MADRID.- El
 sector privado reclama un mayor protagonismo en la promoción de 
vivienda social en España y lamenta el retroceso sufrido en los últimos 
años, cuando se ha pasado de 50.000 viviendas a menos de 10.000.
Además,
 otros responsables del sector abogan por medidas encaminadas a animar a
 los particulares para que destinen sus viviendas al alquiler social, 
como es el caso del País Vasco, o a un mejor uso del patrimonio público 
inutilizado, así como de las viviendas vacías.
- ¿Cuál es la situación de la vivienda social en España?
Entre
 2010 y 2018 se construyeron 227.210 viviendas sociales, tres de cada 
cuatro en 2010, 2011 o 2012. Esta cifra supone la mitad de viviendas 
sociales que se hicieron durante los diez años anteriores (2000-2009) 
cuando fueron 566.632 o en los 90, 557.925.
Desde
 que el Ministerio de Fomento recoge datos (1991), ningún año se habían 
construido menos de 35.000 viviendas, mientras que, desde 2013, no se 
han promovido nunca más de 18.000, cerrándose el año 2018 con 11.860 
viviendas de carácter social que han comenzado su promoción.
- ¿Por qué se ha frenado la construcción de vivienda social?
A
 la crisis económica, la vicepresidenta de Asociación de Promotores de 
Madrid (Asprima), Carolina Roca, añade que se ha
 desplazado a la iniciativa privada de la promoción de vivienda social 
por cuestiones políticas, cuando era "uno de los principales motores".
El
 director de residencial y suelo de CBRE, Samuel Población, opina que 
uno de los principales problemas son las diferentes normativas 
existentes en las distintas comunidades, que tienen la competencia, 
Gobierno central e incluso ayuntamientos.
- ¿Qué proponen las promotoras para aumentar el parque de vivienda social?
Desde
 la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE) afirman que 
es necesario recuperar el modelo y que la Administración ceda el suelo 
para la vivienda social a promotoras a fin de iniciar la construcción de
 viviendas de este régimen.
El
 presidente de Asprima, Juan Gómez Pintado, ha afirmado que entre 
Comunidad de Madrid y Ayuntamiento hay suelo reservado para 45.000 
viviendas para cuya edificación el Gobierno necesita la ayuda de la 
colaboración privada, ya que no hay dotación presupuestaria suficiente.
El cálculo de APCE en Cataluña eleva esta cifra de suelo reservado a 192.771 viviendas en el caso de la Generalitat.
A
 estas recomendaciones, se suman otras medidas que plantean los portales
 como Fotocasa, cuya directora de estudios, Beatriz Toribio, señala la 
exención del IVA a la promoción de viviendas para alquiler social o la 
agilidad de las licencias.
- ¿Existe algún modelo exitoso?
En
 España, el modelo de referencia ha sido el implantado por el País Vasco
 que, por ejemplo, ha construido 2 de cada 3 viviendas de alquiler 
protegido de España en los últimos 4 años según el área de vivienda del 
Gobierno de la región y, desde los 80, ha promovido 103.900 viviendas de
 carácter social.
En
 esta comunidad, toda vivienda protegida que se construya será en 
régimen de alquiler a partir de 2020, ya que así se cubrirá 
prioritariamente por los sectores más vulnerables.
El
 Gobierno Vasco lanzó a comienzos de legislatura un programa de 
captación de propietarios para alquiler social en el que el ente público
 garantiza devolver la casa tal y como se entregó y una renta fija 
mensual independientemente de que la abone el inquilino que ha captado 
más de 5.000 viviendas.
- ¿Qué se puede hacer aparte de promover vivienda nueva?
Para
 la urbanista Raquel Rodríguez, el primer paso sería blindar de manera 
indefinida la condición social de toda la vivienda que se haga por este 
fin y evitar que puedan pasar al mercado libre.
Rodríguez
 cree que también hay que analizar el mercado con profundidad para 
determinar cuántas viviendas vacías existen realmente, así como el 
patrimonio que, en caso de rehabilitarse, podría servir para tal fin, ya
 que, de este modo, se evitaría consumir más suelo.
Por
 su parte, comunidades como Madrid ofrecen deducciones al alquiler para 
jóvenes, uno de los colectivos más afectados por los problemas de acceso
 a la vivienda, ya que el 53,1 % de los que entre 25 y 29 años siguen 
viviendo con sus padres, según el INE.