Un concejal de Moratalla dice que la situación de las arcas es de "casi quiebra" con 29 millones de deuda

MURCIA.- El concejal del Ayuntamiento de Moratalla, Juan Soria, ha explicado que la situación de las arcas municipales que el PP ha encontrado tras su llegada al poder en las elecciones del pasado 22 de mayo es de "casi quiebra", con un total de 29 millones de deuda "heredados del anterior Equipo de Gobierno Socialista".

   Soria ha lamentado que la situación es "dramática y catastrófica" ya que, "en tan solo cuatro años, en los últimos cuatro años de gobierno del PSOE en Moratalla se ha pasado de nueve millones de euros de deuda a 29", según ha informado en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por el portavoz del PP en la Región de Murcia, José Antonio Ruiz Vivo.

   El concejal ha recordado que el Ayuntamiento aprobó en el pleno pasado una auditoría externa para saber realmente "dónde está y en qué se han gastado esos 20 millones de euros", pero ha advertido que el Equipo de Gobierno "no va a esperar los resultados para tomar medidas ya que no hay que ser economista para saber que sin ingresos no puedes gastar".

   Soria ha remarcado que se trata de una situación "dramática para un municipio de casi mil kilómetros cuadrados, con una población de casi 8.400 habitantes y con 12 pedanías", y el PP no encuentra explicación sobre "cómo se ha podido hacer tanto daño por un Equipo de Gobierno socialista en tan poco tiempo".

   Para ejemplificar la situación del Ayuntamiento, Soria ha señalado que los funcionarios y el personal laboral del Consistorio "llevan cuatro nóminas sin cobrar, y la última nómina que cobraron fue la que pagó el PP al entrar al gobierno a principios de julio, correspondiente a la nómina de abril".

   Por lo tanto, los funcionarios siguen sin cobrar "las nóminas de mayo, junio, julio y la extra de julio", aunque ha adelantado que el Ayuntamiento espera hacer efectivo la semana que viene el pago correspondiente al mes de mayo.

   Además, Soria ha remarcado que la semana pasada cortaron el carburante al Ayuntamiento, lo que han conseguido arreglar fijando unos servicios mínimos para la Policía Local, Protección Civil y el servicio municipal de recogida de residuos sólidos. En cualquier caso, ha considerado "lamentable ver a la Policía Local patrullando a pie, y tienen casi que hacer auto stop para cubrir una emergencia".

   Además, los teléfonos móviles están cortados desde el pasado 18 de julio, con una deuda de 45.000 euros en llamadas, cuyo servicio estaba sin pagar desde junio de 2009.

   Soria ha llamado la atención con que el alcalde "gastaba 500 euros mensuales en móvil", una cifra que ha considerado "una salvajada, que da para mucho" y que, a su juicio, refleja que el primer edil "no se ha dedicado a otra cosa, sino a hablar por teléfono".

   Sin embargo, lo que está "realmente hundiendo" al Ayuntamiento, según Soria, es una deuda a la Seguridad Social que supera los 2,8 millones de euros cuyo pago el Consistorio pretende aplazar, para lo que ya se ha puesto en contacto con el Ministerio de Trabajo.

   En caso de no conseguir este aplazamiento, Soria dice que el Ayuntamiento "no va a poder recibir subvención alguna, y no va a poder contratar los consejos comarcales de empleo, algo muy importante en Moratalla porque permite contratar a más de 221 personas, con la situación de desempleo que hay en la comarca del Noroeste".

   Todo ello, ha llevado al Ayuntamiento a hacer una serie de reducción de gastos y no hay ningún concejal liberado entre los siete concejales, incluido en alcalde, al tiempo que "ha quitado cualquier honorario de asistencia a plenos, comisiones, juntas de gobierno, que ahora son cero euros para el gasto del consejo de Gobierno".

   Asimismo, ha señalado que los teléfonos móviles son privados y se lo pagan los miembros del equipo de gobierno, al igual que los desplazamientos.

   Soria ha remarcado que el Ayuntamiento está revisando todas las tasas. Por ejemplo, ha dicho que había una deuda acumulada con la Mancomunidad de Canales del Taibilla y, sobre todo, en las tasas del agua, que tenían un déficit al año de 600.000 euros aproximadamente.

