Los mercados ven de lejos el tema de la financiación autonómica

MADRID.- Mientras el Gobierno español se esfuerza por convencer a las autoridades regionales de que cumplir con la reducción del déficit fiscal es un objetivo compartido e incondicional, las Comunidades Autónomas exigen más fondos públicos entre la relativa indiferencia de los mercados. 

 

"Hoy por hoy, los mercados no se están fijando en el tema de la financiación autonómica. Ahora tienen otras preocupaciones más inmediatas como es la deuda griega y de cómo se vaya a resolver finalmente la reconversión del negocio de las cajas de ahorros en España", dijo el director de tesorería de una gran entidad financiera española que pidió el anonimato.

Sin embargo, la financiación regional, que hasta hace bien poco era un aspecto casi anecdótico de la realidad económica del país desde la óptica de los mercados financieros, se ha convertido desde el año pasado en un elemento a considerar por su potencial peligro para el conjunto de las cuentas públicas, aunque por ahora se observa con cierta distancia.

Mientras que los mercados no parecen cuestionar el cumplimiento de los objetivos presupuestarios del Gobierno central español, sí temen desviaciones en las metas de déficit de las Comunidades Autónomas.

El ejecutivo español se ha comprometido con la Comisión Europea a reducir su elevado déficit público hasta el 3,0 por ciento del PIB en 2013 frente al 9,24 por ciento de 2010.

En el caso de las Comunidades Autónomas, tienen un tope de déficit fijado para este año y el próximo del 1,3 por ciento.

A la vista de que las Comunidades Autónomas manejan la mayor partida del gasto público con el 36 por ciento del gasto total, la idea comúnmente aceptada es que la disciplina fiscal de estas administraciones es vital para el cumplimiento de los objetivos presupuestarios del país.

Por su parte, el Estado Central gestiona el 21 por ciento del gasto total, la Seguridad Social el 30 por ciento y las Corporaciones Locales el 13 por ciento.

"En un contexto electoral tan cercano y, si además se añade la posibilidad de que algunas CCAA cambien de gobierno, los inversores en bonos quieren saber sobre esto", dijo Emilio Ontiveros, presidente de Analistas Financieros Internacionales.

El miércoles, el organismo público que trata sobre esta materia - el Consejo de Política Económica y Financiera (CPFF) - dio luz verde a los planes de reequilibrio financiero de nueve Comunidades Autónomas que implicará un descenso del déficit regional de 4.283 millones de euros en 2012.

"La tarea ahora mismo del CPFF es aportar información relevante y reducir los focos de incertidumbre", agregó Ontiveros.

Algunas de las Comunidades Autónomas, como Cataluña, especialmente significativa por su más voluminosa aportación al PIB nacional, dejó claro que si el Gobierno central no le ingresa este año 1.450 millones de euros a cuenta del fondo de competitividad podría no cumplir con su objetivo de déficit para 2011 del 1,3 por ciento.

Por su parte, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, acuciado por sus propios problemas económicos derivados de la crisis, argumenta que con la nueva ley de financiación autonómica en la mano, este fondo no es pagadero hasta que se liquiden las cuentas del presente ejercicio.

Zapatero recordó a los ejecutivos regionales que el ejercicio de gobierno ocasionalmente obliga a tomar decisiones impopulares, como ya experimentó en mayo pasado su propio gabinete cuando se vio obligado a recortar el gasto para acelerar el rigor fiscal.

"La incertidumbre que planea es básicamente sobre el sistema de autonomías que está marcada sobre quiénes deciden el gasto y cómo se reparten los ingresos", expresó Sergi Jiménez, investigador de Fedea y profesor de la Universidad Pompeu Fabra.

Según Ontiveros, una buena fórmula para despejar incógnitas desde la perspectiva de los mercados en materia de financiación autonómica sería la pronta presentación y aprobación de los planes de reequilibrio de las regiones aún pendientes, entre ellas Cataluña.

La aprobación de estos planes permite a las autonomías emitir deuda nueva --no vinculada a vencimientos de deuda existente-- por un 0,65 por ciento del PIB de cada comunidad.

Existe consenso entre analistas en que en caso de despejarse las mayores incógnitas financieras que pesan sobre los mercados, éstos podrían dirigir el principal foco de su atención a la evolución de la financiación autonómica.

Además, también mencionaron la próxima cita electoral en España del 22 de mayo con la celebración de las elecciones municipales y autonómicas.

"En general, todo el mundo prefiere esperar al resultado electoral de mayo antes de tomar decisiones que afectan a sus inversiones", dijo el director de tesorería.

En este sentido, varios analistas señalaron que la hipótesis de cambios de Gobierno en algunas de los ayuntamientos y gobiernos regionales involucrados en los próximos comicios de mayo extreman la cautela inversora ante el temor al descubrimiento de eventuales desajustes contables.

'The Economist' considera "difícil" que España cumpla su objetivo de déficit por las CC.AA.

LONDRES.- El semanario británico 'The Economist' considera "difícil" que la "descentralizada España" pueda cumplir con su objetivo de reducir el déficit público hasta el 6% del PIB este año por culpa de las comunidades autónomas e incide en las consecuencias que podría tener en los "nerviosos mercados de deuda" que otras autonomías se sumen al rechazo catalán a aplicar los ajustes necesarios para reducir el déficit según los objetivos previstos. 

   En un artículo titulado 'Regiones para estar preocupados', The Economist recuerda que en España los 17 gobiernos autonómicos representan el 37% del gasto público del país.

   En este sentido, el semanario añade que el pasado año España se tambaleaba en el mismo borde del que se han caído Portugal, Grecia e Irlanda y que ha sólo ha conseguido dar un paso atrás gracias al recorte del déficit presupuestario, que superaba el 11% en 2009, llevado a cabo por el Gobierno.

