimiento de este Tribunal inmediatamente, sino que lo demoró conscientemente siete días y lo presentó el día 1 de julio para tratar de impedir que el magistrado-instructor, en cumplimiento del precepto constitucional de velar por el derecho de todos a un proceso público sin dilaciones indebidas que exige que en unas diligencias de investigación la Instrucción se cierre y termine cuanto antes- pudiera haber efectuado el señalamiento del imputado Bascuñana el 1 de julio de 2014".
Para el instructor, "de lo que se trataba, a toda costa, era de diferir y dilatar la toma de declaración del imputado", pues recuerda que en el presente caso existen "cerca de 20 imputados, lo que cubre prácticamente los días hábiles de un mes". Por ello, se pregunta que si el procedimiento se demoraba para después del día 2 de julio, "cuántos abogados no tendrían motivos de suspensión por la misma causa que dilataran 'ad calendas graecas' la toma de declaraciones en esta Instrucción".
El juez también esgrime que, en el caso de los demás imputados defendidos por despachos de abogados integrados por varios profesionales, han acudido diferentes letrados "indistintamente". Y añade que en el caso del abogado de Bascuñana reúne "mayor singularidad todavía", pues "está presente en las actuaciones penales desde el principio".
El magistrado instructor recuerda en este sentido la doctrina seguida por la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en el que la Sala dice que "concurren, pues, razones de abuso de derecho, mala fe y fraude procesal en la petición que ahora se presenta".
A su juicio, "eso es lo que sucede en el presente caso en el que existiendo un despacho con varios abogados, ha asistido al imputado que no ha contestado ninguna pregunta Alberto Martínez Escribano, que ya ha atendido en el mismo proceso penal Novo Cartago a varios imputados, y no hay ninguna vulneración real, es todo formal, nominal y artificial".
"Un día comparece Don Francisco y otro día Don Alberto, ambos perfectamente conocedores del asunto desde el principio y sobradamente preparados para la defensa, máxime cuando el inculpado se niega a contestar", añade en la resolución.
El magistrado también rechaza a otra de las alegaciones del abogado de Bascuñana, que esgrimía que debía suspenderse la declaración del imputado porque estando pendiente un recurso de apelación interpuesto contra el Auto de imputación, no debería citársele hasta que la Sala resuelva el recurso.
Abadía considera que esta petición que debe rechazarse porque el recurso de apelación "no tiene efectos suspensivos sobre las resoluciones del magistrado-instructor, que debe citar al inculpado tan pronto aparezca un hecho punible, que es lo que se ha efectuado y la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 previno para evitar dilaciones indebidas en la tramitación de los Sumarios, de tan rabiosa actualidad en el momento presente y que hay que evitar a toda costa por el derecho de todos a un proceso sin dilaciones indebidas".
Por último, el abogado alegaba la suspensión por la imposibilidad material en el tiempo concedido a Bascuñana para tener conocimiento del asunto.
Para el magistrado, esta alegación "carece de consistencia jurídica, pues en el auto de 24 de junio de 2014, en el fundamento jurídico cuarto se dice y concreta explicita y claramente el motivo de la imputación y es que como consejero de Obras Públicas y Urbanismo firmó la resolución de 31 de marzo de 2005 que aprueba la reclasificación a suelo urbanizable de un Espacio Natural Protegido calificado ex lege por los artículos 9 y 65 de las Leyes del Suelo Estatal y Autonómica como suelo No Urbanizable de Protección Especial y vulnera la Ley de Ordenación y Protección del territorio de la Región de Murcia 4/1992".
Así, precisa que la resolución firmada por Bascuñana es "de solo tres folios y la Disposición Adicional Tercera de la Ley Autonómica 4/1992 dice que es Espacio Natural Protegido los "Espacios Abiertos e islas del Mar Menor", estando detallados los límites en el Anexo I".
Por tanto, el juez considera que "es evidente y manifiesto que siete días son suficientes para comprender que los tres folios de la Resolución firmada por Bascuñana vulneraba clamorosamente la Ley de Protección de Espacios Naturales Protegidos, y por un acto del funcionario de propia voluntad calificaba como urbanizable lo que era suelo no urbanizable de protección especial".
Por todo ello, rechaza el recurso, aunque cabe otro de apelación directa en el plazo de cinco días

Toledo presenta alegaciones a la Comisión de la Asamblea que sostiene que no es posible que siga como diputada

CARTAGENA.-  La diputada regional Isabel Toledo ha presentado alegaciones en la Asamblea a la resolución de la Comisión del Estatuto del Diputado en la que se decía que no era posible que siguiera en el cargo tras ser condenada a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación.