   "Desde el año 2001 no se habían revisado las tasas y se estaba pagando a la Mancomunidad con todas las subidas que, desde entonces, no se habían aplicado en los recibos de los usuarios, algo inconcebible porque no tiene sentido que el Ayuntamiento haya estado subvencionando los recibos con la situación que teníamos", añade Soria.

   "Estamos intentando salvar los muebles, para lo que nos reunimos con el presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, y sabemos que la Comunidad trabaja para que no tengamos que cerrar el Ayuntamiento", remarcó.

   Soria ha manifestado que el PP se ha encontrado "una deuda de más de 100 millones de pesetas sin pagar en materia de festejos, así como una deuda que supera los 70 millones de pesetas en actividades culturales, teatro y cine".

   "La situación es de ruina porque, con un presupuesto de siete millones de euros y con una deuda de 29 es muy difícil salir adelante", según Soria, quien ha dicho que el Ayuntamiento "va a hacer todo lo posible y está haciendo todos los deberes".

   "Lo que no se ha hecho en los últimos cuatro años el PSOE lo estamos haciendo nosotros y no nos va a temblar el pulso, hay que tomar medidas, medidas urgentes, no tienen espera porque nosotros no podemos decirle a los funcionarios ni a los proveedores que se esperen otros cuatro meses más sin cobrar", ha manifestado.

   A los proveedores, por ejemplo, "se les debe nueve millones de euros, y hay funcionarios que solo perciben el sueldo del Ayuntamiento, imaginad lo que es cuatro meses sin cobrar, con casi todo el mundo hipotecado".

   Soria ha achacado esta situación a la "mala gestión del PSOE" porque los ingresos se han recortado "y no puedes estar gastando lo mismo que cuando ingresabas, no puedes tener un déficit de 120.000 euros al año en la escuela de música y no tomar medidas, y no puedes tener un déficit de 164.000 euros todos los años en la guardería municipal y no tomar medidas".

   Anteriormente habían dos liberados cobrando "casi 3.000 euros al mes para gastarse casi 500 euros al mes en móvil, eso es lo que pasa", ha criticado.

   Entre otros gastos, Soria ha dicho que el Consistorio cuenta con cuatro millones de euros que reintegrar a las diferentes administraciones".

   Y es que, cuando llegaba una subvención finalista el Ayuntamiento "se lo gastaba en otra cosa, aunque contrataba la obra, y no le pagaba al constructor, de forma que esos cuatro se multiplican por dos", ha reprochado. "Al final nos iremos a ocho millones de euros en devoluciones", ha criticado.

   El PP también se encontró con una póliza en la CAM de 450.000 euros, que estaba vencida a 31 de diciembre de 2010, y estaba pagando intereses de demora al 30 por ciento, y que se ha tenido que cubrir la póliza en junio. Desde su vencimiento, no obstante, se han pagado "más de 80.000 euros en intereses de demora", añade.

El sector agrario reclama a Valcárcel "prioridad política y presupuestaria" para que sea estratégico

MURCIA.- Las organizaciones agrarias, cooperativas, conserveros y asociaciones de productores y exportadores han reivindicado al presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, "prioridad política y presupuestaria para con el sector agrario" al objeto de que pueda ser considerado como estratégico.

   Así se lo han trasladado los representantes de las principales organizaciones del sector al jefe del Ejecutivo regional durante un encuentro celebrado en San Esteban, donde se ha puesto de manifiesto el momento "crítico" por el que atraviesa la agricultura y ganadería murciana, en palabras del secretario general de UPA, Marcos Alarcón.

   Y es que, ha explicado en la rueda de prensa posterior a la reunión, "el incremento de los costes de productos y precios que perciben los productores y ganaderos están poniendo en peligro la viabilidad de nuestras explotaciones".

   De ahí que, siendo "optimistas pero realistas", han planteado al presidente murciano que "si es éste un sector estratégico y afecta al conjunto de la sociedad, se actúe de manera coordinada y se implementen nuevas acciones para garantizar la pervivencia del sector agrario".

