MADRID.- El Ministerio de Hacienda que dirige Cristóbal
Montoro tendrá el poder de sancionar a los altos cargos de "cualquier
administración pública", Estado, CCAA o ayuntamiento, que vulneren la
Ley de Estabilidad Presupuestaria, según se recoge en el anteproyecto de
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
que este viernes ha aprobado el Consejo de Ministros. Entre las
sanciones figura la "destitución en los cargos públicos que ocupen,
salvo que ya hubieran cesado en los mismos".
La Ley de Transparencia consagra un régimen sancionador
estructurado en tres ámbitos: infracciones en materia de conflicto de
intereses, en materia de gestión económico-presupuestaria y en el ámbito
disciplinario. Además, se incorporan infracciones derivadas del
incumplimiento de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, según figura en el texto dado a conocer por
el Ejecutivo.
La comisión de estas infracciones tendrá como consecuencia
sanciones como la destitución en los cargos públicos, la no percepción
de pensiones indemnizatorias, la obligación de restituir las cantidades
indebidamente percibidas y la obligación de indemnizar a la Hacienda
Pública. Además, se establece la previsión de que los autores de
infracciones graves y muy graves podrán ser inhabilitados por un periodo
de entre cinco y diez años.
La norma establece que el órgano competente para "ordenar la
incoación" cuando los altos cargos tengan la condición de miembro del
Gobierno o de secretario de Estado será el Consejo de Ministros a
propuesta del ministro de Hacienda. En los demás supuestos, el órgano
competente será el titular de Hacienda.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la
vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha subrayado
que entre las sanciones que figuran en la Ley está la relativa a "la
pérdida de la condición de alto cargo".
"La inhabilitación, como es una
pena, la hará un órgano jurisdiccional", ha aclarado.
Hace un par de meses, se preguntó a la portavoz si, en caso de
que un consejero no envíe un plan de ajuste a Hacienda, el responsable
podría ser el presidente autonómico. Santamaría hizo hincapié en que
"el responsable solo puede ser el competente".
"La competencia determina
la responsabilidad", recalcó entonces.
Tras recordar que la norma se sometió durante 15 días a un
proceso de consulta pública --que recibió alrededor de 3.700
aportaciones de particulares y organizaciones--, la vicepresidenta ha
señalado este viernes que el Gobierno "ha aceptado" la sugerencia de
"muchos ciudadanos" para que se someta a la futura norma a los colegidos
profesionales como corporaciones de derecho público. También se
incluirá a los adjudicatarios de contratos públicos que llevan a cabo la
gestión de responsabilidades administrativas.
Sin embargo, Sáenz de Santamaría ha admitido que, pese a las
solicitudes de algunos ciudadanos y colectivos, la Casa del Rey queda
fuera del margen de aplicación de la Ley de Transparencia por no ser una
administración pública. Según ha destacado, la normativa internacional
prevé que las monarquías "no estén sujetas a este régimen".
Entre las novedades hay un impulso de la adopción de
mecanismos que garanticen la accesibilidad, calidad y reutilización de
la información publicada; se amplía la información
económico-presupuestaria que debe hacerse pública, entre la que tendrá
que incluirse lo relativo a los contratos; y se establece la
obligatoriedad de hacer públicos los informes de auditoría y
fiscalización, así como más datos sobre los contratos, entre los que
deberán incluirse los contratos menores.
La portavoz del Ejecutivo ha señalado que han decidido
mantener en la norma el silencio negativo, desestimando la solicitud de
que convertirlo en silencio positivo, por considerar que hay materias
que son "sensibles" como la seguridad ciudadana, la defensa nacional o
que pueden afectar a personas vinculadas a procedimientos
administrativos. "Actuar de otra manera supondría perjuicios a intereses
públicos o de terceros que hay que preservar", ha enfatizado.
Para canalizar las respuestas a las demandas de los ciudadanos
y las obligaciones de publicidad, la Ley contempla la creación de un
Portal de la Transparencia. Santamaría ha concretado que "es una web
única para la Administración General del Estado en la que todos los
ministerios y entidades incluirán su información" para que los
ciudadanos dispongan de ella y hagan sus peticiones a "un único órgano
que se encargará de redistribuirla".
Las reclamaciones se efectuarán ante la Agencia Estatal de
Transparencia, Evaluación de las Políticas Públicas y Calidad de los
servicios, que se va a "dotar de más independencia", de forma que el
nombramiento y las causas de cese de su presidente se equipararán a los
de los organismos reguladores, según la vicepresidenta.
Otra de las novedades del anteproyecto de ley se recoge en las
disposiciones adicionales a través de un plan de calidad y
simplificación normativa que tiene como objetivo disponer de "menos y
mejores" leyes, poniendo un freno a la "inflación reglamentaria". Según
Sáenz de Santamaría, ese plan redundará en dar más facilidades en el
tráfico económico y jurídico, reduciendo la litigiosidad.
El Gobierno enmarca esta norma en su programa de regeneración
democrática y considera que "tendrá efectos económicos porque genera
confianza y aumenta la responsabilidad de los gestores públicos". Una
vez aprobado el anteproyecto, el Consejo de Ministros ha acordado su
remisión a la Agencia Española de Protección de Datos y al Consejo de
Estado, como paso previo a su envío al Congreso para su tramitación
parlamentaria.
Sáenz de Santamaría ha manifestado que se trata de una norma
"compleja" pero que el objetivo del Gobierno es que esté aprobada en el
próximo periodo de sesiones. Dicho esto, ha agregado que la parte de la
ley relativa al Código de Buen Gobierno entrará en vigor el mismo día
que se publique en el Boletín Oficial del Estado, mientras que la parte
relacionada con la transparencia y la documentación el plazo de entrada
en vigor será en torno de un año, con el fin de que los ministerios y
organismos puedan adaptar sus sistemas informáticos y sus páginas web.
