CIEZA/MURCIA.- El Juzgado de Instrucción nº 3 de Cieza ha ordenado el
sobreseimiento del proceso en el que se acusaba al alcalde de Cieza,
Antonio Tamayo, de un presunto delito de prevaricación por haber
otorgado presuntamente la licencia de apertura a una granja de cerdos
sin la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental que debe conceder
previamente la Comunidad Autónoma.
El concreto, el juez dictó un auto el 4 de marzo por el que
sobresee el procedimiento y el posible delito de prevaricación por el
que estaban acusados el propio alcalde; la concejala de Medio Ambiente,
Concepción Marín Blázquez; el técnico municipal que tramitó el
expediente; el secretario del Ayuntamiento; los dueños de la granja; el
arquitecto y el técnico encargados del proyecto.
El alcalde se ha felicitado por el fallo sobre el proceso, que supone
el final a una de las dos causas que tenía hasta ahora abiertas en los
juzgados.
Tamayo ha recordado que el proceso se remonta a agosto de
2003, cuando la granja solicitó la ampliación del cebadero y la
explotación ganadera, lo que suponía la construcción de dos nuevas naves
y la ampliación de la existente. El 17 de octubre de ese mismo año, el
Ayuntamiento le otorgó la licencia de apertura y, un mes después, se le
concedió la licencia de obras.
La concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento se abstuvo en el
expediente por razón de parentesco y el alcalde se hizo cargo de esa
gestión, al no tener "nada que ver" con la familia de quien había hecho
la petición, según reconoce el propio edil.
La Fiscalía comenzó a investigar la granja por otro motivo, en
concreto, por unos vertidos de purines denunciados por el Seprona de la
Guardia Civil. A raíz de esta investigación, la Fiscalía descubrió las
presuntas irregularidades y decidió emprender la acusación.
El primer edil recuerda que, en 2006, antes de que hubiera
denuncia en los juzgados, el funcionario que había expedido el documento
que autorizaba la ampliación de la explotación acudió a su despacho y
admitió que se había equivocado en la tramitación, por lo que el
Ayuntamiento inició la revocación de la licencia.
En concreto, el alcalde admite la equivocación, y lo achaca a una
confusión en la interpretación de la Ley de Protección del Medio
Ambiente de la Región de Murcia, que cuenta con tres anexos en los que
se recoge las actividades que corresponden a cada una de las
administraciones.
En el anexo dos aparecen recogidas las actividades cuya
calificación ambiental corresponden a los ayuntamientos, un total de 42,
y la número seis hace referencia expresamente a las explotaciones de
ganado porcino, por lo que el técnico municipal "creyó que estaba entre
sus competencias".
El alcalde justifica que este error es "lógico" en una ciudad como
Cieza, que sólo posee una granja de cerdos en todo su término
municipal, a diferencia de otras ciudades como Lorca que cuentan con
"infinidad de explotaciones de este tipo", y donde los técnicos
municipales "están acostumbrados a su tramitación".
Además, explica que la granja llevaba abierta más de 30 años y no
tenía licencia de apertura, pero se pregunta "qué granja con esa
antigüedad contaba con la licencia entonces".
Siete años después, la Fiscalía, que ejercía la acusación,
presentó un escrito fechado el pasado 25 de enero de 2013 que entró en
el juzgado el 12 de febrero y que pedía el sobreseimiento provisional de
la causa. Tamayo considera que el Fiscal tomó esta decisión basándose
en las declaraciones de los que estaban acusados ya que, durante todo
este tiempo, "no ha habido ninguna otra causa que haya podido modificar
la denuncia".
En su auto de sobreseimiento, el juez reconoce que se trató de un
"error" porque el técnico municipal encargado de gestionar la
tramitación dio por hecho que su Declaración de Impacto Ambiental
dependía del Ayuntamiento. Además, al tratarse de una licencia de
ampliación, el técnico dio por hecho que la granja ya tenía licencia de
apertura.
El juez descarta que exista "comportamiento doloso ni indicio de
criminalidad" en la actuación de todos los imputados, por lo que procede
el sobreseimiento del caso.
Finalmente, el expediente se inició de nuevo, y el Gobierno
regional otorgó la licencia a la granja en septiembre de 2010, por lo
que la explotación ganadera está funcionando "sin ninguna
irregularidad", remarca Tamayo.
Esta decisión supone el sobreseimiento de uno de los dos casos que
el alcalde de Cieza tenía pendientes con la Justicia. El otro
procedimiento le acusa de haber cambiado los planos sobre un proyecto
urbanístico cuando se modificó el Plan General de Ordenación Urbana
(PGOU), pero Tamayo insiste en que "no se produjo ese cambio".
Tamayo lamenta que el proceso judicial ha tardado siete años en
resolverse, y critica que la oposición ha hecho un uso "político" del
caso, sacándolo a colación "siempre que había unas elecciones
municipales".
Además, lamenta que los propios acusados y sus familias han
sufrido a lo largo de todo este tiempo la denominada "pena de
banquillo", por lo que reclama que "se lleve más cuidado con estos
asuntos y se espere a que la Justicia se pronuncie".
Apoyo cerrado del PPRM a Tamayo
Juan Carlos Ruiz, portavoz del PPRM en la Asamblea Regional, ha elogiado hoy al primer edil ciezano y ha dicho que él siempre ha
creído en su "honradez" de Tamayo. De hecho, ha considerado también
"injusto" que se haya tardado "tanto tiempo" en verificar que sus
declaraciones "se corresponden con lo que hizo".
En este sentido, el portavoz del PP recuerda que IU-Verdes pidió
en 2006 al presidente regional, Ramón Luis Valcárcel, la dimisión del
funcionario que firmaba el expediente y del propio alcalde de Cieza, y
lo ha estado exigiendo "hasta hoy mismo".
Por ello, cree que IU-Verdes debería aprovechar ahora la
comparecencia de Valcárcel en la Asamblea Regional este miércoles, 13 de
marzo, para preguntarle "por la honradez del alcalde y por el hecho de
que tenía razón en lo que decía".
Ruiz recuerda que el PSOE "también pidió la dimisión del alcalde",
por lo que espera que los socialistas "gasten ahora tanto tiempo y
tanta energía en decir que Tamayo es honrado como el que emplearon en su
momento para decir mentiras".
Igual que los medios de comunicación sacaron en su momento
"golosos titulares" sobre el caso, Ruiz espera que ahora publiquen "en
los mismos términos" la noticia de que el alcalde es una persona
"honrada".
El portavoz popular recuerda que ya van 64 procedimientos
judiciales "cerrados" relacionados con personas del PP, y remarca que
todas estas personas son "honradas".
