UPA critica que los productos empleados
como "reclamo u oferta" incumpliendo la Ley han sido, fundamentalmente,
el aceite de oliva, la leche, la carne de pollo y la carne de conejo.
Últimamente, además, UPA ha detectado ofertas de precio "no razonable"
en brócoli de la comarca del Guadalentín y vino de las Denominaciones de
Origen de Yecla y de Jumilla.
Así lo ha hecho saber el secretario
general de UPA, Marcos Alarcón, en una rueda de prensa ofrecida tras
mantener una reunión con el presidente de la Comunidad, Alberto Garre a quien ha
presentado su nueva comisión directiva y les ha transmitido los asuntos
que más preocupan a la organización agraria.
Así, ha recordado
que, desde noviembre de 2012 y hasta el pasado 23 de enero de 2015, UPA
ha presentado hasta 26 denuncias ante la Dirección General de Consumo
por precios al público demasiado bajos. De ellas, las últimas 21 están
en trámite y pendientes de resolución, pero las cinco primeras,
presentadas entre 2012 y 2014, ya han sido resueltas y han implicado
sanciones a Lidl, Día y Carrefour por venta con pérdidas o de
obstrucción a la labor inspectora.
En este sentido, UPA ha
anunciado que va a seguir haciendo vigilancia y presentando denuncias,
pero lamenta que la Ley sobre comercio minorista en la Región de Murcia
implica sanciones "tan pequeñas", de un máximo de 3.000 euros que a la
empresa le resulta "rentable" pagar la multa y seguir haciendo lo mismo.
En
este sentido, Alarcón ha reclamado a Garre la necesidad de modificar
esta Ley sobre comercio minorista, una demanda que el presidente de la
Comunidad ha estimado "razonable".
UPA se ha mostrado comprensivo
con el calendario legislativo debido a la celebración de las elecciones,
pero ha pedido que se realicen actuaciones dirigiéndose a las empresas
de distribución pidiendo que tengan un comportamiento "razonable",
porque estas prácticas "perjudican a los agricultores y ganaderos".
Por
otro lado, UPA ha pedido a Garre una mayor presencia del Gobierno
regional para que se haga efectivo el "cumplimiento" de la Ley de mejora
de la cadena agroalimentaria, que entró en vigor en enero del año
pasado, pero que "no se está cumpliendo en la Región".
En
concreto, recuerda que esta Ley obliga a que las transacciones de
productos agrícolas y ganaderos estén sujetas a un contrato por escrito
en el que figure el precio que se va a pagar al agricultor o ganadero,
así como el plazo de pago, sustituyendo al tradicional "apretón de
manos".
Alarcón ha reconocido que se trata de una Ley de ámbito
nacional, pero ha pedido que el Gobierno regional "intensifique" las
acciones de divulgación para que los operadores de la Región conozcan
que hay que cumplirla y que los agricultores y ganaderos tengan un
contrato de sus operaciones, lo que implica un "cambio cultural que va a
costar trabajo", reconoce.
Por ejemplo, UPA pide que se regule la
venta con pérdidas o la figura de un mediador, porque se puede dar una
posición de dominio por alguna de las partes, obligando a la parte más
débil --el agricultor o ganadero-- a aceptar un precio no remunerado de
su trabajo.
UPA ha acordado que la Consejería de Agricultura y
Agua se involucrará en una negociación abierta entre el sector y los
empresarios del vino, con el fin de que la próxima campaña "se realice
ya con contrato".
En
relación al tema del agua, los responsables de UPA han discrepado con
Garre respecto a la valoración del Memorándum del trasvase Tajo-Segura,
ya que la organización agraria considera que sus reglas de explotación
no tendrían que haber entrado en vigor hasta que no hubieran "recursos
alternativos disponibles a la reducción de caudales que implica".
El
objetivo de UPA es exigir a Garre "celeridad para que esos nuevos
recursos puedan estar pronto a disposición de los agricultores porque
actualmente hay problemas, particularmente en la Comarca del
Guadalentín, para sacar adelante los cultivos".
Alarcón no ha
sabido tasar la cantidad de metros cúbicos que serían necesarios en
comarcas como la del Guadalentín, pero advierte que hay "restricciones
de agua y dificultades para sacar adelante los cultivos".
A este
respecto, el presidente del Gobierno regional se ha remitido al
compromiso de Mariano Rajoy de establecer una tarifa especial para el
agua desalada, y UPA le ha pedido que esa concesión "debe materializarse
inmediatamente".
Los
representantes de UPA también han transmitido a Garre el "cuello de
botella" que, desde su punto de vista, hay en la tramitación de
expedientes en la Dirección General de Medio Ambiente, y que supone
"muchas veces un freno para la realización de inversiones, de toda la
actividad económica y del empleo".
Asimismo, Alarcón ha advertido
que, en muchos casos, este retraso en la tramitación puede implicar "la
pérdida de fondos comunitarios concedidos a agricultores y ganaderos
para hacer una inversión de mejora o de modernización de sus
explotaciones, puesto que las ayudas están sujetas a la ejecución de la
propia inversión y su justificación en determinados plazos".
Sin
embargo, lamenta que los agricultores no pueden hacer muchas veces esta
inversión porque el los expedientes tardan, como mínimo, dos años en ser
resueltos.
Por ello, ha reclamado a Garre modificaciones
legislativas para simplificar los trámites y que se instale un sistema
de gestión telemático que permita a los usuarios hacer un seguimiento al
día de su expediente, así como poder resolver, en su caso, las
deficiencias que pudieran tener, y contribuir a agilizar la resolución
del mismo.
Por último, los
responsables de UPA también han transmitido a Garre sus discrepancias
sobre el Programa de Desarrollo Rural (PDR) de la Región de Murcia, al
considerar que se destinan más fondos de forma proporcional a políticas
forestales y medidas que antes eran financiadas por fondos propios, y
que ahora se detraen de fondos que iban destinados a agricultores y
ganaderos.
En este sentido, ha lamentado que los fondos para la
incorporación de jóvenes investigadores durante todo el periodo
destinado en el periodo 2015-2020 permitirá "tan solo" financiar la
incorporación de una media de 65 jóvenes al año, mientras que el
presupuesto para la agricultura integrada, que es el proyecto "estrella"
del PDR, se ha reducido de cinco años en el anterior PDR a solo tres en
el presente año.
En materia presupuestaria, UPA también ha
solicitado el incremento de los presupuestos destinados a sanidad
animal, un aspecto en el que, a su juicio, hay "buena planificación y
buenas medidas, con un sistema que funciona bien a base de la
infraestructura creada durante muchos años", pero considera que la
reducción de fondos "pone en riesgo su correcta ejecución".
Por
último, UPA ha reclamado también recuperar el apoyo del Gobierno
regional a los seguros agrarios, que constituyen a su parecer "una
medida transversal, que ha sido eje de la política agraria de todos los
gobiernos de España". Por contra, critica que la Región de Murcia es
actualmente "de las pocas comunidades que no apoya a sus agricultores en
la contratación de los seguros agrarios".
