MADRID.-  Las empresas concesionarias de autopistas de 
peaje podrán solicitar préstamos participativos al Ministerio de Fomento
 para compensar una parte de la falta de ingresos que sufren como 
consecuencia de la caída del tráfico a raíz de la crisis económica.
   Así consta en una de las enmiendas presentadas por el PP al 
proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2013, 
incorporada ya a la norma, y con la que se refuerza las garantías a las 
concesionarias para "facilitar la negociación" con estas 
empresas, "atendiendo a las especiales circunstancias por las que están 
atravesando y garantizando que cualquier actuación que pueda realizarse 
quede sometida a las disponibilidades presupuestarias".
   La enmienda modifica la Ley del Servicio
 Postal Universal, de los Derechos de los Usuarios y del Mercado Postal 
para que parte de las cantidades reclamadas por las compañías a través 
de la cuenta de compensación se pueda cubrir con un préstamo 
participativo concedido por el Ministerio de Fomento y que las 
concesionarias podrán solicitar durante los primeros meses de cada 
ejercicio.
   Las condiciones de este préstamo serán las que se designen de 
forma general en los Presupuestos Generales del Estado, y se permite 
reequilibrar la concesión para que las empresas puedan devolver el 
importe del préstamo y sus intereses. 
   "Las cantidades consignadas en la cuenta de compensación y las 
entregadas en los préstamos participativos, así como los intereses 
devengados, se consideran pagos a cuenta a descontar del importe que, en
 concepto de responsabilidad patrimonial, pudiera serle exigido a la 
Administración con ocasión de la resolución del contrato concesional", 
añade la enmienda.
   Además, el PP ha incluido, también vía enmienda, tres nuevas 
autopistas --la de Alicante-Cartagena, la de Santiago-Orense y la de 
León-Astorga-- al listado de vías que, desde 2011, pueden tener una 
cuenta de compensación, donde se consigna anualmente la diferencia entre
 los ingresos reales por los peajes y el 80% de las estimaciones de 
ingresos que se hicieron en el plan económico financiero de la oferta de
 licitación.
   También se ha ampliado en cuatro años (hasta 2018) el tiempo en 
que funcionarán estas compensaciones, que se limitan al 49% del importe 
resultante de "sumar los ingresos anuales de peaje de la concesión y la cantidad a consignar". 
   Por otra parte, se reconoce la posibilidad de que las 
concesionarias sean declaradas en concursos de acreedores, en cuyo caso 
los saldos de la cuenta de compensación y los intereses devengados 
serían exigibles "en todo caso" por la Administración, que recuperaría así parte de los recursos cedidos a las empresas.
   Además, se autoriza al Gobierno para que, "si las circunstancias económicas de las sociedades así lo aconsejan",
 pueda excluirlas de todas estas medidas (préstamos participativos, 
compensaciones, etc.); si bien el saldo de las cuentas de compensación 
devengará intereses a partir de 2014, excepto para las gestoras de las 
tres nuevas vías incorporadas a la medida, que deberán esperar a 2016.
 
