La morosidad del Gobierno regional "es uno de los mayores castigos" del empleo en la Comunidad

MURCIA.- El diputado regional socialista, Francisco Javier Oñate, tras conocer los datos del paro hechos públicos por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, ha criticado que "la morosidad del Gobierno regional es uno de los mayores castigos que recibe el empleo en la Región".

   En este sentido, ha afirmado que "en el PSOE estamos convencidos de que la Región de Murcia podría haber sido la única en donde no creciera el desempleo si Ramón Luis Valcárcel pagara lo que debe a las empresas murcianas", según informaron fuentes de esta formación política en un comunicado.

   Oñate, que calificó como "malos" los datos del paro, en los que la Región de Murcia "sigue a la cabeza de la destrucción de empleo en términos interanuales", considera que "los impagos, la morosidad de la Administración regional es ahora mismo uno de los mayores castigos que recibe el empleo de esta Región".

   "Que se aplique Valcárcel, que empiece a pagar, y verá cómo en los próximos meses se nota en mejores datos de empleo", añadió.

   El diputado considera, por otro lado, que el comportamiento del sector de la construcción ha sido el mejor entre todos los sectores, "lo que quizás se deba a los trabajos de reconstrucción de la ciudad de Lorca".

Ecologistas en Acción califica esta legislatura como "la peor en 15 años" en gestión hídrica

MADRID.- El responsable del Área de Agua de Ecologistas en Acción, Santiago Martín, ha criticado que "esta legislatura ha sido la peor en 15 años" en lo referente a la gestión del agua, durante la presentación del Informe de evaluación de la gestión del agua en la legislatura 2008-2011.

   Martín ha señalado que las decisiones tomadas en esta última legislatura han supuesto un "lamentable" paso atrás para el medio ambiente ya que una "buena gestión del agua sería hacer todo lo contrario a lo que se ha hecho". En concreto, ha explicado que la absorción del Ministerio de Medio Ambiente por el Ministerio de Agricultura ha supuesto un "gran error" ya que la gestión del agua ha quedado supeditada a los intereses agrícolas, que, según ha apuntado, suponen alrededor del 80 por ciento del consumo de este recurso en España.

   Por otro lado, ha recordado que "la única modificación de envergadura de la Ley de Aguas no ha sido para introducir medidas que garanticen la sostenibilidad ambiental sino para imponer de forma totalmente autoritaria, sin pasar por el Consejo Nacional del Agua, el Real Decreto-Ley 12/2011".

   En esa línea, ha tachado de "inconstitucional" esta norma, ya que "deja en manos de los gobiernos autonómicos de Cataluña, Andalucía y Aragón las competencias en materia de policía de dominio público hidráulico". A su juicio, esto puede generar "graves problemas ambientales" en la gestión del dominio público hidráulico, así como de "conflicto entre regiones y nacionalidades". Por ello, Martín espera que el próximo Gobierno derogue esta norma y se devuelvan las competencias.

   El informe muestra que la planificación hidrológica "lleva un retraso inadmisible", tanto según la normativa vigente, como desde el punto de vista ambiental y social, y además, recoge que "los documentos que se están elaborando, no tienen apenas en cuenta los aspectos ambientales, ni las limitaciones existentes en los recursos".

   Asimismo, Martín ha destacado que "cuando ya se habían superado las políticas de construcción de grandes embalses y trasvases, en esta legislatura se ha vuelto a mostrar apoyo a estas grandes construcciones". En concreto, ha criticado los casos de los embalses de Alcolea y Biscarrués, éste último "especialmente lamentable" ya que, según ha indicado, cuenta con informes desfavorables por parte de entidades como el IGME y el CEDEX. Por ello, ha pedido el abandono de éstos.

   Por su parte, la responsable del Área de Agua de Ecologistas en Acción, Erika González, ha defendido que se apoye a la gestión pública de los abastecimientos urbanos. En este sentido, ha pedido que "se establezcan en las tarifas bloques de precios más diferenciados que resulten realmente eficaces, para disuadir los consumos elevados".

   Además, Ecologistas en Acción reivindica la aprobación de los planes hidrológicos en los que se pongan en marcha medidas como la prohibición de creación de nuevos regadíos y la reducción de la superficie existente en aquellas áreas donde exista un déficit hídrico importante, hasta alcanzar una situación de equilibrio con el recurso renovable. Asimismo, ha reclamado el establecimiento de caudales ambientales adecuados para todos los cauces y en todos sus tramos; la obligatoriedad de la tarificación volumétrica en el consumo de agua y la subida de los precios actuales del agua para el regadío, al menos hasta cumplir el principio de recuperación de costes.

