V de Vivienda afirma que el "Barcelona Meeting Point" reúne a la ''mafia inmobiliaria''

BARCELONA.-Una docena de miembros de la plataforma V de Vivienda han reclamado ante los asistentes al salón Barcelona Meeting Point el derecho a la vivienda, a la vez que han criticado este encuentro del sector inmobiliario, donde, a su juicio, se reúne la "mafia inmobiliaria".

Los miembros de la plataforma se han concentrado en el exterior de uno de los salones del evento con carteles en los que se leía frases como Sin tren ni casa, Aquí se subvenciona el ladrillo o Alquiler social ahora, y han hecho fotos a algunos visitantes del salón mientras éstos aguantaban las pancartas con sus reclamaciones.

Diversos miembros de 'V de Vivienda' instalaron un 'stand' ante de unas de las entradas del BMP, en la Fira de Barcelona de Montjuïc, con pancartas que destacaban diversos lemas, como 'La vivienda fuera del mercado', 'Sin tren y sin casa' y 'Alquiler social ahora'. Los concentrados ofrecían a la gente fotografiarse junto a las pancartas.

Uno de los miembros de V de Vivienda, Aida Gallego, ha lamentado que se haya "escuchado poco la voz de la ciudadanía" durante la celebración del salón en un momento, ha dicho, de "crisis" del sector inmobiliario.

"Grandes intereses"

Gallego ha afirmado que en el Meeting Point existen "grandes intereses" que reclaman a la Administración "que ponga dinero" para solucionar esta crisis, y ha destacado que el momento actual debería aprovecharse para tomar medidas que sirvan para excluir la vivienda del mercado.

"Si la vivienda es un derecho, no puede ser que el mercado lo regule y haya gente que no tenga acceso a él", ha manifestado Gallego, que ha reclamado "medidas más fuertes", como limitar los beneficios de los promotores y constructores o prohibir la venta de suelo público.

El colectivo 'V de Vivienda' reivindicó ante el salón Barcelona Meeting Point que la administración pública aproveche el momento de "crisis" de la construcción para aplicar medidas "más generales y fuertes" con el fin de sacar vivienda al mercado, y no "intentar posponer la crisis real del sector hasta después de las elecciones".

Pidieron en concreto "crear un parque público de alquiler amplio, prohibir la venta de suelo público y limitar los beneficios de los promotores y constructores", explicó la representante de la Asamblea para el Derecho a una Vivienda en Barcelona, Aina Gallego.

Según ella, la administración pública "lo que hace, con el Pacto Nacional para la Vivienda en Catalunya, y también a nivel estatal, es subvencionar el sector de la construcción".

Gallego afirmó que, para que la construcción no deje de ser un motor de la economía, "la administración va a poner bastante dinero para que los empresarios sigan teniendo trabajo".

"Lo prioritario no es defender a los que ya se han forrado hasta ahora, sino defender los intereses de las personas, a quienes muchas de estas medidas no van a beneficiar", añadió.

Intervención de los Mossos

Varias personas de la plataforma han intentado acceder a uno de los pabellones del recinto, aunque miembros de la seguridad privada se lo han impedido e incluso ha sido necesaria la intervención de efectivos de los Mossos d'Esquadra para despejar la zona de entrada. Entre empujones, los protestantes han recriminado a los agentes de seguridad que no les dejaran acceder al salón pese a tratarse de "un consorcio público".

Manifestación en Sant Andreu

Tras el acto de protesta, los miembros de la plataforma se han dirigido hacia la plaza Orfila, en el barrio de Sant Andreu, donde varios colectivos han convocado una manifestación en defensa del territorio y contra la especulación urbanística, y que, según el portavoz de una de las entidades que se ha sumado al acto, ha reunido a unas 300 personas.

Los convocantes de la protesta han explicado en un comunicado que se ha decidido organizarla en el distrito de Sant Andreu porque se trata de "un área explotada por parte de las instituciones públicas y las constructoras", donde aún está muy presente el conflicto vecinal por el desalojo de los vecinos de las casas baratas del Bon Pastor.

Contrarrestar visión triunfalista

El Barcelona Meeting Point (BMP) es el lugar donde los principales grupos inmobiliarios, constructores, asesores y financieros, además de medios de comunicación y administraciones públicas, cierran importantes operaciones especulativas en salones privados. El evento cada año planea crecer y recibir el apoyo de instituciones, medios de comunicación y empresas.

