MURCIA.- Óscar Urralburu Arza, portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos, al amparo de lo establecido en el artículo 153 y siguientes del vigente Reglamento de la Asamblea Regional, formula ante la Mesa de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos la siguiente ENMIENDA A LA TOTALIDAD, postulando la devolución del texto al Consejo de Gobierno, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2019.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I. CONTEXTO ECONÓMICO Y AGOTAMIENTO DEL MODELO PRODUCTIVO EN RELACIÓN A LA FORMULACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE 2019
La
presente enmienda a la totalidad se formula en un momento político y
económico de alta intensidad, inserto en el bloqueo de los Presupuestos
Generales del Estado (PGE) de 2019 que las fuerzas conservadoras en el
Congreso de los Diputados han impuesto a los primeros presupuestos
formulados con un planteamiento expansivo desde el inicio de la crisis
económica de 2008 y la imposición coactiva por parte de las autoridades
europeas de las medidas de austeridad de 2010.
Esos
PGE contienen unas medidas políticas y económicas de sentido común
general, pensadas para mejorar la vida de la mayoría social. Pero además
incorporan medidas que favorecen enormemente a la Región de Murcia. Tan
es así que los Presupuestos Generales de la Región de Murcia (PGRM) de
2019 han asumido la parte de las medidas que les benefician, incurriendo
con ello el gobierno regional en una palmaria contradicción, que dimana
del hecho que integren en los PGRM fondos que no van a llegar a
recibirse, y no lo van a hacer, porque su partido, el Partido Popular y
su socio presupuestario, Ciudadanos, van a votar en contra de esos
mismos PGE.
Por tanto, un ejercicio presupuestario
más, nos encontramos ante unas cuentas de imposible cumplimiento
(déficit estructural no reconocido), con innumerables partidas que no se
ejecutarán e incapaces de poner freno al deterioro de un modelo
productivo que solo se ha visto capaz de reducir el desempleo en base a
precarizarlo. Un modelo que no genera riqueza, sino que reparte la
pobreza.
El contexto supranacional en el que se
formulan estos presupuestos se halla envuelto en un escenario de marcada
austeridad presupuestaria que no esconde otras incógnitas:
-La
Unión Europea ha marcado como objetivo para España mantenerse dentro de
los estrechos límites del Plan de Estabilidad, al tiempo que ha
devuelto los Presupuestos del Estado de Italia y ha fijado salvedades al
proyecto de PGE que el Estado español ha remitido a Bruselas. No cabe
duda de que las tensiones austericidas comienzan a brotar en una abrupta
contestación en los Estados del sur de Europa, máxime cuando el éxito
de unos presupuestos con políticas expansivas, como los aprobados por el
gobierno de Portugal vienen a desmentir el dogma de los ajustes
presupuestarios conforme venía siendo concebido por Bruselas.
-El
acuerdo en torno al Brexit va tomando forma, sin que todavía tengamos
claro el impacto que va a tener sobre la economía regional, tanto en
materia de exportaciones como en afectación al sector turístico.
-La
escalada en los precios de los combustibles fósiles continúa su lenta
pero inexorable subida, poniendo en riesgo la estructura de costes de
sectores estratégicos de la economía regional.
-Las
proyecciones del Fondo Monetario Internacional y la OCDE sobre una
recesión económica internacional planean sobre aquellas regiones cuyo
modelo económico se apoya en sectores de escaso valor añadido.
Igualmente se advierte que la economía de la globalización debe
prepararse para el fenómeno de la automatización y robotización de
procesos en todos los sectores productivos y que deben abordarse las
medidas estructurales que correspondan ante este fenómeno imparable.
Por
ello, las rebajas fiscales contra-cíclicas y la ausencia en los PGRM de
músculo financiero para impulsar nuevas recetas productivas nos indica
que estos presupuestos resultan alarmantes.
La
OCDE, en su Informe sobre Perspectivas Económicas de mayo de 2018
precisamente demandaba a España en sus recomendaciones que no permitiera
que las comunidades autónomas (CCAA), en esta carrera ilógica de
rebajas fiscales, suprimieran de facto el Impuesto de Sucesiones y
Donaciones. Señalaba literalmente que ". el uso de los impuestos sobre
sucesiones resulta menos distorsionador y menos perjudicial para el
crecimiento que otros impuestos", asegurando que en España, "existe
margen para reforzar" el papel de este impuesto, si bien no se opone a
la desgravación de las pequeñas herencias. Esto es, lo contrario a las
medidas tributarias que en relación a este impuesto contienen estos
presupuestos, esto es, la eliminación de la corresponsabilidad fiscal de
los estratos "más acomodados" en términos utilizados por la propia
OCDE.
En relación a la economía española y de ahí
la necesidad de los PGE pactados por Unidos Podemos y PSOE- debemos
poner en valor que todos los indicadores, y las previsiones de
organismos oficiales y de instituciones privadas, coinciden en señalar
que las tasas de crecimiento próximas al 3%, alcanzadas hasta ahora por
nuestra economía llegan a su fin. Se acerca un período de
"desaceleración" o "estancamiento". Con una tasa de desempleo por encima
del 16% y con la instalación de la precariedad en nuestro mercado
laboral y nuestro bienestar social la preocupación no puede sino ir en
aumento. Como señalan Nacho Álvarez y Jorge Uxó, "Si España reduce
significativamente su crecimiento, estas dos situaciones se mantendrán
en los próximos años. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional
(World Economic Outlook, octubre 2018) prevé que la tasa de paro
española se estabilice en el 14% entre 2020 y 2023, una situación que no
podemos asumir."
Por tanto parece claro que la
precariedad laboral y la devaluación salarial han venido para quedarse.
Junto a ellas, el desmantelamiento del Estado del bienestar llevado a
cabo en el período de los gobiernos Zapatero y Rajoy ha contribuido a
consagrar la desigualdad "rompiéndose el vínculo entre crecimiento y
progreso social". Y ello además está impidiendo abordar otros retos de
inmenso calado como el aumento de la productividad, la brecha de género y
la lucha contra el cambio climático.
Con todo, lo
más grave no son los errores cometidos, sino la falta de voluntad de
enmienda. Así las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional son
resumidas por Álvarez y Uxó en la siguiente frase: "lo que España
necesita es no solo preservar las reformas estructurales ya aplicadas
durante la crisis, sino iniciar una segunda ronda de reformas similares
para completarlas".
Para PODEMOS, y ese es el
espíritu que subyace en esta enmienda a la totalidad, las recetas
económicas a aplicar son justo las contrarias: no puede ligarse la
recuperación económica y mejora de la competitividad a la devaluación
salarial, sino a un cambio de la demanda externa y a la búsqueda de
nuevos mercados por parte de las empresas, así como a un incremento
significativo en I+D+I en sectores estratégicos de ventaja comparativa.
La
flexibilidad laboral no ha provocado un aumento mayor del empleo, el
cual ha crecido en razón del crecimiento económico de los últimos años.
Lo que sí ha conseguido esa flexibilidad laboral es precarizar
completamente el mercado de trabajo. Nuestro crecimiento desde 2014 se
ha apoyado en buena medida en los bajos tipos de interés pese a haber
llegado la deuda al 100% del PIB- y en los precios bajos del petróleo;
las reformas estructurales deberían haber servido para elevar el
potencial de crecimiento y reducir el desempleo, pero si después de
aplicarlas los organismos internacionales vienen a decirnos que auguran
desaceleración e imposibilidad de reducir ese desempleo, ¿para qué
aplicar más reformas estructurales de la misma naturaleza? Por último
señalar que las políticas de recortes del gasto público insuflaron a la
economía un factor depresivo ya que disminuyeron gasto e inversión,
contribuyendo a aumentar exponencialmente el déficit público, en
consecuencia.