   En concreto, el diario hace mención a la situación de Cataluña, una región "con una larga tradición separatista", pero en la que las últimas protestas de los ciudadanos tiene más que ver con la crisis del euro que con el movimiento independentista.

   Así, recalca que el pasado año Cataluña fue una de las regiones "más derrochadoras" y superó su objetivo de déficit en 2,4 puntos porcentuales. Sin embargo, incide que otras regiones lo hicieron incluso peor, como Castilla-La Mancha, que generó un déficit del 6,5%. "En general, el déficit de las comunidades ascendió al 2,83% del PIB, de un déficit nacional de 9,24%", añade.

   Además, subraya que desde Cataluña, el consejero de Economía de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, advirtió de que el objetivo de déficit para este año requeriría un recorte del gasto del 20%, algo que ningún país puede hacer, y pidió más tiempo. Así, 'The Economist' remarca que Cataluña ha prometido reducir el gasto en un 10% y  dice que la comunidad representa la "rebelión".

   En su opinión, ahí radica el gran problema, porque si la región se niega a hacer más recortes, podría añadir un 0,25% del PIB al déficit español. ¿Y qué podrían pensar los nerviosos mercados de deuda si otras regiones se suman a una revuelta catalana", se pregunta.

   Al mismo tiempo, muestra su preocupación ante la posibilidad de que después de las elecciones autonómicas del 22 mayo ocurra como en Cataluña y se destape que otras comunidades tienen un mayor déficit del reconocido. "¿Hay algún gasto escondido? Hay pocas evidencias sólidas, pero muchas sospechas: el Gobierno está imponiendo ahora informes trimestrales", remarca.

IU propone la creación de un programa que apoye al agricultor local y favorezca al consumidor

MURCIA.- IU ha propuesto, de cara a las elecciones municipales y autonómicas del 22 de mayo, un programa para apoyar a los agricultores de la Región y que favorezca a los consumidores.

   Respecto a este asunto, el candidato a la Presidencia de la Comunidad, José Antonio Pujante, ha asegurado que en estos momentos existe una gran diferencia entre lo que el consumidor paga por un producto en el mercado y el precio al que el agricultor vende.

   De esta manera, el ciudadano llega a pagar un 800 por ciento más que el precio de salida de ese producto por lo que es necesario establecer una serie de normas y criterios que elimine la figura del intermediario para así ayudar a los agricultores y a la economía de los consumidores.

   Asimismo, Pujante ha comentado que las multinacionales que controlan todo ese proceso y que establecen los precios que actualmente existen y que con la regulación necesaria lo pasarían mal y tendrían problemas para continuar con esta política.

   En cuanto a esos criterios, el candidato a la Alcaldía de Bullas y responsable de la parcela de Agricultura en IU, José María Ortega, ha explicado que es necesario que se establezca un programa que autorice la venta directa del productor al consumidor.

   Por otra parte, Ortega ha asegurado que la agricultura regional "pese a la imagen folclorista que el consejero Cerdá pretende mostrar, vive sus peores momentos de los últimos años con la desaparición de explotaciones agrícolas y la reducción de su peso en la economía regional y nacional".

   Así, el candidato a la Alcaldía de Bullas ha afirmado que en la actualidad la agricultura "solo genera un 10 por ciento de empleo y aporta al Producto Interior Bruto (PIB) apenas un 8 por ciento, pese al enorme potencial que la Región de Murcia tiene en este sector".

   Además, ha asegurado que es necesario proteger la figura del agricultor profesional frente a los intrusos que se benefician de las ayudas de la UE al tener gran cantidad de terreno con explotaciones agrícolas, ya que no hay gran empresa que no posea terrenos para recibir estas subvenciones.

   En cuanto al apoyo del pequeño empresario, Ortega ha explicado que se crearía un consorcio regional con la aparición de un sello de garantía en los productos autóctonos, agrícolas y de comercio justo a los que apoyarían en los canales de promoción y distribución para crear una agricultura que apoye a los productores de la Región y sea justa socialmente.

   También, ha comentado que este consorcio trabajaría junto con ayuntamientos, que cederían suelo público, organizaciones y entidades locales, agrarias y de pequeño comercio para fomentar una soberanía alimentaria en la agricultura y generar empleo.

   Respecto a este asunto, el responsable de Agricultura de IU ha asegurado que la propuesta no es nueva ni propia, ya que proviene de profesionales del sector con los que han mantenido encuentros en los últimos años y les han trasladado la necesidad de una reforma importante en esta materia.

   Otra de las propuestas que ha hecho esta formación política es la necesidad de hacer una legislación sobre el carácter higiénico- sanitario de las pequeñas empresas artesanas, ganaderas y agrícolas, ya que la existente se refiere a grandes explotaciones y no se adecua a las necesidades de los pequeños productores con los gastos que ello supone para ellos.

   Ortega ha aseverado que con estas medidas como base de una ley que reforme la situación de este sector, la agricultura podría llegar a generar un 12 por ciento de mano de obra empleada y doblar su aportación al PIB pudiendo alcanzar hasta un 15 ó 16 por ciento.

El TSJ archiva querella contra Valcárcel, que dijo que no aplicaría Ley del Aborto hasta el pronunciamiento judicial

MURCIA.- La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia no ha admitido la querella de la Asociación Preeminencia del Derecho contra el presidente del Gobierno regional, Ramón Luis Valcárcel, por un presunto delito de usurpación de atribuciones legislativas o contra los derechos individuales, acordando el archivo de las actuaciones.

   En concreto, los hechos denunciados se refieren a julio de 2010, cuando Valcárcel plasmó en los medios de comunicación su postura de "suspender la puesta en vigor de la Ley del Aborto en la Comunidad hasta que el Tribunal Constitucional resolviera el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el PP" y que matizó, posteriormente, al dejar claro que esto sería hasta que el TC "no resolviese sobre la petición de dejar en suspenso su entrada en vigor dentro de pocos días".