Ante esta reunión de la especulación inmobiliaria, un amplio abanico de personas, colectivos y plataformas de toda Cataluña en defensa del territorio y contra la especulación organizaron una jornada de lucha para denunciar lo que llaman “crimen organizado” y señalar a los responsables de la destrucción del territorio, la imposición de grandes infraestructuras energéticas y de transporte capitalistas, y de campos de golf y megaurbanizaciones, la falta de vivienda y el acoso inmobiliario.

El lema de las movilizaciones, “Se ríen de nosotros en la cara”, quería evidenciar la impunidad con que se reunían en la capital catalana. A pesar del apoyo mediático del Grupo Godó (La Vanguardia), Prisa (Cinco Días), La Razón o TV3, y otra treintena de “medios colaboradores”, las protestas han introducido el debate sobre la celebración del evento y han contribuido a que el balance interno no sea muy positivo tras denunciar la complicidad institucional con los especuladores.

En la manifestación: pintadas contra la mafia inmobiliaria, carteles de las diferentes luchas, revistas explicativas, octavillas y el juego del Monopoly, donde un joven precario sufría los abusos inmobiliarios.

Las luchas en defensa del territorio y contra la especulación han finalizado en la manifestación con el grito: “¡Algún día cerraremos el Meeting Point!”.

La manifestación ha servido para contrarrestar la versión triunfalista que año tras año rodeaba al BMP y contribuir a tejer una red de solidaridad y cooperación entre los diversos colectivos implicados.- (Agencias)

IU pregunta a Fomento si va a encargar un nuevo informe de impacto acústico del ruido de los aviones en Valencia

VALENCIA.- La diputada de IU por Valencia en el Congreso, Isaura Navarro, ha presentado una pregunta parlamentaria al ministerio de Fomento en la que se interesa por las actuaciones del departamento para encargar un informe de impacto acústico en la ciudad de Valencia del ruido que producen las aeronaves con los nuevos accesos del aeropuerto de Manises.

Asimismo, la diputada pregunta, en caso de no haber realizado ninguna actuación hasta el momento, cuándo tiene previsto el ejecutivo central realizarlas.

En la iniciativa parlamentaria, Navarro argumenta que el ruido de los aviones a su paso por el casco urbano de Valencia afecta a más de 130.000 personas.

Según Navarro, "este es el dato que tiene constatado el área de contaminación acústica del consistorio valenciano frente al dato que ofrece Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), que afirma que las aeronaves sólo producen ruidos a su paso por el polígono de Vara de Quart".

Al parecer, indica Navarro, "las mediciones que tiene AENA de la ciudad de Valencia se realizaron en 2005 y por lo tanto no tienen ninguna validez en la actualidad, dado que el tránsito ha aumentado considerablemente en estos dos años y el acceso aéreo al aeropuerto de Manises ha variado y atraviesa distintos barrios, como son Malilla, Patraix, Russafa, Montolivet, Arniches y el barrio de la Luz entre otros".

La diputada se muestra convencida de que "lo expuesto apunta a la necesidad de elaboración de un nuevo informe de impacto acústico en la ciudad del ruido que producen los aviones, con todas las consecuencias jurídicas que ello implique, como las indemnizaciones a que hubiere lugar a los ciudadanos perjudicados en el día a día por el impacto acústico que sufren y que hoy por hoy no es reconocido".- (Agencias)

(Estacionamiento de aeronaves en el aeropuerto de Valencia-Manises)

Desempolvando expedientes urbanísticos / Juan Redondo

Ahora sí”, recoge una campaña del Gobierno de España sobre las Nuevas Tecnologías de la Sociedad de la Información. Y sin consignas por medio parece que este eslogan lo están utilizando una juez de Instrucción en San Javier y un consejero de Desarrollo Sostenible del Gobierno de Ramón Luis Valcárcel.

La primera sólo busca clarificar dudas razonables sobre presuntas irregularidades urbanísticas, el segundo responde a una larga queja de constructores, promotores y empresarios.

Por medio muchos expedientes. Unos que recogieron los servicios policiales y judiciales con sus furgonetas en Torre Pacheco y Fuente Álamo y otros que dice Benito Mercader que almacenó durante algunos días en el maletero de su coche. Entre ellos no existe ninguna relación directa, los primeros estaban en fase de ejecución y los segundos dormían “aburridos” en el sueño de los justos de la burocracia más “kafkiana”.