   Finalmente, Ecologistas en Acción considera que aplicando estas medidas se podrá garantizar la sostenibilidad ambiental y social de los ríos y acuíferos y, por ello, va a hacer llegar estas propuestas a todas las formaciones políticas.

Cinco activistas murcianos son detenidos en Cannes durante las protestas de la contra cumbre del G20

MURCIA.- Cinco activistas murcianos han sido detenidos en Cannes (Francia) en el transcurso de las protestas contra cumbre del G20 aunque, posteriormente, todos han sido puestos en libertad sin cargo alguno, según informaron fuentes de la formación electoral Asamblea para el Senado en un comunicado.

   Las mismas fuentes consideran "bochornoso" que puedan ser detenidas personas cuyo único móvil es protestar contra el injusto sistema que los liberal-conservadores imponen a toda la ciudadanía".

   Además, estima que esta actuación "demuestra la limitación de la democracia en Europa". Todo ello, mientras que "ni un sólo banquero, excepto en Islandia, ha sido siquiera cuestionado por haber provocado la crisis".

El desempleo vuelve a aumentar en la Región de Murcia

MURCIA.- El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) en la Región de Murcia al término del mes de octubre ascendió a 138.865 personas, lo que supone un incremento de 2.571 personas respecto a septiembre, según han informado fuentes del Ministerio de Trabajo e Inmigración.

   En términos relativos, la subida del paro en el mes de octubre fue del 1,89 por ciento respecto al mes de septiembre. En relación al mismo mes de 2010, el paro ha aumentado en 10.122 personas (7,86 por ciento).

   En lo que respecta al paro masculino se ha situado en 70.032 personas, y el femenino ha alcanzado las 68.833 personas.

   Por sectores, el paro ha subido en  casi todos los sectores, a excepción de Construcción, que ha descendido en 78 personas. En concreto, el sector Servicios es en el que más ha aumentado, concretamente en 1.469 personas, seguido de Industria (502), el colectivo Sin Empleo Anterior (368) y Agricultura (310 personas).

   En cuanto al paro registrado en los extranjeros en la Región de Murcia durante octubre se situó en 22.115, lo que supone un aumento de 241 personas con respecto al mes de septiembre (1,10 por ciento). Del total de desempleados, 3.963 fueron comunitarios y 18.152 extracomunitarios.

   El sector con más extranjeros en paro en la Región de Murcia es Servicios (10.325 personas), seguido de Construcción (4.320 personas) y Agricultura (3.801 personas).

La afiliación media a la Seguridad Social en Murcia gana 287 trabajadores en octubre

MURCIA.- La afiliación media a la Seguridad Social en la Región de Murcia se situó en octubre en 507.906 personas, que supone en términos absolutos un aumento de 287 personas con respecto al mes anterior (0,06 por ciento), según datos del Ministerio de Trabajo. 

   En términos medios, la afiliación se redujo en 13.362 personas en los últimos 12 meses (-2,56 por ciento).

   De las 507.906 personas afiliadas a la Seguridad Social en la Región, 344.037 pertenecen al Régimen General, 90.596 al Régimen de Autónomos, 63.393 al Agrario, 8.876 a empleados del Hogar, 1.004 a Trabajadores del Mar y ninguno a Minería y Carbón.

   En el conjunto del país, la Seguridad Social perdió una media de 75.249 afiliados en octubre (-0,4%), con lo que el total de ocupados se situó al finalizar el mes en 17.360.313 cotizantes.

   Con este descenso, que supera en más de 10.000 afiliados el registrado en septiembre (-64.956 ocupados), la Seguridad Social acumula tres meses de pérdida de afiliación.

   La caída de octubre contrasta además con la experimentada en el mismo mes de 2010, cuando la afiliación sólo se redujo en 5.331 personas, catorce veces menos de lo que lo ha hecho en el mismo mes de este año.

   En los últimos doce meses, el sistema ha perdido 305.837 afiliados, el 1,73%, correspondiendo la mayor parte de este retroceso al Régimen General.

   En octubre, el Régimen General perdió 74.813 ocupados (-0,57%), hasta un total de 13.088.041, siendo el régimen que más cotizantes perdió en el décimo mes del año.