   Así lo ha hecho saber el profesor de Derecho Penal de la Universidad de Murcia (UMU), José Muñoz Clares, quien firmó el dictamen que sostiene que la sentencia no afecta a su cargo como diputada y que, posteriormente, fue rebatido por la letrada secretaria general de la Asamblea Regional.
   Muñoz Clares informó a Toledo que no estaba conforme con esa resolución de la Asamblea y que adolecía de carencias, y ahora la diputada ha presentado unas nuevas alegaciones, entre las que se incluye precisamente el dictamen del profesor de la UMU.
   Muñoz Clares recuerda que Toledo fue condenada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en una causa penal por prevaricación omisiva al no haber cerrado un pub, pero la sentencia "da por probado que los hechos se desarrollan entre 2004 y 2007", aunque luego habla de "algún fleco hasta 2010, pero sin identificarlo exactamente".
   En cambio, puntualiza que la reforma que quieren aplicar a Toledo de la ley electoral general "entró en vigor el 30 de enero de 2011 y, la jurisprudencia constante de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice que la fecha que hay que tomar en cuenta para aplicar una disposición que, en definitiva, limite un derecho fundamental como es el del sufragio pasivo, es la fecha de comisión de los hechos, y no la fecha en la que se dicta la sentencia".
   "No se puede aplicar retroactivamente una consecuencia negativa", ha señalado Muñoz Clares. No obstante, la letrada de la Asamblea defiende que "no es una disposición penal". A este respecto, Muñoz Clares se pregunta "por qué se hizo mediante una ley orgánica, que es como tienen que hacerse las disposiciones legales".
   En cualquier caso, Muñoz Clares defiende que la Constitución "no solo limita la retroactividad a las leyes penales, sino que la extiende también a las disposiciones desfavorables o limitadoras de derechos y, en su opinión, "es evidente que la disposición que afecta a Toledo es desfavorable y limitadora de derechos, porque va asociado al cumplimiento de una pena".
   En segundo lugar, se ha preguntado "cómo se atreve la Asamblea Regional a interferir en la ejecución de una sentencia, que quien debe dirigir esa ejecución es el TSJ. La Constitución dice que quien debe velar por la ejecución de lo fallado son los jueces, por lo que se pregunta cómo la Asamblea "no ha pedido opinión al TSJ".
   En último lugar, defiende que la sentencia de Toledo "no se extiende a su cargo como diputado, e indica que afecta a cualquier tipo de cargo directivo dentro del Ejecutivo en todos sus niveles, desde el europeo hasta el local", defiende.

Petición del PSRM

El viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Joaquín López, pidió esta mañana al presidente de la Comunidad, Alberto Garre, "que asuma su papel frente a la rebeldía de la diputada regional, Isabel Toledo, y que acabe con este lamentable espectáculo público y tome partido para que esta diputada abandone su escaño sin más dilación". 

Los socialistas recordó que Toledo fue condenada por un delito de prevaricación continuada y que se encuentra "en un claro caso de incompatibilidad para cualquier cargo público". López criticó el "silencio" que hay desde el PP en este asunto y ha manifestado no comprender por qué Toledo "no adopta una actitud responsable con la política y con la institución a la que representa".

Toledo dimitió la semana pasada como alcaldesa de Pliego tras ser condenada a 9 años de inhabilitación por un delito de prevaricación. No obstante, aún no ha renunciado a su escaño de diputada regional. La popular ha presentado alegaciones a la resolución de la Comisión del Estatuto del Diputado en la que se decía que no era posible que siguiera en el cargo tras la condena. La Asamblea Regional ya está estudiando dichas alegaciones.

Según el diputado del PSOE, "Isabel Toledo puede alegar lo que crea conveniente, el Grupo Parlamentario Socialista está convencido de la situación irregular de esta diputada en la Asamblea Regional, porque es un cargo público electo y así lo señala la Ley electoral".