   Para la asociación querellante, los hechos son constitutivos de un delito de "usurpación de atribuciones legislativas o contra derechos individuales" al manifestar públicamente que "no acataría la aplicación de la Ley Orgánica 2/2010 del 3 de marzo hasta que no se pronuncie el TC".

   Así, Preeminencia del Derecho entiende que como jefe del Ejecutivo murciano, la existencia de un recurso de inconstitucionalidad "no suspende la eficacia de dicha ley", al tiempo que "estaría impidiendo que las mujeres que puedan o deseen acogerse a la interrupción de su embarazo en el ámbito de la Comunidad puedan ejercitar su derecho legal, lo que constituiría además una conducta de impedimento del ejercicio de los derechos cívicos".

   La sentencia, dictada por los magistrados que componen la sala, Manuel Abadía y Julián Pérez-Templado, con su presidente, Juan Martínez Moya, al frente, destaca que "no hay mínima constancia de una acción de impedimento del ejercicio de un derecho, ni tampoco de una resolución dirigida a realizar esa conducta".

   Por ello, y ante la "falta de indicios de actividad delictiva", la Sala archiva las actuaciones "por no ser los hechos constitutivos de ilícito penal alguno".

La dudosa constitucionalidad del trasvase Tajo-Segura / Ricardo Sánchez Candelas *

Puede parecer insólito que a estas alturas de la película, tantos años después de perpetrado el expolio de las aguas del Tajo a través del trasvase y «consolidado» el derecho a ellas de las provincias del sureste español, alguien se pueda plantear nada menos que la propia constitucionalidad del trasvase, algo así como un acrobático salto atrás que nos trasladara a los viejos tiempos de la lucha inicial en los que todavía nos atrevíamos -en realidad me atrevía en solitario- a plantear cosas tan radicales como ese pecado original de la legislación del trasvase que era su propia y grave discordancia con el texto de nuestra Carta Magna.

Sin embargo, no está de más que, de vez en cuando, nos planteemos con ese radicalismo -en sentido etimológico, ir a la raíz de las cosas- cuál es la grave carencia legal de esta malhadada obra de cirugía hidráulica única en todo el territorio nacional, aunque solo sea por evitar que, con tanto paso de tiempo y de cosas, se nos pueda aplicar aquello de que «con la grande polvareda perdimos a don Beltrán».

 

Veamos. La cuestión es la siguiente: el texto constitucional, en su Artículo 149.2.22ª, en el que se enumeran las competencias exclusivas del Estado en materia de recursos hidráulicos, indica la exclusiva competencia estatal «cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma». Con la más estricta lógica y encomiable sentido de la justicia, el legislador constituyente estima que ninguna región puede atribuirse y gestionar como propias las aguas que también discurren por otras Comunidades. Un binomio de lógica y sentido común preside esta disposición. 

Era innecesario decir, porque iba de suyo, -y la Constitución no podía contemplar sino situaciones de carácter general-, que la norma se estaba refiriendo, única y exclusivamente, a regiones con territorios en esa cuenca. Era el único caso en el que se podían plantear conflictos intercomunitarios en el terreno del dominio público hidráulico. 

Sin embargo, el trasvase Tajo-Segura implica una excepcional y novedosa circunstancia: las provincias y regiones receptoras del agua de la cuenca del Tajo no poseen territorio en esa cuenca, por lo que la inmediata conclusión es que la norma constitucional que otorga competencia estatal en cuencas «pluriregionales», no es aplicable para el caso del trasvase Tajo-Segura.

¿Quiere ello decir que, como consecuencia inmediata, el trasvase Tajo-Segura es inconstitucional y lo son también todas las disposiciones que desde tiempo ya tan antiguo le dan cobertura legal? Estamos ante una pregunta de extrema gravedad y a la que, al parecer, nadie hasta ahora ha querido responder con valentía, cogiendo el toro por los cuernos. Desde el principio lo vienen impidiendo intereses electorales partidarios y ahora un taifismo hipócrita como si en las regiones receptoras del agua no fuera unánime el clamor de sus políticos a favor del trasvase, sea cual sea su filiación política. Nos toman por imbéciles. 

Repitamos la pregunta: ¿Quiere ello decir que el trasvase sea inconstitucional? No. Simplemente quiere decir que no le resulta aplicable el mencionado Artículo 149 en el que se atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de recursos hidráulicos. Simplemente eso que, desde luego, no es poco. Fue este elemental razonamiento el que hace ya muchos años me animó a redactar una voluntariosa ley alternativa del trasvase que tuve ocasión de analizar y debatir con el prestigioso profesor don Gaspar Ariño, al que le parecieron muy plausibles mis criterios. 

Del moderado éxito de aquel frustrado proyecto legal podrían dar testimonio las ilustres personalidades políticas de nuestra región a las que se la hice llegar sin que se tomaran tan siquiera la molestia de leerla. Era demasiado atrevida. Tenía mucho riesgo. Era lo que en el argot de hoy se podría llamar «políticamente incorrecta». 

Porque la realidad era que, descartada la aplicabilidad de ese Artículo, la constitucionalidad del trasvase Tajo-Segura ya no tenía más remedio que ser remitida al Artículo 128.1 en el que se invoca, con carácter muy general, el «interés general», («Toda la riqueza del país, en sus distintas formas, y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general»). 