En palabras de Álvarez y Uxó, el
modelo aplicado ha fracasado dada "la poca relevancia teórica y práctica
del concepto de NAIRU (la tasa de paro compatible con la estabilidad
macroeconómica, y en particular con la estabilidad de la inflación),
cuyo valor se habría incrementado supuestamente hasta el entorno del 15%
a lo largo de la crisis. Utilizarlo para seguir insistiendo en las
mismas políticas laborales que han institucionalizado la precariedad es
francamente incomprensible."
Para nosotros los
cambios que deben producirse en la economía actual van en sentido
contrario a esas recomendaciones que nos han traído a esta situación de
precariedad y riesgo de exclusión social, agudizadas en la Región de
Murcia, dada la endeblez de su sistema productivo. En palabras del
economista Larry Summers "No podemos confiar en la política de tipos de
interés para garantizar el pleno empleo. Debemos reflexionar
intensamente sobre las políticas fiscales y las medidas estructurales
necesarias para apoyar una demanda agregada sostenida y adecuada".
En
ese sentido, medidas como la elevación del Salario Mínimo
Interprofesional (SMI) a 900 euros, que goza del visto bueno incluso de
la OCDE o la inversión en políticas efectivas de transformación del
modelo productivo que nos hagan menos dependientes de los sectores
agrario y turístico forman el eje de nuestro programa presupuestario y
de esta enmienda a la totalidad.
En atención a
ello debemos desarrollar amplios programas de estímulo económico en
sectores industriales, utilizando el potencial hoy desaprovechado- de la
formación ocupacional, realizar una apuesta sin parangón por la
implantación de las energías renovables de ahí la Ley de Autoconsumo
impulsada desde el Grupo Parlamentario PODEMOS en la Asamblea Regional
al Congreso de los Diputados- e incorporar todo el potencial del sector
de los cuidados al circuito productivo, entre otras medidas
transformadoras cuya ausencia brilla en los PGRM consensuados entre
Partido Popular y Ciudadanos.
El estancamiento de
nuestra economía no es un dato que ponga en valor PODEMOS realizando una
tarea de oposición destructiva. Una institución tan poco sospechosa
como CROEM, el pasado 27/11/2018 alertaba que "se va agotando el empuje
del crecimiento regional".
Y es que no podemos
obviar los datos macroeconómicos en los que se inspiran estos
presupuestos, en los que pasamos de un crecimiento del 3,3% en 2017 a la
previsión de un 2,3% en 2019. Un peligro se adivina en el horizonte y
hay un gobierno que pretende combatirlo con las mismas herramientas con
las que ha fracasado en los últimos años. Analizar los presupuestos de
2019 es como volver a 2015. Son los mismos, con las mismas recetas,
incongruencias, imperfecciones e incapacidades. Toda una revelación de
impotencia sancionada por sus coautores políticos.
La
coyuntura económica regional en la primera parte de 2018 recogida en
los presupuestos reconoce la desaceleración fundamentalmente en el
consumo privado (directamente relacionado con la disminución de los
salarios) y de la demanda externa neta.
Los
parámetros económicos que recogen los PGRM delatan su inconsistencia. El
techo de gasto no financiero se ha fijado en 4.649 millones de euros,
mientras la previsión de ingresos no financieros se sitúa en 4.513
millones de euros, lo cual supone la asunción de un déficit de 136
millones de euros que de antemano sabemos irrealizable, por cuanto ya en
2017 el déficit público cerró en 457 millones de euros y esperamos una
cifra parecida para 2018. Por tanto un ejercicio más, simplemente se
trata de cuadrar unos números para cumplir con los parámetros marcados
por el Ministerio de Economía y Hacienda, números que no gozarán de
correlato real alguno.
¿Qué ocultan con artes impropias de quienes se denominan buenos gestores públicos?
-En
primer lugar lo inconcebible de una rebaja de impuestos que resulta
inconcebible en una Región en la que el déficit público en 2017 ascendió
al 1,6% de su PIB (457 millones de euros) y en la que la deuda pública
alcanza a junio de 2018 los 9.108 millones de euros y que alcanzará sin
ninguna duda en 2019 los 9.700 millones de euros-. En otras palabras,
las rebajas fiscales de hoy suponen una irresponsabilidad por cuanto
implican endosar a las generaciones venideras el aumento de la deuda que
las mismas van a provocar.
-Lo destructivo de los
mecanismos de externalización y privatización de servicios implícitos
en estos presupuestos que, como ya sabemos, conllevan el progresivo
deterioro de los servicios públicos fundamentales. Esa práctica ya
sabemos a dónde nos conduce a largo plazo: ruina de los servicios que
tendrán que ser rescatados, creación de una ciudadanía dual (la que
puede pagarse una sanidad y educación privada de un lado, y la que no
puede por otro, agigantando la brecha social) y deterioro de las
condiciones de trabajo de los trabajadores públicos.
Negro
sobre blanco aumentan el presupuesto de la Consejería de Salud en un
3,10% y el de la Consejería de Educación Juventud y Deportes en un
3,89%, obviando un año más que el déficit estructural del Servicio
Murciano de Salud oscila entre los 350 y 400 millones de euros.
Reducirlo a costa de precarizar a su personal y externalizar los
servicios que presta constituye una auténtica irresponsabilidad.
-La
imposibilidad de acceder a los adelantos de los pagos a cuenta del
sistema de financiación autonómica por importe de 120 millones de euros
que consignan en la partida de ingresos, si no se aprueban los PGE
propuestos y pactados por Unidos Podemos y PSOE.
-Que
no se producirá la subida salarial a los funcionarios públicos del
2,25% si no se produce la aprobación de los PGE pactados por Unidos
Podemos y PSOE, que el Partido Popular y Ciudadanos van a votar en
contra. Por tanto estos presupuestos no defienden a los trabajadores
públicos murcianos, ya que en caso contrario el gobierno regional
apostaría en su texto por la aprobación de los PGE.
-La
ausencia de compromiso con la financiación local, al no blindar un
fondo de cooperación local que contribuya al sostenimiento de desarrollo
de nuestros Ayuntamientos.
Mientras se
promocionan cifras macroeconómicas que pretenden traslucir la
recuperación económica y del bienestar de los murcianos, se obvian datos
escalofriantes de la situación social que subyace a más de veinte años
de políticas nefastamente liberales. Se trata de los datos de la
precariedad laboral, de los trabajadores cuyos salarios ya no son
suficientes para subsistir con dignidad, de la miseria salarial extrema.
95.000 murcianos sufren pobreza severa y viven con menos de 355 euros
al mes. Para ellos no hay respuesta en estos presupuestos. Son los
grandes olvidados de una política social asistencialista y miserable.
Las partidas para renta de inserción aumentan en 20 millones. Y eso es
todo. No está en la agenda de este gobierno una renta básica garantizada
para todos los ciudadanos, ni un programa activo de formación para las
personas en pobreza severa. No hay hoja de ruta para revertir la
"moderación salarial" y la temporalidad. Solo la presión de las fuerzas
políticas del cambio está provocando que pueda abrirse la negociación
colectiva para esos 200.000 trabajadores cuyos convenios han expirado y
que sobreviven ahora al albur de una negociación salarial individual que
les priva de fuerza alguna.
La solución por tanto
no puede pasar porque el gasto público del conjunto de administraciones
públicas se sitúe por debajo del 40% del PIB, cuando en las economías
de nuestro entorno el mismo supera entre 6 y 8 puntos de media esa
cifra. Estamos privando a la administración pública del músculo
necesario para asegurar la cobertura social de los ciudadanos con
menores recursos y la inversión en políticas de aumento de la
productividad. La traslación de esa dinámica presupuestaria a la Región
de Murcia ha supuesto la incapacidad del gobierno regional para
configurar un presupuesto que supere la limitación impuesta por los
condicionantes que determina el actual sistema de financiación
autonómica y el límite de déficit permitido. Ambos mecanismos
económicos, austeridad y el control del gasto, forman parte del aparato
ideológico del ultra-liberalismo, y nos han conducido al callejón sin
salida actual.