A la Justicia, dicen que no hay que presionarla. La juez de San Javier se ha marcado un trabajo y habrá visto indicios razonables para actuar, con dos alcaldes del PP como testigos y posibles imputados, junto con técnicos municipales y un empresario. Los socialistas anuncian que se quieren personar en el caso. Están en su derecho, “pero una cosa es oír y otra es intentar enredar”, apunta un conocido letrado.

La presunta corrupción marcó la vida política regional en los últimos años. Condenas o procesamientos no ha habido, lo cual no quiere decir que aquí todo el monte haya sido órgano. “Sí alguien lo ha hecho que lo pague”, fue la conclusión de los populares ante las imputaciones socialistas. Ahora toca trabajar a la juez y tanto socialistas como populares deberían respetar cometido.

Algunos de los declarantes han quedado ya en libertad con cargos. ¿Que cargos?, apunta el jurista. El secreto de sumario permite todo tipo de especulaciones y una persona que ha estado varias horas de compareciente ante la jueza sale diciendo que tiene prohibido hablar. De momento ya han declarado más de una decena.

¿Que cargos tan inconfesables se imputan a la alcaldesa de Fuente Álamo, al empresario de la construcción Facundo Armero?, empresario de la zona para quién el secreto de sumario no debería estar reñido para que se diga “por actuaciones irregulares en materia urbanística, por tráfico de influencias, por prevaricación o por la intemerata. ¿Qué pasa que se pretende ahora “marbellizar” la zona con el secretismo?”.

El empresario quiere que a la Justicia se la deje trabajar tranquilamente, que los partidos políticos se personen como pretenden los socialistas, “pero que no enreden, como hace Aznar”, o que los “populares dejen al margen sus obsesiones políticas con fiscalía”, qué las cosas queden claras y que cada uno asuma sus responsabilidades en el caso de haberlas, por la presunción de inocencia marca el Estado de Derecho.

En esta ocasión las autonómicas y municipales quedan lejos, por lo que las actuaciones judiciales no se podrán interpretar en claves electoralistas “ni para unos, ni para otros”.

Los expedientes del consejero Mercader son otra historia. El buen hombre reconoce que en los últimos 18 meses se han acumulado más de cuatrocientos y que ahora se van a despachar como la ley manda, unos rápidos como el AVE, porque no necesitan papeleos, y otros por la vía convencional con los estudios añadidos.

La construcción, dicen que el motor de la economía regional en la etapa de bonanza económica, tuvo un cuello de botella en el papeleo. Parece que Mercader va a desatascar el problema.

Los ministros retrasan el “desembarco”

La ministra Carmen Chacón no llegará este fin de semana a la Región de Murcia. Su visita se ha pospuesto para el próximo día 20-N. Sí nos visitará Diego López Garrido, el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso para hablar de la precampaña de “Murcia con Z”.

El desembarco de ministros en la Comunidad anunciado por Pedro Saura a bombo y platillo el otro día en la Plaza Belluga, al final se queda en ajustes de agenda de la dirección federal de los socialistas, parece que vendrán cuando puedan o cuando tengan hueco.

Para esta semana, el martes se espera a Cristina Narbona, entre institucional y política. A la ministra, habitual en listas de Almería, dicen que un sector socialista vería con buenos ojos su presencia encabezando la candidatura al Congreso por Murcia, mientras otras fuentes apuntan que su destino será Madrid.

A falta de poco más de un mes el problema formal de cabeza de cartel, que será “paracaidista”, sigue estando en el aire y Pedro Saura intentando desembarcar ministros que luego llegan cuando buenamente pueden. Y a los populares les pasa algo parecido, porque Valcárcel sigue hermético.

La Armada mejorará la habitabilidad de los submarinos S-70, con base en Cartagena

CARTAGENA.- El nuevo jefe de la Base de Submarinos de Cartagena, capitán de navío Francisco Javier González-Huix, anunció ayer, tras su toma de posesión en el Arsenal Militar, que la Armada ha aprobado un proyecto para reformar los cuatro submarinos S-70, que permitirán mejorar la habitabilidad de los espacios interiores, además de renovar los equipos técnicos.

El nuevo comandante avanzó este proyecto entre las prioridades de su nuevo mandato. Todos sus objetivos están relacionados con las personas, «porque son las que manejan los submarinos, por un lado su bienestar, y por otro la seguridad porque todos sabemos los riesgos que entraña estar en un submarino».