Pero esto, aparte ser cajón de sastre y valer tanto para un cosido como para un remiendo, era extremadamente peligroso. ¿Es que no se podrían calificar también como de interés general los regadíos de Castilla-La Mancha? ¿Tiene más interés general un campo de golf en La Manga del Mar Menor que unas aguas limpias y abundantes del Tajo a su paso por Toledo? Eso, por poner sólo dos ejemplos. Cobraría vigencia y plena validez aquel viejo grito de guerra de nuestras primeras manifestaciones: el «no sobra agua, falta desarrollo» vendría a ser como un aldabonazo político para pregonar que, además de los regionales, aquí también había objetivos de «interés general».

En los tiempos más recientes, causado ya el desaguisado, ese reclamo del «interés general» ha tenido una meritoria plasmación real. Uno de los grandes aciertos del Gobierno Aznar en esta materia fue comprender que al trasvase Tajo-Segura sólo se le podía dotar de legitimidad -«legalidad», aunque en mi criterio muy dudosa, ya la tenía- en el contexto de un Plan Hidrológico Nacional. 

De ahí que no sea ni baldío ni extemporáneo el planteamiento que ahora hago en este artículo. En materia de aguas, esa era la única alternativa para salvar el «interés general» y que la política hidráulica en el marco del Estado de las Autonomías no se convirtiera en una auténtica jaula de grillos. Salvo algún intento anterior fracasado, era el Gobierno Aznar el que por primera vez cogía el toro por los cuernos. 

En estos últimos días de rifirrafe electoral he escuchado que hoy por hoy el trasvase Tajo-Segura no sería posible. Tan insigne estupidez sólo se puede entender desde la necesidad de justificar la nefasta decisión de derogar ese consensuado Plan Hidrológico Nacional y su fatal consecuencia inmediata: la de condenar al Tajo para salvar al Ebro, y ello como ominoso pago exigido por el separatismo catalán para apoyar la investidura del señor Rodríguez Zapatero. 

La susodicha majadería venía a decir más o menos que gracias al Estado de las Autonomías hoy no sería posible el trasvase, cuando la realidad bien distinta es que, precisamente «gracias» a ese Estado, al Tajo no se le ha permitido tener la ayuda del Ebro para compartir entre ambos las penas de su sangría hidráulica. Esa, y no ninguna otra, ha sido la auténtica traición a Castilla-La Mancha y a la cuenca del Tajo, muy en particular a la ciudad de Toledo. Lo demás son ganas de enredar. 

Cometida esa infame deslealtad, ¿qué nos puede extrañar que ese mediático personaje al que se le llenaba la boca como «defensor del Tajo» y firmaba a troche y moche recursos contra los acuerdos trasvasistas de gobiernos anteriores, una vez sentado en el Consejo de Ministros diera su visto bueno, como decisiones conjuntas colegiadas, a sucesivos trasvases? Para esas fechas, el Tajo ya estaba cruzado. Realmente, más que cruzado, crucificado. 

Por lo demás, el tardío y engañoso invento de la fecha de caducidad —¿casi treinta años para descubrirle?— no fue otra cosa que una añagaza de última hora para intentar tapar esa traición y su consecuente escándalo político. Y para mayor escarnio, el frustrado intento de incluirla en el texto de la fracasada reforma estatutaria, como si dotarla de esa falsa solemnidad la hiciese menos artificial y tramposa. Redimir, pues, al trasvase Tajo-Segura de esa sospecha de pecado original de inconstitucionalidad sólo puede remediarse, como una pieza más del conjunto, recuperando el Plan Hidrológico Nacional en mala hora derogado.

 

Quizá así algunos fuéramos capaces de renunciar, al menos en parte, a nuestro viejo credo antitrasvasista —ya no sería el Tajo solo—, con renovada devoción al regeneracionismo de Joaquín Costa, aquel soñador tachado de arbitrista que, ayudado por ingenieros tan valiosos como su paisano Manuel Lorenzo Pardo, pensaron en una España en la que las divisiones territoriales, más que por el capricho de los políticos o de los administrativistas, estaban sabiamente diseñadas por el agua que discurría -en algunos lugares de manera muy insuficiente, por desgracia- por sus cuencas hidrográficas.

Aquí, en Toledo, en la cuenca del Tajo, se nos vendría también a reconocer que la razón no tiene fecha de caducidad.

(*) Ingeniero y fundador del equipo en defensa del Tajo

http://www.abc.es/20110428/local-toledo/abci-dudosa-constitucionalidad-trasvase-tajo-201104281756.html

Retegui dice que el Plan de reequilibrio de Valcárcel implica el aumento de impuestos, el peaje en autovías regionales y venta de inmuebles

MURCIA.- La candidata del PSOE a la Presidencia de la Comunidad, Begoña García Retegui, ha anunciado que el Plan Económico Financiero de Reequilibrio presentado por el Gobierno regional para reducir el déficit y conseguir emitir deuda, contempla medidas de recorte como la incorporación del peaje en las autovías regionales, prescindir de 3.000 plazas de interinos, la venta de inmuebles de públicos y el incremento de la presión fiscal un 55%.

   En rueda de prensa, García Retegui ha repartido copias del Plan Económico y Financiero de Reequilibrio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 2011-2013, que recoge recortes "que ascienden a 1.000 millones de euros", un importe "que duplica los 500 millones de euros que anunció en un principio el presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel", ha añadido.

   La candidata socialista ha dicho que una gran parte del ajuste "viene del incremento de la presión fiscal, con la aparición de nuevos impuestos", que serán aprobados "una vez abierto el periodo de sesiones de la Asamblea Regional, por lo que aprobar una Ley que contemple estos aumentos va a ser lo primero que va a hacer el parlamento autonómico tras las elecciones autonómicas", ha añadido.

   En concreto, ha anunciado que el Plan de reequilibrio prevé la aparición de nuevos impuestos ligados a instalaciones que tienen que ver con la energía eléctrica, telefonía e Internet, y la aparición de nuevas tasas por la tramitación de la Ley de la Dependencia, de los carnet de familia numerosa, y de las minusvalías.

