Tras cuatro largos años de crisis económica y de políticas de ajuste
dirigidas obsesivamente a la reducción del déficit, un abismo se ha
abierto en la sociedad murciana. La pésima gestión impuesta ha roto ya
la cohesión social, empobreciendo a amplias capas sociales y puesto en
situación de riesgo de exclusión a cientos de miles de personas, además
de abrir agujeros negros de miseria cada vez mayores.
Esta
fractura social, desconocida en su magnitud en toda nuestra historia
democrática, aumentará aún más con los nuevos recortes presupuestarios y
el desmantelamiento acelerado de la protección social que se desprenden
del Plan de Reequilibrio Financiero de la región y las medidas
antisociales del Gobierno de Rajoy, al mismo tiempo se reduce nuestra
capacidad para salir de la crisis e incluso de amortiguar sus
perniciosos efectos.
La región que no hace mucho, en la cresta de
un boom inmobiliario especulativo, se presentaba como exitoso modelo a
imitar, ha visto como se desplomaban sus indicadores socio-económicos
hasta sumirse en la depresión. La falta absoluta de medidas para
combatir esta situación, unida con la dogmática contumacia de nuestros
gobernantes, anuncia que la aguda crisis social va a ir a más. Si no se
corrige sustancialmente esta política estamos abocados a un inevitable
estallido social.
Los datos cruzados de los principales
indicadores sociales caracterizan una muy sombría situación quizás aún
no percibida por la mayoría de la población en toda su crudeza, pero que
debemos calificar de grave emergencia social.
La tasa de paro
regional ya ha alcanzado su máximo histórico, casi el 27%, superando los
200.000 desempleados, y tendencia al alza. Entre los jóvenes menores de
25 años ya ha pasado del 50%. Según la EPA, en el primer trimestre de
este año los hogares con todos sus miembros en paro eran ya más del 16%
(hace cinco años eran sólo el 2,9%), lo que supone más de 50.000
familias sin ingresos salariales. Otro 33% de las familias tenían al
menos la mitad de los activos parados. La cifra no deja de crecer, ahora
realimentada por las importantes pérdidas de empleo público.
También
la tasa de empleo ha caído nueve puntos en cinco años (hasta el 46,88%
en el tercer trimestre de 2011, unos 559.000 ocupados). Por su parte los
desempleados que estaban en esa fecha a punto de dejar de percibir la
prestación por desempleo eran el 22,3% (casi 40.000 personas). La tasa
de temporalidad era escandalosamente alta, del 35,1% (afectando a
163.000 asalariados). Añádase para completar el cuadro los bajos
salarios: según la Agencia Tributaria algo más del 65% del total de
asalariados (unos 375.000) se pueden considerar ´mileuristas´ (en
salario neto, después de impuestos y cotizaciones), y de ellos nada
menos que 212.000 tenían un salario anual inferior al Salario Mínimo
Interprofesional (SMI): no llegaban a los seiscientos euros).
En
los últimos cinco años se han producido en las región más de 16.000
ejecuciones hipotecarias, una por cada 840 habitantes. Sólo en el último
trimestre de 2011 aumentaron un 417%. Los desahucios en perspectiva son
más de 2.000, y la previsión es su continuado aumento por la crisis
laboral.
La población en riesgo de pobreza y exclusión no para de
aumentar y los datos que aporta la Red Europea de Lucha contra la
Pobreza y la Exclusión (EAPN Región de Murcia) son escalofriantes: según
el nuevo indicador europeo agregado (AROPE), en la región se alcanzó en
2010 el 36,3 % de la población en riesgo de pobreza y exclusión, casi
medio millón de personas (la segunda mayor del país, 11,6% por encima de
la media). Sólo en un año (2009-2010) la población que sufre Privación
Material Severa saltó del 6,3% al 15%. Las personas bajo el umbral de la
pobreza según renta eran casi el 30% en 2010 (creciendo cinco puntos
desde 2007) y alejados en 8,5% de la media española.
La Encuesta
de Condiciones de Vida 2011 (Instituto Nacional de Estadística, INE)
refuerza estos datos al señalar el bajo ingreso anual neto por persona
(en 2010 era de 7.629 euros, más de 2.000 por detrás de la media
española). Ese año éramos los primeros en porcentaje de personas que no
podían permitirse una semana anual de vacaciones (55%), y los segundos
en incapacidad de afrontar gastos imprevistos (48,8%).
Por su parte
Unicef acaba de publicar que la tasa de riesgo de pobreza infantil (0-17
años) ha llegado al 39,4% (en relación con las familias españolas), la
segunda peor del país.
¿Qué respuesta pública podemos esperar a
estas cifras terribles que nos acercan a países de bajo desarrollo
humano? Muy poca. El Informe DEC 2012 sobre Desarrollo de los Servicios
Sociales, clave para conocer nuestra capacidad institucional de
respuesta, es muy desalentador al dar al Sistema Regional de Servicios
Sociales la calificación de «irrelevante» (con 3,6 puntos sobre diez).
Subrayemos la mala situación de las Rentas Mínimas de Inserción, que
deberían ser claves en una situación como la nuestra: la reciben una de
cada 754,8 personas, casi cinco veces menos que la media estatal, y con
una cuantía muy inferior.
¿Estamos tocando fondo en nuestra
capacidad de aguante? ¿Habrá estallido social? Parece claro que las
redes familiares y sociales de sostenimiento de toda esta precariedad y
situaciones de necesidad estructural se están agotando. Tampoco puede
ser una alternativa la creciente economía sumergida (los sindicatos
dicen que ya puede estar en la región próxima 40%), sin derechos y que
estrangula los ingresos de la hacienda pública.
Pero lo peor es
que en el horizonte no se vislumbra ninguna voluntad de corregir el
rumbo de las políticas públicas de gestión de la crisis, lo que
garantiza su profundización. Las condiciones objetivas para el estallido
social en la región están dadas. Aún no las subjetivas, que tienen
muchos y complejos componentes (psicológicos, sociales, políticos), pero
a las que podemos llegar por la desesperación a la que se está
empujando a muchos ciudadanos, abandonados a su suerte en un mercado muy
deprimido por un estado en abierta retirada y con políticas
radicalmente equivocadas.
(*) Presidente del Foro Ciudadano
