MADRID.- El comité de sabios creado por el Gobierno
para asesorar la estrategia española de energía en la próxima década ya
ha puesto sobre la mesa las claves para cumplir los objetivos
climáticos: apuesta decidida por las renovables y un nuevo impuesto al
CO2, que sustituiría los sobrecostes en el recibo de la luz.
El documento, al que ha tenido acceso EFE-Verde, es fruto de ocho meses de trabajos de 14 expertos designados por el Gobierno a mandato del Parlamento, que lo han aprobado con 11 votos a favor (de los 3 representantes del Gobierno y los de PP, PSOE, Ciudadanos, PNV, Foro Asturias, CEOE y UGT) y 3 abstenciones de los nombrados por ERC, Podemos y CCOO.
En el texto, de cerca de 500 páginas que se presenta mañana al Ministro de Energía, el grupo de sabios plantea al Ejecutivo los escenarios viables
para que España cumpla sus compromisos climáticos a 2030: reducción de
emisiones del 26% respecto a 2005 en sectores no industriales, un 27% de
energía final consumida de fuentes renovables y un 30% de ahorro
energético.
Reforma fiscal
Los
expertos consideran que para alcanzar ese objetivo es necesaria una
reforma de la fiscalidad energética, sustituyendo los impuestos actuales
por otros que interioricen los costes ambientales, y cuya recaudación financie sobrecostes que actualmente soporta el consumidor.
De este modo, plantean crear un impuesto al CO2 para todos los consumos energéticos finales (no sólo para las instalaciones industriales) y otro para tres de los contaminantes atmosféricos más dañinos: los óxidos de nitrógeno (NOx), las partículas (PM) y los óxidos de azufre (SOx).
Precio al CO2
El precio del CO2 debe fijarlo el Gobierno, aunque los expertos recomiendan valores entre los 15 y 30 euros por tonelada emitida,
de los cuales la industria ya sometida al comercio europeo de derechos
de emisión sólo pagaría la diferencia para llegar a la cifra fijada en
España respecto a Europa (donde actualmente se paga 12 euros por
tonelada), al igual que ocurre en Reino Unido.
Asimismo proponen eliminar del recibo de la luz todos los sobrecostes
incluidos en los peajes actuales (deuda acumulada por el déficit de
tarifa o las antiguas primas a las renovables), y la supresión de dos
impuestos, el de la generación eléctrica (7%) y el de la electricidad
finalista (en torno a un 4,5%).
Esos sobrecostes se pagarían vía Presupuestos Generales, con los ingresos recaudados por los nuevos impuestos ambientales.
Fin del Impuesto al Sol, el futuro es solar
La reordenación fiscal y de los peajes beneficiará el autoconsumo porque se suprime el llamado impuesto al sol y en la mayoría de los escenarios abarataría la factura, si bien los nuevos impuestos ambientales se acompañan de una subida de los del gasóleo y la gasolina, que aumentarían un 29 y en un 2% respectivamente.
Los expertos sugieren que estos cambios sean de aplicación progresiva,
y proponen mecanismos de exención o compensación para evitar pérdidas
de competitividad de las industrias con riesgo de deslocalización o para
otros sectores particularmente sensibles como el transporte.
Otra
recomendación clave es que España debe avanzar en renovables tan lejos
como técnicamente sea viable hasta 2030, dejando claro que la fotovoltaica será la tecnología de la próxima década.
Su escenario energético base para 2030 propone un 62% de generación renovable
para electricidad: 10% hidráulica, 20% eólica (31.000 megavatios
instalados, mw), 27% fotovoltaica (47.150 mw), 1% termosolar y 4% otras
renovables.
Novedad: Exportamos energía
Ese
62% abastecería un 69% de la demanda eléctrica, lo que implica que
España se convertiría en exportador de energía a Francia y Portugal,
pudiendo abastecer, en este último caso, hasta el 7% de su demanda con
energía limpia.
Este 62% de generación equivale a un 29,7% de energía final total consumida de fuentes renovables,
dado el relevante peso que tiene el consumo de petróleo y sus derivados
en la factura energética final de un país muy dependiente de los
fósiles en el transporte, los usos residenciales y la industria.