   Para ello, se ha constituido, a petición del sector, la Mesa de la Agricultura, destinada a hacer un seguimiento, conjunto y coordinado, entre el sector y el Gobierno regional sobre esta actividad estratégica para salir de la crisis, tal y como ya anunció Valcárcel el pasado mes de julio durante el debate de investidura.

   El abanico de propuestas que se plantearán se revisarán, según ha adelantado Alarcón, en la segunda quincena de septiembre, donde se llevará a cabo un seguimiento de los asuntos, necesidades y demandas del sector agroalimentario regional.

   Según ha manifestado Alarcón, "en este momento hay muchas explotaciones que tienen una situación crítica y necesitan de apoyos específicos".

   Además de la constitución de la mesa de trabajo, el sector agrario ha planteado la necesidad de mantener los fondos operativos y los seguros agrarios como "herramienta fundamental para mantener y asegurar la renta del agricultor", y ha trasladado al jefe del Ejecutivo murciano que la importancia de la agricultura "quede reflejada en los presupuestos de 2012".

   Según el presidente de la Agrupación de Conserveros, José García, este encuentro preparatorio supone un "punto de inflexión" en las relaciones entre el Gobierno regional y las organizaciones y asociaciones agrarias para plantear "una posición común" y destacar "todo lo que el sector agroalimentario regional ha conseguido en los últimos años en la Región de Murcia".

   Desde COAG-Murcia, su presidente, Pedro Lencina, ha expresado la preocupación del sector, dado que la crisis también les afecta, por lo que ha abogado por "arrimar el hombro dentro de las posibilidades y captar lo que podamos de la UE porque no queremos vivir de las subvenciones".

   Por su parte, el consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, ha calificado este encuentro de "trascendental" tras reconocer que la situación actual de esta actividad "no es la ideal", aunque ha matizado que hay que "mirarla con optimismo y realismo".

   Al hilo, ha asegurado que el jefe del Ejecutivo murciano "seguirá liderando las reivindicaciones de la agricultura murciana en Bruselas", en calidad de presidente del Comité de las Regiones, como ya ha hecho hasta ahora con los asuntos que más afectan al sector, como el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Marruecos, la reforma de la Política Agraria Común y la gestión comunitaria en la crisis alimentaria por la bacteria E-coli en Alemania.

   Respecto a las ayudas que la Región de Murcia recibirá por la crisis alimentaria de Alemania, el presidente pedirá una reunión con el comisario de Agricultura de la Unión Europea, Dacian Ciolos, para tratar de que se compensen "justamente" las pérdidas que han sufrido los agricultores murcianos, y paliar los graves daños que la bajada de los precios en los mercados está provocando.

Asaja-Murcia advierte que el sector agroalimentario "tiene que conseguir recuperar su rentabilidad"

MURCIA.- El secretario general de Asaja-Murcia, Alfonso Gálvez Caravaca, ha afirmado este jueves, tras la reunión mantenida junto con otras organizaciones del sector agrario regional con el presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, y el consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, que el sector agroalimentario "tiene que salir de la crisis actual con mucho esfuerzo y debe dar un giro de 180º para que los agricultores obtengan un verdadero valor añadido en sus rentas".

   Al hilo, Gálvez Caravaca ha considerado que la crisis del pepino "ha hecho mucho daño a nuestro sector agrario"; razón por la que se entiende que "se debe impulsar el consumo de frutas y hortalizas con campañas de promoción que sean efectivas".

   Especialmente, ha incidido, "nuestra agricultura y ganadería está atravesando una situación crítica y difícil, por lo que es ahora más necesario que nunca que todo el sector trabaje conjuntamente con la Administración, para devolverle a los profesionales del sector primario el dinamismo y la competitividad que se merecen".

   Así, ha opinado que la 'Mesa de la Agricultura' "es una paso muy positivo y constructivo para todo el sector agroalimentario" y ha matizado que "todos tenemos que trabajar mucho para que la agricultura murciana consiga recuperar la rentabilidad que siempre ha tenido".