COEC pide una plataforma de actividad logística en el entorno del Puerto de Cartagena para fomentar actividad portuaria

CARTAGENA.- El presidente de Confederación Organizaciones Empresariales Cartagena (COEC), Pedro Hernández, acompañado por los miembros de su junta directiva, ha pedido al presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, la puesta en marcha de una plataforma de actividades logística en el entorno del Puerto de Cartagena.

   Y es que ha indicado, "no podemos perder tiempo, esperar a la resolución de los trámites tan amplios que tiene que vivir el proceso de inversión en El Gorguel", a falta del estudio de impacto medioambiental.

   Los plazos que está viviendo la dársena están siendo demasiado lentos, de ahí, indicó en rueda de prensa, "la necesidad de que el Puerto de Cartagena no espere a esa infraestructura".

   Según el presidente de la Confederación, "tenemos que ponernos en marcha para que el Puerto de Cartagena siga siendo un motor económico importante, independientemente de que la dársena de El Gorguel pueda ser una realidad más adelante".

   Esta plataforma, señaló, "permitiría fomentar la actividad portuaria, oportunidades de negocio en cuanto a la logística, una mayor internacionalización de las empresas y reducir los costes de transporte".

   Hernández ha mostrado, asimismo, al presidente Valcárcel, con quien se ha reunido en el Palacio de San Esteban, el apoyo y la colaboración de COEC en cuanto al Corredor Mediterráneo, El Gorguel, el AVE y Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, pues, señaló, "todos ellos son temas de futuro, que pasan por vertebrar la Región".

   Aunque, indicó, "también nos surgen algunas dudas sobre los tiempos en las que se puedan producir". Así en referencia al Corredor Mediterráneo, añadió, "hay que pelear por lo trazados, tiempos e inversiones".

   En cuanto al AVE, indicó, la línea Madrid-Cartagena "es fundamental para el desarrollo del mundo de la empresa en general y del turismo en particular de la Región". Tras lo que aseguró que estarán "muy atentos" a que se vayan cumpliendo los compromisos y plazos pactados.

   COEC ha manifestado al presidente murciano la necesidad de llevar a cabo un plan estratégico "que ordene los atractivos turísticos de la Región y los priorice".

   De tal manera, explicó, "que podamos tener claro desde el empresariado cual es la expectativa de crecimiento y prioridad en este sector para la Comunidad y nos permita afinar en la mayor promoción turística que necesita la Región".  

   Hernández ha destacado, al hilo, la "difícil" situación que están viviendo las empresas actualmente debido a "los problemas de liquidez, la dificultad de acceso a la financiación y las inquietudes por la subida de impuestos".

   A su juicio, "hay que fomentar que el consumo se active"; criterio éste que ha compartido el presidente murciano, según Hernández. Así como agilizar los trámites burocráticos.

   En materia hídrica, los empresarios de Cartagena esperan que el agua "no sea moneda política, sino una realidad en la Región porque el sector agrícola es muy importante en Murcia", recalcó su presidente en la sede del Gobierno regional.

   A partir de la próxima semana, anunció Hernández, la Confederación cartagenera iniciará una serie de reuniones con los distintos consejeros del Gobierno autonómico "para ir profundizando en todos estos temas de colaboración y reivindicación por parte del empresariado".

Siete de cada diez españoles quieren que el Estado recupere las competencias en Sanidad

MADRID.- Una encuesta promovida por el Consejo General de Enfermería revela que hasta siete de cada diez españoles (69,8%) piensa que el Estado debería recuperar las competencias en materia de Sanidad, que ahora dependen de las comunidades, a fin de resolver los problemas con que actualmente se encuentra el Sistema Nacional de Salud (SNS).

   El trabajo, que se ha basado en 1.200 encuestas telefónicas, pretende "dar voz al ciudadano" y mostrar a los partidos políticos su valoración sobre el presente y futuro de la sanidad pública, a fin de que lo tengan en cuenta de cara a las próximas Elecciones Generales.

   "Mucha gente no se va a quedar contenta con estos resultados", ha reconocido Máximo González Jurado, presidente del Consejo General de Enfermería, ya que evidencian que "los ciudadanos están dispuestos a asumir cambios".

   Uno de los más apoyados por los encuestados es la recuperación de competencias por parte del Estado en materia de Sanidad, una medida que es considerada más adecuada por los mayores de 35 años y las clases sociales baja y media.

   Esta recuperación de competencias está justificada en la "garantía y seguridad" que aporta el Estado, así como "por los problemas de gestión que en algunos casos se pueden atribuir a algunas comunidades", explica José María San Segundo, director del estudio.

