MADRID.- El exministro del PP Eduardo Zaplana,
de 62 años, ha sido detenido a primera hora de esta mañana junto a su
domicilio en Valencia. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia
Civil, dirigida por la titular del Juzgado de Instrucción nº 8 de
Valencia, Isabel Rodríguez, lo investiga por un delito de cohecho (cobro
de sobornos) y por otro de blanqueo de capitales, según han informado a
El País fuentes de la investigación.
Las pesquisas apuntan a la
presunta participación del político en una trama con conexiones en
Uruguay y Panamá (este último en la lista de paraísos fiscales de la UE
hasta el pasado mes de enero) que se dedicó durante años a ocultar
fondos procedentes de comisiones ilegales y que había comenzado
recientemente a repatriarlos una vez blanqueados.
El origen de la investigación se remonta al caso Taula, la
investigación que desarticuló la presunta red del 3% que dirigía el
presidente de la Diputación de Valencia y del PP provincial Alfonso Rus.
En uno de los registros practicados, la Unidad Central Operativa (UCO)
localizó unos documentos en poder de Marcos Benavent, el ex alto cargo
del PP que se autodefinió como “‘yonqui’ del dinero” que apuntaban al
cobro de abultadas comisiones por proyectos aprobados en la etapa de
Zaplana al frente de la Generalitat (1995-2002).
Benavent, que desde 2015 colabora con la Fiscalía Anticorrupción,
declaró que los papeles le habían sido entregados años antes por un
ciudadano sirio. Y que él, que hacía acopio de datos comprometedores
tanto de enemigos como de amigos –grabó a sus compañeros de partido en
secreto durante años-, los guardó.
Según Benavent, el sirio le entregó
los documentos después de encontrarlos escondidos en una vivienda en la
que entró a vivir. También explicó que se los llevó precisamente a él
porque, dentro de sus turbias funciones como gerente de la principal
empresa de la Diputación de Valencia, Imelsa, se le había asignado el
encargo de tener contacto, y de paso controlar, a los imanes de la
provincia de Valencia.
Tirando del hilo de aquellos documentos, la
Fiscalía Anticorrupción presentó hace dos años una nueva denuncia que
desembocó en el procedimiento declarado secreto por el Juzgado de
Instrucción nº8 de Valencia que ayer se saldó con la detención de Zaplana.
Benavent, según confirmaron fuentes de su entorno a este periódico, ha
declarado en el mismo para explicar el origen de dichos documentos.
Junto a Zaplana han sido detenidas otras siete personas, algunas de
ellas miembros de los equipos del político valenciano cuando este fue
alcalde de Benidorm (1991-1994) y, posteriormente, presidente de la
Comunidad Valenciana (1995-2002).
Agentes de la Guardia Civil han registrado durante varias horas la
vivienda del expolítico en presencia del propio Zaplana. Tras este
registro, el exministro ha salido del garaje de su céntrica vivienda en
Valencia en un coche azul oscuro sin identificativos de la Guardia Civil
minutos antes de las dos de la tarde.
El expresidente valenciano
ocupaba el asiento posterior derecho en compañía de dos miembros de la
UCO. En los escasos segundos en que se le ha podido ver, no se ha tapado
el rostro ante los numerosos medios de comunicación, agolpados frente a
la vivienda durante cinco horas y media.
Su expresión era abatida, muy
grave. Durante unos instantes ha cerrado los ojos, cabizbajo. El coche,
que no se ha llegado a detener pero si ha aminorado su marcha, ha
acelerado finalmente tras producirse algunos momentos tensos, sobre todo
cuando un guardia civil ha placado a un fotoperiodista para dejar el
paso franco al vehículo.
La previsión era que los agentes de la
UCO lo conduzcan a Benidorm, municipio del que fue regidor entre 1991 y
1994, para participar en otros registros. Paralelamente a las acciones
emprendidas en Valencia, se está inspeccionando un despacho del
expresidente valenciano en Madrid.
Según ha relatado a El País un testigo de los hechos, Zaplana ha sido
detenido hacia las 8.10 de este martes cuando se disponía a entrar en el
coche que muchas mañanas lo espera en el cruce de las calles Pasqual i
Genís y Lauria, un Audi negro de gran cilindrada. Dos agentes de la UCO
lo han interceptado y lo han conducido a la acera de enfrente. El
expolítico iba acompañado en el momento de su detención por dos
escoltas, agentes de la Policía Nacional. Se trata de una protección que
la Generalitat valenciana ofrece a todos sus expresidentes, aunque en
la actualidad solo la mantienen Zaplana y Francisco Camps. Los agentes
de la UCO han actuado con mucha cautela en la detención para evitar que
los escoltas pensaran que se trataba de otra cosa.
Los agentes han conducido a Zaplana a su vivienda, en el número 12 de
Pasqual i Genís, donde posteriormente han entrado dos agentes de la UCO
con cajas de cartón plegadas, presumiblemente para llenarlas de
documentos y otros efectos que se intervengan al expresidente de la
Generalitat valenciana y del PP valenciano.
Agentes de la Guardia Civil
se han personado también en la sede de la Consejería de Economía
Valenciana, donde han recabado el expediente completo del Plan Eólico
Valenciano, cuya convocatoria se publicó en 2001.
Y se han interesado
además, en concreto, por la adjudicación de la zona 6, de la que fue
beneficiaria una empresa participada por Sedesa, la compañía que dirigía
el empresario Vicente Cotino, otro de los arrestados,
junto a su hermano José, en la operación de este martes.
Los agentes
están registrando propiedades de Cotino ya investigado en otras causas
sobre corrupción en Valencia. Cotino es sobrino del exconsejero y
exdirector de la Policía con Aznar, Juan Cotino.
