Según la
Asociación de productores y comercializadores hortofrutícolas, así será
si como pretenden los grupos de la oposición (PSRM, Ciudadanos y
Podemos) el próximo lunes aprueban la extensión a todo el Campo de
Cartagena de las medidas ya contempladas para la zona 1, la más cercana a
la laguna, en la ponencia de reforma del decreto ley de Medidas
Urgentes para la Sostenibilidad Ambiental del Mar Menor.
"En este sentido, desde Proexport reclamamos coherencia y
responsabilidad a todos los grupos de la Asamblea Regional para no
extender las medidas más allá de la zona 1 y evitar lo que más parece
una caza de brujas: los productores a los pies de la Sierra de Carrascoy tendrían que
implantar setos en los lindes de sus parcelas, al igual que ya hacen
quienes están situados a 100 m del Mar Menor. La enmienda n° 16.673 así
lo dispone, y a pesar de las reiteradas quejas de los productores
agrícolas, esta modificación lleva camino de aprobarse el próximo lunes.
Otro tanto sucede con el requisito de modificar los sistemas de riego por gotero, para adaptarlos a las curvas de nivel".
Especial impacto tendría la obligación de destinar el 5% de la
superficie de cada parcela a sistemas de retención de nitratos (enmienda
13.669), una medida que Proexport cifra en un coste de entre 486 y 547
millones de euros para el conjunto de la extensión propuesta, pues
obligaría a dejar sin producir 6.077 has. y que pagarían por entero los
agricultores: el mayor impuesto medio ambiental que jamás se les haya
aplicado.
Proexport recuerda que presentó a los grupos políticos en agosto y de
nuevo en diciembre un completo y riguroso dossier de alegaciones a 27
de las 43 enmiendas presentadas por la oposición, advirtiendo de graves
errores técnicos y proponiendo alternativas para asegurar la
sostenibilidad del entorno agrícola del Mar Menor.
"Dicen que nos han escuchado pero lo cierto es que no han demostrado
suficiente sensibilidad hacia las propuestas racionales y sostenibles
que vienen del sector agrario. Pedíamos responsabilidad, nada más. Si no
lo remedian el lunes, acabarán endureciendo en extremo un Decreto Ley
que toma al agricultor como cabeza de turco de los desmanes que todos
los sectores sin excepción han tenido en el entorno del Mar Menor
durante décadas", señala Javier Soto.
"La pregunta que Proexport y todo el sector agrario se hace es si
alguien en los partidos políticos ha valorado la repercusión que esto
tendrá en la competitividad de nuestros productos y, sobre todo, si
servirá para lo que el Decreto Ley pretende: proteger el Mar Menor".
Según Abelardo Hernández, ingeniero agrónomo de Proexport , "no es
necesario ser experto para deducir que no puede afectar igualmente al
Mar Menor un cultivo que esté a sólo 100 metros de distancia, como otro
que esté a 50 Km. Como tampoco tendrá la misma afectación una zona de
cultivo situada sobre un acuífero que se encuentra a una profundidad de
20 m. que a 300 m.".
Para Hernández "no es razonable ni se soporta
científicamente que en caos tan diferentes tengan que cumplir las mismas
medidas de protección, pero las que proponen los grupos de la oposición
son iguales. Se causaría con ello un daño gratuito al sector agrario en
Campo de Cartagena".
Más grave todavía: las enmiendas pretenden que las restricciones a la
actividad agraria que presenta una zona que ha sido legalmente
declarada como "vulnerable a la contaminación por nitratos", se
extiendan de igual forma a otras no vulnerables, en la que ningún
organismo público ha estudiado ni valorado la incidencia que tienen las
prácticas agrícolas propuestas en la calidad del agua subterránea.
Proexport denuncia que una medida como ésta en particular no se conoce
en ninguna otra parte de España, denota la falta de sensibilidad o de
conocimiento técnico agrario de los grupos que la defienden y por ello
les solicita su rectificación urgente.
El vicepresidente de Proexport enfatiza que "el Mar Menor es de
todos, incluidos los productores agrícolas en Campo de Cartagena, su
estado nos preocupa como al que más y por eso adoptaremos todas las
medidas obligatorias y voluntarias que sean necesarias. Lo que nos
parece una irresponsabilidad absoluta es pretender imponer ciertas
medidas que nadie garantiza que funcionen, que supondrán un sobrecoste
muy importante a los productores y que, además, quieran hacerlo en toda
la superficie del Campo de Cartagena por igual, sin siquiera ser capaces
de diferenciar según el grado de afección que cada zona tiene".
Los efectos de estas enmiendas, por aprobar, se sumarán a los
provocados por otras, ya aprobadas. Es el caso de la n° 13.671, que
prohíbe la mayoría de los fertilizantes nitrogenados existentes,
autorizando, única y exclusivamente aquellos que contengan inhibidores
de la nitrificación, cuando no hay ningún estudio independiente que
permita asegurar que el uso de estos abonos aporta alguna ventaja
medioambiental a medio o largo plazo. Lo que sí es seguro es que
limitará en extremo los fertilizantes disponibles para cultivar desde
los Alcázares hasta Cuevas de Reyllo e incrementará inevitablemente los
costes de producción.
Para Proexport no sólo la oposición sería responsable de lo que pase.
El Gobierno regional fue quien elaboró el Decreto Ley que ahora se está
reformando y ya en su día recibió alegaciones del sector que sólo
atendió de forma muy parcial.
Hay que recordar que se hizo con prisas y en una situación de elevada
crispación social, pero en él se incluyeron dos regímenes sancionadores
que según Proexport resentan una grave inseguridad jurídica para los
productores agrarios.
Sirva de ejemplo indicar que es sancionable
económicamente el "incumplimiento del código de buenas prácticas
agrarias", un documento de 24 páginas de un complejo carácter técnico,
elaborado originariamente como para actuar como guía voluntaria y, por
tanto, repleto de expresiones como "resulta adecuado", "deseable", o "en
la medida de lo posible" que abren la puerta a la interpretación y
subjetividad de la Administración o de cualquier posible denunciante.
Llamativo es también que prohíbe usar agua con más de 3dS/m de
conductividad, una calidad de agua muy deseada por todo agricultor, pero
extremadamente escasa en la Región de Murcia.
En conclusión, a los efectos del Decreto Ley de protección del Mar
Menor, hay que sumar las modificaciones ya aprobadas por la oposición
(obligación de uso de abonos con inhibidores de la nitrificación,.).
Sobre las que quedan por aprobar el lunes Proexport hace un llamamiento a
los 4 grupos de la Asamblea Regional para no cometer el grave error de
extender las medidas obligatorias a todo el Campo de Cartagena.
Aboga
por trabajar proactivamente junto con el sector en la difusión de las
buenas prácticas agrarias y medidas voluntarias de sostenibilidad, como
viene haciendo esta Asociación con notable éxito entre agricultores y
empresas de la comarca.