   "La gente cuando va a otra comunidad está viendo lo que pasa cuando quiere recibir atención médica, ya que actualmente hay verdaderas fronteras sanitarias entre comunidades", añade González Jurado.

   Por otro lado, en el estudio también se preguntó a los ciudadanos por algunas medidas concretas que han sido sugeridas por diversos expertos para garantizar la sostenibilidad del SNS. Entre las propuestas, la más respaldadas ha sido la creación de un copago creciente en función de la renta de los ciudadanos, aceptada por el 63,5 por ciento de los encuestados.

   En concreto, el 50,8 por ciento entiende que va a ser necesario en los próximos años y el 48,6 por ciento lo ve justo, aunque hasta un 73 por ciento entiende que es una medida que "no está todavía socialmente aceptada".

   Menos apoyo ha recibido la posibilidad de establecer un 'ticket' disuasorio, es decir, un pequeño pago por los servicios, ya que sólo el 54,8 por ciento de la población lo vería adecuado o muy adecuado. Esto se debe a que sólo un 51 por ciento considera que sería muy eficaz, mientras que el 77,2 por ciento cree no que no sería socialmente aceptada.

   "Cuando a los encuestados se les preguntó por copago o 'ticket' moderador, se hacía como medidas para salvar al sistema, de ahí la aceptación obtenida. Entienden que el sistema hay que mantenerlo como sea", puntualiza San Segundo.

   Además, el 66,2 por ciento de la población rechaza la posibilidad de que los jubilados pagasen parte de sus medicinas, y hasta un 68,3 por ciento ve adecuado o muy adecuado que se reduzca algunas prestaciones o medicamentos de menos necesidad o importancia, algo que en cambio un 31,2 por ciento lo rechaza de forma taxativa.

   Con el estudio también se ha querido conocer la valoración de los españoles sobre las prestaciones que actualmente ofrece la sanidad pública en España, en comparación con la privada, que utilizan cerca del 30 por ciento de los encuestados (en solitario o en combinación con la pública).

   En las consultas médicas es cuando "más se aproximan" la sanidad pública y privada, ya que un 59 por ciento de los encuestados se decantaría por la primera y un 39,3 por ciento exclusivamente por la sanidad privada.

   Sin embargo, a la hora de ir a Urgencias, un 72,7 por ciento elige la sanidad pública y un 25,7 por ciento la sanidad privada, datos que "sorprendentemente se alejan más" en el caso de aquellos que sólo tienen la privada, ya que hasta un 79 por ciento de estos prefiere la pública.

   Lo mismo sucede para operaciones, intervenciones y enfermedades graves, ya que el 75,8 por ciento elige la sanidad pública y el 22,1 por ciento la sanidad privada.

   "Quien sale realmente reforzado de este es la sanidad pública y nuestro actual sistema", asegura González Jurado que anima a los dos principales partidos políticos a "sentarse con los profesionales, gobierno quien gobierne, para llegar a un acuerdo y tomar medidas".

González Pons: "Hay que empezar a recortar el gasto público innecesario"

MADRID.- El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha señalado que si su formación gana las elecciones generales del próximo 20 de noviembre el Gobierno tendrá que "recortar, recortar y recortar el gasto público innecesario".

   "Sobre todo hay que empezar a recortar, recortar y recortar el gasto público innecesario. Hay que operar de vegetaciones a la administración española y permitir que vuelva a haber iniciativa privada", ha señalado en una entrevista a la Cadena Cope.

   Pons ha asegurado que su formación si llega al poder "va a tomar las medidas que se tienen que tomar" y ha negado la existencia "programa oculto".

"No se va a tomar ninguna medida que no esté en el programa", ha añadido

   "Ahora lo que está en el programa si se va a hacer, hablaremos con los sindicatos pero si ellos no están de acuerdo en todo caso haremos la reforma que tenemos que hacer, porque la reforma de la negociación colectiva es inevitable", ha asegurado.

   En este sentido, ha criticado que la sociedad asiste a un "debate sobre el recorte del gasto público conformista y pesimista" ya que "todo el mundo da por hecho que la economía no puede crecer".

"Nosotros apostamos por un crecimiento de la economía y con ese crecimiento de la economía, incrementándose la contratación de trabajadores desempleados, reducir el pago por prestación por desempleo total", ha destacado.

  "Hay que adaptar la administración al tiempo que vivimos sin tocar los gastos sociales pues ir quitando cosas superfluas que hace la administración pero pueden hacerla perfectamente la iniciativa privada", ha apostillado.