La reforma del sistema de
financiación autonómica resulta imperiosa. No obstante, este gobierno ya
ha demostrado su incapacidad para reivindicar la misma con la
intensidad necesaria después de siete años de gobierno "popular" en
Madrid. Lo cierto es que no podemos seguir permitiéndonos más
presupuestos ficticios, como los que año tras año presenta este
gobierno, en los que el techo de gasto es una entelequia, el
cumplimiento del objetivo de déficit una fantasía, y los recortes en
servicios fundamentales se han convertido en una norma que tampoco evita
el sobreendeudamiento gracias a la financiación del Fondo de Liquidez
Autonómico. El gobierno de López Miras, como antes el de Pedro Antonio
Sánchez, no podrían hacerlo peor en la Región de Murcia.
El
techo de gasto, situado en 4.649 millones y que nace con 133 millones
de euros de déficit, resulta una mera ficción. Si a esos 133 millones de
euros, añadimos los 120 millones de euros presupuestados como ingresos
del sistema de financiación autonómica que no llegarán al no aprobarse
los PGE y la diferencia entre el déficit autorizado y el real, que
rondará los 300 millones de euros, la conclusión es palmaria. Podemos
asegurar ya que el ejercicio 2019 finalizará con un déficit de 553
millones de euros como mínimo. Cerramos la legislatura como la
iniciamos, esto es, el déficit no es realista y su fijación y
cumplimiento obedece más a una representación del teatro presupuestario
que a un límite técnico y vinculante que sirva de referencia para la
acción política. Si a ello unimos los datos de ejecución presupuestaria
de los últimos ejercicios el panorama solo puede calificarse de
desolador. No en vano no dejamos de ser la comunidad autónoma más
incumplidora en materia de déficit. Otro dudoso honor al que el gobierno
del Sr. López Miras nos tiene acostumbrados.
En
ese contexto ya hemos subrayado que las rebajas impositivas en materia
de tramo autonómico de IRPF, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y
fiscalidad medioambiental y del juego solo contribuyen a deteriorar
nuestros servicios públicos y a aumentar la brecha entre los ciudadanos
que más y menos tienen. La práctica supresión del Impuesto de Sucesiones
llevada a cabo en 2018 se cuantifica en estos presupuestos en 118
millones de euros. La del Impuesto de Donaciones ni siquiera se
cuantifica, evitando con ello poner cifras al elevado aumento de las
"herencias en vida", pero fácilmente podemos aventurar que nos
encontramos ante unos beneficios fiscales de otros 80 millones de euros.
La rebaja del tramo autonómico del IRPF (16 millones de euros), la
inexistencia de actuaciones inspectoras en la persecución del fraude
fiscal sobre tributos propios y cedidos, y los beneficios fiscales al
juego (7,4 millones de euros) nos ayudan a entender no solo el modelo de
gobierno que tenemos, sino el caos presupuestario, la inmensidad del
déficit y la necesidad de ordenar racionalmente tanto ingresos como
gastos públicos, racionalización que obviamente deberá realizar otro
gobierno, del que el Partido Popular no forme parte.
Y
mientras todo esto ocurre, el problema del desempleo y la precariedad
siguen ahí. La población activa de la Región de Murcia según la Encuesta
de Población Activa del tercer trimestre de 2018 la componen 712.000
personas, de las cuales 116.000 se encuentran en situación de desempleo
(16,3%) y 170.000 personas tienen un trabajo temporal. Si a ello unimos
que los contratos de tiempo parcial afectan a 81.000 personas parte de
ellos forzosos- y que el 32% de los trabajadores a tiempo completo no
llega a los 1000 euros de salario mensual, el mapa del mercado de
trabajo regional resulta descorazonador.
Al menos
el 47% de los trabajadores percibe 1.000 euros mensuales o menos. En un
contexto de crecimiento de la economía regional del 3,3%, solo el 0,6%
ha ido a engrosar la masa salarial del conjunto de trabajadores. Ese
modelo de crecimiento solo puede calificarse como un modelo empobrecedor
para los asalariados.
Hay otros datos que nos
alertan de que estamos ante un mercado de trabajo dual, absolutamente
precarizado como el del número de contratos temporales que se suscriben o
la existencia de cientos de miles de trabajadores con sus convenios
colectivos vencidos y por tanto sin actualización de sus tablas
salariales. Pero cabe resaltar dos datos de enorme y sugestiva
importancia:
-La brecha de género alcanza el 15%,
una de las más elevadas del Estado, brecha que ha aumentado. Según datos
del Consejo Económico y Social (CES), la tasa de empleo masculina se
encuentra situada en el 67,1% mientras que la femenina se sitúa en el
52,1%, 15 puntos porcentuales de diferencia cuando un año antes se
rebasaba ligeramente los 13.
-La tasa de cobertura
del desempleo se halla situada en el 50,9% de los desempleados.
Prácticamente uno de cada dos desempleados carece de ingreso alguno, y
no percibe una renta que le ayude al sustento vital y la evitación de la
exclusión social.
En consecuencia, apoyar estos
presupuestos supone seguir apuntalando las políticas que nos han llevado
a este desastroso mercado laboral y esta acuciante disminución de los
salarios (con una inflación en aumento) así como a instaurar la
precariedad en el conjunto de la sociedad. Será responsabilidad de
aquellas fuerzas políticas que los apoyen.
Desde
nuestro nacimiento como partido político hemos reclamado la derogación
de la reforma del artículo 135 de la Constitución y también de la Ley
5/2012 y de las reformas laborales llevadas a cabo por los últimos
gobiernos de PSOE y PP. Por ese motivo y bajo el prisma de un análisis
objetivo de los presupuestos, desde nuestra posición política, la única
alternativa coherente es la de presentar una enmienda a la totalidad.
Nuestra
tarea como fuerza del cambio es la de promover que otras políticas
públicas son posibles y así hemos actuado siempre dentro del marco
institucional que nos viene dado y con las continuas dificultades que
nos encontramos para acometer nuestra tarea. Sirva como ejemplo de ello
que este año se ha vuelto a producir un déficit democrático en la
tramitación de los presupuestos. En el 2016 se arrebató a la Asamblea
Regional el debate sobre el techo de gasto. En la aprobación de los
presupuestos de 2017 se produjo un injustificado acortamiento de los
plazos de tramitación, incumpliendo el artículo 46 del Estatuto de
Autonomía que establece un plazo de dos meses que deben transcurrir
entre la presentación del proyecto de Ley y su entrada en vigor, y los
artículos 152 a 156 del Reglamento de la Asamblea Regional que
establecen en diez y treinta días los plazos de registro de las
enmiendas total y parciales respectivamente. La tramitación de los
presupuestos de 2018 llevó a cabo la práctica supresión de la actividad
parlamentaria en relación a los mismos. Y en idéntica situación nos
encontramos respecto de la tramitación de los presupuestos de 2019. A
nuestro juicio esta es una forma de actuar que tiene poco de
democrática, y que obstaculiza la debida conformación del análisis
crítico que todo presupuesto debe implicar, en un contexto en el que
además el gobierno regional quebranta continuamente las decisiones
adoptadas en sede parlamentaria; recurre leyes, veta otras amparándose
en motivos de índole presupuestaria, deja de ejecutar enmiendas
aprobadas como bien han experimentado en sus carnes sus socios
parlamentarios de Ciudadanos- y convierte en definitiva al poder
ejecutivo en legislativo.
Nuestra praxis
parlamentaria se ha guiado siempre por la honestidad y por eso, siempre
en términos de exposición pública de nuestras propuestas, acudimos a
este trámite formulando una enmienda a la totalidad que denuncie las
inconsistencias del presupuesto regional y que plasme en su texto que es
posible otra forma de componer las cuentas públicas. Una forma
inclusiva, alejada de clientelismo y meritada en función de las
necesidades de todos los murcianos.