En el marco de la misma operación, desarrollada por la UCO y la delegación en Valencia de la Fiscalía Anticorrupción, están
previstas una decena de detenciones, de las que ya se han producido
siete en total.
Fuentes policiales apuntan a que entre los arrestados se
encuentra la secretaria particular de Zaplana, Mitsuko Henríquez. Se
trata de una persona de la absoluta confianza del expresidente
valenciano, que ya le acompañaba durante su mandato en la Generalitat.
Incluso en los últimos tiempos, cuando el exministro de Trabajo ya no
ejercía ningún cargo de responsabilidad política, Henríquez ha seguido
trabajando para él.
Entre los detenidos figura además Juan Francisco
García, que fue director de gabinete de Zaplana en su etapa en la
Generalitat valenciana y también expresidente del equipo de baloncesto
Estudiantes.
La Guardia Civil también ha detenido a Joaquín Barceló,
exdirector del Centro de Desarrollo Turístico de Benidorm, y a su
esposa, Felisa López, así como a Francisco Grau, que fue secretario del
consejo de administración de la quebrada Caja de Ahorros del
Mediterráneo (CAM).
A Zaplana se le acusa presuntamente de llevar a España
dinero negro de paraísos fiscales para lo que presuntamente la trama
utilizó un entramado de sociedades creado y gestionado desde Uruguay,
pero inscritas en el registro de Panamá. A través de ellas, se ha
mantenido oculto durante año importantes cantidades de dinero procedente
supuestamente de comisiones obtenidas por adjudicaciones de contratos
que se concedieron de forma irregular.
La mayoría de estas
comisiones se habrían producido durante el período en que Zaplana fue
presidente de la Generalitat, entre 1995 y 2002. Las presuntas
mordidas investigadas proceden, además del Plan Eólico Valenciano, de
las concesiones de ITV de la Comunidad Valenciana. Agentes de la Guardia
Civil han solicitado también en la Consejería de Economía valenciana el
expediente completo de la adjudicación de las ITV, que se remonta a
1997, pero tiene una duración de 25 años.
Según fuentes conocedoras del
procedimiento, la adjudicación fue a parar a una Unión Temporal de
Empresas formada por cuatro sociedades: Servicios de Excavaciones;
Levantina de Obras y Edificios, ITV S. A. y Valenciana de Revisiones.
Se trata de una causa nueva, denominada operación Erial, que se suma a las que ya tiene abiertas en Valencia como Taula
y no tiene ninguna relación con otras grandes operaciones contra la
corrupción en el PP en las que su nombre ha salido a colación como
Gürtel, Lezo y Púnica, según las mismas fuentes.
Zaplana, que inició su carrera como alcalde de Benidorm entre 1991 y 1994,
presidió la Comunidad Valenciana entre 1995 y 2002,
año en el que José María Aznar lo llevó a Madrid y lo nombró ministro
de Trabajo y Asuntos Sociales, un cargo que ocupó hasta abril de 2004
cuando pasó a ser portavoz del PP en el Congreso. Cuatro años después,
en 2008, abandonó la política para dedicarse a negocios privados.
Zaplana reside habitualmente en Madrid, pero se desplaza con frecuencia
a Valencia para recibir tratamiento de una enfermedad que le
diagnosticaron hace unos años.
Zaplana, nombrado en Lezo y Púnica
No es la primera vez que Zaplana
aparece en las investigaciones de la UCO. Durante las pesquisas por el
caso Lezo,
los agentes interceptaron varias conversaciones telefónicas entre él y
el principal implicado de la trama, el expresidente madrileño Ignacio
González.
En el auto por el que el entonces juez instructor de la causa,
Eloy Velasco,
envió a prisión a este último en abril de 2017,
se relacionaba a Zaplana con las maniobras de González para lavar los
fondos presuntamente obtenidos de comisiones ilegales mediante la
adquisición de una sociedad a través del abogado uruguayo Fernando
Belhot —implicado en un escándalo de corrupción en Argentina—.
El juez recalcaba que González le propuso a su compañero de
partido "montar una estructura financiera" a través de Belhot porque
este trabajaba en países de legislaciones laxas como Holanda, EE UU o
Uruguay y poder así "canalizar algún tipo de operación a medio o largo
plazo".
En el
caso Púnica —cuya investigación también lleva la UCO—
Zaplana también aparece señalado. En diciembre, la Guardia Civil
entregó un informe centrado en los contactos que el que fuera ministro
del PP mantuvo con dos de los principales implicados en esta trama de
corrupción, los empresarios Alejandro de Pedro y José Antonio Conesa.
El
documento policial destacaba que estos últimos mantuvieron mientras ya
eran investigados "repetidos contactos" con Zaplana "de quién perseguían
les beneficiase en procesos de licitación de la construcción de
colegios a favor de David Marjaliza", uno de los cabecillas de la trama y
que colabora con la justicia desde junio de 2015.
La UCO aseguraba en aquel informe que Zaplana presuntamente facilitó a
De Pedro y Conesa "contactos" en el Ayuntamiento de Elche con el
objetivo de que fueran contratados para hacer trabajados de reputación
online para el equipo de Gobierno.
También recalcaba que De Pedro iba a
dar al exministro una participación "de naturaleza encubierta" en sus
negocios en Sudamérica, aunque los agentes admitían no haber podido
concretar los detalles.
En otro informe del
caso Púnica, este referido a los supuestos trabajos de
mejora de imagen en Internet para la entonces alcaldesa de Madrid Ana Botella,
la UCO también citaba a Zaplana. En este caso, como el supuesto
mediador entre De Pedro y Botella y su marido, José María Aznar, para
que el primero pudiera presentar al matrimonio "una propuesta de
servicios en materia de reputación online" en una reunión que se celebró
en Marbella.
