MURCIA.- La Asociación de Naturalistas del Sureste y  Ecologistas en Acción se han dirigido al presidente de la Comunidad  Autónoma de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, para pedirle que  detenga el desmantelamiento de las políticas de Medio Ambiente que están  caracterizando los últimos años de su mandato. Y es que, se pregunta,  "quién se acuerda ahora del Pacto Social por el Medio Ambiente de  finales de 2006".
   Las organizaciones ecologistas consideran que la dimisión de la  directora general de Medio Ambiente, Teresa Navarro, es una consecuencia  más de la "desastrosa" situación de la Consejería que debía velar por  el cumplimiento de la legislación ambiental y la protección de los  espacios naturales, la flora y la fauna silvestres. 
   La unión de las antiguas Direcciones Generales de Patrimonio  Natural y de Evaluación e Impacto Ambiental, con una notable reducción  de presupuesto y personal, están llevando, a su juicio, "a la  paralización de muchas de las políticas ambientales en la Región".
   Las organizaciones denuncian que ninguna de las estrategias  relacionadas con el Medio Ambiente que se han aprobado o redactado  durante los últimos diez años están siendo desarrolladas, y apenas se  han cumplido en un porcentaje ínfimo: es el caso de la Estrategia  Regional para la Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad  Biológica, la Estrategia Forestal de la Región de Murcia o la Estrategia  para la Educación Ambiental.
   Un caso paradigmático es el Mar Menor, que con múltiples figuras  de protección ambiental y evidentes signos de degradación, sigue  careciendo de ningún Plan de Gestión de sus espacios naturales  protegidos a escala internacional, y el anunciado Plan de Acción del Mar  Menor a desarrollar a través de la Fundación Cluster desapareció con  ella, lo mismo que ocurrió con la Comisión del Mar Menor, impulsada por  el Gobierno del Estado.
   Así mismo, las ayudas para la conservación de la naturaleza  desaparecieron ya hace dos legislaturas, y la mayoría de los Planes de  Ordenación de los Recursos Naturales de los Espacios Protegidos de la  Región siguen sin aprobarse. Los Planes Rectores de Uso y Gestión  aprobados no tienen dotación, y ninguna especie amenazada de la Región  de Murcia cuenta todavía con Plan de Recuperación, aunque muchos se han  redactado y duermen en los cajones de la administración regional.
   También se ha visto mermado el acceso a la información y la  participación pública. Prueba de ello es que Ecologistas en Acción y  ANSE han tenido recientemente que denunciar ante el Defensor del Pueblo  de la Región de Murcia que el Consejo Asesor Regional de Medio Ambiente  no se reúne desde el año 2008, cuando debería reunirse al menos cuatro  veces al año, añade las asociaciones ecologistas.
   Las dos organizaciones, que no firmaron en 2006 el Pacto Social  por el Medio Ambiente debido a la falta de credibilidad del Gobierno de  la Región para cumplir los compromisos de dicho pacto, y los adquiridos  en otro sinfín de documentos y acuerdos relacionados con la conservación  de la naturaleza, no dudan en calificar de "suicidas" las políticas de  desarrollo regional impulsadas por los sucesivos gobiernos de Ramón Luís  Valcárcel.
   ANSE y Ecologistas en Acción consideran que el presidente  Valcárcel es el máximo responsable de "descabellados" proyectos  urbanísticos de gran impacto en espacios naturales costeros como Marina  de Cope o Novo Carthago (Mar Menor), y de la urbanización excesiva de  buena parte del territorio regional, que ha contribuido de manera  considerable a la crisis actual, y a la debacle de diversas  instituciones financieras, entre las que destaca la CAM. 
   También consideran a Valcárcel responsable de la continuación de  trámites para la construcción de grandes infraestructuras de "dudosa"  necesidad, rentabilidad e impacto social y económico, y que ocasionarán  un gran impacto ambiental en la costa, como el macropuerto de El  Gorguel.
   Las organizaciones opinan que la inclusión de las competencias  ambientales en Consejerías que no velan por el cumplimiento de la  legislación que protege nuestros espacios naturales y el medio ambiente,  y se dedican a facilitar las tramitaciones de proyectos que pueden  tener un impacto negativo, sólo han contribuido, y contribuyen aún, a un  desarrollo más desequilibrado e inestable, y a una mayor hipoteca para  esta generación y las futuras.
   Por ello, ANSE y Ecologistas en Acción piden al presidente  Valcárcel que cambie el rumbo de la política ambiental de su ejecutivo y  que proceda a crear de nuevo una Consejería de Medio Ambiente con  competencias exclusivas en la materia, con suficiente personal y  presupuesto para cumplir los mínimos exigibles en la gestión del medio  ambiente y la naturaleza que exigen la normativa comunitaria, estatal y  autonómica, y los compromisos internacionales, así como para asegurar el  derecho de acceso a la información y de participación ciudadana.

 