El PSRM sugiere a Valcárcel que se endeude para pagar con puntualidad a los dependientes en esta región

CARTAGENA.- La diputada regional del PSOE, Teresa Rosique, ha pedido al Gobierno regional que negocie, al igual que hace la Seguridad Social con las pensiones, con entidades financieras para que los beneficiarios de la Ley de Dependencia cobren puntualmente.

   Al respecto, Rosique ha añadido que el Ejecutivo autonómico ha pagado a fecha de uno de agosto lo correspondiente al mes de junio, por lo que se debe la mensualidad de julio a más de 21.000 personas dependientes y a 1.100 que dependen del ingreso mínimo de inserción.

   Asimismo, la diputada regional ha comentado que su grupo ya ha denunciado públicamente los retrasos en los pagos a los dependientes, pero nunca con se había dado esta gravedad, de retrasos en dos meses con el consiguiente perjuicio que ocasiona.

   También ha pedido que el Ejecutivo regional fije una fecha concreta a principios de mes para que los dependientes puedan disponer de la cantidad que perciben, que se establece según el grado de dependencia, y no tengan que recibirlo cuando se decida de manera aleatoria.

   Rosique ha recordado que las personas que reciben esta prestación son una parte de la sociedad sensible y muy necesitada y ha añadido que estos retrasos en los pagos se debe a la "la falta de liquidez del Gobierno regional para hacer frente a estas ayudas".

   En cuanto a este asunto, ha manifestado que no se han hecho recortes previstos y anunciados como en la televisión autonómica y por el contrario se retrasan los pagos a los dependientes.

   Por otra parte, Rosique ha comentado que el Instituto de Acción Social (IMAS) "contabiliza a 16.883 personas que están reconocidas con el derecho a recibir prestación de la Ley de Dependencia y no lo hacen".

   Respecto a la falta de liquidez, la diputada regional socialista ha argumentado que se debe a "la falta de solvencia y credibilidad que tiene el Gobierno regional ya que solo ha sido capaz de colocar 25 millones de euros de los 464 que le autorizó el Ejecutivo central por la situación de déficit y el escenario que tienen ante los mercados".

   Rosique ha explicado que el problema se tiene en casa por la falta de gestión del presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, y su equipo, con un problema en las cuentas de la Región ya que no es capaz de solucionar por el desastre realizado este año".

El alcalde de Abarán cifra la deuda de las arcas municipales entre 15 y 20 millones

MURCIA.- El alcalde de Abarán, Jesús Molina, ha afirmado este jueves que la deuda municipal del Consistorio se sitúa "entre 15 y 20 millones de euros", siendo ésta, ha reconocido, "bastante elevada". No obstante, se ha mostrado optimista asegurando que "esto tiene que pasar", ya que se trata de una situación que no solo afecta a dicho Ayuntamiento, sino también, ha recordado, "los números son malos en Moratalla".

   Molina, quien ha hecho estas declaraciones tras el encuentro que ha mantenido con el presidente Ramón Luis Valcárcel en la sede del Ejecutivo regional, ha abogado por "hacer los planes que tengamos que hacer, ya que aquí no va a parar la historia de los ayuntamientos y los pueblos".

   Y es que, ha subrayado, "hay que seguir pagando a todos, la luz, el agua, a los funcionarios y las deudas que tenemos"; para después dejar claro que se trata de un "capítulo" de la historia que ha tocado, el de la crisis económica, "y saldremos de esta situación más bien a corto que a largo plazo".

   En este punto, ha considerado que también "hay que tener la suerte de que cambie el equipo de Gobierno en noviembre", aunque ha incidido en que "al mal tiempo, buena cara, ya que hay que tirar hacia adelante".

   Entre las medidas que ha puesto en marcha, y que se rigen por el principio de la austeridad, ha hecho referencia a que "se ha reducido el personal de cargos de libre designación, lo que ha supuesto un ahorro en pocos meses de más de 100.000 euros". Otro de los objetivos es el de "pagar a los acreedores, porque las empresas no tienen que hundirse", para lo que el Consistorio, ha confirmado, "ha pedido un préstamos ICO".

   Igualmente, entre las medidas se encuentra la realización de un listado de las deudas "más antiguas e importante para ir quitándolas"; todo eso "poniendo buena cara al mal tiempo", ha insistido.

