El Tribunal Supremo avala la labor de la CHS en relación a los PGRI de la cuenca del Segura

MADRID.- El Tribunal Supremo (TS) ha rechazado dos recursos interpuestos por dos empresas en contra del Real Decreto26/2023, de 17 de enero, por el que se aprueba la revisión y actualización de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI).

Las mercantiles limitaron la impugnación solo contra el extremo de la revisión y actualización del PGRI de la demarcación hidrográfica del Segura (PGRIS).

En el fallo, el TS considera que el procedimiento de realización, información pública de los PGRI y de las Zonas de Flujo Preferente, así como los mapas elaborados de zonas inundables y sus sucesivas revisiones se configuran como el instrumento que define las medidas sobre la evaluación y gestión del riesgo de inundación elaboradas por los diversos entes con competencias en la materia.

De igual forma, avala el procedimiento administrativo realizado por la CHS y que cumplió todos los pasos preceptivos que requiere la elaboración del documento final.

Además, el Alto Tribunal sostiene que estos planes tienen como objetivo principal conseguir que no se incremente el riesgo de inundación existente en la actualidad, teniendo en cuenta el estado y los objetivos ambientales de las masas de agua y los principios generales de solidaridad, coordinación entre las diferentes Administraciones y con las diferentes políticas sectoriales, respeto al medio ambiente y el planeamiento estratégico con criterios de sostenibilidad a largo plazo.

Asimismo, el propio Tribunal Supremo incide que el PGRI es un instrumento fundamental y de referencia para todas las Administraciones y para la sociedad en general.

Finalmente, y por todo lo argumentado en la sentencia, el fallo desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto frente al RD 26/2023, de 17 de enero, por el que se aprueba la revisión y actualización de los planes de gestión del riesgo de inundación de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Segura, Júcar y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana, Ebro, Ceuta y Melilla (BOE n.° 15, de 18 de enero de 2023)

'Huermur' y 'Ecologistas en Acción' desmienten las afirmaciones del Ayuntamiento de Murcia sobre el sector ZM-Ch4 en Churra

 MURCIA.- Ante las recientes declaraciones del Ayuntamiento de Murcia que niegan el riesgo de inundación en el Plan Parcial ZM-Ch4, ubicado en la pedanía de Churra, las organizaciones Huermur y Ecologistas en Acción denuncian las graves inexactitudes contenidas en dicho comunicado. Las afirmaciones vertidas por el consistorio contradicen la propia documentación técnica del proyecto y la cartografía oficial, exponiendo a futuros residentes y comunidades vecinas a riesgos evitables.

1. El Ayuntamiento afirma que el Plan Parcial no está afectado por el periodo de retorno de 100 años faltando a la verdad de forma escandalosa ya que la propia Separata Hidráulica del proyecto ZM-Ch4 reconoce que la Unidad de Actuación 2 se encuentra en la cuenca de la Rambla de la Casa Blanca, clasificada como “zona inundable con un periodo de retorno de 100 años”. 

 Este dato es respaldado por el Servicio Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SCNZI). Además, la inclusión en una cuenca de rambla conlleva riesgos inherentes que no pueden ignorarse, aunque no se clasifique explícitamente como flujo preferente. 

2. El Ayuntamiento asegura que el desarrollo se realiza en un entorno de baja probabilidad de inundación, pero la realidad es que el proyecto está ubicado en una zona con probabilidades moderadas a altas de inundación. La documentación técnica y la cartografía oficial identifican riesgos que exigen un enfoque exhaustivo. Minimizar estos riesgos y calificarlos como "bajos" es una negligencia municipal que podría poner en peligro a las personas y a las infraestructuras.

3. El Ayuntamiento cita el artículo 9 del Real Decreto 849/1986 para justificar flexibilidades en áreas inundables cuando la realidad es que este artículo permite desarrollos bajo condiciones estrictas, y estas deben cumplir con requisitos técnicos rigurosos que garanticen la seguridad. 