   Al ser preguntado por los posibles candidatos a ser ministro de Economía, el dirigente popular ha asegurado que "nadie tiene duda de que la política económica del PP la va a dirigir Mariano Rajoy".

"Rajoy no es un presidente, como los hemos tenido, que delegaran completamente las grandes decisiones de política económica en unos superministros del área económica", ha recalcado.

   "No se que perfil elegirá como ministro de Economía, pero tengo la absoluta seguridad de que sea cual sea la política económica del próximo Gobierno no la va a hacer el ministro de economía. La va a hacer el presidente del Gobierno", ha reiterado.

El sector de la dependencia puede cerrar "en días" por la deuda de las autonomías

VALENCIA.- El presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), José Alberto Echevarría, ha advertido que si no cobran los 1.268 millones que les deben las Administraciones "serán días lo que tarden los centros en cerrar por quiebra" y, en ese caso, se ha preguntado quién se hará cargo de los usuarios que atienden, que en muchos casos son personas con un alto nivel de dependencia. 

   Echeverría ha leído este jueves un manifiesto al término de una concentración realizada frente al centro de Velluters de Valencia para denunciar la "insostenible" situación por la que atraviesan los 5.000 empresarios de las 17 patronales autonómicas, que generan 200.000 empleos directos y 100.000 puestos de trabajo indirectos, y que representan 150.0000 plazas residenciales, 28.000 plazas de centro de día, 230.000 beneficiarios de ayudas a domicilio y 315.000 usuarios de teleasistencia. Como ejemplo, ha citado los 900 millones de euros que les deben los ayuntamientos por servicio de ayuda a domicilio.

   Echeverría ha evidenciado que estos impagos "ponen en peligro la viabilidad" de las empresas y puestos de trabajo, así como la "calidad de vida de un millón de personas a los que hay que asistir cada día". De este modo, ha anunciado que los paros, a los que se han sumado empresarios, trabajadores y usuarios persistirán todas las semanas para reivindicar el pago de los servicios prestados.

   Al respecto, ha  explicado que desde la FED se mantienen reuniones continuas con todas las administraciones y que "todas" les trasladan lo mismo: "que no tienen liquidez". Como ejemplo, ha señalado que desde Castilla La Mancha les han dicho que hasta disponer del presupuesto del año que viene no les podrán pagar. "Pero esto se tiene que resolver en días, no podemos seguir más tiempo así", ha exigido.

   En ese sentido, ha subrayado que los propietarios de las residencias se han endeudado, incluso personalmente, para tratar de aguantar, pero "se ha tocado su límite" y al final se ven "obligados" a dejar de pagar a sus proveedores y éstos dejan de servirles. "Es la pescadilla que se muerde la cola", ha indicado.

   De hecho, si la situación persiste tendrán que hacer "partícipes" a los propios familiares de los dependientes en el pago de los servicios o para que se lleven a sus familiares a casa. Al respecto, ha advertido que en estos momentos están todas las empresas del sector "al borde de la viabilidad". "Una farmacia puede cerrar si hay otra de guardia, pero nosotros no", ha constatado.

   Ante esta situación, FED exige a las administraciones de forma "unida y conjunta" que paguen la deuda, reduzcan los gastos en otros sectores que "no son necesarios y básicos", de forma que puedan atenderse a todos los dependientes, y modifiquen los baremos del Cuidador Informal, pues esto supondría 800 millones de ahorro de forma inmediata, lo cual permitiría aumentar las PEVS en 80.000 usuarios más y crear 40.000 puestos de trabajo de atención de directa.

   Del mismo modo, exigen un control exhaustivo de las Prestaciones del Cuidador Informal, al objeto de que no se otorguen prestaciones que no garanticen la calidad del servicio, no otorgar ninguna prestación al grado I en tanto no estén atendidos todos los grados ya reconocidos, la apertura de líneas de financiación  que se pueda compensar la deuda de la administración con las empresas con cargo a impuestos y cotizaciones.

La falta de ahorro de las CC.AA. impedirá lograr la cifra de déficit

MADRID.- La escasez de ahorro de las comunidades autónomas impedirá al Estado alcanzar el objetivo de reducir el déficit público al 6% este año, según ha explicado el director de coyuntura y estadística de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), Ángel Laborda.

   Durante la presentación de una nueva edición de los 'Cuadernos de Información Económica' que edita la fundación, Laborda ha explicado que para que España pudiese lograr esa cifra de déficit, el ahorro de las administraciones públicas debería haber registrado un aumento del 2,3% durante este año, "y, sin embargo, se quedará en torno al 1%, por lo que la cifra pasará ampliamente el 6%".