Los interventores del Banco de España se reúnen con la comisión de control y los sindicatos de CAM

ALICANTE.- Los administradores nombrados por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para realizar la nacionalización de Caja Mediterráneo (CAM) han mantenido este jueves reuniones informativas con los miembros de la comisión de control de la entidad y con los sindicatos, según han confirmado fuentes de la caja.

   El primero de los encuentros se ha producido en la mañana de este jueves con la comisión de control con "total normalidad", forma parte de la ronda de reuniones y contactos abierta desde el pasado 22 de julio con directivos, trabajadores y sindicatos para explicar cuál es la situación de la entidad y el nuevo criterio de trabajo.

   La comisión de control es el órgano que tiene encomendada la supervisión y vigilancia de la gestión del consejo de administración y de sus comisiones delegadas, cuidando que dicha gestión se desarrolle con la máxima eficacia y precisión, dentro de las líneas generales de actuación señaladas por la asamblea General y de las directrices emanadas de la normativa financiera, según han recordado las mismas fuentes.

   Al contrario de lo ocurrido con el consejo de administración --que fue cesado con la llegada de los interventores del Banco de España--, la comisión de control de CAM mantiene sus funciones.

   Este órgano está por presidido por Juan Ramón Avilés Olmos, y cuenta con José Manuel Uncio Lacasa en la vicepresidencia, y con  María Asunción Martínez, en la secretaría. Los vocales son Isabel María Cambronero; César Fernando Estrada; Arcadio Juan Gómez;  Francisco Grau; Juan Ramón Gual; María Dolores Mataix y Raúl Serrano Moll.

   Por la tarde, uno de los interventores, José Antonio Iturriaga, se ha reunido también con los representantes sindicales de los trabajadores, quienes le han trasladado su preocupación por el mantenimiento de los puestos de trabajo una vez sea subastada la entidad, según han detallado fuentes de SICAM, sindicato mayoritario en la entidad.

   Para ello, los sindicatos han reiterado su deseo de que cualquier medida de recorte de empleo que la nueva propietaria pueda adoptar sea antes consensuada con los trabajadores.

   Así mismo, en este encuentro Iturriaga ha flexibilizado las restricciones impuestas en los primeros días de nacionalización a los directivos de las sucursales, de modo que podrán coger unos días de vacaciones, "de manera organizada para mantener un buen servicio al cliente".

El presidente de APBA aboga por la conexión de mercancías por Madrid porque lo requieren las navieras

ALGECIRAS.- El presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), Manuel Morón, ha manifestado que los operadores de la zona, como Maerks, Cosco o Hanjing, "requieren una conexión con Madrid a través del ferrocarril para llevar sus mercancías a Europa".

   En rueda de prensa, Morón, que ha presentado las actividad puerto-ciudad, ha valorado la visita del secretario de Estado de Infraestructuras, Víctor Morlán, a la zona de la Bahía de Algeciras y la necesidad de contar con el eje ferroviario central.

   El dirigente portuario ha querido dejar claro que "de lo que hablamos es de una línea de mercancías, no de pasajeros", por lo que la conexión con la capital y posterior salida de mercancías a la península y el viejo continente es algo "que demandan todos los sectores el portuario y también las grandes industrias".

   Morón ha reiterado que la ciudad algecireña es un enclave fundamental para la entrada y salida de mercancías "tanto como origen y destino a Marruecos", del que dijo tiene "un conducto natural", como es la conexión ferroviaria entre Algeciras, Madrid y Francia.

   "Es el trayecto que defendemos" ha señalado el presidente de la Autoridad Portuaria, que ha agradecido la visita de Morlán y su compromiso expresado en el Consejo Económico y Social local, así como ante el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce.

El Ayuntamiento Moratalla necesitará hasta 8 años para poder equilibrar el presupuesto

MORATALLA.- El municipio murciano de Moratalla necesitará un plazo "no muy corto" de tiempo, entre seis y ocho años, para poder salir de números rojos y equilibrar el presupuesto, ya que se enfrenta a una deuda de las arcas municipales que supera los 28,5 millones de euros.