   Al mismo tiempo, el Plan prevé la desaparición del cuarto de punto de reducción del tramo autonómico del IRPF que estaba consolidado desde hace tres años. "Valcárcel prometió en la campaña electoral la rebaja de un punto en la tarifa del IRPF en el tramo autonómico, y solo puso en marcha el primer cuarto de punto, y sin haber puesto en marcha el resto, ahora nos quita el que había rebajado, con lo cual nos sube el IRPF", ha matizado la candidata.

   García Retegui ha recordado que la repercusión para cada ciudadano de la rebaja de este cuarto de punto, según el Consejo Económico y Social (CES), supone un promedio de unos 50 euros anuales para cada ciudadano, lo que representa un coste "de nueve millones de euros para la hacienda pública".

   Desglosado por impuestos, además de estos nueve millones de euros, la Comunidad espera recaudar 32 millones de euros procedentes de la ejecución del céntimo sanitario; así como cinco millones del incremento del canon de saneamiento; 15 millones de las subidas de tasas regionales; tres millones de euros de la actualización de otras tasas; 12 millones de euros por impuestos del juego; y 1,1 millones de euros de las nuevas tasas de política social.

   Asimismo, la Comunidad valora en 44 millones de euros la recaudación de un nuevo impuesto sobre producción y transporte de energía eléctrica, telefónica y telemática, que García Retegui da por descontado que quien provee el servicio "lo repercutirá inmediatamente a los ciudadanos a través los recibos de la luz, el teléfono o Internet".

   En total, la candidata socialista ha señalado que esto supone "45,1 nuevos millones de euros no previstos y 67 millones de euros que ya vendrían incorporados en los presupuestos de 2011".

   Además, ha señalado que el Plan de reequilibrio "recoge el peaje en las autovías regionales, y prevé la privatización de los puertos deportivos". Concretamente, el Plan establece que las autovías y los puertos de titularidad autonómica "son los activos que responden de forma más rigurosa para consignar 174 millones de euros".

   En concreto, los puertos "son objeto de inmediata actuación", de modo que la Comunidad ya ha consultado, incluso, a una consultora para preparar su licitación.

   Asimismo, García Retegui ha dicho que hay previsión de venta de activos de la Región, con edificios como el Hospital de Los Arcos en San Javier, y otros inmuebles que "se van a desmantelar para reubicar a los funcionarios y venderlos". Mientras tanto, la candidata socialista ha criticado que la Comunidad "mantiene miles de oficinas de alquiler".

   García Retegui ha dicho que este Plan de reequilibrio supone que el ajuste para los empleados públicos de la Región "es también del doble del anunciado en la forma con los sindicatos el pasado mes de mayo, y significa el deterioro de los servicios públicos, fundamentalmente de la sanidad y la educación".

   Específicamente, ha dicho que, según los datos del Plan, "se van a ver afectadas 3.000 plazas ocupadas actualmente por interinos, así como la eliminación de miles de puestos de trabajo eventuales, fundamentalmente, en el sector sanitario, pero también en el educativo y en administración general".

   El PSOE calcula que, de estos 3.000 interinos que se "van a ir a la calle o no van a ser contratados en septiembre, unos 1.500 serán docentes; entre 750 y 1.000 sanitarios; y entre 250 y 500 del resto de la Administración y entes públicos de la Comunidad".

   Así, cuando el curso comience en septiembre, García Retegui ha avanzado que "quedará prácticamente anulado todo el acuerdo de plantillas suscrito con los sindicatos a partir de 1999". Igualmente, ha señalado que el recorte "afectará a toda la jornada de los profesores y a todos los sectores".

   En concreto, García Retegui ha aseverado que los recortes "hacen que sea imposible la contratación de los interinos que trabajan este año en la educación llevando a cabo tareas compensatorias cuando en las clases hubiera niños con discapacidad o cuando el ratio superase los 25 alumnos por clase, así como actividades atención a la diversidad, y todos los desdobles de profesorado para atender a los alumnos discapacitados y todas las acciones tutoriales".

   Además, ha dicho que se van a ver afectadas una caída de la inversión productiva, una nueva demora en la puesta en marcha de inversiones en infraestructuras, muchas de ellas comprometidas por el Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2011.

   García Retegui ha anunciado que "en este plan también caen, otra vez, las subvenciones a familias y empresas, lo que significa que, del recorte de 147 millones de euros que se va a producir en los presupuestos de 2011, van a afectar fundamentalmente a subvenciones que tienen que ver con la economía social, con el Servicio de Empleo y Formación y, nuevamente, la educación".

   La previsión es que 2011, 2012 y 2013 finalizarán con unos gastos por parte del Gobierno regional que "van a seguir siendo mayores que los ingresos, de forma que la deuda actual, que asciende a 2.000 millones de euros, prevé aumentar en 1.000 millones de euros más a la finalización del plan de ajuste, en 2013".

   A juicio de García Retegui, el presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel "debería ir a explicarlo a la Asamblea Regional, porque hay mil razones para que lo explique". De hecho, este mismo jueves por la mañana, el PSOE ha registrado la petición urgente de comparecencia de Valcárcel en la Asamblea Regional.

   La candidata socialista ha recordado que a la deuda que la Comunidad Autónoma podrá emitir por importe de 700 millones de euros, hay que descontar "más de 200 millones de euros que habrá que destinar a cubrir el crédito puente que el Gobierno regional suscribió en febrero".

   Por lo tanto, ha calculado que quedarán 480 millones de euros, una cantidad "con la que es imposible pagar 1.800 millones de euros a los proveedores". Así, ha aseverado que "habrá que ordenar los pagos, y Valcárcel deberá explicar de qué manera va a hacer frente a la deuda que se mantendrá con miles de empresas, asociaciones, organizaciones y familias en la Región".

