ANSE ya advirtió en sus
alegaciones de septiembre sobre la ilegalidad de la aprobación, y
denunció la irresponsabilidad de los grupos políticos que lo apoyaron.
La
Asociación presentó alegaciones al documento de Aprobación Provisional
de la Revisión del Plan General Municipal de Ordenación de Cartagena,
pidiendo la anulación de dicho documento por no cumplir la sentencia
dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Murcia que declaraba la nulidad de la Orden de
la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de 29 de diciembre de 2011.
ANSE
advirtió que el Gobierno Municipal había incumplido dicha sentencia,
así como la Resolución de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de fecha 26 de junio de 2015,
en respuesta a una consulta realizada por el letrado de la Comunidad
Autónoma que solicitó aclaración, rectificación o subsanación de la
sentencia.
Precisamente, el TSJ alude en su resolución de ayer al
mismo documento citado por ANSE en sus alegaciones, indicando que «el
acuerdo plenario no solo tiene por finalidad eludir el cumplimiento de
la sentencia, sino que la contraviene al someter a información pública
un instrumento de planeamiento cuya nulidad ha sido declarada por
sentencia firme. Ya en el auto de 26 de junio de 2015 se razonó que lo
que es nulo no produce ni puede producir efecto alguno, y es nulo desde
su inicio hasta su fin. Por tanto, el Ayuntamiento de Cartagena puede
acordar lo que proceda para dotar al municipio de un instrumento de
planeamiento general, pero no partiendo de una disposición declarada
nula».
Para ANSE, los “aspectos ambientales del PGMO de Cartagena
susceptibles de ser subsanados” señalados en el documento de la
Dirección General de Medio Ambiente en el trámite de la anterior
Revisión del Plan General, y que constituían uno de los argumentos
principales de la sentencia anulatoria, seguían sin resolverse en su
mayor parte destacando:
– Falta de la mayoría de las bandas de amortiguación en el entorno de áreas protegidas o insuficiente protección otorgada.
–
Falta de catalogación de Suelos No Urbanizables Protegidos por el
Planeamiento en lugares como Sur del Mar Menor, entorno de los Cabezos
de San Ginés y El Carmolí, Sierra Gorda-San Julián, entorno de
Galeras-Atalaya, secanos al Oeste de Cartagena, etc.
Muchos de
estos lugares gozaban de protección en el Plan General de 1987 como
SNUPF (No Urbanizable de Protección Forestal), SNU Montañoso o SNU
Protección del Mar Menor.
Por tanto, la Aprobación Provisional del PGMO
suponía un levantamiento de la protección en estos espacios e
incrementaba el riesgo de impacto de difusión sobre la Red Natura 2000, y
continuaba prácticamente sin incluir “ningún suelo protegido por el
planeamiento por sus valores naturales (...)”.
Además, y entre
otros aspectos de interés, seguían sin desarrollarse en la norma
urbanística unas limitaciones más garantistas de la conservación que las
del Suelo No Urbanizable Inadecuado tal y como pedía la DGMA, se
mantenía íntegramente el desarrollo urbanístico de Novo Carthago, al sur
del Mar Menor, recalificaba como suelo urbano, residencial y/o
industrial amplias superficies de suelos agrícolas de regadío
subvencionados por la Unión Europea y primaba las roturaciones ilegales
de Trademed-Befesa en el valle de Escombreras, recalificando Suelos No
Urbanizables de Protección Forestal a suelos de Uso Industrial.
ANSE
denunció que la decisión del Ayuntamiento de Cartagena y su Equipo de
Gobierno de aprobar por la vía de urgencia de manera Provisional la
Revisión del Plan General en pleno verano, y someterlo a exposición
pública en dicho periodo vacacional, desde una fase posterior a la que
obliga la citada sentencia, sin subsanar buena parte de las deficiencias
indicadas en los mismos documentos de la Comunidad Autónoma, constituía
una burla hacia los procesos de participación pública, y un
incumplimiento de la sentencia que podría tener consecuencias penales
sobre los responsables de esta tramitación.
Para ANSE, el Gobierno
Municipal del Ayuntamiento de Cartagena y los grupos políticos que
votaron favorablemente la aprobación provisional crearon una mayor
inseguridad jurídica, retrasando indefinidamente la tramitación de la
Revisión del Plan General.
ANSE se pregunta si alguien asumirá
responsabilidades por lo que ha ocurrido, y si el Gobierno Municipal
trabajará en serio, a partir de ahora, por una normativa de ordenación
territorial municipal basada en criterios de sostenibilidad ambiental y
social, y con procesos de participación pública reales.
