MADRID.- El Consejo de Ministros aprobó hoy viernes el primer borrador que 
detalla la reforma de la ley educativa con la que el Gobierno del 
Partido Popular quiere reducir la elevada tasa de abandono y fracaso 
escolar y mejorar el rendimiento de los estudiantes españoles, y para 
conseguirlo exigirá una mínima calidad en todas las Comunidades 
Autónomas.
En concreto, el Ministerio de Educación aumentará en un 10% su 
capacidad de decisión sobre los contenidos de las materias comunes en 
todo el Estado, un giro criticado el País Vasco y Cataluña por 
"retrógrado y recentralizador" en un nuevo frente de batalla con el 
Gobierno central.
"El (Gobierno) pasará a fijar los contenidos comunes necesarios 
para la adquisición de las competencias básicas, que requerirán el 65% 
de los horarios escolares en comunidades autónomas que tengan lengua 
cooficial y el 75% para las que no la tengan", dijo el Gobierno en las 
referencias del Consejo de Ministros.
Actualmente la LOE, vigente desde 2006, establece unos contenidos comunes mínimos del 55% y 65%, respectivamente.
"No es una recentralizacion, es simplemente una serie de 
disposiciones que se orientan a dar mayor equidad (...) Hay un mayor 
margen a la diferencia e incluso una competivividad sana entre las 
Comunidades Autónomas en el plano educativo", dijo el ministro de 
Educación, José Ignacio Wert, en la rueda de prensa posterior a la 
reunión ministerial.
El ministro calificó la actual situación de los contenidos escolares de "dispersión inmanejable".
El anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad 
Educativa (LOMCE), la séptima reforma de la democracia que afecta a 
todos los niveles a excepción del universitario, introducirá exámenes 
nacionales unificados (reválidas): dos en Primaria - en 3º y 6º pero sin
 efectos académicos -, uno al terminar la ESO y otro al final del 
Bachillerato, que sí deberán aprobarse para obtener el título.
Además se suprime la Selectividad y se refuerza las horas de clase en las materias de matemáticas, lengua, ciencias e inglés.
Wert afirmó que con esta reforma se trata de que los alumnos 
españoles puedan competir "con el chico o la chica que está estudiando 
en Singapur, Estados Unidos o Letonia".
"No es una reforma ideológica", dijo.
El Gobierno busca poner remedio a las debilidades del sistema 
educativo español que se refleja en un fracaso escolar del 26,4 por 
ciento - el doble que la media europea -; un desempleo juvenil del 52 
por ciento, y un 23,6 por ciento de "ni-nis", jóvenes de entre 15 y 29 
años que ni estudian ni trabajan.
"Los dos principales objetivos de la reforma son fortalecer la 
formación integral de los ciudadanos y conseguir un sistema educativo 
que sea una plataforma para lograr un empleo. Es decir, conectar las 
aulas con el empleo", dijo la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz 
de Santamaría.
Las autoridades españoles también justifican la necesidad de 
reforma en el gran desfase que existe actualmente entre el gasto público
 por alumno - un 21% más que en los países de la OCDE y la UE, según 
datos del "Panorama de la educación en España 2012" realizado por la 
OCDE - y la falta de resultados académicos que arrojan evaluaciones 
internaciones como PISA, que en su informe 2009 situó a España 12 puntos
 por debajo de la media de la OCDE y ocupa el puesto 18 entre los 25 
países evaluados de la Unión Europea.
Uno de los objetivos de la reforma es mejorar en 16 puntos los 
resultados de PISA, lo que situaría a España por encima de países como 
Francia, Reino Unido e Italia, y la igualaría con Alemania, dijo el 
Ministerio.
El texto articulado, que inicia ahora su tramitación por los 
distintos órganos y consejos consultivos, establece un adelanto en la 
elección de los alumnos hacia la Formación Profesional desde 3º de la 
ESO, creando un nuevo ciclo de FP dentro de la enseñanza obligatoria (FP
 Básica).
En la Formación Profesional de Grado Medio se incluirán materias 
instrumentales adaptadas al campo o sector profesional correspondiente 
y, mediante asignaturas optativas, se facilitará la continuidad a la de 
Grado Superior.
A los centros escolares se les otorgará un mayor grado de 
autonomía para diseñar e implantar métodos pedagógicos propios, con 
capacidad para contratar y determinar la retribución del personal 
docente, entre otros.
Finalmente, la nueva norma permitirá la concertación con centros 
de educación diferenciada por sexos, siempre que cumplan con los 
requisitos relativos a la lucha contra la discriminación, dijo el 
Gobierno.
La nueva reforma de la Educación llega después de que el Gobierno
 anunciase en mayo recortes por importe de 3.000 millones de euros en el
 sector, que incluyen desde el aumento del número de alumnos por aula a 
la reducción de personal docente o la subida de la matrícula 
universitaria.
El inicio del curso en la Universidad vivió hoy algunas protestas
 de profesores y alumnos por la subida de tasas y los recortes en campus
 de Valencia, Murcia y Cáceres, siguiendo la estela de manifestaciones 
en toda la enseñanza ante un otoño que se prevé caliente en el sector.
 