Tras las bajas de los cuatro submarinos de la serie 60, la Armada dispone en la actualidad de cuatro sumergibles de la clase 70, y está pendiente del proyecto de renovación de la flotilla con los S-80, los nuevos submarinos que construye en la actualidad la empresa pública Navantia.

González añadió que los S-70 «aún tienen que durar porque les queda gran parte de su vida operativa, pero hay que reconocer que son un diseño de finales de los años 70 y principios 80, los estándares de calidad vida han variado mucho, el proyecto de modernización no sólo incluye equipos, consolas y otros elementos sino la modernización de la habitabilidad interior, sorprendería saber lo que hacen algunas empresas con muy poco espacio».

«Lo de la cama caliente en los submarinos era muy típico de los S60, hoy en día, con las dotaciones ajustadas, no hay necesidad de acostarse donde el anterior se ha levantado», agregó el mando tras su toma de posesión.

Sobre la falta de personal profesional en la Armada, González-Huix señaló: «Se trata de un problema de ciclos que se da en todas las Fuerzas Armadas», que están saliendo de un «ciclo de horas bajas» y que todas las cifras indican que consiguen un mayor reclutamiento y retención.

González-Huix aludió también a la rehabilitación de las dependencias de la Base para suboficiales y marinería, y manifestó que «en la zona de suboficiales, todo el ala poniente del edificio, preservando la fachada y los elementos estructurales, el interior se hará completamente nuevo, se tirará entero y se volverá a rehacer y lo mismo en el edificio de marinería».- (EFE)

El juez Juan Del Olmo ha solicitado el traslado a la Audiencia Provincial de Murcia desde la Nacional

MURCIA.- El juez murciano de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo Gálvez, ha solicitado una plaza de nueva creación en la Audiencia Provincial de Murcia convocada por el Consejo General del Poder Judicial el 25 del pasado mes pasado en el B.O.E. para la jurisdicción civil.

Ahora habrá de tenerse en cuenta también la especialidad y la antigüedad en el escalafón de otros magistrados, que puedan haberla pedido, para resolver conforme a derecho el citado concurso de traslado.

Como la especialidad de Del Olmo es la penal, cualquier magistrado de lo Civil tendría prioridad para ocupar la citada plaza. Pero como la intención del magistrado de regresar a Murcia es firme desde hace un año, podría ser una realidad en breve si se concreta otra anunciada ampliación de plazas de magistrados en la Audiencia Provincial de Murcia, a las que podría optar.

El diario "El Mundo" publicó ayer que Del Olmo ha solicitado la plaza, convocada pocos días antes de hacerse pública la sentencia del 11-M, el caso de mayor repercusión pública que ha instruido en toda su carrera. Ahora Juan del Olmo ha visto cómo la sentencia del 11-M refrendaba la investigación llevada a cabo por el magistrado murciano, que fue muy cuestionado desde ciertos sectores políticos por la forma en la que llevó a cabo la instrucción del caso.

El magistrado Juan Del Olmo, licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia, ex alumno de los Maristas en La Merced y carmelitano de nacimiento y residencia, era el juez de Lo Penal número tres de Murcia.

Pero comenzó su carrera profesional (1986-89) en el País Vasco, en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en Durango (Vizcaya). En esta época, tuvo un accidente de tráfico que le ha dejado una leve cojera.

A principios de 1989 fue destinado al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Cieza y, a finales de ese año, se trasladó al Juzgado de lo Penal número 3 de Murcia, donde adquirió la categoría de magistrado.

El 28 de julio de 1998, el Consejo General del Poder Judicial, le designó para sustituir en comisión de servicio, a Javier Gómez de Liaño al frente del Juzgado Central número 1 de la Audiencia Nacional.

En octubre de 1999 se reincorporó a su puesto en el Juzgado de lo Penal número 3 de Murcia.

En junio de 2000 regresó a la Audiencia Nacional, ahora en sustitución del juez Manuel García Castellón, en comisión de servicio. Un año después el Consejo General del Poder Judicial le otorgó la plaza de juez titular de la Audiencia Nacional, donde ocupa el juzgado central de instrucción número 6.

En varias ocasiones ha manifestado a familiares y amigos el deseo de regresar a Murcia, donde suele pasar todos los fines de semana en su casa de una conocida urbanización y tampoco resulta difícil verlo pasear por sus calles ayudado por un bastón en actitud bastante hermética.

Su esposa en segundas nupcias desde hace pocos años, María Luisa Fernández-Delgado, está destinada en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia.