Sin embargo, en el caso del ZM-Ch4, se ha optado por una Evaluación Ambiental Simplificada, insuficiente para abordar los riesgos inherentes a su ubicación. Una evaluación ordinaria sería esencial para garantizar la viabilidad del proyecto en términos de seguridad hídrica. 

Aunque la cuestión importante, y sobre la que el Ayuntamiento de Murcia no quiere hablar, sería cuál es el motivo para construir en zonas inundables cuando en el municipio hay otras muchas zonas fuera de la Huerta de Murcia que no son inundables y donde se puede construir sin poner en riesgo a la población.

4. El Ayuntamiento menciona que los informes de inundabilidad determinan medidas técnicas para solventar los riesgos pero resulta que en la documentación publicada sobre esta urbanización, no se contemplan soluciones específicas y adaptadas para eventos de lluvias intensas, como los que podría provocar una DANA. 

La reciente catástrofe en Valencia demuestra que la falta de infraestructuras diseñadas para gestionar fenómenos extremos podría desencadenar graves daños en viviendas, infraestructuras y vidas humanas.

5. Aseguran que este plan es de los menos afectados por inundabilidadación, subestimar la afectación actual para facilitar su aprobación es irresponsable y pone en peligro no solo a los futuros habitantes, sino también a las comunidades y núcleos históricos cercanos.

Las organizaciones Huermur y Ecologistas en Acción exigen responsabilidad e instan al Ayuntamiento de Murcia a reconocer los riesgos documentados del sector ZM-Ch4 y a tomar medidas responsables. La insistencia en negar las evidencias técnicas y minimizar los riesgos de inundación representa un acto negligente que expone tanto a futuros residentes como a poblaciones consolidadas vecinas a inundaciones que podrían evitarse.

En un contexto de cambio climático y fenómenos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes, es fundamental que los desarrollos urbanísticos se sometan a evaluaciones ambientales completas y rigurosas. La ciudadanía debe estar protegida por decisiones fundamentadas en la realidad, no en intereses cortoplacistas.

Huermur y Ecologistas en Acción reafirman su compromiso de supervisar estos desarrollos y de informar a la opinión pública sobre las irregularidades en la gestión del suelo en el municipio de Murcia.

Defendamos un urbanismo responsable y respetuoso con las personas y el medio ambiente.

Izquierda Unida-Verdes - Podemos denuncia un "tarifazo ilegal" en la subida del agua en Jumilla

 JUMILLA.- En la sede de Izquierda Unida-Verdes en Jumilla, se ha celebrado una rueda de prensa encabezada por Ana López, coordinadora de la formación local y portavoz de la coalición municipal junto a Podemos en el Ayuntamiento de Jumilla, y José Luis Álvarez Castellanos, Coordinador de IU-Verdes en la Región de Murcia. Ambos han denunciado lo que han calificado como un "tarifazo ilegal" en la subida de tarifas del agua potable aprobada recientemente por el Ayuntamiento.

La dirigente local inició la intervención señalando que la reciente subida de tarifas, que alcanza hasta un 37% en el consumo básico, representa una agresión directa a los bolsillos de las familias jumillanas, viéndose agravada en los casos de las más vulnerables.

 "Se está penalizando especialmente a quienes menos consumen, así como a las familias numerosas, con aumentos de hasta el 134% en los primeros tramos. Esto va en contra de cualquier política de ahorro de agua y de justicia social", afirmó.

López remarcó que el incremento tarifario no responde a un aumento de los costes reales del servicio, sino a una decisión política del Ayuntamiento, que ha optado por proteger los intereses de la empresa concesionaria en lugar de defender a la ciudadanía.

 "Este tarifazo no es solo injusto, sino que además carece de la justificación legal necesaria. El propio Consejo Asesor de Precios emitió un informe desfavorable a esta subida en junio, y curiosamente, en septiembre, con los mismos datos, cambió a favorable. ¿Qué ha cambiado en estos tres meses? Evidentemente, las presiones de las empresas concesionarias", sostuvo.