   Para el economista, el ahorro de las administraciones públicas está siendo insuficiente porque las autonomías "no están cumpliendo los objetivos impuestos derivados del ajuste fiscal de mayo de 2010 debido a la falta de ingresos". Además, ha resaltado que esas medidas de austeridad se produjeron un año antes de las elecciones autonómicas, "y nadie quiere realizar recortes en época preelectoral".

   El ahorro nacional se quedó en el 18,8% del PIB en 2010, "lo que supone una bajada bastante importante desde 2003, cuando se alcanzó el máximo histórico del 23,4%", ha señalado el director general de Funcas, Carlos Ocaña, quien ha estimado que, para 2011, el ahorro caerá al 18,2% del PIB.

   Según la fundación, la economía española no genera el ahorro "suficiente" porque destina muchos recursos a financiar la inversión, aunque ha resaltado que los niveles de ahorro actuales se encuentran en la media de la zona euro.

    El ahorro de las familias españolas, a pesar de la recuperación que se produjo en 2008 y 2009, cayó en 2010 un 25% y la previsión se mantiene para este año, cuando descenderá un 11,6%, según los datos de la fundación.

   Laborda ha detallado que el motivo de que el Estado haya aumentado su nivel de ahorro y el de las familias haya bajado es que, desde los ajustes fiscales de mayo del pasado año, los ciudadanos han tenido que pagar más impuestos y han perdido prestaciones que ha ido ganando la Administración Pública. Además, el economista cree que el ahorro de las familias continuará bajando porque la renta disponible "apenas va a crecer en los próximos años".

   "La crisis económica ha servido para reforzar a las empresas españolas financieramente y éstas han adquirido una robustez que ha hecho que sus niveles de autofinaciación sean iguales a los de las empresas alemanas", ha destacado Laborda.

   Según Funcas, en la época previa a la crisis, las compañías españolas no se preocuparon por ahorrar porque había una "abundante" financiación exterior. "Sin embargo, al llegar la recesión vieron cómo se les cortaba el grifo de la financiación y comenzaron a ahorrar, aunque bien es verdad que bajaron sus niveles de inversión", ha indicado Laborda. No obstante, el economista de Funcas ha matizado que la mayoría de las empresas que no han sucumbido a la crisis han salido reforzadas de ella "porque han aprendido a no depender de la financiación de un tercero".

   Por otra parte, Funcas ha presentado los datos de ahorro por comunidades autónomas y provincias, según los cuales Baleares es la autonomía más ahorradora, con una tasa de ahorro del 28,23%, seguida de Navarra (25,37%) y la Comunidad Valenciana (25,11%).

   Por contra, Extremadura es la comunidad que menos guarda sus recursos y se queda con una tasa del 9,51%, por delante de Asturias (11,53%) y Castilla y León (12,13%).

   El director general de Funcas ha subrayado que el endeudamiento de la economía española es uno de los mayores del mundo "y el principal obstáculo para salir de la crisis", por lo que ha abogado por una política de ahorro mayor, pues, en su opinión, "de esta crisis se sale ahorrando, aunque eso implique que se consuma menos".

El Banco de España obliga a la banca a remitir más información sobre su exposición al ladrillo

MADRID.- El Banco de España ha puesto a consulta una circular en la que obliga a la banca a remitirle más información sobre su exposición al ladrillo, tanto acerca de la financiación a la construcción y promoción inmobiliaria y adquisición de viviendas, como de los activos recibidos en pago de deudas en España.

   El organismo que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez eleva así a rango de circular el requerimiento de mayor transparencia que hizo por carta a las entidades financieras a finales del pasado año, y que ha hecho llegar a las patronales del sector para que realicen las alegaciones que crean pertinentes hasta el próximo día 14.

   La banca deberá enviar dicha información al instituto emisor en sus estados financieros reservados y al mercado a través de sus informes semestrales y memorias anuales. Concretamente, habrá de incluir sus políticas y estrategias para hacer frente a las financiaciones inmobiliarias de recuperación problemática.

   La situación y perspectivas de recuperación de la liquidez de dichos activos financieros deberá figurar en la información con el fin de facilitar la mejor comprensión de los riesgos e incertidumbres a que se enfrentan las entidades.