   Así lo estima el alcalde de Moratalla (PP), Antonio García, que nada más aterrizar tras tomar posesión el pasado 11 de junio, se ha encontrado con esta situación que, según ha declarado, la desconocía hasta el momento.

   De hecho, ha manifestado que su antecesor en el cargo, Juan Llorente (PSOE), "decía que la situación no estaba bien, pero nunca dejaba entrever que fuera la que es". 

"Parecía que esto no iba con ellos, porque seguían gastando al ritmo que se iba gastando, como si los ingresos fueran los mismos y la situación económica no tuviera ningún problema", ha reprobado.

   En cualquier caso, ha subrayado que nunca pensaron que la situación del Consistorio "fuera tan alarmante", como lo pone de relieve el hecho de que las fiestas patronales que se han celebrado el pasado mes de julio, "todos los contratos de actuaciones las tenía firmadas el anterior equipo de Gobierno con fecha previa a las elecciones y algunas, incluso, después de celebrarse los comicios".

   No obstante, aunque la situación es "grave y complicada", ha desmentido, de forma tajante, que el Ayuntamiento de Moratalla esté en quiebra, ya que de ser así, "estaría cerrada dicha administración".

   Así, García ha abogado por "ponernos a trabajar para ver si somos capaces de salir adelante", para lo que se han puesto en contacto con entidades financieras y la Administración regional.

   La respuesta no se ha hecho de esperar, ya que el pasado 25 de julio, el regidor de Moratalla mantuvo una reunión con el presidente Ramón Luis Valcárcel, y el consejero de Economía y Hacienda, Salvador Marín, a quienes les solicitó "ayuda directa económica" que se cifra en 1,2 millones.

   "En eso estamos", ha explicado, y ha añadido que tanto Valcárcel como el consejero "se mostraron preocupados por la situación y la entendieron, por lo que el Gobierno regional está adelantando la deuda que tiene reconocida con el Ayuntamiento".

   Entre las medidas a articular, ha hecho referencia a la elaboración de un Plan de Equilibrio Económico que, según ha avanzado, "estará perfilado esta semana para facilitárselo a las administraciones".

   Sin embargo, no será hasta después del verano, en septiembre, cuando se inicien todo el montante de medidas que se han elaborado, puesto que en agosto "sendas administraciones están prácticamente paralizadas".

   Algunas de las medidas que dicho plan recoge son las referentes al "equilibrio de las tasas", así como la necesidad de liquidez para poder seguir pagando.

   De lo que se trata, en definitiva, es de "reducir los gastos a lo estrictamente necesario y los ingresos, intentar actualizarlos". En lo que se refiere a las tasas, ha indicado el alcalde, "por ejemplo, el del servicio de abastecimiento de agua potable, del Centro de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar y recogida de residuos sólidos urbanos, pues están muy desequilibradas y desfasadas y tienen mucho déficit".

   A ello se une el hecho de que los ingresos que se tienen por el servicio "están muy alejados del equilibrio de los gastos que tenemos"; razón por la que, ha recordado, en el Pleno celebrado a finales de julio se aprobaron una serie de medidas consistentes en el aumento de la tasa de abastecimiento de agua potable, del Centro de Conciliación o de la Escuela Municipal de Música.

   No se trata de recortes, según ha especificado García, sino de "actualizar la situación y adaptarse, pero no es cuestión de dureza o no dureza".

   El planteamiento es "reducir gastos a lo estrictamente necesario y olvidarnos de los que no necesitamos, como las fiestas o servicios de obras que se tuvieran planeadas ejecutar pero que no sean necesarias", ha incidido.

   Por otro lado, se pretende "actualizar los ingresos que no se habían actualizado, ya que en los últimos cuatro años no había habido ninguna subida de tasas por ejemplo del servicio de abastecimiento de agua potable, dado que el recibo del agua no ha subido desde 2002 y tenía un déficit de 600.000 euros"; algo que ha tachado de "insostenible".

   Respecto a las fiestas patronales, aunque ha afirmado que habrá el próximo año, ha precisado que "serán las fiestas que los vecinos puedan pagar y no las que tenga que pagar la Administración Pública".