Por su parte, José Luis Álvarez-Castellanos proporcionó un análisis exhaustivo del contexto regional y nacional de la gestión del agua potable. Según Álvarez-Castellanos, el problema radica en la cesión del servicio a grandes empresas privadas, que controlan aproximadamente el 50% de la gestión del agua a nivel estatal, y en la Región de Murcia, son responsables del suministro en más de 40 municipios. 

"Los ayuntamientos, como el de Jumilla, han renunciado a su responsabilidad pública y han firmado contratos a largo plazo que atan de pies y manos a las administraciones locales, permitiendo a las empresas imponer subidas de tarifas o exigir compensaciones económicas cada vez que alegan un 'desequilibrio económico'", señaló.

El dirigente regional de izquierdas enfatizó que esta dinámica se ha visto reforzada por la falta de aplicación de la Ley de Desindexación de 2017, que regula precios intervenidos por el Estado, como es el caso del agua potable. 

"El agua no es un precio libre que se pueda pactar entre el Ayuntamiento y la empresa concesionaria. Es un bien esencial cuyo precio está intervenido por el Estado, ateniéndose a la ley de precios autorizados, por lo que no se le aplica la ley de contratos del sector público. El Ayuntamiento de Jumilla ha ignorado esta ley, aplicando criterios que favorecen a la empresa concesionaria en lugar de proteger a los usuarios", explicó.

En este contexto, Álvarez-Castellanos anunció que Izquierda Unida-Verdes y Podemos presentarán la próxima semana una denuncia ante la Fiscalía para investigar las irregularidades en la aprobación de esta subida tarifaria. 

Además, no descartan iniciar procedimientos contencioso-administrativos para impugnar la orden emitida el 24 de septiembre, que autorizó los nuevos precios.

 "Es evidente que ha habido un cambio de criterio sin justificación técnica ni económica, lo que apunta a presiones externas por parte de las grandes empresas del sector", denunció.

Ambos líderes concluyeron su intervención apelando a la remunicipalización del servicio de agua como solución a medio-largo plazo.

 "Si el Ayuntamiento de Jumilla, al igual que el resto de consistorios afectados de la región, hubiera optado por gestionar directamente el servicio de agua, se habría evitado este conflicto y se habrían defendido mejor los intereses de la ciudadanía", afirmó Álvarez-Castellanos.

La rueda de prensa finalizó con un claro mensaje a la población jumillana: "No vamos a permitir que las grandes empresas sigan explotando un recurso esencial como el agua a costa de la ciudadanía. Lucharemos en todas las instancias necesarias para revertir esta injusticia", concluyó la edil, Ana López.

Casi tres millones de personas trabajadoras se encuentran en situación de pobreza en España

 MADRID.- Oxfam Intermón publicó hoy nuevo informe, Pobreza Laboral: cuando trabajar no es suficiente para llegar a fin de mes, en el que analiza esta alarmante realidad que afecta a casi tres millones de personas (2.957.000) en España, pese a los avances en materia de empleo en los últimos años: subida del SMI, reforma laboral, cifras históricas de empleo y una tasa de paro que ha descendido a su nivel más bajo desde 2008.  

Hoy en día, el 13,7% de las personas empleadas vive por debajo del umbral de pobreza. Al mismo tiempo, del total de personas en situación de pobreza, tres de cada diez tienen un empleo.

“Nos encontramos ante una desconcertante paradoja: hay muchas personas que se esfuerzan cada mañana en ir a trabajar y, sin embargo, esto ya no les garantiza salir de la pobreza”, afirma Alejandro García-Gil, responsable de políticas de protección social y empleo de Oxfam Intermón.

El informe revela que los sectores más golpeados por la pobreza laboral son la agricultura y el trabajo de hogar, donde tres de cada diez personas trabajadoras viven en pobreza a pesar de tener un empleo. 

Sectores como la hostelería y la construcción también enfrentan este problema, afectando a dos de cada diez personas empleadas. Transversal a todos los sectores de actividad hay otro problema del mercado laboral: una de cada cuatro personas trabajadoras autónomas y de las empleadas a tiempo parcial también se encuentra en pobreza laboral.