II. ANÁLISIS CRÍTICO DE LA LEY DE PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTONÓMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PARA 2019
El
examen pormenorizado del presupuesto presentado no resiste un análisis
riguroso en relación a su formulación técnica ni numérica, y de su
expresión legal solo podemos concluir que estos presupuestos
constituirán un lastre para un crecimiento económico que lleve aparejada
la redistribución de la riqueza y la protección social. Tal como
indicábamos en el texto de nuestra enmienda a la totalidad del ejercicio
2018, el presupuesto 2019 en esto no ha variado nada con el cambio del
consejero del ramo- resulta "políticamente estéril, económicamente
infundado, técnicamente embarrizado y socialmente incapaz de revertir la
brecha que la crisis ha abierto en una sociedad dual."
Esta
Región necesita un presupuesto y una acción de gobierno capaz de
promocionar un nuevo modelo productivo y de actuar de motor de una
economía que languidece, de enhebrar políticas capaces de retejer el
modelo social, y de formular unas cuentas públicas con todos los
ciudadanos dentro, y que no ignoren y marginen a un tercio de la
población de nuestra tierra.
Las deficiencias
recurrentes del presupuesto han sido evidenciadas de forma sistemática
por el Tribunal de Cuentas, el cual ha puesto de manifiesto, como cada
ejercicio presupuestario, que que las cuentas generales presentadas no
incluyen la justificación del coste de los servicios públicos ni el
grado de cumplimiento de los objetivos programados conforme exige el
artículo 108.6 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de
Murcia. De igual forma no existe un reforzamiento del control de la
Intervención General sobre la variedad de empresas públicas,
fundaciones, consorcios y otros entes administrativos que pueblan el
presupuesto escapando al control presupuestario general. En materia de
contabilidad analítica tampoco se han introducido los mecanismos que
ayuden a lograr la óptima eficiencia en la "presupuestación por
objetivos".
Junto a estos aspectos y pese al
anuncio del acometimiento de medidas de control de inventarios, todavía
no existe un protocolo para los inventarios de bienes de empresas
públicas, fundaciones y consorcios integrados en la Administración
autonómica. De igual forma se adolece del control necesario -como
denuncia el Tribunal de Cuentas- sobre la gestión de las subvenciones
públicas, con cuestiones tan flagrantes como la inexistencia de un
sistema de aviso a los gestores de subvenciones sobre plazo de
prescripción relativo al reintegro de las mismas o la ausencia de un
registro único centralizado que recoja los expedientes de reintegro en
trámite. Una prueba de ese descontrol ha sido la gestión de los
reintegros de subvenciones derivadas del terremoto de Lorca. Un prueba
evidente de la incapacidad gestora de este gobierno.
En
adelante pasamos a realizar un análisis detallado por Consejerías de
las cuestiones impugnatorias esenciales que afectan a los presupuestos.
Consejería de Presidencia.
En
relación a la confección presupuestaria de las áreas relacionadas con
la Consejería de Presidencia, debemos iniciar referenciando que los
presupuestos de 2019 representan el 1,18% del total, disminuyendo un
0,79% respecto de los de 2018. Teniendo en cuenta que esta Consejería es
la responsable de políticas como la seguridad ciudadana, coordinación
de policía local, emergencias y protección civil, cooperación
internacional al desarrollo o la dotación para las competencias de
ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, no parece que exista
ninguna apuesta por mejorar sustantivamente ninguna de estas materias.
La
seguridad ciudadana asiste un año más a la postergación de la
aprobación de la Ley de Coordinación de Policía Local, un instrumento
legislativo cuya finalidad iba a ser mejorar las condiciones en las que
se prestan los servicios de policía y aumentar las sinergias de su
trabajo conjunto. Con un aumento de apenas 7.571 euros para la partida
de seguridad ciudadana no parece que el horizonte de esta ley se
vislumbre para 2019 y desde luego, de aprobarse no contaría con fondos
adicionales para su desarrollo.
El tratamiento
presupuestario de Emergencias (112) nos remite al déja vu constante que
denotan sus presupuestos. La adjudicación del servicio se realizó por
una cuantía sustantivamente inferior a la que conformaba el concurso del
citado servicio. Obviamente esa rebaja se traduce automáticamente no en
un ahorro de costes sino en una merma en la calidad del servicio y en
la externalización de personal que ve empeoradas sus condiciones
laborales rozando la precariedad-. Esa externalización se valora en
estos presupuestos en 2.634.206 euros, sin que exista ningún mecanismo
de control de calidad y efectividad del servicio prestado. Un año más
solicitamos que los servicios prestados por el 112 se asuman
directamente por esta Consejería al entender que la seguridad y las
vidas humanas deben gozar de una gestión pública y directamente prestada
por la administración que evite disfunciones en un servicio de este
calado y que mantenga en condiciones dignas a sus trabajadores.
Por
lo que respecta al Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de
la Región de Murcia reiteramos, como hemos venido haciendo en todas las
enmiendas a la totalidad de esta legislatura, que son los sindicatos del
propio Consorcio los que alertan de la precaria situación en la que
trabajan y el riesgo que esto implica para la ciudadanía. El propio CSIF
en sus informes ha venido denunciando la infra-dotación de los parques
de bomberos, parques con tres personas que cuando atienden una
emergencia dejan el parque cerrado y vacío, ya que no hay retén, el
abuso de las "guardias extendidas" (que no dejan de ser horas
extraordinarias) ya que la falta de personal dejaría parques
desatendidos en caso de establecer turnos y horarios normales atendidos
de forma equitativa. Parques como el de San Pedro de nueva construcción y
sin dotación de personal que se cubre con el escaso personal del resto.
A ello debe sumarse la existencia de zonas de sombra donde los
efectivos tardan cuarenta minutos en llegar en caso de aviso. La
prometida reposición de plazas no se ha llevado a cabo y a ello hay que
unir que un tercio del parque móvil cuenta con más de 25 años. Debe
trabajarse en una gestión unificada de los parques y a tal fin sería
necesario que la página web se actualizase ya que los datos que constan
en la misma vienen referidos a 2015. Por último resulta imprescindible
acometer un plan de reordenación de la plantilla a fin de su
rejuvenecimiento apostando por la provisión de nuevos destinos para sus
miembros y convocando oposiciones donde puedan acceder personas de menor
edad.
En materia de cooperación internacional al
desarrollo debemos denunciar el flagrante incumplimiento, un año más,
del gobierno regional para con el "Pacto Autonómico por la Solidaridad y
la Cooperación Internacional para el desarrollo de la Región de
Murcia", que suscribieron todos los partidos políticos con el objetivo
de destinar el 0,7% del presupuesto a estos fines. Las partidas que se
destinan no llegan tan siquiera al 0,1% del presupuesto. No se trata
solamente de un incumplimiento de la palabra política dada, sino de una
falta de compromiso con la solidaridad rayana en el cinismo con el que
luego fustigan la llegada "ilegal" de inmigrantes. La otra cara de esta
falta de compromiso la tenemos en los CIES, auténticas cárceles donde el
hacinamiento y la vulneración de derechos de las personas enseñan la
peor cara de las políticas que presupuestos como estos esconden.
Nos
remitimos, una vez más, a los ejes centrales fijados en la Agenda 2030
de Naciones Unidas: planeta, personas, prosperidad, paz y alianzas. Para
conseguir esos objetivos los presupuestos deberían contribuir de forma
decidida en sus políticas públicas de conformidad con las siguientes
demandas:
- El aumento de la partida presupuestaria para Proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
-
El aumento de la partida presupuestaria de Ayuda Humanitaria y de
Emergencia gestionada a través de las ONGD y entidades con implantación
en la Región de Murcia.