Un
29,7% que situaría a España por encima del 27% del objetivo que marca
la UE pero por debajo del 35% que está planteando el Parlamento Europeo,
cuya consecución, de acordarse, requeriría de mayores esfuerzos en
electrificación del transporte y la edificación.
Fin del carbón, nuclear versus gas
Ante
las incertidumbres asociadas al desarrollo de las tecnologías de aquí a
2030, sobre todo en almacenamiento renovable, los expertos dejan en
manos del Parlamento y del Gobierno decidir qué energía, si nuclear o
gas o una combinación de ambas, garantizará un respaldo firme que
asegure el suministro y la estabilidad el sistema eléctrico en caso de
menos sol o viento.
Su escenario base no contempla el carbón en 2030, al considerarlo inviable con los precios de CO2 esperados.
Advierten de que cerrar las nucleares conforme vayan cumpliendo los
40 años, a partir de 2023, incrementaría el coste de generación entre
2.000 y 3.200 millones anuales según el escenario, y las emisiones
contaminantes aumentarían por el mayor uso de gas.
Manteniendo
las nucleares en 2030, el 76% de generación eléctrica sería libre de
emisiones, pero seguiría haciendo falta un 11% de generación por ciclo
combinado y un 12% de cogeneración.
No más pagos por capacidad regulados
Los
expertos también proponen sustituir los actuales pagos por capacidad
regulados (aproximadamente 1.000 millones anuales para que los ciclos
combinados estén disponibles) por un mecanismo de subastas de capacidad.
También
proponen un sistema de subastas para la instalación de nueva generación
renovable, de potencia como actualmente o de energía, para asegurar las
inversiones de acuerdo con los objetivos de la descarbonización, en un
marco planificado.
Reconocen, también, que la transición es un reto “colosal”
y que habrá perdedores (fundamentalmente el sector petrolero, el del
carbón y las zonas con centrales nucleares), por eso dedican uno de sus 8
capítulos a plantear propuestas para una transición justa, destacando que la descarbonización es una oportunidad para la creación de empleo.
El
informe dedica otros capítulos a cómo mejorar el funcionamiento del
mercado eléctrico, a la movilidad sostenible, la eficiencia, las
interconexiones o la mejora de la gobernanza energética.
Trabajo independiente y altruista
Sus escenarios parten de hipótesis conservadoras,
en las que no se tienen en cuenta cambios de comportamiento, se
contempla un PIB medio del 2% en la próxima década, una penetración
modesta del vehículo eléctrico (2,4 millones en 2030, un 10% del total) y
de las bombas de calor (1,2 millones en 2030).
El grupo de
sabios, de hecho, está compuesto por una mayoría conservadora -y
masculina, ni una sola mujer entre sus 14 miembros-, nada sospechosa de
plantear propuestas “revolucionarias”.
Aunque el Ministerio de
Energía ha cedido su sede para las numerosas y largas tardes de
trabajos, los expertos, que han trabajado de manera altruista, reconocen
que no les han dado “ni un café”, y que han tenido que recurrir a los
modelos de la Universidad Pontificia de Comillas y de Red Eléctrica de España para sus simulaciones porque el ministerio no cuenta con ellos, a pesar de ser socio de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que los facilita.
Los 14 expertos
Los
14 expertos que han compuesto la comisión de sabios son, por parte del
Gobierno, Jorge Sanz, exdirector general de Energía, que la ha
presidido; Ignacio Grangel, presidente del operador del mercado, Omie; Miguel Duvison, director de Operaciones de Red Eléctrica, REE; Francisco Javier Arana, exsubdirector general de Energía Nuclear; Diego Rodríguez (propuesto por el PP); Luis Atienza (PSOE); Pedro Linares (Ciudadanos); Cristóbal José Gallego (Podemos); Óscar Lapastora (Foro Asturias); Txetu Sáenz de Ormijana (PNV); Josep Salast (ERC); José Luis de la Fuente O’Connor (UGT); Jorge Aragón (CCOO) y Guillermo Ulacia (CEOE).
Puede leer nuestro análisis sobre el informe de los experto
aquí.