Casi el 30% de las personas nacidas fuera de la Unión Europea están en situación de pobreza laboral, 20 puntos porcentuales más que aquellas nacidas en España, siendo el país de origen la característica demográfica que más peso tiene a la hora de explicar qué personas se ven más afectadas por la pobreza laboral. Por comunidades autónomas (regiones), Andalucía se sitúa a la cabeza de la pobreza laboral con una tasa del 19,4 %, completando el podio Extremadura (17,2 %) y Castilla – La Mancha (15,4 %).

A pesar de la creación de empleo, el sistema productivo y el modelo económico español siguen generando puestos de trabajo de baja calidad. La consecuencia es clara, según el informe de Oxfam Intermón: tener un empleo ya no garantiza llegar a fin de mes en condiciones dignas. Además, el encarecimiento de la vivienda y de los servicios básicos ha agravado aún más el problema. Los hogares en situación de pobreza laboral destinan entre el 67% y el 79% de sus ingresos al pago de la vivienda y los servicios básicos.

La protección a la infancia es fundamental en un país en el que cuatro de cada diez hogares con tres o más menores a cargo y tres de cada diez hogares monoparentales (de los cuales el 75 % tienen a una mujer como referente adulto) están en situación de pobreza laboral.

Por otro lado, seis de cada diez personas en pobreza laboral habrían querido continuar sus estudios, pero el 54% se vio obligado a abandonarlos por falta de recursos o por la necesidad de trabajar para subsistir. Este ciclo perpetúa la desigualdad, ya que quienes no acceden a una educación superior tienen más probabilidades de conseguir empleos precarios y mal remunerados.

La pobreza laboral tiene efectos devastadores y más profundos.

 “Además de las implicaciones económicas, la pobreza laboral también deja una importante huella emocional: estas personas se ven obligadas a vivir para trabajar y no a trabajar para vivir; tienen que dedicar íntegramente sus sueldos a gastos básicos renunciando a cualquier forma de ocio y disfrute del tiempo libre, lo que impacta fuertemente en su salud mental. Vemos el agotamiento y la desesperanza de quienes, a pesar de tener empleo, no pueden avanzar económicamente ni disfrutar de una vida digna”, afirma García-Gil.

En este sentido, más de la mitad de los hogares en pobreza laboral (55,3%) ha tenido que renunciar en el último año a servicios de salud esenciales como tratamientos dentales, gafas o seguimiento psicológico, debido a la falta de recursos.

Oxfam Intermón propone medidas urgentes para enfrentar esta realidad y mejorar la calidad de los empleos, ofrecer una protección social más amplia y reformar el sistema de prestaciones, de modo que las familias más vulnerables no queden desprotegidas.

“No basta con crear empleo: es necesario garantizar que éste sea de calidad y que permita a las personas vivir con dignidad. Para muchos hogares, un salario no es suficiente si no viene acompañado de condiciones laborales justas, el acceso a una vivienda digna y un sistema de protección social robusto que les permita salir adelante. Detrás de cada cifra hay una historia de lucha y sacrificio. En un país que crece económicamente, es importante que este crecimiento se traduzca en mejores condiciones de vida para todas las personas”, concluye Garcia-Gil.

La CARM impulsará en 2025 una línea de ayudas para los agricultores del 'Arroz DOP de Calasparra'

 CALASPARRA.- El Gobierno de la Región de Murcia trabaja en el diseño de una línea de ayudas enfocada a los agricultores del Arroz DOP de Calasparra que se pondrá en marcha en 2025 con el objetivo de promover y preservar los paisajes y hábitats a través del mantenimiento del cultivo del arroz y sus rotaciones, y a la que se destinará un total de 500.000 euros, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

Así lo ha anunciado este viernes el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, durante su visita a Calasparra, donde ha destacado que "se trata de una intervención que realizamos en el marco del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PAC) que beneficiará a los agricultores de Calasparra y Moratalla, y con lo que damos un paso más en la protección del sector agrario".

La iniciativa, que se llevará a cabo durante tres anualidades y que alcanzará a 800 hectáreas, pretende también "promover y preservar los paisajes y el hábitat de todo este entorno a través, precisamente, del cultivo del arroz y de sus rotaciones", ha añadido el jefe del Ejecutivo regional.

