MADRID.- El 21 de abril de 1992 arrancó una ilusión. El primer 
tren de alta velocidad español cubrió los 471 kilómetros que separan 
Madrid de Sevilla a una velocidad de 250 km/h. La capital andaluza 
estaba volcada en este hito, pero, sobre todo, en la inauguración de la 
Exposición Universal que esperaba recibir a 16 millones de visitantes 
por sus calles, recuerda hoy http://www.bolsamania.com. 
España estaba como nunca abierta al mundo, en pleno apogeo 
modernizador, con la Expo y las Juegos Olímpicos como máximos exponentes
 internacionales de la joven democracia española. Y la guinda del pastel era el AVE, un tren que los vecinos europeos ya disfrutaban desde hacía una década, como el TGV francés o el InterCity alemán.
25 años después, el AVE llega a 47 ciudades españolas, 
cuenta con una infraestructura de 3.100 km en servicio, lo que convierte
 a España en el segundo país del mundo con más vías de alta velocidad 
sólo por detrás de China. Renfe consiguió en 2015 por primera vez en su 
historia cerrar las cuentas con unos beneficios netos de 37,3 millones 
de euros y en 2016 el avance de resultados mejora el beneficio bruto de 
explotación (ebitda) hasta los 450 millones de euros, un 12,5% más 
respecto al 2015.
Sin embargo y aunque el número de viajeros ha ido en aumento
 en los últimos años, el mantenimiento y construcción de las vías corre a
 cargo de la empresa pública Adif Alta Velocidad que presentó unas 
pérdidas de 361,25 millones en 2015, una caída del 66% respecto a 2014. 
Más allá del retorno por ingresos, difícil incluso en el transporte por 
carretera como se ha visto en las autopistas radiales, 
su inversión total asciende a 51.775 millones de euros, lo que significa un desembolso 1.112 euros por cada español.
En estos 25 años hay algo que no ha cambiado en la alta 
velocidad española: la configuración de las obras desde Madrid hacia las
 distintas ciudades, sin ningún punto que conecte el resto de grandes 
ciudades como Barcelona, Valencia o Alicante o el tramo entre las 
grandes capitales andaluzas. Algo de lo que el Gobierno es consciente, 
los empresarios y también las comunidades autónomas volcadas en la 
demanda de más kilómetros de AVE.
De hecho, la alta velocidad llegará entre el final de la 
legislatura y la próxima a algunas comunidades y ciudades que todavía no
 disponen de esta infraestructura como 
Galicia, Asturias, País Vasco, Extremadura, Castellón, Granada, Murcia y Almería.
 El desafío para Fomento en los próximos años es triple: seguir 
invirtiendo en esta infraestructura, pasar de la España radial a la 
circular y no descuadrar las aún maltrechas cuentas públicas.
Para ello el Ministerio de Fomento, que encabeza el cántabro
 Íñigo de la Serna, va a destinar este año, si se acaban aprobando los 
Presupuestos Generales del Estado, 4.471 millones de euros. Esta cifra 
representa casi la mitad de todas las inversiones que pretende acometer 
el Departamento por 8.969 millones.
Más de un tercio del dinero que se destinará al ferrocarril 
corresponde al AVE a Galicia y al Corredor Mediterráneo, el gran 
proyecto para conectar Algeciras (Cádiz) hasta el Pirineo, pasando por 
Murcia, la Comunidad Valenciana y Cataluña. Otros grandes proyectos como
 el llamado corredor atlántico se difumina en las inversiones para 
llevar el AVE desde Madrid a Asturias o al País Vasco y un tren de altas
 prestaciones a Cantabria, pero sin puntos de conexión por la vertiente 
cantábrica. El modelo de Madrid a la periferia se reproduce, salvo en el
 gran proyecto mediterráneo.