El PSRM destaca que el Gobierno ha autorizado el endeudamiento a Murcia y no a cuatro CC AA gobernadas por el PSOE

MURCIA.- El secretario de Coordinación del PSRM, Francisco Oñate, ha destacado el hecho de que el Ministerio de Economía ha autorizado la emisión de deuda a la Región de Murcia y ha rechazado ese endeudamiento para cuatro comunidades autónomas gobernadas por el PSOE este miércoles, en el transcurso del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). 

   Por este motivo, ha pedido al PP "que reconozca que en esta ocasión, la supuesta discriminación de la que hablan ha sido positiva y ha beneficiado a la Región de Murcia", y ha reclamado al presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel "que se retracte de sus palabras y reconozca públicamente que la Región de Murcia no ha sufrido trato discriminatorio".

   Oñate ha recordado que "cuando se produjo la autorización de endeudamiento de los préstamos de corto plazo a otras comunidades autónomas, a Murcia no le correspondía". Sin embargo, ha precisado que el Gobierno regional "aprovechó para vender malintencionadamente la idea de una supuesta discriminación de Zapatero a esta región frente a otras comunidades".

   "Este miércoles se quedaron sin recibir autorización de endeudamiento Cataluña, Andalucía, Baleares, Extremadura, Castilla-La Mancha y Valencia, es decir, seis comunidades españolas que no obtuvieron la aprobación, cuatro gobernadas por el PSOE de modo que, la discriminación de la que hablaba el PP no es tal", ha añdido.

   Oñate ha recordado que, mientras el Partido Popular ha insistido en numerosas ocasiones en el supuesto "trato discriminatorio" del presidente, José Luis Rodríguez Zapatero hacia Murcia, el PSRM "ha defendido siempre que la autorización de endeudamiento respondía a una formulación técnica y no política".

   "Si el PP ha vendido durante un mes esa historia falsa de la discriminación porque la Región de Murcia no recibía autorización para endeudarse, sería razonable y de justicia utilizar el mismo planteamiento que utiliza el PP y con una frase simétrica decir que Zapatero ha premiado a la región de Murcia frente a Comunidades Autónomas que gobierna el propio Partido Socialista, claro que esa afirmación no liga con los intereses del Partido Popular", ha señalado.

   Oñate ha asegurado que "todos tenemos que hacer esfuerzos para reducir el déficit, y el Gobierno regional tiene una responsabilidad y tiene que cumplir con lo acordado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, un foro del que todos formamos parte y en el que todas las Comunidades Autónomas toman decisiones conjuntamente".

   Por último, ha recordado que "la Comunidades Autónoma de la Región de Murcia tienen una corresponsabilidad ineludible y debe cumplir  con los objetivos de déficit si no queremos pagar más intereses".

El Gobierno regional desmiente que se vaya a despedir a empleados públicos

MURCIA.- El Gobierno regional ha desmentido que vaya a incrementar la presión fiscal a los murcianos o que se vayan a producir despidos de personal, al tiempo que ha considerado igualmente "falso y malintencionado" la afirmación de que se vayan a transformar en autopistas de peaje las autovías de la Región, según informaron fuentes del Ejecutivo autonómico en un comunicado.

   La Administración regional ha contestado de esta forma a la candidata del PSOE a la Presidencia de la Comunidad, Begoña García Retegui, quien ha anunciado que el Plan Económico Financiero de Reequilibrio presentado por la Comunidad para reducir el déficit y conseguir emitir deuda, contempla medidas de recorte como la incorporación del peaje en las autovías regionales, prescindir de 3.000 plazas de interinos, la venta de inmuebles de públicos y el incremento de la presión fiscal un 55 por ciento.

   En este sentido, el Gobierno regional ha señalado que la novedad impositiva que figura en el Plan de Reequilibrio de la Comunidad "es un impuesto sobre la producción y transporte de la energía que sólo pagarán las multinacionales eléctricas y que no afectará a la tarifa de la luz".

   El Ejecutivo autonómico ha reprochado que "la candidata socialista de Zapatero en la Región lleva cinco meses lanzando el bulo de que se va a echar a la calle a miles de empleados públicos, cuando se ha demostrado que eso es completamente falso". Por lo tanto, ha criticado que García Retegui y el secretario general del PSRM-PSOE, Pedro Saura "confunden sus deseos con la realidad".

   Igualmente, la Comunidad ha reprochado que la candidata socialista "intenta crear alarma social anunciando una falsa subida de impuestos cuando es su jefe, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero el que ha incrementado los impuestos a todos los españoles, como hizo con el IVA".

   Por lo tanto, ha aseverado que "si los españoles pagamos más por el gas o por la luz es porque el Gobierno socialista de Zapatero ha subido los recibos de todos los usuarios".

   El Gobierno murciano ha lamentado, en este sentido, la "obcecación de los socialistas en bloquear por todos los medios la autorización del Gobierno central a la Región para que pueda emitir deuda y obtener liquidez para seguir prestando todos los servicios a los ciudadanos de la Región de Murcia y agilizar el pago a los proveedores".

   Así pues, estima que "la decisión del Consejo de Política Fiscal y Financiera de aprobar el Plan de reequilibrio de la Comunidad, que este miércoles produjo cierto alivio en la sociedad murciana, ha hecho estallar a la ejecutiva del PSRM".

   Al respecto, la Comunidad interpreta que el visto bueno del Ministerio de Economía y Hacienda "es una mala noticia para los socialistas murcianos, porque se ha demostrado que la Región ha cumplido y porque se les cae su estrategia del estrangulamiento financiero a la Región".