De esta forma se compensará a los beneficiarios con un total de 200 euros por hectárea por los costes y las pérdidas de ingresos resultantes de los compromisos contraídos como la rotación de cultivos, el destino de un 5 por ciento de la cosecha a la alimentación de la fauna, el retorno del agua al río tras su paso por los bancales o el uso de variedades 'Bomba' o 'Balilla x Sollana'.

A esta línea de ayudas, se suma otra destinada a las Denominaciones de Origen para la promoción de estos cultivos, entre otros, que asciende a 400.000 euros al año. En concreto, la que corresponde a Calasparra, asciende a 48.650 euros.

Además, el Gobierno regional aprobó, hace unos meses, de la mano de las organizaciones agrarias, el plan de financiación plurianual con un importe de 18,6 millones de euros enfocados a ayudar a los agricultores y ganaderos.

El presidente del Gobierno regional ha visitado la Cooperativa del Campo 'Virgen de la Esperanza', coincidiendo con el fin de la campaña, donde ha destacado el incremento de un 2,3 por ciento de la superficie de cultivo ecológico del arroz DOP de Calasparra.

Además, en esta cooperativa funciona el Grupo Operativo Arrozinnova, que nació con el objetivo de mejorar la producción, optimizar el abonado, reducir la huella de carbono e impulsar soluciones biodegradables respetuosas con el medio ambiente.

Las primeras previsiones para esta campaña hablan de una cosecha cercana a 2.255.000 kilos, lo que supone un incremento del 2,15 por ciento de la producción con respecto a la campaña anterior.

En cuanto a las exportaciones, entre enero y agosto de este año se ha vendido en el extranjero arroz DOP de Calasparra por valor de 425.375 euros, y los principales destinos son Estados Unidos, Reino Unido, Portugal y Australia.

El jefe del Ejecutivo ha destacado que "hablar del arroz de Calasparra es hablar de uno de los productos que son patrimonio gastronómico y cultural de nuestra región y lo son porque suponen, desde luego, una técnica de cultivo que ha pasado de generación en generación, porque es uno de los cultivos más sostenibles, más ecológicos, más respetuosos con nuestro entorno paisajístico y con nuestro medioambiente también". 

En concreto, se trata del primer arroz del mundo que contó con el aval de calidad de la denominación de origen.

La Denominación de Origen Protegida Arroz de Calasparra se reconoció oficialmente en 1986, aunque el cultivo del arroz en la zona se remonta al siglo XIV.

El Miteco inicia el próximo jueves la primera obra del MAPMM para recuperar la Sierra Minera de Cartagena y La Unión

CARTAGENA.- El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) iniciará el próximo jueves, 21 de noviembre, la recuperación ambiental de la Sierra Minera de Cartagena y La Unión, en el Marco de las Actuaciones Prioritarias para recuperar el Mar Menor (MAPMM).

La actuación cuenta con un presupuesto de 10,8 millones de euros para la remediación de depósitos abandonados y la restauración hidrológico forestal de su entorno y afecta a una superficie de 700 hectáreas, según informaron fuentes de la Oficina Técnica del Mar Menor en un comunicado.

En concreto, la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación (DGBBD) comenzará con la restauración de emplazamientos mineros peligrosos abandonados y de restauración en el conjunto 1, en El Llano del Beal (Cartagena).

A esta inversión se añade la ayuda de 4 millones de euros que ha otorgado el Miteco a la Comunidad Autónoma para las obras de seguridad minera y la clausura en la instalación de residuos mineros de 'El Lirio', lo que supone el 70% del presupuesto de ejecución.

Las actuaciones incluidas en el MAPMM fueron declaradas de interés general por el Gobierno de España en noviembre de 2021, con el fin de poder actuar en materias que son competencia de otra administración, y parte de ellas han sido incluidas para ser financiadas a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea.

En las cuencas mineras de Cartagena y La Unión, en su vertiente al Mar Menor, existen casi 60 instalaciones abandonadas y suelos contaminados que suponen "un gran riesgo" para la población del entorno y provocan arrastres de metales pesados hacia la laguna salada.

