MURCIA.- Las empresas del sector de la construcción son
las que presentaron unos plazos de pago a proveedores más dilatados en
la comunidad autónoma de Murcia durante 2010. Según el estudio 'La
Morosidad de las Empresas en España', elaborado por la Plataforma
Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) a partir de los datos de
13.000 empresas depositados en el Registro Mercantil, los pagos de las
organizaciones de este ámbito alcanzaron los 203 días en nuestra Comunidad Autónoma.
En lo que se refiere al resto de grandes sectores de actividad, en
la región murciana los plazos de pago del sector privado a sus
proveedores se situaron en el sector servicios en 87 días; en industria,
118; y en el primario, 93. De media en Murcia, el plazo de pago a
proveedores por parte de las empresas fue de 107 días, frente a los 85
que establecía la Ley para ese año 2010.
En este sentido, Rafael Barón, presidente de la PMcM, entidad
impulsora de la Ley 15/2010 de Lucha contra la Morosidad en las
Operaciones Comerciales, ha alertado que en el año en curso el límite
está fijado en nuestro país en 75 días y que en 2013 la Directiva
Europea nos exigirá pagar en un máximo de 60 días.
Asimismo, ha añadido que "se hace más que necesario exigir ya el
cumplimiento efectivo de la Ley española e implementar las medidas
previstas en la misma, entre otras, la creación del Observatorio de la
Morosidad".
Del análisis de la PMcM por comunidades autónomas y sectores, se
extrae la conclusión de que en todas las regiones españolas las empresas
del sector de la construcción son las que presentan unos plazos de pago
más largos.
Respecto a las empresas del resto de sectores, existe una gran
variabilidad en el plazo medio de pago dependiendo de la región. Por
ejemplo, "aunque Navarra (69 días) y Cantabria (77) tienen los mejores
promedios en general, las empresas de estas comunidades no son las
mejores pagadoras en todos los sectores, y lo mismo sucede con las dos
peores comunidades globalmente, esto es, Madrid y Andalucía, con 120 y
119 días respectivamente", explica Barón.
En términos generales, las empresas de las comunidades autónomas
de la mitad norte peninsular presentan mejores plazos medios de pago que
las del sur. De este modo, las regiones con el sector privado mejor
pagador son Navarra (69), Cantabria (77), y Aragón (79), mientras que
las que más dilatan sus plazos de pago son Madrid (120), Andalucía (119)
e Islas Baleares (112).
Las empresas del resto de CC.AA. presentaron los siguientes plazos
de pago a proveedores: Castilla-La Mancha (83); Comunidad Valenciana
(90); Galicia (90); La Rioja (91); Asturias (95); País Vasco (95);
Cataluña (96); Islas Canarias (105); Murcia (107); Castilla y León
(108); y Extremadura (110).
Atendiendo a la segmentación por sectores de actividad, las
comunidades con menores plazos de pago en las empresas del sector
primario son Madrid (18), Cataluña (34), Navarra (43) y Comunidad
Valenciana (45), mientras las peores son Galicia (122), País Vasco (122)
y Asturias (105).
En el sector industrial, las comunidades con empresas mejor
pagadoras son Navarra (57), Asturias (64), Cantabria (64), Madrid (67) y
Aragón (67), mientras las que tienen plazos más largos son Murcia
(118), Castilla-La Mancha (110), Andalucía (92) y La Rioja (92).
Por su parte, en el sector de la construcción destacan con plazos
más pequeños las empresas de La Rioja (139) y Cantabria (176), mientras
que los peores plazos medios de pago los tiene el sector privado de
Madrid (293), Asturias (285), Cataluña (262) y Extremadura (256).
En el sector servicios, los plazos más cortos corresponden a las
empresas de Castilla y León (56), La Rioja (59) y Castilla-La Mancha
(69); con los plazos más largos figura el sector privado de Madrid
(123), las Islas Canarias (113) y Baleares (110) y País Vasco (106).
Desde que se inició la crisis, la PMcM estima que de unas 500.000
empresas que han desaparecido (200.000 pymes y 300.000 autónomos), un
tercio ha sido debido a la morosidad.
Para acabar con esta lacra, el portavoz de la PMcM, Antoni Cañete,
propone, "además de la creación del Observatorio de la Morosidad (que
permitiría conocer con rigurosidad el comportamiento en los pagos);
crear un régimen sancionador con multas de hasta 900.000 euros;
implantar medidas no coercitivas de intermediación extrajudicial como la
figura del mediador, que tanto éxito cosecha en Francia; y la
aplicación del criterio de caja en el devengo del IVA de pymes y
autónomos".
Esta última se trata de una medida que el Gobierno prometió en
campaña electoral y que ahora retrasa alegando problemas técnicos
rechazando de este modo la proposición de Ley presentada recientemente
por CiU", ha agregado en comunicado.
"La PMcM ha trasladado estas propuestas al Gobierno y a los
partidos políticos y esperamos poder empezar en breve la ronda de
reuniones para debatirlas y poder entrar en detalles", manifiesta
Cañete.