- El aumento de la partida presupuestaria para Proyectos de Educación para el Desarrollo y Sensibilización.
-Dotación
a la Coordinadora de ONGD de la Región de Murcia de un convenio de
colaboración anual recogido en los Presupuestos Autonómicos con un
importe suficiente para su funcionamiento, así como para la realización
de actividades de formación y sensibilización, entre otras.
En
cuanto al tratamiento que están realizando de los presupuestos
participativos, nos preocupa enormemente el hecho de que estén
convirtiendo una herramienta de participación ciudadana en un
instrumento de competencia entre asociaciones que no redunda en
beneficio general y que somete a ese tejido social una vez más a las
estrictas normas de la concurrencia competitiva. Este gobierno ha
entendido los presupuestos participativos como entiende toda su
política: competencia o clientelismo. Esa forma de afrontar las
herramientas de participación no solamente resulta nociva sino que
además pervierte el espíritu democratizador que las inspira. Los
presupuestos participativos se conforman sobre la idea de la
concurrencia de las administraciones públicas, los técnicos en cada
materia y los ciudadanos debaten y evalúan necesidades y proyectos. Por
tanto, destinar aproximadamente el 0,3% del presupuesto total, que la
administración seleccione a las organizaciones más "representativas" y
reducir la participación ciudadana a una encuesta online no es la idea
de presupuestos participativos que tiene PODEMOS. Nosotros apostamos por
un modelo de diálogo y comunicación entre administración y ciudadanía,
generando espacio de debate y donde sean los ciudadanos y el tejido
social los que tengan la llave de decisión. En aquellos municipios en
los que los hemos puesto en práctica bajo esta filosofía no cabe duda de
que están resultando exitosos, baste citar los ejemplos de Madrid o
Molina de Segura.
Por último y en lo referido a
cooperación local, la prestación de servicios consorciados a municipios
de menos de 20.000 habitantes (y en especial a los de menos de 5.000
habitantes) conforme viene establecida en la Ley de Bases de Régimen
Local, delata que el actual gobierno no invierte en políticas
municipales y en la mejora de la financiación de los municipios, sino
que utiliza el dinero que recibe del Sistema de Financiación Provincial
para enjugar su monstruoso déficit y evidenciar su pésima gestión.
Consejería de Salud y Servicio Murciano de Salud.
En
materia de Salud, la tónica presupuestaria de los últimos años no ha
variado. Y por supuesto el mecanismo contable utilizado por el gobierno
regional de mantener el Servicio Murciano de Salud (SMS) independiente
de la Consejería se mantiene. Con ello se da pábulo a la ficción de
encubrir el déficit estructural de las cuentas públicas de modo
consentido por la administración central. El anterior consejero de
Hacienda no tuvo reparos en reconocer en sede parlamentaria que
utilizaba este método para no verse constreñido por el límite de
déficit, sustrayendo además el control democrático de esa entidad
pública administrativa. Un ejercicio presupuestario más, el presupuesto
para el Servicio Murciano de Salud en 2019 asciende a casi 1.880
millones de euros (1.879.846.473) frente a los 1.823 millones de euros
de 2018, a sabiendas de que en los ejercicios anteriores la ejecución
presupuestaria superó en al menos 400 millones de euros lo presupuestado
(451 mil por ejemplo en el ejercicio 2016). En 2018 los datos de
ejecución presupuestaria a septiembre indican que ya se llevan gastados
más de 1.670 millones de euros. Ello quiere decir que en 2018 el déficit
de SMS se situará nuevamente cerca de los 350 millones de euros
(teniendo en cuenta que en diciembre hay que abonar la paga
extraordinaria). Y en 2019, cabe presuponer que el déficit se situará
próximo a los 300 millones de euros, al haber aumentado la dotación
presupuestaria en 56 millones de euros. No se han adoptado medidas
adicionales de ahorro de costes y, no solamente no se revierten los
recortes practicados en nuestro sistema de salud sino que aumentan las
externalizaciones. Tal como hemos denunciado en cada enmienda a la
totalidad de las presentadas en esta legislatura, la infrafinanciación
sanitaria se debe también a que no se destinan los recursos necesarios
de forma consciente. Tenemos uno de los sistemas de salud más caros del
conjunto estatal, y nuestros indicadores de salud son peores que en el
resto de España (esperanza de vida, buena salud, tasas de mortalidad,
mortalidad prematura, etc.). Esta situación no se produce porque el
personal sanitario esté peor formado o trabaje peor que en otras
comunidades autónomas. Esto se produce por la ineficiente gestión del
gobierno regional en materia de sanidad durante los últimos 23 años. El
experimento neoliberal debe terminar, y el SMS debe dejar de ser una
entidad empresarial y volver a la Consejería de Sanidad, como sucede en
todas las Comunidades Autónomas salvo la Región de Murcia y La Rioja.
En
cuanto al análisis detallado del presupuesto, criticamos los siguientes
aspectos: se deben reducir las partidas derivadas a la sanidad privada,
y aumentar los recursos propios al establecer un turno ordinario de
tarde y un incremento de plantilla, así como reducir las
externalizaciones de servicios, llevando a cabo para ello una auditoría
de todos los servicios sanitarios y no sanitarios prestados de forma
indirecta, así como un informe jurídico y económico-financiero donde se
acredite qué tipo de gestión, directa o indirecta, de estos servicios es
más eficaz y eficiente.
A fin de reducir las
listas de espera, destinan 84 millones para actividad concertada,
habiendo aumentado en 20 millones esta partida en lo que va de
legislatura, y a ello hay que unir la partida específica de 34 millones
que se destinará a autoconcertación y más externalizaciones. Al cierre
de ejercicio la ejecución real ascenderá, como viene ocurriendo en los
últimos años, a unos 150 millones aproximadamente.
Por
lo que respecta a personal estamos ante unas cuentas poco serias, ya
que presupuestan la dotación de profesionales para servicios de nueva
implantación, cuyas infraestructuras no estarán disponibles a lo largo
de 2019, como es el caso de la UCI de Caravaca. Además, el aumento
previsto de 49 millones se destina básicamente al incremento del 2,25%
de las retribuciones, al pago pendiente de la paga extra de 2013, a la
carrera profesional, y al cambio de las personas que están en
contratación laboral que pasan a ser personal estatutario; por lo tanto,
apenas habrá disponibilidad económica para aumentar las plantillas,
continuando así el insostenible déficit de profesionales.
Un
presupuesto que continúa con el impulso de la Atención Primaria de
Salud que se traduce en proyectos de infraestructuras, en un reducido
aumento de plantilla, y eso sí un aumento en la dotación para
concertación de servicios como pruebas diagnósticas o fisioterapia, en
el contexto de inexistencia de un plan que haga que la Atención Primaria
sea la verdadera puerta de entrada al sistema de salud y deje de ser un
servicio accesorio a la atención hospitalaria.
Otra
cuestión importante en la Región de Murcia es la Salud Pública, a la
que destinan un escuálido presupuesto de 25 millones, que básicamente se
distribuye entre el gasto de personal y de vacunas, teniendo que hacer
frente a unos datos que nos sitúan como una de las comunidades con mayor
índice de obesidad en adultos, la primera en obesidad infantil, la
primera en número de adolescentes embarazadas, donde han aumentado las
enfermedades de transmisión sexual, el VIH, se han disparado las
adicciones tanto a las drogas como a los juegos de azar, en la que han
aparecido los primeros casos de Dengue -la primera comunidad autónoma
del país-, y una de las regiones con peor calidad del aire.
Por
último, criticamos con dureza que la partida que se destina al
mantenimiento de consultorios locales a través de los ayuntamientos
continúe mermada, así como que la dotación destinada al plan de mejora
de centros disminuya en 9 millones de euros, recogiendo proyectos de
centros de salud que no son demandas y olvidan demandas como el centro
de salud de Molina Este o el centro de salud de San Cristóbal en Lorca.