El objetivo del MAPMM es actuar "en origen", evitando la contaminación de los suelos y del acuífero, así como las escorrentías superficiales de residuos mineros peligrosos que llegan a la laguna y deterioran su estado mediante el sellado de pozos y balsas y la recuperación de suelos por fitorremediación.

La restauración de estos emplazamientos mineros, junto con la restauración hidrológico-forestal, supondrá la recuperación de la cubierta vegetal en el entorno de las cabeceras de las ramblas mineras con la plantación de especies vegetales que permitan minimizar la erosión y el aporte de sólidos a través de los cauces, al tiempo que posibilitarán, a medio plazo, la conformación de superficies forestales como hábitats naturales.

El Miteco ha decidido iniciar los trabajos de recuperación en la Sierra Minera en 11 hectáreas del conjunto 1 debido a que los seis depósitos de residuos mineros abandonados rodean al Llano del Beal, con el consiguiente riesgo para la salud de la población y los ecosistemas.

Los objetivos del proyecto de remediación ambiental en el entorno de este núcleo de población, cuyo presupuesto alcanza los 6,2 millones de euros, son reducir los riesgos ambientales asociados a las instalaciones de residuos mineros abandonados, mitigando el aporte de los residuos mineros a ramblas y su transporte a través de éstas al Mar menor.

También se persigue reducir la contaminación eólica por dispersión de los residuos existentes a núcleos urbanos cercanos; incrementar la estabilidad geotécnica y geoquímica de las instalaciones; restituir el relieve a formas más naturales que favorezcan la restauración forestal y la regulación de las escorrentías, al tiempo que dificulten los fenómenos erosivos, e implementar la cubierta vegetal para favorecer la integración y potenciación paisajística.

Según han explicado desde la Oficina Técnica del Mar Menor, las actuaciones en la Sierra Minera están diseñadas y serán ejecutadas para lograr su "perfecto encaje" con la renaturalización de las ramblas mineras que está realizando la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), cuya fase I ya ha finalizado, y con las áreas de renaturalización del cinturón verde, de forma que se creen unos corredores verdes que doten de conectividad a toda la red de drenaje.

La Seguridad Social gana 4.476 cotizantes extranjeros en octubre en la Región de Murcia

 MURCIA.- La Seguridad Social ganó en octubre en la Región de Murcia una media de 4.476 cotizantes extranjeros con respecto al mes anterior, lo que representa una subida del 4,67%, según datos publicados este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Según los mismos datos, el décimo mes del año en la Región se cerró con 100.380 afiliados procedentes de otros países, de los que 66.448 son hombres y el resto --33.932-- mujeres.

Respecto al mismo mes del año anterior, la Región de Murcia ganó una media de 4.062 afiliados extranjeros, un 4,22% más.

Por sectores, el total de afiliados extranjeros en la comunidad autónoma se reparten mayoritariamente entre los 89.800 del régimen general, de los que 44.394 pertenecen al sistema especial agrario y 3.617 al del hogar; y los 10.443 autónomos, mientras que 137 están en el régimen del mar y ninguno al carbón.

Preemergencia del Plan Inunmur por riesgo de inundación en el embalse del río Argos, en Calasparra

 CALASPARRA.- La Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias ha decidido pasar a fase de preemergencia el Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones en la Región de Murcia (Inunmur) ante el riesgo de inundación por una limitación del desagüe del embalse del río Argos, en Calasparra.

Así lo ha hecho saber el Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia, que recuerda que en la fase de preemergencia no se considera activado el plan.

Cabe recordar que este jueves fue activado el plan en fase de emergencia, nivel 0, ante el riesgo de inundación por la declaración del escenario 1 del Plan de Emergencia de la presa del río Argos debido a una limitación en la capacidad de desagüe del embalse.

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) comunicó al Centro de Coordinación de Emergencias que había observado "una pérdida de capacidad de desagüe en los aliviaderos de la presa" que imposibilita el control del nivel del embalse.

