El
horizonte penal del expresidente de Bankia y exvicepresidente
económico con el Gobierno de José María Aznar, Rodrigo Rato, está
pendiente de la decisión del Tribunal Supremo ante el que se
presentó recurso sobre la sentencia dictada por la Audiencia
Nacional que le impuso una condena de cuatro años y medio de cárcel y
6.000 euros de multa.
Todavía
no hay fecha prevista para la publicación de la sentencia, pero la
decisión del juez de instrucción número 31 de Madrid de no tomarle
declaración por supuesto blanqueo de dinero la próxima semana alivia,
momentáneamente al menos, la urgencia de su situación penal.
El caso por el que tiene que declarar el jueves de la próxima semana
no está vinculado con el resto de procedimientos abiertos por la salida a
bolsa de Bankia, cuya instrucción está terminada desde hace 10 meses y
todavía pendiente de fecha para la apertura de juicio oral.
Su comparecencia el próximo jueves es para responder sobre el informe
de la Unidad Central Operativa (UCO), aquel por el que le detuvieron a
la puerta de su casa con todos los medios de comunicación
retransmitiendo en directo advertidos por la autoridad competente.
La conclusión de la investigación de la UCO fue que el
exvicepresidente del Gobierno cometió supuestamente los delitos de
blanqueo de capitales, corrupción entre particulares, administración
desleal y fraude a Hacienda en sus negocios privados. La decisión del
juez de no incluir en su declaración del jueves el delito de blanqueo de
capitales, se debe a que Rato está pendiente de una reclamación ante la
Audiencia Provincial, que también investiga esta situación, lo que
alivia momentáneamente su situación de cara a un eventual temido
encarcelamiento.
La defensa del expresidente de Bankia considera que las conductas que
se le atribuyen tras las pesquisas no se corresponden con delitos.
Señalan que hay una "interpretación maliciosa" de los hechos y ya
denunciaron que Rato era objeto de una caza de brujas y de "una
inquisición general" basada en hipótesis.
En el complejo entramado legal que rodea la gestión y la salida a
bolsa de Bankia, tampoco está fijada todavía la fecha para la apertura
de juicio oral sobre la colocación de la entidad en bolsa, pese a que el
juez instructor Fernando Andreu dio por concluida la instrucción a
primeros de mayo del año pasado.
En aquel momento, Fernando Andreu, propuso la apertura del juicio
oral contra el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, y otras 33 personas
físicas y jurídicas que adoptaron la decisión de la salida a bolsa de
Bankia. En contra de lo pedido por la acusación popular y de la decisión
de la Sala Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional, el magistrado
dejó fuera del procesamiento al exgobernador del Banco de España, Miguel
Ángel Fernández Ordóñez, y al exsubgobernador, Javier Aríztegui, por su
falta de responsabilidad en la formulación de las cuentas.
Según el juez instructor, “no existe el más mínimo indicio de que
tuvieran intervención alguna en los delitos investigados al no haberse
acreditado ni siquiera de forma indiciaria, que tuvieran participación
alguna en la formulación y aprobación de las cuentas que se incorporaron
al folleto para su salida a bolsa” y tampoco decidieron esa operación
“aunque no se opusieron a ella”.
De las conclusiones de la instrucción se obtiene una versión
completamente distinta de la que se consigue tras escuchar a los muy
diversos responsables del Banco de España que han ido respondiendo a las
preguntas de los diputados en la Comisión de Investigación en el
Congreso.
El último de ellos, ha sido el exdirector general de supervisión
Jerónimo Martínez Tello, quien desde el 2008 se encargó de la
supervisión de las cajas de ahorros que quebrarían con posterioridad.
Martínez Tello no habla en ningún momento de su comparecencia en el
Congreso de los Diputados de falsificación de las cuentas de Bankia. Y
hay que recordar que está obligado a decir la verdad.
Además, discrepó de las necesidades de ayuda que tenía Bankia,
mostrándose más partidario del plan de saneamiento de Rodrigo Rato que
del que finalmente se aportó.