También señalar que este presupuesto vuelve a olvidarse de las zonas
rurales alejadas de los entornos urbanos, clasificadas como "Puntos de
especial aislamiento", no garantizando una atención continuada ni
dotándolas de los recursos necesarios, como por ejemplo las pedanías de
Moratalla, a las que sigue sin consignársele una ambulancia para atender
las urgencias extrahospitalarias.
Como muestra
del caos instalado en la gestión de esta Consejería, un botón, el
Hospital de Caravaca, que da servicio a toda una comarca, está de obras,
faltan especialistas, hay larga lista de espera... Ni las obras se
terminan, ni se eliminan las listas de espera ni se invierte con
contundencia para mejorar la calidad de un servicio esencial para la
ciudadanía.
La Consejería obvia igualmente otros
problemas que requieren de urgente atención, como los copagos, la
pobreza farmacológica, la prevención de adiciones y un largo etcétera.
La
crisis presupuestaria de la CARM ha arrasado la Sanidad y amenaza con
deteriorarla aún más. En conclusión, un presupuesto sanitario que
esconde al menos 300 millones de euros no declarados como gasto, pero
que se van a gastar con seguridad no puede autodenominarse riguroso. El
gobierno sabe de antemano que incumplirá los presupuestos ya que su
confección es irreal y conlleva un constante recorte en Sanidad.
Consejería de Hacienda.
La
Consejería objeto de análisis juega un papel esencial a la hora de
evaluar el diseño de las políticas públicas del conjunto de la comunidad
autónoma. Su importancia radica tanto en las partidas de gasto que
incluye, como en la configuración de los parámetros básicos de los
presupuestos, la fijación de los ingresos y los beneficios fiscales que
aplica. Igualmente, este departamento es responsable de la deuda y de la
cuenta financiera de la CARM, que este año se cuantifica en 1.220
millones de euros. Por tanto, pende de esta Consejería el diseño del
conjunto de la dirección política de la inversión pública, el impulso
del modelo productivo y la situación de los trabajadores públicos.
En materia de diseño de los presupuestos cabe aducir los siguientes argumentos deslegitimadores de su eficacia:
-En
una Región profundamente atravesada por la desigualdad y en la que el
crecimiento económico no lleva aparejado su reducción, la contracción
prevista del mismo (creceremos entre el 2,3 y el 2,5%), sin aumento de
productividad, imposibilita reducir el desempleo, al menos creando
empleo digno de recibir tal nombre.
-Los
presupuestos asumen la pérdida de crecimiento, asumen la incapacidad de
mejorar los servicios públicos y de aumentar la productividad de nuestra
economía, fiando nuestro devenir a la continuidad de los bajos tipos de
interés para el pago de la deuda (lo que hemos venido denominando la
respiración asistida del Fondo de Liquidez Autonómica) y a que los
precios de los combustibles continúen contenidos.
-Los
presupuestos 2019 vuelven a dar la espalda a la inversión productiva en
sectores de mayor valor añadido como el industrial, a la inversión en
energías renovables y a la inversión en desalación. Igualmente fían toda
la potencia inversora en materia de infraestructuras al Estado,
desentendiéndose de la red de cercanías ferroviarias, la red de
carreteras, la Zona de Actividades Logísticas o el Corredor
Mediterráneo. Nos encontramos ante unos presupuestos "bajo mínimos" para
impulsar los sectores que puedan sacarnos de la cola del desempleo y de
la cola en todos los indicadores de renta del conjunto de comunidades
autónomas.
-La economía murciana continúa
instalada en la senda precaria de la terciarización. Agricultura y
turismo constituyen la meliflua apuesta productiva de este gobierno.
Estos presupuestos no contienen novedad alguna en relación a la
elaboración de un Plan de Transición Energética que genere empleo de
calidad y afiance un crecimiento sostenible y se apoye en la innovación y
la digitalización.
-En definitiva y tal como
sanciona la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF),
los presupuestos 2019 gozan de un problema de credibilidad por cuanto
conocemos de antemano que contienen un déficit estructural no declarado
que oscilará entre los 400 y los 600 millones de euros, en función del
comportamiento que tengan los ingresos públicos de participación estatal
y del "agujero" definitivo del Servicio Murciano de Salud.
Nos
preocupan esencialmente dos cuestiones recurrentes en esta legislatura;
la deuda pública y la caída de los ingresos públicos derivada de los
beneficios fiscales que aplican en clave neoliberal.
-La
deuda pública se situaba en junio de 2018 en 9.108 millones de euros. A
fin de legislatura, la deuda habrá llegado a los 9.700 millones de
euros como mínimo. Eso supone que tengamos que afrontar compromisos
financieros por 1.220 millones de euros. La magnitud de la deuda pública
es tal que no solo imposibilita la confección de unos presupuestos
expansivos que incidan en el tejido económico regional, sino que
garantiza la hipoteca para generaciones venideras de sus expectativas.
En 2009 la deuda pública regional ascendía a 1.340 millones de euros, en
2019 alcanzará los 9.700 millones de euros. Esto nos da una idea del
desgobierno al que el Partido Popular ha sometido a la CARM en la última
década.
-En un contexto como el descrito, la
aplicación de los beneficios fiscales que estos presupuestos contienen
en materia de Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, tramo autonómico
del IRPF, e impuestos sobre el juego y medioambientales, supone medidas
que implicarán una merma injustificada de la recaudación de más de 200
millones de euros para las arcas regionales. Sin duda, se trata de una
auténtica irresponsabilidad. La bonificación del 99% del Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones ataca directamente a los principios de
progresividad de los impuestos e impide de modo directo la
redistribución de la riqueza, consagrando la agregación de los grandes
patrimonios.
-Unos presupuestos que incorporan 120
millones de euros procedentes de un adelanto de las entregas a cuenta
de la participación en impuestos estatales que penden de la aprobación
de un presupuesto estatal (el pactado por PSOE y Unidos Podemos) que el
Partido Popular no va a apoyar, da una idea del desabajuste que
contienen estas cuentas públicas.
La posición que
nos sitúan los indicadores económicos nos aboca a una caída de la
demanda externa, con un estancamiento de las exportaciones (ya se
redujeron en un 2,9% hasta julio), mientras las importaciones crecen (un
4,8%) en línea con el aumento del precio del petróleo. Con este
panorama parece imposible que nuestro mercado laboral pueda abandonar la
absoluta precariedad a la que está sometido.
La
Consejería de Hacienda se enfrenta además a la obligación de luchar
contra el fraude y la elusión fiscales. Si por vía impositiva directa
vamos a dejar de ingresar más de 200 millones de euros, por vía
indirecta de persecución del fraude dejaremos de ingresar entre 150 y
200 millones para el conjunto de impuestos que nutren los ingresos
públicos. Los cierto es que por más que se creen figuras como la Agencia
Tributaria de la Región de Murcia, difícilmente van a verse mejorados
los resultados con una unidad de Inspección infra-dotada y que cuenta
solo con seis inspectores y sin unos planes claros de lucha contra el
fraude. Los planes de choque de lucha contra el fraude abrazan idénticas
inercias y las dinámicas de siempre y no contamos ni tan siquiera con
una conexión de las bases de datos entre Agencias Tributarias, un
instrumento que permitiría optimizar la recaudación con simples cruces
de datos informáticos.