   Se contempla, igualmente, "reducir el consumo de energía y de combustible", medidas éstas que van en la línea de "reducir gastos a lo estrictamente necesario, porque si no nos ponemos serios con esta situación difícilmente vamos a salir de la misma".

   Para concluir, ha dejado claro que a los concejales y el alcalde "no hace falta bajarles el suelo porque no cobramos nada, ya que desde el 11 junio que tomó posesión el nuevo equipo de gobierno hemos renunciado a las asignaciones que se tenían por asistencia a órganos colegiados y no hay ninguna persona del equipo de gobierno liberada por el PP, frente a las dos personas que había con el PSOE".

Jáuregui no descarta investigaciones penales sobre la gestión en la CAM

MADRID.- El ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, defiende la elaboración de una ley que obligue a los altos directivos y miembros de los Consejos de Administración de las empresas a repartir parte de sus beneficios entre los empleados, una medida que evitaría abanicos salariales "obscenos" y que contribuiría a salir de la crisis de una manera más solidaria. Además, no ha descartado que se produzcan más investigaciones penales sobre los gestores de algunas de las cajas de ahorros.

    Jáuregui ha reconocido que "no es fácil" regular el sueldo de directivos y consejeros, pero ha adelantado que sería partidario de establecer algún "mecanismo" para evitar que el margen salarial sea "tan disparado y tan disparatado".

"A mí me parece que los abanicos de uno a mil son obscenos", ha afirmado.

   Por eso, en concreto, ha propuesto la elaboración de una ley que establezca que cuando los ingresos de altos directivos y miembros de Consejos de Administración de las compañías son "tan enormes", se imponga "la obligación de un reparto de parte de esos beneficios al conjunto de los empleados".

   En su opinión, ésta es una idea que "no habría que descartar" y que se podría "barajar políticamente en los próximos meses".

"Aunque no ha especificado si sugerirá que se incluya en el programa electoral del PSOE para las próximas generales, ha insistido en que no es algo "descabellado".

   Además, Jáuregui ha recordado una de las primeras medidas propuestas por el candidato socialista a estos comicios, Alfredo Pérez Rubalcaba, en materia económica, que habla de instaurar una tasa a los bancos para la creación de empleo.

   El ministro ha rechazado que con esta medida se esté "atacando" a los bancos y ha defendido que se trata de reclamarles que "colaboren" en la salida de la crisis, dado que son entidades con "gran influencia" en este asunto. A su juicio, esta medida no alteraría la confianza de los mercados ni en los sistemas financieros.

   De hecho, ha defendido que esta propuesta ya ha tenido un "primer efecto", ya que "un gran banco español" ha propuesto medidas para ayudar a pagar sus deudas a las personas y familias con menos ingresos. Esta "respuesta", ha afirmado, "no es más que consecuencia de que hay políticos y partidos que reclaman al sistema financiero que contribuya a una salida más solidaria".

   Además, ha incidido en que Rubalcaba ha planteado una medida vigente en "cinco grandes países europeos", con el objetivo de que los bancos "puedan contribuir precisamente a este tipo de salidas solidarias a la crisis".

   Preguntado por si no teme que el electorado no entienda que Rubalcaba proponga ahora nuevas medidas para crear empleo después de tantos años en el Gobierno, Jáuregui ha subrayado que el candidato socialista tiene "todo el derecho del mundo a presentar sus propuestas para una salida de la crisis, para un tiempo nuevo y cuatro años de futuro".

   En su opinión, el ex vicepresidente primero del Gobierno "no puede estar condicionado por lo que ha sido su tarea gubernativa en los años de la crisis más dura". "Me parece absolutamente legítimo, imprescindible. Es más, sería una vulneración de las reglas democráticas que no se permitiese a un candidato exponer sus propuestas para cuatro años", ha insistido.

   Por otra parte, en relación con la situación en que se encuentran las cajas de ahorros, el ministro ha defendido que el "saneamiento" del sistema financiero español se está haciendo "con mucho rigor y con mucha seriedad", como se ha visto en que "allá donde ha hecho falta intervenir, se ha hecho". A su juicio, el "saneamiento general" va a ser "uno de los grandes logros de la política reformista de este gobierno".