Por ello, y ante el aviso amarillo emitido por la Agencia Estatal de Meteorología por lluvias de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora, el director general de Seguridad Ciudadana y Emergencias decidió activar el Plan Inunmur en fase de emergencia, en nivel 0, que ahora pasa a fase de preemergencia.

Confirman suspensión de los 15 meses de prisión a uno de los empresarios condenado por prostitución de menores

 MURCIA.- La Sección 3ª de la Audiencia Provincial ha desestimado el recurso presentado por la Fiscalía y ha confirmado la suspensión de la pena de 15 meses de prisión a J.C.A., uno de los empresarios de la Región de Murcia condenado por cinco delitos de prostitución de menores.

El ministerio fiscal interpuso recurso de súplica para solicitar la revisión de la concesión de la suspensión de pena concedida al condenado, fundamentado en la gravedad del delito cometido, "justificando la no concesión en la necesidad de que la población mantenga su confianza en el estado de derecho al considerar que cualquier otra decisión puede ser incomprendida".

Todo ello, en clara referencia a la función de prevención general positiva que consideraba debía primar sobre otras funciones de la pena como la resocializadora y la reducador, explica la resolución.

Para desestimar el recurso, la Sala argumenta, en auto notificado este viernes, que "la naturaleza de los hechos, su gravedad o la repercusión de estos en las víctimas fue algo que ya tuvo en cuenta el ministerio fiscal al pactar con la defensa una conformidad que, por disposición legal conforme al art 787 LECrim, tuvo que ser necesariamente aprobada por el Tribunal, y que determinó una rebaja de la responsabilidad civil anudada al delito y una rebaja de la pena solicita", según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU) en un comunicado.

En este punto, los magistrados recuerdan que "estamos hablando de una pena de 15 meses de prisión y de un supuesto en el que concurren todas las circunstancias necesarias para conceder la suspensión". Conformidad que da lugar a una rebaja de la pena solicitada, "lo que ha determinado, en unión de las demás circunstancias, que haya sido finalmente suspendida", concluye el auto.

El 11 de septiembre de 2024 la Audiencia Provincial de Murcia condenó, entre otros, al acusado como autor de cinco delitos de favorecimiento de la prostitución de persona menor de edad, a la pena por cada uno de ellos de cinco meses de prisión y multa de 3.600 euros, un año de libertad vigilada y al pago de 10.000 euros, que fueron previamente consignados.

Teniendo en cuenta el límite máximo de cumplimiento de 15 meses de prisión, que el condenado carecía de antecedentes y que se había consignado la responsabilidad civil y pagado la multa, por auto de 7 de octubre de 2024 se acordó la suspensión de pena privativa de libertad (inferior a dos años), condicionada a que, durante cuatro años, no cometiera nuevos delitos, no se comunicara o aproximara a las víctimas y participara en un programa de reeducación conductual en materia de sexualidad.

Así, dado que "el recurso no cuestiona que concurran todas las condiciones que exige el Código Penal para la suspensión de las penas de prisión, lo que determina que las penas impuestas deban ser necesariamente suspendidas, es por lo que el auto recurrido debe ser confirmado", concluye la Sala. La resolución es firme y contra ella no cabe recurso.

Similares argumentos utiliza la Sala para denegar el otro recurso presentado por la Fiscalía contra la suspensión de la pena de prisión en el caso de M.G.D.

Por otro lado, la Sala ha denegado tener por preparado el recurso de casación para el Tribunal Supremo contra la sentencia dictada el 11 de septiembre de 2024 planteado por la representación de dos de los condenados a los que la Audiencia no concedió el beneficio de la suspensión, y que deben ingresar en prisión porque esta "fue dictada por esta Sección con la expresa conformidad de la acusado y su letrado, que acataron el pronunciamiento condenatorio in voce y nada opusieron a la firmeza declarada en el mismo acto de la vista".

Es el caso de N.P.C.P y W.G.D.M., condenados a 6 años de prisión. Tampoco en uno de estos casos la Audiencia ha admitido el recurso de súplica contra el auto que denegó la suspensión.