Además, López afirmó que "la situación que vive la democracia en la Región es cada día más complicada ante la indignante complicidad del PP con cualquier caso de corrupción"; y confirma que "entre el interés general de una democracia limpia y los intereses particulares de los implicados en estos casos, los dirigentes del PP regional siempre optan por proteger a los sospechosos, dañando gravemente a las instituciones".
Por su parte, IU-Verdes ha exigido este martes al PP y a la diputada regional Isabel Toledo que "dejen de marchar la imagen de la de la Región de Murcia" y ha pedido a esta última que acate "urgentemente" la sentencia y entregue su acta de parlamentaria.
   Según ha informado la formación de izquierdas en un comunicado, el PP "ha sido durante mucho tiempo cómplice de esta situación al negarse a exigir responsabilidades", tanto a la exalcaldesa de Pliego como a "otros muchos imputados y condenados" por corrupción.

   "La Región de Murcia no se merece que cada pocos días salte un nuevo caso de corrupción", ha añadido IU-Verdes, que lleva a cabo una campaña titulada 'CorruPPción' con la que pretende denunciar los "numerosos" casos de corrupción en los que está inmerso el PP.

AIDMUR critica que la adjudicación telemática de vacantes para profesores de Primaria ha sido "un caso vergonzoso"

MURCIA.- La Asociación de Interinos Docentes de la Región de Murcia (AIDMUR) ha criticado que la adjudicación telemática de plazas vacantes de profesores de Primaria "ha vuelto a ser un caos vergonzoso, impropia de una Administración medianamente seria".

   Se trata, añade, de "vacantes que aparecen y desaparecen en los distintos listados, adjudicatarios que no aparecen en las listas pero que sí tienen plaza adjudicada en el portal Educarm, publicaciones incompletas de adjudicatarios antes de que el sistema termine de adjudicar las plazas ofertadas, admisión de reclamaciones poco claras".

   "Y no pueden decir que no estaban avisados", lamenta AIDMUR, que añade que en los últimos años "vienen repitiéndose los mismos problemas, una vez y otra, y lo peor de todo es  que no se les quiere poner solución desde una Consejería de Educación que no tiene credibilidad alguna y que actúa sin el más mínimo rigor".

   La semana pasada, al igual que hace un año, AIDMUR recuerda que mantuvo una reunión con el director general de RRHH, ahora Enrique Ujaldón y antes Joaquín Buendía, en la que, entre otros temas, la Asociación les planteó la necesidad de simplificar las adjudicaciones telemáticas, separándolas por bloques.

   En primer lugar, hacen esta solicitud "por una cuestión de necesaria transparencia; ya que mezclar en el  mismo acto a interinos y funcionarios, pendientes éstos de comisiones de servicio o en expectativa de destino, provisionales, desplazados, jornadas completas y parciales, con perfil, obligatorias y no obligatorias, itinerantes, etc* con el volumen de vacantes existente hace que el acto, en sí mismo, sea demasiado complejo y resulte poco claro".

   En segundo lugar, lo solicita "para evitar lo que ha ocurrido; con actos más sencillos y diferenciados, el sistema informático de la Consejería no se colapsaría y el algoritmo utilizado daría menos errores".

   Sin embargo, pese a que estos argumentos "parecen lógicos, nada descabellados, y no suponen un coste para la Administración, la respuesta obtenida es siempre la misma: la negativa", critica AIDMUR.

   A pesar de que estos problemas se "vienen sucediendo año tras año", la Asociación asevera que Ujaldón les dijo que "no veía en qué iba a mejorar el sistema" la propuesta que se le hacía. "Es decir, no lo vio necesario, y ni tan siquiera contemplan que alguien, que no sean ellos, pueda aportar puntos de vista que mejoren los procedimientos de actuación de la Consejería de Educación".

   "Es la misma historia de siempre, la que venimos sufriendo los interinos desde hace dos años, desde que comenzaron los salvajes recortes en Educación, especialmente contra los docentes interinos de la Región", lamentan.

   "Prepotencia, ineptitud y oídos sordos. Nos encontramos con supuestos responsables políticos que piensan que ellos nunca se equivocan, que no tienen que dar explicaciones de sus actos y que no escuchan nunca. Y así nos va", critican.