   Por el momento, ha rechazado que, fruto de este saneamiento, se vaya sumar alguna entidad más a Caja Castilla-La Mancha, Caja Sur y Caja de Ahorros del Mediterráneo, intervenidas por el Banco de España.

   Además, también ha descartado la idea de que no se vayan a exigir responsabilidades penales o patrimoniales por las situaciones que han llevado a estas cajas a ser intervenidas y ha recordado que está habiendo "investigaciones penales en algunos casos". Incluso no ha descartado "que se produzcan en más".

Equo se moviliza por la «abusiva» reforma de la ley electoral

MADRID.- «Más democracia y menos burocracia». Podría ser uno de los lemas que llevan coreando, desde el pasado 15 de mayo, alguno de los integrantes del colectivo «indignado», pero no, el mensaje es uno de los cientos que está colgando en su perfil de Twitter el partido ecologista Equo, que encabeza el exdirector de Greenpeace España, Juan Ignacio López de Uralde, y que recoge 'Abc'.

Él y el resto de miembros de la formación se han indignado sobremanera al recalar, días después de anunciar que están listos para participar en las elecciones generales del 20-N como «alternativa» al bipartidismo, en la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg), aprobada el pasado mes de enero. En el tercer apartado de su artículo 169, la reforma legislativa dicta lo siguiente: «Para presentar candidaturas, las agrupaciones de electores necesitarán, al menos, la firma del 1 % de los inscritos en el censo electoral de la circunscripción. Los partidos, federaciones o coaliciones que no hubieran obtenido representación en ninguna de las Cámaras en la anterior convocatoria de elecciones necesitarán la firma, al menos, del 0,1 % de los electores inscritos en el censo electoral de la circunscripción por la que pretendan su elección. Ningún elector podrá prestar su firma a más de una candidatura».

¿Qué significa exactamente? Partidos como Equo, que no sientan todavía a ningún diputado en el Congreso de los leones, deberán salir a la calle entre los próximos días 27 de septiembre al 17 de octubre (un día después de la publicación del decreto de convocatoria de elecciones en el BOE, hasta 20 días después) para recabar las firmas del 0,1% del censo de cada circunscripción en la que quieran presentarse. Después, deben avalar ante notario estas firmas, en aras de que compruebe su veracidad, y posteriormente, registrarlas ante la Junta Electoral Central, que debe dar su «plácet» para que el partido «se estrene» en unos comicios generales.

Esta retahíla de requisitos ha provocado que la formación ecologista estalle, puesto que considera que se están poniendo «trabas a la participación» de más partidos, que abran el melón de la iniciativa política, «se está obstaculizando el pluralismo», y «se intenta mantener el "statu quo" político actual». López de Uralde, la exdirigente de Izquierda Unida, Inés Sabanés (que milita ahora en Equo) y el resto de integrantes del partido verde han comenzado su batalla particular, «preparando a la gente», porque «sacarán las mesas» a partir del 27 de septiembre a las calles, pero necesitan «que les ayuden». No obstante, aunque recaben las firmas, consideran un «escándalo» la reforma del mecanismo electoral porque los partidos que comienzan a organizarse y carecen de recursos económicos suficientes deben gastarse el dinero en el notario que valide las signaturas cuando, a su entender, la Administración goza de los recursos precisos para hacerlo. Por ello, piden a la Junta Electoral Central que sea «flexible», al menos, en la comprobación de las firmas.
«Si queremos presentarnos en todas las provincias, necesitamos recoger cerca de 40.000 firmas -calculan en Equo-, unas 4.500 en Madrid, o 1.776 en el País Vasco», dos de las circunscripciones donde Equo aspira a obtener mejores resultados en caso de concurrir el próximo 20 de noviembre. «Tenemos confianza en lograrlo», agregan.

Aun con todo, López de Uralde censura que «esta medida es un abuso», censura López de Uralde, e invita a una reflexión: «Es una reforma profundamente antidemocrática, que se ha aprobado casi sin publicidad y con el desconocimiento de buena parte de la población». Al menos, hasta ahora.