No importan los ideales políticos, ni los colores que nos representen; la meta está en gobernar para poder cobrar. En esta carrera por alcanzar las riendas del gobierno municipal se usan descaradamente las sensibilidades de los votantes, las vanas promesas de mejoras, el machacón discurso aludiendo al bien común, los codazos junto con el acoso y derribo al adversario, las sonrisas y apretones de mano… cualquier práctica es útil para crear una imagen que enganche a los confiados votantes. Personas que sin escrúpulos manchan el buen nombre del ejercicio político democrático a cambio de ocupar un puesto en la administración.
De esta manera, de la mano del padrino empresarial de turno y a través de las listas cerradas y bloqueadas confeccionadas en la mesa de camilla de cualquier partido político, han accedido a los órganos de gobierno municipales, durante los últimos años.
Personas sin vocación de servicio público y aún sin aval ideológico alguno, que conciben los Ayuntamientos no como instituciones públicas al servicio del ciudadano, sino como plataformas de negocios múltiples al socaire del boom inmobiliario ("lo más actual, práctico y rentable es hacer negocios desde las Corporaciones Locales", se han dicho). Este es, a grandes rasgos, el perfil de muchos de los modernos municipalistas.
¿Nos hemos parado a pensar quiénes se presentan a cargos públicos en nuestros ayuntamientos?. La mayoría de estas personas carecen de formación sobre la administración pública y debería ser obligatorio que realizasen cursos para aprender a conocer en profundidad las áreas que van a desempeñar. Nuestros políticos deben desenvolverse en el funcionamiento de las comisiones informativas, prepararse las sesiones plenarias y, sobre todo, tener siempre las puertas abiertas para mantener un contacto permanente con los ciudadanos porque a fin de cuentas son a los que va a afectar directamente sus actuaciones.
Toda la función no puede recaer en manos de los técnicos que sirven de apoyo y de asesoramiento aunque en muchas ocasiones son los verdaderos gestores a la sombra. En definitiva, conocer cuáles son sus derechos y deberes a los que se tiene que enfrentar en su trabajo en la gestión pública. Por desgracia, muchos de nuestros munícipes no saben estar y se “endiosan” en sus puestos olvidando que fue la voluntad popular quienes les hizo ocupar un puesto que, para nada, es vitalicio.
Por desgracia, la vida política en general y muy en especial la municipal, ha degenerado de forma alarmante. Tenemos políticos mediocres (fácilmente manipulables, por tanto), que no representan realmente a nadie y cuyo único objetivo es hacerse ricos lo más pronto posible (por si acaso la eventualidad dura poco).
La partitocracia excluyente que asola la vida política, su desaforada disciplina y su necesidad de lealtades mal entendidas, ha propiciado el que muchas de las personas más solventes, personal y técnicamente (y hasta moralmente en muchos casos), hayan huido de la gestión de los asuntos públicos; siendo sustituidos por políticos profesionales (en el peor sentido de la palabra). La práctica perversa de la política, en mayor o menor medida, de una clase u otra, es muy corriente en los Ayuntamientos democráticos españoles. Aunque es de justicia señalar que no todos los munícipes frecuentan tan negativa práctica.
Como aspecto preventivo para evitar que politiquillos de baja estofa se cuelen en las filas de las formaciones para hacer su agosto particular sería crear una comisión independiente donde estén representadas todas las fuerzas vivas de la sociedad encargada de todos los asuntos urbanísticos. Los partidos deben controlar a quiénes se cuelan en sus filas. Y, sobre todo, un mensaje para nuestros políticos municipales para que sean conscientes de que cuando llegan a un Ayuntamiento hay que trabajar como el que más y pregonar con el ejemplo.
Pero, ¿porqué se tolera este estado de cosas? En primer lugar, porque la ciudadanía, acomodaticia en todo momento al poder establecido, aún no ha tomado conciencia de que los políticos no son héroes admirables, sino sólo representantes (formales, más bien) de la vecindad, a los que se paga para que gestionen los servicios públicos que ésta les demanda; y, por lo mismo, responsables de la recta y eficaz administración del dinero público, así como de la honrada defensa de los intereses ciudadanos. A continuación, porque a estas alturas, los partidos políticos tradicionales o al uso, hipotecados todos ellos por tanto conflicto y escándalo, pasado y presente, no tienen ya autoridad moral para denunciar nada seriamente.
También porque los medios de comunicación, presos muchas veces de intereses que tienen a la política como referente, causa o efecto, no han creado opinión adecuada que rebelara a los ciudadanos contra la inmoralidad de la clase dirigente.
En última instancia, porque la autoridad judicial (jueces que han de juzgar y fiscales que deben promover la acción de la justicia), por determinadas circunstancias que tienen que ver con la falta de legislación adecuada, la crónica escasez de medios materiales, la poca formación en la materia, y la falta de estímulos, no está a la altura del tremendo problema que asola a los municipios españoles, distorsiona la economía nacional y corroe el sistema democrático que tanto costó conseguir hace treinta años a unos políticos que, ciertamente, estuvieron entonces más comprometidos e identificados con las bases y principios del mismo y tenían menos intereses en su gestión.