   Por todo ello, AIDMUR exige "que se den las explicaciones públicas oportunas y que se asuman responsabilidades por lo que viene ocurriendo un año sí y otro también. No es admisible que se vengan repitiendo estos episodios y que la Administración sea incapaz de ponerles una solución que es sencilla, y que no se adopta porque no existe voluntad para ello".

El Ayuntamiento de Lorca pide otro préstamo para pagar 'los convenios trampa'

LORCA.- El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha denegado al Ayuntamiento de Lorca la autorización para pedir un crédito bancario por 12,7 millones de euros con el que devolver a promotores urbanísticos el dinero que adelantaron por convenios suscritos en 2005 y que no han llegado a desarrollarse, después de acumular varias sentencias judiciales que le condenan a reintegrar parte de ese dinero.

El consistorio realizó la solicitud a Hacienda hace dos meses al sumar cuatro sentencias en contra por las irregularidades de los convenios, que le obligan a devolver el dinero que los promotores adelantaron a cuenta de la recalificación como suelo residencial de suelo inadecuado para desarrollo urbano, además de los intereses y las costas judiciales.

Solo con las cuatro sentencias actuales en contra el consistorio tendrá que devolver 2,24 millones de euros, aunque ya han sido recurridos y se encuentran en la vía judicial 11 de los convenios y el consistorio teme que sean recurridos los 17 y que todas las sentencias serán desfavorables.

Si se diera esa circunstancia el Ayuntamiento tendría que asumir la devolución a promotores urbanísticos de 12,7 millones de euros, según recordó ayer el concejal de Economía y Hacienda, Luis Amador.

El edil del PP ha expuesto que el plan de ajuste a que está sometido el Consistorio le obliga a pedir autorización al ministerio para cualquier operación de endeudamiento y ha señalado que, en este caso, Hacienda ha argumentado, para denegar el crédito, que el ayuntamiento no cumpliría el requisito de liquidar el ejercicio anterior con un nivel de deuda inferior al 110 por ciento de sus ingresos corrientes.

La negativa del Ministerio ha obligado al Consistorio a replantear la situación y a solicitar una nueva autorización, esta vez para un préstamo por 2,24 millones de euros, la cantidad exacta que suman las condenas firmes y dejará la solicitud de los 10,5 millones restantes condicionada a que el ayuntamiento reciba el fallo judicial del resto de casos pendientes.

Aunque el consistorio «seguirá luchando jurídicamente» para evitarlo, Amador se ha mostrado poco optimista sobre la resolución judicial de los casos y ha recordado que en un solo pleno municipal en 2005, con el voto en solitario del PSOE, fueron aprobados 17 de esos convenios que preveían la construcción de 87.000 viviendas en distintos puntos del territorio municipal, aunque ninguno de ellos llegó nunca a desarrollarse.

El concejal ha defendido que «tenemos que proponer soluciones responsables» y ha convenido que el crédito por 2,24 millones de euros es la más viable en la actualidad, aunque también ha reconocido que, de momento, el consistorio no maneja «un plan B» para dar solución al pago de la deuda con los promotores urbanísticos.

Al respecto, el edil de Economía ha indicado que, de acuerdo con el informe realizado por parte de los servicios económicos del Ayuntamiento sobre los efectos y consecuencias de la devolución de las cantidades abonadas por los convenios urbanísticos, el Consistorio Municipal encontraría graves problemas en esta área tales como la imposibilidad de sanear el remanente de tesorería, perdida de autonomía financiera, además de generar continuas tensiones de liquidez.

Salen a subasta en Lorca y Águilas varios inmuebles y garajes del exgerente socialista de Limusa

LORCA.- El Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) ha sacado a subasta varios inmuebles propiedad del socialista Francisco Gil Eguino, el exgerente de la empresa municipal de limpieza (Limusa) condenado a siete años y medio de cárcel por destinar más de 500.000 euros a atenciones personales, como los servicios recibidos en un club de alterne. 

Una de las subastas, según la resolución, incluye dos plazas de garaje ubicadas en una urbanización de Águilas y tres viviendas, una de ellas, en aquel municipio, y las otras dos, en Lorca.