   Como mínimo, la información detallará las correcciones de valor por deterioro de activos en forma de préstamos a la construcción y promoción inmobiliaria, con un desglose adicional de los calificados como subestándar y dudosos. Se indicará tanto el importe bruto de las financiaciones calificadas como activos fallidos como el importe de las provisiones genéricas.

   Asimismo, se especificará si los préstamos a la construcción y promoción inmobiliaria tienen o no garantía hipotecaria, y en su caso, la naturaleza del activo, ya sean edificios terminados (vivienda y resto), en construcción o suelo.

   Las entidades financieras deben desglosar también el importe de dudosos en los créditos a los hogares para la compra de vivienda en diferentes tramos en función del porcentaje de riesgo asociado.

   El Banco de España exige también que se incluya la manifestación expresa del consejo de administración de la entidad sobre la política y procedimientos de actividades en el mercado hipotecario aprobados, lo que le convierte en responsable del cumplimiento de la normativa hipotecaria.

   Ese órgano de gobierno debe indicar si dichas políticas y procedimientos incluyen criterios sobre la concentración de riesgos y activos no corrientes en venta.

   Por otro lado, la circular incluye requerimientos de información respecto a las tasaciones, como qué servicio se ha utilizado, si son conformes a la ley del mercado hipotecario o la fecha en que se ha realizado la última sobre determinado activo.

   El objetivo de este proyecto de norma es generalizar determinada información a incluir en las cuentas anuales de las entidades de crédito cuya publicación se demandaba hasta ahora mediante escritos del Banco de España a la gran mayoría de entidades.

   Asimismo, establece la incorporación de dicha información al conjunto de la que periódicamente y con carácter reservado deben rendir las entidades al Banco de España.

   La exposición problemática de la banca vinculada a la actividad de promoción inmobiliaria asciende a 176.000 millones de euros, según figura en el último Informe de Estabilidad Financiera del Banco de España.

   Dicha exposición problemática, que engloba créditos dudosos, activos adjudicados y activos normales bajo vigilancia, representa un 11,4% de la cartera crediticia de las entidades y un 5,2% del activo consolidado.

Programa electoral de 'Asamblea para el Senado'

"La Asamblea para el Senado de la Región de Murcia ha sido constituida por un conjunto de ciudadanas y ciudadanos conscientes y responsables que pretenden defender en el Senado los intereses de la mayoría de las personas de la Región. La A.S exige la reforma del Senado para que pueda cumplir de manera efectiva la función de verdadera cámara de representación territorial.

La Asamblea para el Senado exige que los derechos sociales sean considerados derechos humanos básicos, inalienables e irrenunciables, que tengan la condición de derechos fundamentales y que gocen de la misma protección jurídica que los derechos y libertades contenidos en la Sección 1ª del Capítulo Segundo del Título I de la Constitución española (artc.14-30). La Asamblea para el Senado quiere modificar el proceso de reforma constitucional actual para impedir que la garantía y protección de los derechos sociales se someta a los intereses económicos.

    Somos conscientes de que el sistema económico-financiero liberal-conservador que ha elaborado las reformas políticas y jurídicas en su propio interés no va a ceder sus privilegios ni a compartir su riqueza de manera voluntaria. El éxito de nuestro programa pretendemos basarlo en nuevas estructuras políticas, jurídicas y sociales.

Nuestro Programa Electoral se basa en los siguientes puntos:

1. Prioridad del gasto social derivado de  los derechos sociales garantizados por la Constitución. Para ello, obtendremos recursos de:

• a) La reducción de los gastos militares comenzando por  repatriar toda la presencia militar en el extranjero, excepto la que realmente tiene que ver con Ayuda Humanitaria. También defenderemos la salida de España de la OTAN.
• b) La persecución del fraude fiscal en general y en especial de las grandes fortunas, de las grandes corporaciones, de profesionales, y de la economía sumergida.
• c) Reforma fiscal progresiva que grave más a quienes más tienen, en especial a la Banca. Exigimos responsabilidades civiles y penales a quienes son los causantes de la crisis económica, social y ecológica que padecemos y siguen ocupando puestos claves de responsabilidad en el sistema.
• d) Derogación del Concordato vigente con el Estado Vaticano y de todos sus privilegios económicos.

2. Garantizar los derechos sociales reconocidos en el capítulo 3º del Titulo I de la Constitución: derecho a la vivienda,  a la educación, a la salud, al medio ambiente adecuado,  integración de los discapacitados…etc.

3. Pobreza. Tender a erradicar la pobreza en la Región de Murcia, cifrada en un 25%.

4. Inmigración. Desarrollo de políticas de acogida a la inmigración y exigencia de derogación de la ley de extranjería. Clausura  de los CIES.

