MADRID.- El grupo parlamentario de CiU ha pactado con PP, PSOE y PNV instar al
 Gobierno a que revise los blindajes de los directivos de entidades 
bancarias que requieran ayudas del Fondo de Reestructuración Ordenada 
Bancaria (FROB) para evitar su materialización aunque dichas 
indemnizaciones ya hayan sido devengadas, caso de Banco Mare Nostrum.
   Según consta en el texto acordado por los diferentes grupos 
parlamentarios, se pide al Ejecutivo que revise 
"la totalidad de las cláusulas indemnizatorias, pensiones o cualquier 
cláusula de blindaje, incluso las de carácter laboral, de las cuales 
puedan derivarse beneficios discrecionales por el ejercicio de sus 
funciones y percibidas o demandadas por los administradores o cargos 
directivos, aunque ya hayan sido devengadas, de entidades financieras 
que hayan requerido de ayudas del FROB".
   Además, en lugar de pedir la anulación o declaración de 
invalidez de estos blindajes, como figuraba en la iniciativa original, 
CiU pide que se "impida la materialización" de dichos pagos, y precisa 
que la revisión "sólo afectará a las entidades financieras que hayan 
requerido ayuda al FROB", dejando fuera a las entidades sanas que se 
fusionen con otras problemáticas para que no se vean castigadas por este
 tipo de operaciones. 
   Finalmente, el PNV ha introducido en el texto una enmienda 
propia en la que se recoge que estos principios deberán "ser tenidos en 
cuenta" durante la tramitación como proyecto de ley de la reforma del 
sector financiero aprobada el pasado mes de mayo.
Tras una tarde de gran trasiego por los pasillos del Congreso,
 CiU ha decidido sacar de su iniciativa la petición de anular o, al 
menos, limitar las pensiones e indemnizaciones de los directivos de 
cajas de ahorro que reciban apoyo público del FROB no sólo en 2012 y 
mientras subsista el apoyo financiero público, sino también con carácter
 retroactivo a ejercicios anteriores si de la gestión de aquellos 
ejercicios se derivara la posterior situación de necesidad de ayuda 
pública.
   En cualquier caso, el portavoz nacionalista catalán de 
Economía, Josep Sánchez Llibre, ha defendido que con el nuevo texto se 
mantiene el objetivo de "impedir que con dinero público se puedan pagar 
indemnizaciones millonarias, incluso con carácter retroactivo, a los 
administradores o directivos de entidades financieras que hayan sido 
intervenidas por el Estado o que hayan recibido ayudas públicas a través
 del FROB".
   Su aliado en la negociación, Pedro Azpiazu (PNV), se ha 
congratulado del acuerdo aunque ha reconocido que su grupo prefería que 
estas medidas no se limitaran únicamente a las entidades con ayudas 
públicas, sino que se incluyeran en los códigos de conducta y los 
estatutos de los bancos. Además, ha exigido que "la iniciativa se 
convierta cuanto antes en ley de obligado cumplimiento mediante su 
inclusión en el proyecto de ley de la reforma financiera"
   El socialista Jesús Caldera ha destacado que este acuerdo, 
aunque "parcial", es "muy importante" para acabar con un comportamiento 
que "no es ético y tampoco tiene sentido económico". 
"Las remuneraciones
 excesivas llevan a la asunción de riesgos excesivos, y es importante 
que hagamos que quienes no han hecho un buen trabajo y no han aportado 
valor a sus empresas no puedan percibir indemnizaciones millonarias, 
especialmente en un momento tan delicado como éste", ha defendido.
   Además, el exministro ha deseado que a partir de este acuerdo 
se pueda hacer "un debate de más profundidad" y "con transparencia" 
sobre este asunto para "establecer códigos de conducta" que impidan que 
estas situaciones se repitan en el futuro.
   También el diputado 'popular' Fernando López-Amor se ha 
congratulado de este acuerdo para frenar un fenómeno "absolutamente 
execrable", aunque ha recordado que el Gobierno de Mariano Rajoy "ya 
había tomado las medidas adecuadas" en este sentido, prohibiendo los 
bonus en el futuro en entidades que reciban ayudas públicas.
   A renglón seguido, ha aprovechado para reprochar al PSOE que, 
"en ocho años de Gobierno y viendo que no había un saneamiento adecuado 
del sector, no tomó medidas ni desde el punto de vista del saneamiento 
ni desde el punto de vista ético y de razonabilidad".
 "Esperamos que en 
la tramitación del proyecto de ley de la reforma financiera se puedan 
plasmar estas medidas de acuerdo con todos los grupos", ha concluido 
López-Amor.
   Por la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), el diputado Joan 
Coscubiela ha aplaudido que se intente abordar un problema como éste, 
que es "una de las causas" de la actual crisis, si bien ha reconocido 
tener "la sensación de que se pretende dar la imagen de que se abordan 
los problemas sólo para dar la imagen de que se hace algo". Por eso, ha 
condicionado su voto "de buena fe" a que el PP se comprometa a plasmar 
estos principios en la reforma financiera y también a llevarlos a la 
práctica. 
   El diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, ha apoyado la 
medida si bien ha señalado que debería extenderse a todas las entidades,
 y no sólo a las que pidan ayuda al FROB, y ha recordado que con este 
acuerdo se aborda "una de las partes donde radica la crisis", pero no se
 abordan las responsabilidades de quienes "tenían que regular y vigilar 
el sistema y no lo hicieron", permitiendo que "comportamientos obscenos"
 de algunas entidades para obtener beneficios hayan llevado a un gran 
apalancamiento del sistema que ahora provoca problemas generalizados al 
sistema.
   En este sentido, la diputada de ERC Teresa Jordà ha 
aprovechado para señalar que los directivos de las entidades con 
problemas "no sólo no merecen los premios económicos sino que merecen 
una comisión de investigación y, muy probablemente, un castigo penal de 
dimensiones similares a sus escandalosas indemnizaciones".
 "Es ruin que 
entidades intervenidas con dinero de todos regalen indemnizaciones 
multimillonarias a sus directivos", ha zanjado.
       Finalmente, el portavoz económico de UPyD, Álvaro Anchuelo, ha
 reconocido que le gustaba la propuesta inicial de CiU y ha lamentado la
 nueva "propuesta edulcorada" que "mira hacia adelante" y pierde la 
petición de retroactividad más allá de lo devengado y no cobrado. "No se
 puede ignorar esto, no se puede decir que se han llevado esas 
cantidades por hundir las entidades y, como mínimo, hay que congelar 
cautelarmente (estas indemnizaciones) mientras la justicia actúa. Si no,
 será una solución en falso", ha advertido.
 
 