La subasta incluye igualmente un trozo de tierra de secano, con una superficie algo superior a las 57 áreas, con vivienda y almacén, en el municipio lorquino. Todas esas propiedades están valoradas en 442.00 euros, según se recoge en la resolución de la oficina judicial del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.

Por otro acuerdo, han salido también a subasta obras de arte valoradas en 3.400 euros y que se encuentran en poder de la esposa de Gil Eguino, Ofelia González, que también fue condenada en la misma causa.

El que fuera gerente de la empresa municipal de limpieza fue condenado en septiembre de 2011 por el TSJRM a penas que sumaban siete años y medio de prisión por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental, sentencia que fue confirmada un año después por el Tribunal Supremo al desestimar su recurso de casación. 

La resolución lo condenó también a devolver al Ayuntamiento los 546.620 euros malversados, cantidad que ahora se trata de recuperar con las subastas de los bienes inmuebles y las obras de arte.

El PSRM denuncia la situación de «colapso» del hospital de Santa Lucía, en Cartagena

CARTAGENA.- El PSRM de Cartagena denunció hoy «una nueva situación de colapso» del servicio de urgencias del hospital Santa Lucía, en las que resgistraron al menos 8 camas en los pasillos y «sin posibilidades de pasar a los pacientes a las plantas por falta de habitaciones». 

El responsable local de Sanidad, Manuel García Ferre, señaló que el Área II de Salud incrementa su población en unas 300.000 personas durante el verano y, sin embargo, en esa época se reducen las plantillas, los servicios y las camas hospitalarias.

A ello se suma, según los socialistas, «el desmantelamiento total del hospital de Santa María del Rosell, que no tiene en la actualidad plantas de hospitalización preparadas para poder dividir la congestión del Santa Lucía».

García Ferre exige una solución «urgente» para las situaciones de colapso en el hospital, que suponen, en su opinión, «un deterioro de la Sanidad Pública» y una «pérdida de la calidad asistencial» que provoca «situaciones indignas» para los usuarios.

Además, reiteró la reivindicación del hospital Santa María del Rosell para que esté «a pleno funcionamiento".

El Ayuntamiento de Cartagena apoya a los vecinos de Cabo de Palos afectados por la Ley de Costas

CARTAGENA.- El pleno del Ayuntamiento de Cartagena aprobó hoy una declaración institucional para manifestar su apoyo a los vecinos de Cabo de Palos cuyas viviendas se ven afectadas por la actual Ley de Costas y la delimitación de la ribera del mar en el paseo marítimo de la playa de Levante de esa localidad.

La iniciativa, que contaba con el visto bueno de la Junta de Gobierno Local, se remitirá ahora a las administraciones autonómica y estatal para pedir que, por encima de los intereses contrapuestos que confluyen en muchas ocasiones sobre el dominio público marítimo-terrestre, debe quedar garantizado siempre su carácter público y conservar sus características naturales.

El objetivo es que se puedan acometer actuaciones de mejora del paseo marítimo en la zona, siempre conciliando la protección del paisaje marítimo con el desarrollo turístico y los intereses de los propietarios afectados.

UPyD pide priorizar la construcción de una gasolinera de buques en el puerto de Escombreras

CARTAGENA.- El coordinador y portavoz de UPyD en Cartagena, Pedro de Elizalde, declaró que la posibilidad de que el puerto de Escombreras acogiera una gasolinera de buques, «es una gran noticia para la economía de la comarca, no solo por la inversión que supone la construcción de las instalaciones, sino por los trabajos directos e indirectos que conllevaría su explotación», y pidió al Consistorio cartagenero que incluya esta actuación entre sus prioridades. 

Tal y como explica el portavoz de la formación magenta, «Cartagena es una ciudad privilegiada dentro de España por su situación geoestratégica y clave en este asunto por la existencia de una regasificadora».

Así, según continúa Elizalde, «en consonancia con la prohibición de realizar bunkering en alta mar, la instalación de esta gasolinera puede suponer un hito en la industria de la navegación, como indica esta iniciativa europea canalizada a través del proyecto COSTA».

