MURCIA.- El alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, ha
confirmado que el Ayuntamiento continuará con "normalidad" su
actividad, por lo que descarta su dimisión a pesar de su imputación en
el caso 'Umbra', que investiga una presunta trama de corrupción
urbanística en el municipio, aunque ha admitido que el Partido Popular,
del que es secretario general, le ha abierto un expediente informativo,
tal y como "está establecido en los estatutos" de la formación.
Cámara ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa que ha
ofrecido flanqueado por los miembros de la Corporación municipal, para
valorar de 'motu propio' su imputación por parte del Juzgado de
Instrucción nº 8 de Murcia, que le ha citado para prestar
declaración el próximo 15 de junio, a las 10.00 horas, como imputado en
esta causa.
El alcalde, que ha ratificado en todo momento que su actuación se
ha atenido a la "legalidad" y ha mostrado su "total colaboración con la
Justicia", ha agradecido la "confianza y el respaldo" recibido desde su
partido, desde el presidente Ramón Luis Valcárcel, que le llamó este
martes, hasta a multitud de miembros de los órganos de dirección del PP
murciano, alcaldes y compañeros.
Al ser preguntado por la posibilidad de que se le apartara del PP,
Cámara ha señalado que la formación política "se regula por unos
estatutos en los que vienen claros en los temas en los cuales actúa el
partido", y cuando se produce un hecho como su imputación, lo que se
abre es "un expediente informativo para realizar un seguimiento de la
situación".
Ha confirmado que el PP le va a abrir este expediente, al igual
que lo haría a "cualquier afiliado del partido, porque todos tenemos el
mismo trato y estamos todos en la misma situación".
Al ser preguntado por el efecto de su imputación en el municipio y
al Partido Popular, Cámara ha señalado que encara el proceso "con
confianza y esperanza en que se resuelva" y que se conozcan "los
interrogantes que han ido corriendo estos dos últimos meses en los
medios de comunicación, enterándonos de cuestiones que estaban bajo
secreto de sumario".
Respecto a su posible responsabilidad política y la posibilidad de
que dimita, el alcalde ha dicho compartir su responsabilidad "como
parte de la Corporación, en la adopción de los acuerdos y en los
convenios, en el caso de Nueva Condomina, con 28 de los 29 concejales
del PSOE y del PP".
En el resto de las actuaciones, ha señalado que comparte la
responsabilidad "con aquellos concejales que votaron afirmativamente los
convenios", todo ello, "desde la confianza de que los informes
técnicos-jurídicos que avalaban esos procedimientos, son correctos", es
decir, desde la confianza "en el trabajo de los técnicos que hay".
Asimismo, ha remarcado su responsabilidad "desde la confianza de
que, en el caso de Nueva Condomina, dos sentencias de la Sala de lo
Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Región avalaron la
legalidad del convenio, la legalidad del instrumento urbanístico que se
estaba desarrollando".
Igualmente, recuerda que, a denuncias de un concejal del PSOE, el
Tribunal de Cuentas "avaló la legalidad del procedimiento en la
valoración de los aprovechamientos que debía recibir la ciudad en el
resto de convenios".
Al ser preguntado por el papel de los técnicos, Cámara ha añadido
que las propuestas que llegan a los órganos de gobierno, en este caso al
Pleno, vienen informadas "desde estudiados los expedientes, y
cumpliendo lo establecido en la legalidad vigente". Se trata de un
procedimiento que "se sigue en los miles de decisiones que se toman",
defiende.
"Todos los acuerdos vienen propuestos, y previo informe de los
servicios técnicos y jurídicos correspondientes en cada uno de los
casos", ha defendido Cámara, quien ha remarcado que si el procedimiento
fuera de otra manera "sí se podría incurrir en algún tipo de
responsabilidad".
Cámara también ha defendido que en las valoraciones de los
aprovechamientos urbanísticos "hay informes de cuatro tasadoras
distintas, informes periciales, informes de expertos y peritos que,
incluso, han comparecido en este procedimiento y cuyos razonamientos han
salido publicados en medios de comunicación".
Ha recordado que algunos de estos informes "dicen que, al
contrario, el Ayuntamiento recibió mucho más de lo que tenía que haber
recibido, otros que mucho menos", pero ha valorado que esta cuestión "la
tendrán que dirimir los órganos jurisdiccionales".
Al ser preguntado por uno de sus abogados, José María Caballero,
que también representa al ex concejal de Urbanismo, Fernando Berberena,
también imputado en la causa, Cámara ha señalado que no comparten
abogado, en el sentido de que "uno comparte cuando tiene mitad y mitad".
El alcalde ha señalado que Caballero, junto con su otro
abogado, Vicente Sanmartín, le van a asistir en la declaración
"independientemente de que tengan otros procesos, que estoy seguro, que
si trabajan como profesionales, estaré compartiendo abogados con un buen
número de ciudadanos".
El alcalde de Murcia ha manifestado, una vez más, su "total
colaboración con la Administración de Justicia", y ha resaltado la
"tranquilidad" con la que ha recibido la citación judicial, porque él es
"el primer interesado en llegar hasta el fondo de estas cuestiones".
Por ello, ha avanzado que va a poner "todo" de su parte y va a dar
"todas las explicaciones" sobre todos aquellos temas que le puedan
preguntar, porque a su juicio "no hay nada que ocultar" y las
actuaciones que se han hecho en el municipio y las decisiones tomadas en
los órganos de Gobierno en el Pleno de la Corporación "se han hecho
siempre de acuerdo a lo que está establecido en los procedimientos
administrativos".
En este sentido, Cámara ha dicho estar con la conciencia "muy
tranquila" y ha insistido en expresar su deseo de que "se pueda resolver
cuanto antes mejor" porque quiere que se conozca "de una vez por todas"
que todos los procedimientos realizados en el Ayuntamiento relacionados
con la tramitación de los convenios "se han realizado bajo criterios
lógicamente administrativos e informes técnicos y jurídicos municipales y
externos que lo han ido avalando".
Así, ha manifestado que declarar es "colaborar con la Justicia,
tal y como he hecho con anterioridad, lo hago ahora y lo continuaré
haciendo en el futuro". Su interés, ha insistido, es que "se conozca
todo y llegar al fondo del asunto, porque siempre en el Ayuntamiento se
ha actuado con transparencia y con criterios de legalidad".
El alcalde ha recordado que siempre ha defendido "criterios de
actuación desde la honestidad y la honradez". Se ha mostrado "totalmente
convencido de cómo se han hecho las cosas y cómo se han realizado en el
ámbito del Ayuntamiento", por lo que ha confiado en que, una vez
resuelto este asunto, la confianza en el Ayuntamiento "sea todavía
mayor".
La operación Umbra comenzó el 5 de octubre de 2010 con el registro
de las dependencias de la Gerencia de Urbanismo en el Ayuntamiento de
Murcia, así como despachos y domicilios de Murcia y Madrid, entre los
que se encontraban el domicilio particular del presidente del Real
Murcia, Jesús Samper, y la sede social de su empresa Sport Management
& Project SL.
En esta causa, en la que se investigan los presuntos delitos de
malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho,
negociaciones prohibidas a los funcionarios y otros, iniciado por una
denuncia de la Fiscalía, están imputados el concejal de Urbanismo del
Ayuntamiento de Murcia; así como el dueño del Real Murcia, Jesús Samper;
y María Isabel Fernández, jefa de la Oficina de Gobierno Local de
Murcia y mujer de Alberto Guerra.