En su intervención del pasado día 20 en la comisión de investigación
dijo textualmente que “nosotros entendíamos que las ayudas podían estar
en el orden de 13.000 millones de euros más aproximadamente otros 3.000
millones de euros, que podían ser un apoyo temporal hasta que se hiciera
esa integración de la matriz en la filial y los impuestos diferidos
volvieran a tener otra vez valor. Ese fue, nuestro planteamiento”.
En este sentido, es tan esclarecedora la posición de Martínez Tello
sobre cómo, quien fijó la cantidad que se necesitaba para reflotar
Bankia, no la fijó el expresidente de la entidad, Rodrigo Rato, ni el
Banco de España, que conocía las cuentas, sino que lo decidió el
ministerio de Economía. Por esta razón, conviene reproducir textualmente
lo dicho por el antiguo responsable máximo de la inspección en ese
momento.
El exdirector general de supervisión declaró que “los gestores,
asesorados por Goldman Sachs —creo recordar que el señor Goirigolzarri
dijo que Goldman Sachs era un asesor que había contratado el ministerio
para valorar el tema de Bankia; no Bankia, sino el propio ministerio—,
dijeron que 24.000 millones, además de los cuatro mil y pico millones
que había. Celebramos varias reuniones y al final bajaron a 19.000”.
En ningún momento hace referencia al titular de Economía del momento,
Luis de Guindos, pero en todo momento de su declaración apunta a que
fue una decisión de quienes no conocían la verdadera situación de
Bankia. Pues añade Martínez Tello que “nuestra posición fue muy simple:
estaban con el ministerio. Es exactamente lo que dije en el acuerdo de
23 de mayo de 2012 en la Comisión Ejecutiva. Entendíamos que con 13.000
millones y con los otros 3.000 estaría suficientemente capitalizada
Bankia”.
Tampoco tiene desperdicio lo que añade a continuación en su
intervención en el Congreso, “ahora bien, aquí teníamos un problema
fundamental: la gestión de la crisis de Bankia. A ver si me puedo
explicar. A nosotros en la crisis de Bankia —cuando digo nosotros estoy
hablando en general, no del Banco de España— se nos produjo un problemón
y es, que cuando se está gestionando la misma, por lo que sea hay una
serie de reuniones en el ministerio. Nosotros, ministerio y Banco de
España, estuvimos trabajando con el plan Rato II hasta ese viernes. De
esas reuniones con el ministerio se deriva que el lunes por la mañana
dimite el presidente de Bankia. En una situación de crisis dimite el
presidente, —¡ojo!— vicepresidente del Gobierno español y antiguo máximo
responsable del Fondo Monetario Internacional. Entonces nos quedamos
con una entidad grandísima y con unas posibilidades de gestionar la
crisis abierta en canal. Se estaba trabajando para ver si Goirigolzarri
entraba o no; y en esas negociaciones no solo se negociaba que entrara
un señor —que posiblemente era el mejor consejero delegado que había
disponible en ese momento—, sino en qué condiciones entraba”.
Para que no quede duda de que él comprende que otros puedan corregir
su estimación del riesgo en Bankia añade: “evidentemente cuando uno va a
entrar en una entidad que se ha abierto en canal y cuya liquidez está
abierta en canal, quiere cubrirse las espaldas. La responsabilidad del
señor Goirigolzarri en pura teoría sería desde el momento en que entra,
pero al final la responsabilidad moral sería entera para él. Esa es la
historia”.
Y Martínez Tello concluye ante los diputados a modo de resumen: “En
cuanto a los datos, los 13.000 millones desde mi punto de vista están
más amparados, pero probablemente era mejor meter 19.000 millones; al
final fueron 17.000 millones más el resto. Probablemente era mejor
porque se asentaba mucho mejor el proyecto”. Las citas son siempre según
las actas literales que puede consultarse en esta dirección:
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CI/DSCD-12-CI-40.PDF.
Además de la declaración de Rodrigo Rato, también será muy relevante
la nueva comparecencia del gobernador del Banco de España, Luis María
Linde, ante la comisión de investigación de la crisis financiera tras
las contradicciones entre los inspectores y los ejecutivos del
supervisor español.
Pese al desinterés que han mostrado en los últimos meses los
responsables de los dos principales partidos por llegar al conocimiento
detallado de lo sucedido, la verdad acabará imponiéndose. Y no les
favorece.
(*) Periodista