   "En una maniobra a la desesperada, los socialistas de la Región no han tardado ni 24 horas en continuar con su estrategia de intentar la asfixia financiera de los murcianos para tratar de desgastar al Gobierno regional, y ponen todas las objeciones del mundo al Plan que ayer aprobó el Ministerio de Economía y Hacienda, que recoge las medidas que el propio Gobierno central ha impuesto", ha añadido.

   La Administración autonómica ha criticado que García Retegui y Saura "siguen en su empeño para que el Consejo de Ministros no autorice al Gobierno regional el acudir al endeudamiento, en su línea habitual de traición a los intereses de la Región".

   "Afortunadamente, la señora García Retegui y el señor Saura no forman parte del Consejo de Política Fiscal y Financiera, porque si de ellos dependiera no nos hubieran dejado acudir al endeudamiento", sostiene la Comunidad.

   Así pues, el Ejecutivo murciano señala que el siguiente objetivo del PSRM "es evitar que el Gobierno central pague a los murcianos lo que debe por el incremento de población, así como el Fondo de Competitividad de 211 millones de euros que correspondían a la Región, sobre el que el Gobierno regional ha interpuesto un recurso que ya ha sido admitido a trámite por el Tribunal Constitucional".

   Al hilo, ha manifestado que los socialistas murcianos "no sólo no apoyan al Gobierno regional en sus demandas ante el Gobierno central para que pague lo que debe a la Comunidad, sino que intentan torpedear el que la Administración regional pueda acudir al préstamo, como el resto de comunidades autónomas".

   Por tanto, el Ejecutivo regional considera "sorprendente la ilimitada capacidad de deslealtad con la Región de los socialistas murcianos, que luego se quejan de que la sociedad murciana les dé la espalda en las urnas".

   El Gobierno regional defiende que ha cumplido "con todas las exigencias" de ajuste presupuestario impuestas por el Gobierno central y espera que el Consejo de Ministros "apruebe de inmediato el endeudamiento para poder conseguir recursos cuanto antes con los que acelerar el pago a los proveedores y seguir garantizando el mantenimiento de todos los servicios a los murcianos".

Las entidades locales tendrán que cerrar el año 2014 en equilibrio

MADRID.- Las entidades locales tendrán que reducir el déficit al 0,3% en 2012, al 0,2% en 2013 y cerrar el 2014 en equilibrio, tal y como han acordado los representantes de la Federación Española de Minicipios y Provincias (FEMP) y la Administración General del Estado en la Subcomisión de Régimen Económico, Financiero y Fiscal de la Comisión Nacional de Admnistración Local (CNAL). 

 

   La propuesta da continuidad a la estrategia iniciada el año pasado para acompasar los objetivos de estabilidad a la senda de reducción del déficit contemplada en el Acuerdo Marco de la CNAL sobre sostenibilidad de las finanzas públicas.

   Durante el encuentro celebrado en el Ministerio de Economía, los representantes de la FEMP han reiterado el "firme compromiso" de los ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consejos insulares respecto al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, reducción del déficit y sostenibilidad de las finanzas públicas.

   Además, se ha acordado que las entidades locales que presenten un déficit inferior al 5,53% de sus ingresos no financieros como consecuencia de la liquidación de sus presupuestos de 2010 estén exentas de la obligación de presentar un plan económico-financiero de reequilibrio.

   La exención, aprobada con carácter excepcional para conciliar los objetivos de la normativa de estabilidad con la valoración de la situación económica, es sólo aplicable a las entidades locales cuyo déficit no sea superior al 0,4% del PIB fijado dentro de la senda de consolidación fiscal para 2010.

   Para su aplicación, este porcentaje se debe transformar en el 5,53% de los ingresos no financieros de cada entidad local. De este modo, las entidades locales que presenten un déficit inferior al 5,53% estarán exentas de la obligación de presentar planes económico-financieros de reequilibrio.

Salgado recuerda que las CCAA decidieron el año pasado limitar su endeudamiento

MADRID.- La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, ha recordado a las comunidades autónomas que ellas también fueron partícipes de la decisión de limitar el endeudamiento a aquellas regiones que no cumplían trimestre a trimestre sus objetivos de déficit.

   "El Consejo de Política Fiscal y Financiera es un foro donde no decide la Administración del Estado, sino todos, y entre todos decidimos el año pasado que aquellas comunidades autónomas que no van cumpliendo su objetivo de déficit trimestre a trimestre no deberán recibir autorizaciones de endeudamiento", ha remarcado.

   En declaraciones a la Cadena Ser, Salgado ha insistido en que esta limitación del endeudamiento "es la única herramienta colectiva" que poseen el Gobierno y las comunidades, aunque ha subrayado que se tiene que contar "siempre" con la voluntad de éstas de cumplir el déficit.

   Respecto a si esta falta de financiación limita a las regiones su capacidad de gestión, la ministra ha destacado que se debe buscar la eficiencia de los servicios públicos esenciales y ha puesto como ejemplo el recorte del gasto farmacéutico logrado por el Ejecutivo.

   También ha mostrado su acuerdo con el consejero catalán Andreu Mas-Colell y ha insistido en que la Administración del Estado y las comunidades autónomas tienen "corresponsabilidad" en el cumplimiento de los objetivos.

   "Nosotros, el Estado y todos tendremos que pagar más intereses si los diferenciales de nuestra deuda suben como consecuencia de no cumplir nuestros compromisos", ha reconocido.

[Ciberacción promovida por Ecologistas en Acción] Evita la destrucción de El Gorguel

La Autoridad Portuaria de Cartagena (APC), apoyada por el Gobierno Regional, proyecta la instalación de una Terminal de Contenedores en la Cala de El Gorguel; dicha actuación supondría ocupar unas 336 hectáreas en medio marino y unos 2.000.000 m2 en tierra para la implantación de la zona logística de la terminal, que tendría conexión con el industrializado Valle de Escombreras.