En este sentido, el portavoz de la formación en Cartagena, solicitó a la alcaldesa que «se involucre lo máximo posible para conseguir el proyecto de esta gasolinera para Cartagena», tanto por sus indudables beneficios económicos, como por la mejora en seguridad que estas instalaciones presentan frente al bunkering «o repostaje en alta mar y que podría ir a parar a otro puerto de nuestro litoral».

Finalmente, y en referencia a la construcción de la conexión ferroviaria de ancho internacional para mercancías, con el Corredor Mediterráneo entre Castellbisba y Cartagena/Escombreras, Elizalde manifestó que «es hora de ir dando datos y fechas concretas a un proyecto que es necesario para el impulso de la ciudad y la Región de Murcia para la salida de la crisis», al tiempo que ha criticado la ambigüedad del gobierno nacional respecto a este proyecto, que «sólo es capaz de comunicarnos que estudiará las inversiones para adaptarlas a la disponibilidad económica que hay actualmente, sin darnos más datos concretos».

Pedro López publica sus ingresos y bienes para dejar en evidencia al PP en el Ayuntamiento de Murcia

MURCIA.- El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia, Pedro López, ha colgado en un enlace de su blog su declaración de bienes, nóminas y renta de 2013, ya que el PP "se negó este lunes a aprobar en el Pleno que esta información sea accesible a cualquier ciudadano de Murcia de manera fácil". 

La información, que está accesible en sus perfiles de Facebook y Twitter, cumple con el compromiso que López planteó en una moción en la que se insta a la redacción de una ordenanza que regule la transparencia en el Consistorio murciano antes de que termine el año. Así, advirtió que si la moción no se aprobaba, haría públicas su declaración de Bienes y Patrimonio y nóminas de cada mes.

"Como me comprometí hace unos días, hago público en este enlace de mi blog mi declaración de bines, mi renta y mis nóminas ya que el PP se negó ayer a aprobar en el Pleno que esta información sea accesible a cualquier ciudadano de Murcia de manera fácil. No tiene sentido que un murciano pueda conocer el patrimonio de los concejales de otras ciudades y no las de los concejales de su Ayuntamiento", explica López en su blog.

Aunque el PP ayer en el Pleno aceptó elaborar una Ordenanza de Transparencia, como marca la nueva Ley de Transparencia, el PSOE de Murcia critica que "sigue sin querer hacer públicas en la web las declaraciones de bienes de todos los concejales de la Corporación, como hacen muchos ayuntamientos de España".

López, en el Pleno, lamentó que un murciano "pudiera acceder mediante un click al patrimonio de cualquier concejal de Zaragoza, Sevilla o Gijón, pero no de los concejales de su ciudad".

El Gobierno Garre persiste en una onerosa televisión regional enmedio de los recortes sociales

MURCIA.- El Gobierno regional reactivó de nuevo el concurso para la gestión de la televisión pública autonómica 7RM cuando parecía que el proyecto había entrado en una fase de letargo, recoge 'La Verdad'. 

El pasado viernes, los técnicos de la Dirección General de Telecomunicaciones de la Consejería de Hacienda procedieron a la apertura del primer sobre, donde los cinco candidatos consignaban todos los aspectos administrativos exigidos en el concurso. Secuoya, Mediapro, 360, GTM y Canal 8 superaron este primer trámite administrativo.

El próximo viernes, probablemente con la presencia de representantes de las cinco empresas, se procederá a la apertura del siguiente sobre, relacionado con los aspectos técnicos exigidos en el concurso del Gobierno regional. 

Los aspirantes que superen esta segunda criba pasarán a la última fase, donde ya se examinarán las propuestas económicas y los aspectos cualitativos sobre contenidos.

Todo indica que, de seguir los plazos previstos, el concurso de 7RM podría quedar definitivamente adjudicado a finales de octubre, de tal forma que las emisiones del nuevo concesionario puedan comenzar el próximo mes de enero. 

Como se recordará, en el concurso se establecía que el ganador debe empezar a emitir en el plazo máximo de dos meses después de la adjudicación.

Enmedio de una absoluta falta de sensibilidad política, el Gobierno Garre persiste así en una onerosa televisión regional, enmedio de los recortes sociales, para su puro deleite de una estéril propaganda de cara a unas complicadas elecciones autonómicas y municipales.