Este corredor es una de las grandes reivindicaciones de las 
comunidades del este de España desde los años 90 cuando se fraguó el AVE
 sevillano. Estas autonomías ponen sobre la mesa que representan la 
mitad de la población española, el 45% del PIB y el 63% de las 
mercancías portuarias y también la mitad de los turistas que visitan 
cada año España. Su principal baza es la conexión con Europa para 
exportar más e impulsar la competitividad del continente.
Más allá de los gobiernos regionales, quién está empujando 
con más fuerza para que este proyecto llegue lo antes posible son los 
grandes empresarios de estas comunidades y en particular, las patronales catalana y valenciana, Foment del Treball y la Asociación Valenciana de Empresarios,
 respectivamente. Esta última ha lanzado la página web Corredor 
Mediterráneo y las reuniones por todas las capitales mediterráneas como 
Murcia, Tarragona o Barcelona no paran de sucederse.
Su referente es el ‘lobby’ europeo Ferrmed, una asociación 
sin ánimo de lucro, tal y como se presentan en su web, que busca la 
mejora de las conexiones de los puertos y aeropuertos y la 
reivindicación “del Gran Eje Ferroviario de mercancías 
Escandinavia-Rin-Ródano-Mediterráneo Occidental” con el objetivo de “un 
desarrollo más sostenible a través de la reducción de la polución y de 
las emisiones de gases que afectan al cambio climático”.
Su presidente es el catalán Joan Amorós, un veterano ejecutivo, exconsejero delegado de Nissan España y abiertamente independentista.
 El resto del comité de dirección está formada por empresarios 
franceses, italianos, holandeses, pero sobre todo mucho español desde 
representantes de la Autoridad Portuaria de Cartagena o Motril pasando 
por empresas como Ford o Seat.
Entre los que más fuerza está haciendo a nivel doméstico
 cabe destacar al armador valenciano, con un paso fugaz por la presidencia del Real Madrid, Vicente Boluda.
 Capitanea desde 2011 la Asociación Valenciana de Empresarios, una 
patronal que aborrece de las subvenciones públicas acotada a los grandes
 empresarios de la Comunidad donde destaca la presencia de Juan Roig, 
presidente de Mercadona, volcado también en el corredor mediterráneo. A 
nivel catalán, los rostros más visibles son Juan José Brugera, al frente
 de la inmobiliaria cotizada Colonial y del Círculo de Economía. Javier 
Godó, editor de la prensa con más tirada de Cataluña o Joaquín Gay de 
Montella, de Foment del Treball, también se encuentran en el mismo vagón
 para impulsar el corredor.
El gran apoyo desde el poder económico de Madrid lo encarna 
José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia, al que se le ha visto 
en más de una reunión junto al resto de empresarios, consciente de la 
importancia que tiene para su entidad la Comunidad Valenciana, por la 
absorción de Bancaja al grupo. La Cámara de España y su presidente José 
Luis Bonet también han dado apoyo a la iniciativa como el Instituto de 
la Empresa Familiar.
El perfil de estos empresarios es básicamente un gran 
exportador, que ve en el tren una forma de transportar sus mercancías de
 una forma más económica que los camiones que son los que soportan el 
gran peso de las exportaciones actuales. Además de las multinacionales 
del automóvil que dan apoyo al corredor, Seat, Nissan y Ford, 
también se han sumado los responsables de agroalimentarias como El Pozo,
 García-Carrión, Tarradellas, Chocolates Valor o Importaco, además del sector azulejero representado por Pamesa (Fernando Roig) o Keravent.
El pasado enero, las patronales de Galicia, Asturias, 
Cantabria y León replicaron esta iniciativa para formar la Plataforma 
para el Impulso de la Logística en el Noroeste, un calco norteño al eje 
mediterráneo que espera atraer a la importante patronal vasca Confebask.
 Sin tantos empresarios de renombre entre sus filas, están todavía lejos
 de llegar a la influencia que ejercen los patronos del levante, pero ya
 han puesto la primera piedra en el camino para acabar con la España 
radial de estos 25 años de AVE.