 

"Esta actuación incluye un despliegue enorme de infraestructuras: carretera, ferrocarril y un túnel en la Sierra de la Fausilla, con los graves impactos que conllevaría atravesar esta sierra que forma parte de la Red Natura 2000 y catalogada como LIC y ZEPA, con presencia de Camachuelo trompetero, Búho real, Halcón peregrino y Águila perdicera. 

Esta actuación supondría una gran pérdida de patrimonio geológico (Cala del Caballo y la Cala y Barranco del Gorguel están catalogados como LIG-Lugar de Interés Geológico), de patrimonio minero (Rambla del Avenque y del Gorguel), y de valores ecológicos (gran impacto sobre la riqueza natural presente en sus acantilados, alternándose comunidades esciófilas con fotófilas, comunidades de Maytenus y Periploca), modificación de la dinámica sedimentaria y una larga lista de impactos negativos. 

No hay que olvidar que el litoral emergido de la zona forma parte de la Red Natura 2000, y que aunque haya fondos colmatados por los estériles mineros, esta zona forma parte del LIC de Medio Marino, en el que los fondos que se extienden en dirección oeste presentan manchas de Posidonia oceánica, zonas con presencia de Coral Anaranjado del Mediterráneo y una elevada diversidad de especies marinas que se verían gravemente dañadas.

La poca transparencia informativa y la intransigencia de esta administración dejan ver claramente que no importa a quién y a qué afecte este megalómano proyecto, sino que los intereses privados que sólo benefician a unos pocos siempre van por encima del interés general.

La Autoridad Portuaria de Cartagena, de mano de su presidente, Adrián Ángel Viudes, muestra una actitud claramente antidemocrática ya que se niega a dialogar con los colectivos sociales y ecologistas a pesar de que estos lo han solicitado en varias ocasiones. Este diálogo busca poner sobre la mesa los pros y los contras de este proyecto de manera que se tenga en cuenta la opinión de la sociedad y de los sectores directamente implicados.

Otra muestra del carácter antidemocrático es el anuncio del presidente portuario de que no se está buscando una alternativa a la ubicación en el Gorguel, porque mantiene que es la adecuada. Esto, aparte de no contar con ningún informe técnico que lo avale, es una falta grave al cumplimiento de la legislación ambiental vigente que exige que se realice un análisis de alternativas exhaustivo donde se justifique claramente que la alternativa elegida es la adecuada con menos afecciones ambientales y más beneficios sociales.

Por ello es necesario tu firma y tu apoyo para que:
 El Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) no autorice este proyecto por sus grandes impactos.
 El Ministerio de Fomento sustituya en su cargo al Presidente de la APC, Adrián Angel Viudes, por su mostrada actitud antidemocrática y su empeño personal de construir la dársena en el Gorguel sin atender a razones.
 La Autoridad Portuaria de Cartagena busque una alternativa real de ubicación, como puede ser el Valle de Escombreras e incluso la alternativa 0 que es la no construcción de la Terminal de Contenedores, ya que aún está por demostrar que exista la necesidad real de una infraestructura de este tipo".

NO a la terminal de contenedores en El Gorguel

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Al firmar la petición estarás enviando esta carta Destinatario: Autoridad Portuaria de Cartagena, Ministra de Medio Ambiente, Ministro de Fomento

Estimado/a Señor/a: Colectivos sociales y ambientales, así como ciudadanos a nivel particular consideramos que: El Proyecto de la instalación de una Terminal de Contenedores en el Gorguel y la Zona de Actividades Logísticas anexa (ZAL), promovida por la Autoridad Portuaria de Cartagena, debe desestimarse debido a los enormes impactos ambientales, sociales, culturales, geológicos y mineros que ocasionaría a la cala del Gorguel y sus alrededores. Este proyecto afectaría a zonas de alto valor ecológico que ostentan protección a nivel europeo como son el LIC y ZEPA Sierra de la Fausilla y LIC del Medio Marino que forman parte de la Red Natura 2000. Los estados miembros de la Unión Europea se comprometen, según el Artículo 6 de la Directiva Hábitats, a:  Establecer medidas de conservación adecuadas en los lugares de la red Natura 2000  Evitar el deterioro de los lugares de la red Natura 2000  Evaluar el impacto de las actividades y los proyectos que puedan alterar o dañar los hábitats o las especies de los lugares de Natura 2000  Adoptar medidas compensatorias en el caso de que, por razones de interés público de primer orden, se vaya a dañar o alterar un espacio incluido en Natura 2000 La puesta en marcha de este proyecto incumpliría directamente con los compromisos adquiridos por los estados miembros ya que el proyecto no constituye un interés público de primer orden y el Gorguel no es la única ubicación posible para el mismo. El Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) no debe autorizar este proyecto por sus grandes impactos. Debe realizar un análisis exhaustivo del Informe de Sostenibilidad Ambiental una vez que la APC se lo remita, donde se asegure que el mismo recoge todas las directrices que desde el MARM se hicieron para confeccionarlo. El Ministerio de Fomento sustituya en su cargo al Presidente de la APC, Adrián Angel Viudes, por su mostrada actitud antidemocrática y por su empeño personal de construir la dársena en el Gorguel sin atender a razones técnicas, sociales, ambientales y económicas. El presidente de la APC parece menospreciar la legislación ambiental vigente ya que en reiteradas ocasiones la desprecia e incluso declara que no se están buscando alternativas al Gorguel, faltando al obligado análisis de alternativas del cual ya ha sido advertido por el propio MARM. La Autoridad Portuaria de Cartagena debe buscar una alternativa real de ubicación, como puede ser el Valle de Escombreras e incluso la alternativa 0 que es la no construcción de la Terminal de Contenedores, ya que aún está por demostrar que exista la necesidad real de una infraestructura de este tipo. Atentamente,