En materia de función
pública debemos remitirnos al Informe sobre la Cuenta General de la CARM
que realiza el Tribunal de Cuentas y que señala que prácticamente todas
las unidades administrativas tienen menos trabajadores públicos de los
que necesitan, lo que redunda en una pérdida de calidad de los servicios
públicos. A fin de contener el descontento, la Consejería propone la
creación de más de 8.000 plazas de funcionarios que no dejan de ser
consolidación de puestos interinos, sin que el empleo público neto
crezca. Cabe invocar aquí que la temporalidad del sector público alcanza
el 24%. ¿Qué propone esta Consejería para combatir esa escandalosa
cifra? La creación de un "Observatorio del Empleo Temporal" del personal
al servicio del sector público. Las recetas que aplican siempre ante
los problemas; crean un observatorio y creen que con eso el problema
está solucionado.
Si a ello sumamos la aprobación
de una subida salarial del 2,25% que no depende del gobierno regional
sino de la aprobación de los PGE que el partido que sustenta al gobierno
va a votar en contra, no resulta extraña la indignación mostrada por el
colectivo de los trabajadores públicos. Y continúan sin dar una salida
justa a la carrera profesional horizontal del personal de la
administración regional, especialmente en lo referido a la homologación
retributiva.
En lo que respecta a los departamentos que componen su Consejería:
-El
programa de Comunicación Audiovisual nos enfrenta un ejercicio
presupuestario más al contrato-programa que realiza el grupo Secuoya
para la 7RM. Hemos solicitado hasta la saciedad su auditoría ya que no
existe control alguno en la supervisión de la gestión indirecta del
Servicio público de Radio Televisión. Continuamos sin una acción
política que frene su incumplimiento y que haga valer los derechos de la
ciudadanía a la prestación de un servicio que respete la pluralidad y
los valores democráticos, frente a la instrumentalización de la
televisión al servicio del ejecutivo y del Partido Popular. Carece de
explicación el incremento de la dotación presupuestaria (desde
12.212.189 euros de 2017 a los actuales 12.580.000 euros). La oferta
presentada a concurso en 2014 de Securtel (ahora Secuoya o CBM) se
comprometía a "reducir la aportación necesaria a partir del 4° año
(adicional a planteamientos que pueda hacer la administración). Por
tanto y a la vista de esa cláusula, no entendemos la razón por la que
esta Consejería incumple las condiciones pactadas, aumentando año tras
año la dotación presupuestaria (los datos de ejecución nos indican que
realmente estamos aportando una cifra superior a los 14 millones de
euros).
-En la misma línea expresada, debemos
calificar como fracaso rotundo la gestión de las licencias de
comunicación audiovisual radiofónicas para completar el mapa de la FM
regional. Nos mantenemos en nuestra solicitud de suspensión del concurso
resuelto y la convocatoria de uno nuevo que garantice la transparencia y
la igualdad en el acceso a las diferentes opciones que concurran.
-En
cuanto a Telecomunicaciones y Soporte Informático, resulta necesario
abordar de una vez por todas la implantación efectiva de la
administración electrónica, compatibilizando así la eficiencia con una
política de transparencia y participación que se sitúen en un marco de
seguridad informática y protección de datos. La implantación telemática
de los procesos, además de mejorar la calidad de los servicios públicos,
contribuirá a una mejor gestión económica que pueda tener alcance
también a la administración local, en especial a los Ayuntamientos de
menos de 20.000 habitantes. Este grupo parlamentario ha reiterado hasta
la saciedad que no resulta suficiente priorizar la red ultrarrápida en
la administración regional si no se cuenta con las herramientas
tecnológicas necesarias para que funcionen correctamente. Es por esta
razón por la que solicitamos mayor inversión presupuestaria que permita
una administración electrónica eficiente en los centros sanitarios,
educativos y del conjunto de la administración.
Sus
presupuestos les delatan. Todas las deficiencias puestas de manifiesto
en relación a la administración electrónica no les impide realizar una
dotación presupuestaria para la creación de la "Carpeta Empresarial" en
materia de digitalización de procesos para acelerar los trámites de la
Ley de Aceleración de la Transformación del Modelo Económico Regional
para la Generación de Empleo Estable de Calidad (Ley de Aceleración
Empresarial), recientemente aprobada. La dotación para la creación de
esta carpeta empresarial dice mucho de quién ejerce realmente la labor
de gobierno de esta Región.
-Por lo que respecta a
la Gestión del Patrimonio, este departamento evidencia la gestión
negligente que este gobierno realiza de los recursos públicos. Este
descontrol ha sido recurrentemente denunciado por el Tribunal de Cuentas
tanto en materia de inventario de bienes públicos como en la gestión
caótica del régimen de subvenciones públicas, como la existencia de
maniobras contables para que no aflore el déficit encubierto que hay en
las cuentas públicas que año tras año presentan para su aprobación por
la Asamblea Regional.
-El Instituto de Crédito y
Finanzas de la Región de Murcia (ICREF) apenas crece en su dotación y ha
demostrado no ser un instituto de crédito público que impulse la
economía regional. Quién más se resiente de la falta de apoyo al crédito
por parte del Sector Público son las pymes, en las cuales sigue
residiendo al menos un 75% del empleo. Su trayectoria a lo largo de esta
legislatura les delata. Llevan toda la legislatura prometiendo dotar al
ICREF de la solvencia suficiente para apoyar crediticiamente a las
pequeñas y medianas empresas, y sin embargo el presupuesto
administrativo les delata. Si en 2018 se redujo de 67,3 millones de
euros (2017) a 57,4 millones de euros (2018), en 2019 vuelve a reducirse
hasta 56,05 millones de euros. En este dato se comprueba con claridad
que su apoyo al tejido de pymes solo puede calificarse como brindis al
sol.
Consejería de Fomento e Infraestructuras.
Los
presupuestos de 2019 han vuelto a ser calificados por el presidente de
la CARM como una "expansión del gasto responsable". En el caso de esta
Consejería no vemos ni una cosa ni la otra. Ni es una propuesta
"expansiva", ni es una propuesta "responsable". En primer lugar porque
el presupuesto de 2019 asciende a 175.464.608 euros, lo cual representa
el 3,04 del presupuesto regional y es del -6,66% respecto al de 2018,
esto es, se reduce en un 6,6%. Nuevamente, como en tantas otras áreas de
gobierno, nos encontramos ante una legislatura perdida. La cartera de
Fomento constituye un instrumento esencial para ordenar el territorio,
vertebrar la movilidad, planificar el desarrollo económico y además
prevenir las inundaciones que vemos en el Mar Menor cada vez que llueve.
El balance de la legislatura es que han despilfarrado dinero público en
tanques de tormenta que no han servido para nada, han sido incapaces de
mejorar la red de cercanías, de concluir una red viaria que evite los
atascos y solo la respuesta social ha evitado que consumaran una
auténtica tropelía contra la movilidad de las personas con la llegada
del AVE en superficie a la ciudad de Murcia.
Igualmente,
esta cartera resulta decisiva en materia de vivienda, imprescindible
para que los jóvenes puedan acceder a una vivienda y poder emanciparse, o
para que no haya familias que sufran un lanzamiento hipotecario o sean
desahuciadas sin una alternativa habitacional. Y sin embargo este
presupuesto carece de una política pública de vivienda digna de tal
nombre. Evidentemente el gobierno regional no entiende ni asume que la
vivienda es un derecho constitucional, ya que ha dedicado décadas a
alimentar burbujas inmobiliarias y financieras especulativas.
De
igual forma, esta cartera es muy importante para hacer realidad el
derecho a la movilidad de las personas, pero la Consejería también hace
absentismo respecto de lo que significa ese derecho como se acredita con
la falta de modernización de las líneas de autobuses interurbanas y las
conexiones con los núcleos poblacionales menos habitados, que además
cuentan con unas carreteras desatendidas.
Por la
misma razón, esta cartera es muy importante para hacer las
infraestructuras logísticas que requiere nuestra industria. Y
presupuesto tas presupuesto seguimos viendo las mismas tristes líneas
que dedican a las ZAL.