5. Medio ambiente. Revisar la actual ley de economía sostenible incluyendo en ella nuevos modelos de producción y de consumo. Defender el derecho humano al agua, a la tierra y a los recursos propios. Primar los criterios medioambientales a los empresariales. No a los proyectos de Marina de Cope, Gorguel, Costa Azul de Portman, Aeropuerto de Corvera… degradación del Mar Menor, etc. Cierre de las nucleares, y desarrollo de las energías renovables, ecoempleo, comercio local, potenciación de la agricultura regional, soberanía alimentaria y desarrollo de políticas de movilidad sostenible.

6. Derecho a la vivienda. Reforma de la ley  hipotecaria que incluya la dación en pago con efecto retroactivo. Nacionalización del parque de viviendas sin vender que engrosa la propiedad de los bancos, y su conversión en un parque de vivienda pública para alquiler social con opción a compra.  Esta nacionalización se llevaría a cabo con las cantidades asignadas por el Estado a los bancos para su rescate.

7. Derecho al Trabajo. Evitar la precariedad laboral. Derogación de las últimas reformas laborales referentes al abaratamiento de despidos, al encadenamiento de contratos temporales de forma indefinida, etc. Incremento de la prestación por desempleo y establecimiento de una renta básica equivalente al salario mínimo interprofesional.

8. Derecho a la Educación gratuita, pública, laica y de calidad, desde educación infantil y primaria a universitaria. Optimización de los recursos en todos los subsistemas  de formación profesional – reglada y en la formación profesional para el trabajo-.Aumentar los servicios en los centros educativos, y mantener las plantillas laborales hasta cubrir las vacantes. 

9. Derecho universal a una sanidad pública de calidad. Oposición a cualquier ley que implique la privatización de los servicios públicos. Recuperación de servicios privatizados que deben reducirse al mínimo. Acotación y control exhaustivo de las competencias de las mutuas por parte de los servicios de inspección de la sanidad pública.

10. Servicios Públicos. Defensa y extensión de los servicios públicos. Recuperación para la gestión pública de los servicios privatizados rentables. Freno a la privatización prevista de Aena. Nacionalización de antiguas empresas públicas privatizadas.

 11. Justicia.  Defensa de la Independencia Judicial. Separación efectiva de los demás poderes del Estado. Democratización del acceso y del funcionamiento judicial. Valoración objetiva del mérito y la capacidad para los cargos judiciales. Incremento de la inversión en justicia, hasta llegar a la media europea.

                                       

12. Economía social y alternativa .Reforma fiscal. Implantación de impuesto a las transacciones financieras (Tasa Tobin). Pasos para eliminar los paraísos fiscales. Reforma fiscal progresiva. Persecución de la economía sumergida. Elevación considerable de impuestos a las SICAV.

13. Banca. Creación de una Banca Pública no especulativa,  que pueda implementar directamente las medidas de apoyo para financiar  la inversión en administraciones públicas, familias y PYMES. A este modelo de banca pública podrían incorporarse algunas entidades privadas mediante el proceso de nacionalización.

14. Regeneración democrática basada en la democracia participativa. Supresión de privilegios a la clase política. Reforma de la Ley electoral para facilitar el acceso de la ciudadanía a los órganos de representación democráticos. Efectividad de las Iniciativas Legislativas Populares (ILP). Convocatoria de referéndums sin las limitaciones que establece el punto 3 del artc. 167  de la CE .  Abrir la vida pública a la participación real de la hoy excluida ciudadanía. Establecer el sistema de listas abiertas para el Congreso y en las asambleas regionales y municipios. Regular la limitación de mandatos de los cargos electos; asegurar la equidad en el desarrollo de las campañas electorales, así como la neutralidad y profesionalidad de los medios de comunicación públicos y la imposibilidad de la concentración de los privados. Garantizar la plena transparencia en el acceso a la información en poder de las instituciones, regular la rendición de cuentas. Excluir a los corruptos de la vida pública. Democratizar por ley la vida de los partidos y la transparencia completa de su financiación. Garantizar el control de los fondos públicos entregados a cualquier tipo de entidades. Y establecer un riguroso sistema de incompatibilidades que evite la connivencia de los representantes públicos con intereses particulares.

15. Exigencia de que todas las leyes que se elaboren en ambas cámaras contemplen las diferencias sociales, económicas y culturales de género y desarrollen políticas anti-discriminatorias en todos los ámbitos mencionados".