MADRID.- La ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e
Igualdad, Ana Mato, ha anunciado en la rueda de prensa posterior al
Consejo de Ministros, que el Gobierno español va a abordar un cambio en la Ley
de Extranjería evitar que familiares de residentes extranjeros legales
vengan a España "exclusivamente" a recibir atención sanitaria.
En este sentido, ha explicado que se clarificarán trámites para que el
empadronamiento no sea el único "requisito" para recibir asistencia
sanitaria. Así, se van a establecer unos requerimientos de modo que, se
va a tener en cuenta, "las personas que de verdad viven en España".
Mato ha justificado esta medida señalando "había personas de otros
países que residen en España que incorporan en su tarjeta sanitaria a
todas las personas de su familia que no viven en nuestro país, que
venían a España exclusivamente a recibir atención sanitaria".
"Es un despropósito absoluto y queremos poner coto a esta utilización
ilegal de nuestros servicios sanitarios y a los abusos que se asumen en
este campo", por ello la titular de Sanidad ha explicado que el
Gobierno, además de modificar la Ley, va a revisar también los convenios
con algunos países, ya que "mucho no reintegran el dinero que deben por
la asistencia sanitaria".
Teniendo en cuenta el informe del
Tribunal de Cuentas, con los datos corresponde a datos del 2009, cifra
en más de 700.000 personas las que están utilizando los servicios
sanitarios de manera indebida, lo que supuso ese año un gasto de 917
millones de euros.
Pero, ha recordado Mato que este dato no
esta completo si se tiene en cuenta que "hay muchos extranjeros que nos
son comunitarios, que no están recogidos en el informe del Tribunal de
Cuentas, porque tampoco están sujetos a convenios internacionales entre
países, que también están utilizando inadecuadamente o sin derechos
nuestros servicios sanitarios".
Así, a partir de ahora, a la
hora de empadronarse se pedirán una serie de requisitos, "los mismo que
tienen los españoles a la hora de acudir a la asistencia sanitaria", ha
explicado; es decir, se tendrá en cuenta las personas que "de verdad",
ha recalcado, viven en España; y los que tienen residencia fiscal en
España, "trabajan como nosotros y pagan sus impuestos".
Además
se incluirá el Artículo 7 de la directiva relativa al derecho de los
ciudadanos de la unión y de los miembros de su familia a circular y
residir libremente en el territorio de los estados miembros.
La
directiva ya está incorporada al derecho español, "lo sorprendente es
que se incorporo completa salvo este articulo que es el que prohíbe
expresamente desplazarse a otro país con el objetivo de recibir atención
sanitaria. "Por ese motivo muchas personas se han desplazado a nuestro
país ha hacer lo que todo el mundo conoce comúnmente como turismo
sanitario", ha añadido.
El ahorro que el Gobierno espera
conseguir son unos 1.500 millones de euros, que se conseguirían de los
casi 1.000 millones de euros que cuesta la asistencia sanitaria a los
europeos y, aproximadamente, otros 500 millones de euros que es el gasto
que supone la asistencia sanitaria a los a inmigrantes que traen a
familiares sin derecho a prestación.
A su juicio, "se ha
utilizado mal la asistencia sanitaria en la sanidad por parte de los
extranjeros, tanto europeos como de otros países". Y, precisamente, este
es el motivo que hace que esta media sea "imprescindible".
Toda personas que no cumpla estos requisitos, "tendrá derecho
exactamente en las mismas condiciones que nosotros tenemos en sus
países", aunque, ha querido dejar claro que no se le negará la
asistencia sanitaria básica, porque "todas las personas tienen derecho a
la asistencia sanitaria básica en España".
El artículo 12 de la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los
Extranjeros en España, modificada en el año 2009, reconoce que "los
extranjeros empadronados en el municipio en el que tengan su domicilio
habitual" tienen derecho a la asistencia sanitaria "en las mismas
condiciones que los españoles".
Con todo, sin necesidad de
estar empadronados, tienen derecho a la "asistencia sanitaria pública de
urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su causa,
y a la continuidad de dicha atención hasta la situación de alta
médica". Asimismo, se reconoce el derecho de las embarazadas extranjeras
a recibir asistencia durante la gestación, el parto y el posparto.
El mismo artículo recoge el derecho de los extranjeros menores de
dieciocho años que se encuentren en España a la asistencia sanitaria "en
las mismas condiciones que los españoles".
De este modo, con
la reforma se pretende garantizar la universalidad de la sanidad y, al
mismo tiempo, pone fin a los abusos en las prestaciones sanitarias y el
uso fraudulento por parte de ciudadanos extranjeros de los servicios de
salud". Para ello, se adapta de forma correcta la normativa europea, que
permite la libre circulación, pero prohíbe explícitamente desplazarse a
otro estado miembro con el único objetivo de recibir asistencia
sanitaria.