La Consejería de Fomento
continúa siendo -presupuesto tras presupuesto- una ficción plagada de
maquillaje y de incumplimientos. Este 2019 la Consejería dedica un
presupuesto raquítico a un capítulo trascendental para la Región y que
avalará la desatención de infraestructuras estratégicas para la igualdad
social y el bienestar de la Región. Un presupuesto raquítico que
desprecia el derecho a la vivienda o el derecho a la movilidad de las
personas no cabe adjetivarlo como "expansivo" o "responsable", sino todo
lo contrario.
Las inercias se repiten y nos
volvemos a encontrar algo que ya viene siendo habitual en los
presupuestos de fomento e infraestructuras como es la reproducción de
cantidades presupuestadas en el ejercicio anterior no ejecutadas. Según
la liquidación del Presupuesto de Gastos del ejercicio 2018, el gasto
ejecutado por Secciones a fecha de septiembre apenas alcanza el 44%. El
44%. De esas inejecuciones sabe mucho el partido Ciudadanos, al que el
gobierno regional marea los reiterados incumplimientos de las partidas
que pacta con ellos.
Podemos asegurar que estos
presupuestos no nos van a traer mejores carreteras, ni van a solucionar
el problema del transporte de autobuses inter-urbano, ni tampoco el de
los trenes de cercanías. Tampoco habrá soluciones para el incremento de
los alquileres de vivienda ni habrá alternativas habitacionales para los
desahucios. En su lugar habrá más deuda.
Analizando
detalladamente los presupuestos, decir que la Dirección General de
Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda cuenta con un
presupuesto para el año 2019 de 46.635.641 euros, con una disminucio´n
del 21,9% respecto a 2018. De este presupuesto, 20,42 millones de euros,
se destinan a dotar el nuevo Plan de Vivienda 2019-2021. Si además
tenemos en cuenta que esta dirección a fecha de septiembre solamente
había ejecutado un 47,7% del presupuesto del pasado año, pues ya tomamos
conciencia de qué va esto. Tendremos que esperar a que ese Plan de
Vivienda contemple de verdad ayudas a las familias desahuciadas, ayudas
de alquiler, lucha contra el chabolismo y personas sin hogar, viviendas
para jóvenes, etc.
Lo más triste es que esta
Consejería no ha demostrado ningún interés en desarrollar la Ley 10/2016
de Vivienda, tal como hemos podido comprobar con un borrador de
reglamento, incompleto e insuficiente y sin participación social. Los
desahucios continúan y la carestía de los alquileres también. Y
mientras, el 100% de la ley 10/2016 se está incumpliendo. Y lo que
resulta más escandaloso, pese a disponer año tras año de partidas
destinadas a alquiler de viviendas sociales para conceptos regulados por
la ley como ayudas al alquiler o subvenciones al pago de recibos de
suministros básicos, sin embargo, no se han desarrollado los convenios y
reglamentos necesarios a los que la ley obliga. Nuestra obligación, y
también nuestra convicción, va a consistir en seguir insistiendo en el
desarrollo de esta ley y el incremento de las partidas presupuestarias
para atender a las familias desahuciadas. Vamos a seguir presentando
nuestra enmienda para demandar un Servicio de Orientación y Mediación
Hipotecaria que regule 1°) El procedimiento de mediación entre la
familia desahuciada y el banco; 2°) La creación y regulación de las
comisiones de sobreendeudamiento, incluyendo representación de la
Plataforma de Afectados por la Hipoteca; 3°) La creación de convenios de
adhesión para los grandes tenedores de vivienda y 4°) La creación de
convenios con las compañías suministradoras (añadimos luz, agua y gas)
para evitar pobreza energética.
En esta Región la vivienda pública ni se la ve ni se la espera. Podría incluso declararse una especie en peligro de extinción.
Un
ejercicio presupuestario más vuelven a consignar la erradicación del
chabolismo dotada con 2.100.000 euros, y de la que tenemos la convicción
de que quedará sin tocar. Destinan a alquiler social 95.000 euros (que
se reparten Cáritas, Columbares y la Bolsa de alquiler social) y eso sí
recogen 568.320 euros, que proceden del Ministerio (Plan Alquiler Social
2018/2021). Toda la política de alquileres sociales con fondos de la
CARM se reduce a 95.000 euros. El presupuesto para el conjunto de
actuaciones en materia de vivienda dependientes de Fomento (Plan Lorca,
Rehabilitación de vivienda, Eficiencia energética, Arrendamiento para
jóvenes, Instalaciones de renovables, subvenciones al Arrendamiento,
Renovación urbana, subvenciones a la Adquisición de vivienda, fomento
del Parque Público de vivienda, subvenciones a la seguridad y
accesibilidad y ayudas al Arrendamiento para mayores y discapacitados),
asciende a 22.230.499 millones de euros. De esa cantidad el Ministerio
aporta 15.139.680 euros. Para ese inmenso conjunto de actuaciones la
CARM apenas tiene respuesta presupuestaria y es el Ministerio el que
asume la inmensa mayoría de las políticas de vivienda que se hacen en la
Región. Así nos va.
Una Región del siglo XXI
debería tener un compromiso claro con el derecho a la vivienda para la
erradicación absoluta del chabolismo y la infravivienda. Pero a este
ritmo presupuestario dudamos de si podremos llegar a ver cumplida esa
aspiración civilizatoria con estas políticas.
La
Ordenación del Territorio está año tras año cuantitativamente más
raquítica. Un año de estos nos encontramos que desaparece del
presupuesto. Con estos presupuestos tan menguados sí que al menos nos
explicamos que no se hayan desarrollado la mayor parte de las
directrices de ordenación del territorio que deben estar durmiendo una
larga siesta en algún despacho, a pesar de que se ha aprobado una ley
que marca el camino sobre la mejor forma de planificar la Región. Así,
no es de extrañar que veamos año tras año las inundaciones de las
poblaciones del Mar Menor. Cuando no se planifica, pues ocurre la
inundación.
En el capítulo de carreteras, nos
encontramos con que presuntamente crece un 6% en capítulo de
inversiones. Pero claro, es que muchas de las cuantías presupuestarias
provienen del anterior ejercicio, pues en 2018 a fecha de septiembre, un
60% del presupuesto dedicado a carreteras se quedó sin ejecutar.
Nos
llama la atención los 13.363.894 euros destinados a "Construcción y
mantenimiento de Autovía del Noroeste" (¿han quitado por fin Vds el pago
del peaje en sombra de la partida destinada a "familias y otros entes
sin ánimo de lucro"? ¿nos van a decir por fin cuanto ha supuesto a las
arcas públicas esta infraestructura? ¿O temen que eso les delatara como
los pésimos gestores que son?).
En cuanto a
transporte: la nada, el puro desierto. Se encuentra dotada con 23,53
millones de euros en su capítulo VII y la mayor parte de su presupuesto,
21,4 millones de euros, está destinado a las obras de la llegada de la
alta velocidad a Murcia. La realidad es que no existe una política de
transporte, este gobierno ha llevado a cabo una auténtica dejación de
esta política. Los presupuestos ignoran los trenes de cercanías o el
FEVE, siendo el transporte público que más utilizan las clases
desfavorecidas. Seguimos sin ver una política regional de transporte
inter-urbano que modernice las líneas de autobuses e integre el
territorio regional con prestaciones adecuadas. ¿Y el Plan Director de
Transporte? ¿Para qué les sirve ese documento si luego no se concretan
actuaciones para tener un transporte interurbano digno. Los 27 millones
de usuarios del transporte público regional van a tener que seguir
esperando un transporte del siglo XXI.
Por lo que
respecta a las partidas dedicadas a las Zonas de Actividad Logística
(ZAL), se dedican a la de Murcia 300.000 euros para proyectos como todos
los años- y 300.000 euros para Cartagena. Lo que subyace bajo estas
erráticas partidas presupuestarias es la ausencia de una planificación
rigurosa de las ZAL.