Según fuentes judiciales murcianas, «la intención del juez Del Olmo era algo que se conocía hace tiempo».

IU exige al gobierno local que de solución al problema que ha generado "Iberdrola" en Totana

TOTANA.- El concejal de IU + Los Verdes, Juan José Cánovas, ha salido al paso de la actuación del Grupo Popular en Totana, que ostenta el poder, con 13 concejales, sobre 21 y anuncia una moción al pleno de finales de noviembre para solicitar soluciones al Ministerio de Industria, por la acumulación de lecturas que la compañía eléctrica, "Iberdrola", viene realizando a los vecinos y comerciantes del municipio de Totana.

Son ya tres recibos consecutivos los que lleva facturando, de forma estimada, la compañía suministradora de energía eléctrica, con el consiguiente perjuicio económico para la mayoría de abonados.

“El portavoz del PP, señor Valverde Reina, anuncia a bombo y platillo una moción al Pleno, cuando tiene el poder y la obligación de actuar sobre la compañía en defensa de los vecinos y comerciantes…” ha manifestado Juan José Cánovas.

“Los responsables del Gobierno Municipal, culpan a un decreto del Gobierno Central del desatino y alientan a los vecinos a llamar al teléfono del atención al cliente, en vez de actuar ante un problema generalizado…”, apostilla el edil de esta formación de izquierdas.

Los concejales de IU + Los Verdes, recuerdan que el decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, que regula la facturación del suministro a Tarifa, contempla que debe realizarse por la distribuidora ("Iberdrola", en el caso de Totana), en base a la lectura de los equipos instalados al efecto. Solo pueden facturarse de forma estimativa a los consumidores que se acojan, voluntariamente a esta modalidad, que no podrá exceder de un semestre sin actualizar las lecturas reales.

"Una vez más, el Partido Popular, aprovecha una deficiente y desastrosa gestión de servicios de primera necesidad, como es la energía eléctrica, para atacar al Gobierno Central, sin tener en cuenta que tienen una responsabilidad de Gobierno ante los vecinos y obligación a hacer gestión eficaz, en su defensa, y no actuar cuán oposición, elevando mociones, que como mínimo son engañosas y vacías de contenido", dice IU+Los Verdes en un comunicado.

Por último, los concejales de esta coalición, recuerdan que el responsable en Murcia de "Iberdrola", es el anterior consejero de Industria, del PP, Patricio Valverde.

El PP e IU revocan el mega plan urbanístico del ex alcalde socialista Sanes en La Unión

LA UNIÓN.- El Pleno del ayuntamiento de La Unión, con los votos a favor del PP y del único edil de IU, aprobó el nuevo convenio urbanístico con la promotora Peinsa para la cesión de la Casa del Piñón al municipio. El PSOE votó en contra al considerarlo una regresión.

A cambio el Ayuntamiento recalificará 500.000 m2 en la pedanía de Roche para edificar 2.000 viviendas protegidas, la mitad para jóvenes. PP e IU resaltaron que, además de un pelotazo social, las arcas municipales recuperan 15 millones de euros con respecto al convenio firmado en 2005 bajo el gobierno municipal socialista de Manuel Sanes.

Los socialistas, por contra, argumentan que la promotora obtiene 100 millones más de beneficio, «como demuestran los cálculos del arquitecto municipal», y que «una concentración de 2.000 viviendas protegidas quizá no sea lo más adecuado».

El Pleno acordó, además, derogar el PGOU, que ya se encontraba en los servicios correspondientes de la Comunidad Autónoma para su visto bueno definitivo. Se "caen" así las 22.000 nuevas viviendas que proyectaba el ayuntamiento socialista.

El grupo municipal socialista votó en contra con sus ocho ediles, mientras que los otros nueve votos revocan un Plan que, según José Haro, de IU, a partir de ahora tendrá mayor racionalización y mejor protección del medio ambiente.

PP e IU defendienden un ordenamiento «más sostenible, con mayor protección natural y del patrimonio minero», mientras que el PSOE califica esta decisión como «un paso atrás».

También se aprobó el acondicionamiento de la pista polideportiva de Portmán, como los nuevos estatutos del Consorcio Turístico Sierra Minera y la modificación de las nuevas sesiones plenarias que serán los últimos jueves, de cada dos meses, en horario de tarde.

Además, fue aprobada en la sesión plenaria la concertación de un préstamo de 1.812.683 euros para amortiguar el déficit presupuestario de este ejercicio.