MADRID.- La
 salida efectiva del Reino Unido de la Unión Europea (UE), que se 
consumará finalmente en la medianoche de este 31 de enero, genera 
inquietud e interrogantes en España, donde no se pueden medir totalmente
 las consecuencias en empresas y ciudadanos.
España
 mantiene, junto con Irlanda, una de las dos fronteras terrestres con el
 Reino Unido (la de Gibraltar) y un elevado nivel de turistas y 
ciudadanos de ambos países que residen en el otro, y todo ello hace que 
las implicaciones bilaterales del "brexit" sean muy importantes.
Con
 el fin de conocer las prioridades españolas para la negociación de la 
relación futura con el Reino Unido viajó este jueves a Madrid el 
negociador principal de la UE, Miguel Barnier, que mantuvo reuniones con
 el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y varios miembros del 
Ejecutivo.
Tras
 el encuentro, el Gobierno español recordó en un comunicado que es 
partidario de establecer una relación lo más estrecha posible, 
preservando la integridad del mercado interior, la autonomía de decisión
 de la UE y un marco regulatorio equiparable, y que las materias 
prioritarias para España, de cara a la negociación futura, son la pesca,
 la agricultura y los servicios.
El
 divorcio entre Londres y Bruselas se ha ido gestando poco a poco, 
debido a la indefinición y los retrasos en el Parlamento británico a los
 que ha obligado la inestabilidad política británica, y por ello el 
período transitorio será de once meses y concluirá a finales de este 
año.
A
 pesar de que el tiempo pasado desde el referéndum del "brexit" de junio
 de 2016 ha permitido ir tejiendo acuerdos bilaterales entre Madrid y 
Londres sobre Gibraltar, la inminencia del momento final genera 
interrogantes por lo que esta situación inédita pueda provocar cuando 
acabe ese período.
Ambas
 partes prevén acordar antes del 31 de diciembre todos los aspectos de 
su relación futura y hasta entonces la legislación de la UE, incluida la
 libre circulación de personas de trabajadores, seguirá aplicándose en 
el Reino Unido.
El
 futuro de esa libertad de circulación es lo que más preocupa. En el 
Reino Unido viven unos 180.000 españoles y, al igual que los ciudadanos 
de otros países de la UE, hay inquietud acerca de si las autoridades 
británicas respetarán, y cómo, los derechos de residencia adquiridos.
Y
 también preocupa cómo podrán acceder españoles y comunitarios en 
general al mercado de trabajo británico, un país que tradicionalmente 
absorbe inmigración.
Por
 otra parte, se calcula que en España residen cerca de 300.000 
británicos (235.000 registrados oficialmente), la mayoría en zonas 
costeras del Mediterráneo. Muchos de ellos son jubilados que buscan 
pasar sus últimos años al abrigo del sol y del buen tiempo.
Pero
 también hay entre ellos profesionales asentados en España, algunos de 
los cuales trabajan a distancia para empresas británicas, con viajes 
periódicos en aerolíneas de bajo coste a sus sedes corporativas.
Para todos es clave el mantenimiento de su estatus legal como residentes y el cobro de las pensiones de jubilación.
El
 acuerdo de salida británica de la UE "no incluye derechos clave" para 
los británicos que viven en España, como los de libre circulación o de 
ofrecer servicios profesionales en la nueva Unión Europea, lamenta 
EuroCitizens, una asociación de británicos residentes en España
Las
 empresas, grandes y pequeñas, están muy preocupadas por el impacto en 
el comercio -sobre todo los trámites aduaneros- y las finanzas, pero 
también en cuestiones legales como la protección de marcas o los 
derechos de propiedad intelectual.
Un
 ejemplo es el Banco Santander, la mayor entidad financiera de España y 
de la zona euro, que tiene una importante filial británica. "No sabemos 
las condiciones (finales) de salida, pero nos hemos preparado para 
cualquier eventualidad", declaró este miércoles la presidenta del banco,
 Ana Botín.
Las
 ventas de productos españoles a Reino Unido han caído un 8,28 % desde 
que, en 2016, los británicos votaron a favor de abandonar la UE. Han 
bajado de los 20.076,57 millones de euros a cierre de 2016 a los 
18.413,93 millones hasta noviembre de 2019, último dato disponible en la
 estadística de la balanza comercial que publica la Secretaría de Estado
 de Comercio.
No
 obstante, a falta de conocer el dato de diciembre, todo apunta a que 
las exportaciones se van a recuperar en el conjunto de 2019 respecto a 
2018, año que cerró con un volumen de ventas de 18.580,54 millones.
No
 obstante, el comercio bilateral de bienes sumó 30.500 millones de euros
 en 2018, con un incremento anual del 2,8 % y un superávit a favor de 
España de 7.528 millones de euros.
El
 turismo es un asunto clave para España. Millones de turistas británicos
 visitan el país cada año, con un impacto económico aproximado en este 
país de unos 13.300 millones de euros, según cifras oficiales del 
Gobierno británico.
El
 mantenimiento de ese flujo turístico es fundamental para amplias zonas 
turísticas españolas, que temen que parte de ese movimiento se desvíe a 
países mediterráneos de turismo de bajo coste.
La
 atención sanitaria en suelo español a ciudadanos británicos (sean 
turistas o residentes) y su compensación (en España la sanidad pública 
es gratuita) es otro asunto a definir.
Por
 otra parte, está la controvertida cuestión de Gibraltar, la estratégica
 ciudad que controla el estrecho del mismo nombre y bajo dominio 
británico desde 1704.
Se
 trata del único lugar (salvo Irlanda) donde el Reino Unido tiene una 
frontera terrestre con otro país de la UE. Ahí, entre británicos que 
hablan español con acento andaluz, está el paso fronterizo más pequeño 
del "brexit".
Cada día atraviesan la conocida como "verja" de Gibraltar casi 15.000 trabajadores, así como 200 camiones de transporte.
En
 Gibraltar no hay desempleo, pero al otro lado de la frontera, en La 
Línea, alcanza casi el 31 por ciento de la población activa, por lo que 
un impacto económico negativo del "brexit" en la rica colonia británica 
preocupa mucho a la deprimida comarca con la que bordea.
"La
 dependencia (económica) es total", reconoce el español Lorenzo 
Periañez, presidente del grupo transfronterizo que reúne a empresarios y
 sindicatos de ambos lados.
El
 pequeño territorio, de 32.000 habitantes, vive sobre todo de la 
industria de servicios financieros, como las empresas de juego y 
apuestas por internet. De hecho, Gibraltar, con 6,8 kilómetros 
cuadrados, alberga ahora mismo 13.536 empresas, que son 3.300 menos que 
hace un año.
España
 y el Reino Unido firmaron a finales de 2018 una serie de acuerdos 
bilaterales en cuestiones como derechos de trabajadores 
transfronterizos, medio ambiente, cooperación fiscal y aduanera y lucha 
contra el contrabando de tabaco.