Los Verdes-Ecolo consideran inadecuado que Cartagena sea "ciudad de recreo de los militares norteamericanos"

CARTAGENA.- La agrupación política Los Verdes-Ecolo han afirmado que es "inadecuado" que Cartagena sea "base de recreo de los militares norteamericanos" y recuerdan los "altercados" que se dieron en situaciones similares en el pasado, según ha asegurado la formación política en comunicado de prensa.

   Al respecto, lamentan este "quiebro" con el turismo cultural y de calidad que se estaba desarrollando, por lo que ha pedido a la alcaldesa de la ciudad portuaria, Pilar Barreiro y al Ministerio de Defensa que "deben priorizar la seguridad de los ciudadanos y del litoral de Cartagena".

   La coalición ecologista ha cuestionado también "la doble moral de la autoridad portuaria que en 2006 y 2008 negó la entrada del barco de Greenpeace alegando falta de espacio, cuando ahora permite la utilización de los muelles civiles para el atraque de 17 barcos de la OTAN".

   Al respecto de este asunto, Los Verdes han opinado que las autoridades municipales y el Ministerio de Defensa "deberían priorizar el bienestar de los habitantes de Cartagena y no permitir la entrada de buques de propulsión y armamento nuclear en una zona tan densamente poblada. Será un gran riesgo a asumir si Cartagena se convierte de nuevo en parada de los buques de la armada de los Estados Unidos".

   "Parece una broma que tras asistir a la reducción del 95 por ciento de la reserva marina de Cabo Tiñoso ahora nos llegue el Ministerio de Defensa con los juegos de guerra de la flotilla de la OTAN. Unas maniobras que suponen un riesgo para la fauna, en especial para las poblaciones de cetáceos (delfín mular y calderón común) que pueden verse afectados por los posibles ejercicios de sonar y detonaciones submarinas" ha concluido el comunicado de Los Verdes.

El Satse reclama al SMS que a las enfermeras se les compute todo el tiempo de trabajo realizado

MURCIA.- Las enfermeras de los hospitales han reclamado al Servicio Murciano de Salud (SMS) que se les tenga en cuenta todo el tiempo de trabajo realizado a la hora de cuantificar su jornada laboral, según ha informado Satse en un comunicado.

   Según el sindicado, las enfermeras fundamentan que en la prestación de su servicio continuado, realizado mediante turnos de trabajo durante la mañanas, la tarde o la noche, "existe un tiempo donde se solapa el turno entrante con el saliente, durante el cual se realiza el relevo, repasando todo lo acontecido durante la jornada e informando pormenorizadamente al compañero del estado de cada uno de los pacientes y los cuidados prestados".

   "Estos tiempos de trabajo que nunca han sido cuantificados a la hora del cálculo de la jornada laboral precisa que el trabajador esté en su puesto de trabajo hasta 30 minutos después de su jornada laboral", ha manifestado, quien ha lamentado que sin embargo, la Administración sanitaria "haga caso omiso ante las continuas peticiones de negociación realizadas, con objeto de transmitir a la Consejería la gran inquietud que sobre este tema siente gran parte del personal sanitario de la Comunidad".

   Y es que esto supone, a lo largo del año, "una media de 105 horas que se prestan sin ser consideradas jornada laboral, o lo que es lo mismo, 15 días más de trabajo, cifra que coincide con el aumento de jornada que la Ley de Medidas Extraordinarias ha puesto en marcha, al pasar de 35 a 37,5 horas semanales".

   Por todo ello, Satse ha decidido emprender la vía judicial para resolver una reivindicación que considera "justa y legítima de los profesionales de enfermería".

   Y es que esto supone, a lo largo del año, "una media de 105 horas que se prestan sin ser consideradas jornada laboral, o lo que es lo mismo, 15 días más de trabajo, cifra que coincide con el aumento de jornada que la Ley de Medidas Extraordinarias ha puesto en marcha, al pasar de 35 a 37,5 horas semanales".

   La solicitud de reconocimiento de derecho, que afectaría a cientos de trabajadores dependientes de la Consejería de Sanidad, exige que se compute como tiempo trabajado realizado por el personal sanitario "todo el periodo durante el cual el personal permanezca en el puesto, a disposición del centro y en ejercicio de su actividad".

El TSJ ordena la apertura de juicio oral para los imputados por el caso Limusa

MURCIA.- El magistrado-instructor de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM), Enrique Quiñonero Cervantes, ha ordenado la apertura de juicio oral para ocho acusados por el denominado caso Limusa, en el que se investiga una presunta trama de corrupción en torno a esta empresa de limpieza de Lorca.

   Entre los acusados se encuentran el ex director de la entidad Limusa, desde 1998 hasta 2009, Francisco Gil Eguino; y el que fuera alcalde de Lorca desde 1993 hasta 2006 y ex presidente de dicha empresa municipal, Miguel Navarro.

   Además, el juez ha ordenado la apertura de juicio oral para el concejal delegado de Limusa desde 2003 a 2007 y actual diputado regional, Bartolomé Soler, quien ocupó el cargo de teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Lorca entre 1995 y 2007 y ejerció de portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Consistorio lorquino entre 2003 y 2007.

   Además, Soler fue secretario de Organización del PSOE en Lorca y, hasta ahora, era diputado regional, vocal de la Ejecutiva Regional del PSOE, vocal de la Ejecutiva Municipal de Lorca y miembro del Comité Regional del PSRM-PSOE.

   El magistrado del TSJRM ha dado un plazo de 24 horas para que presten fianza, que en el caso de Francisco Gil Eguino asciende a 1,2 millones de euros; para Bartolomé Soler suma 911.000 euros; y para Miguel Navarro asciende a 790.000 euros, según informaron fuentes del TSJRM en un comunicado.

   Los otros acusados para los que el juez ordena la apertura de juicio oral son el consejero delegado de Limusa desde julio de 1999 hasta julio de 2003, Jesús Molina; el que fuera interventor del Consistorio lorquino, Francisco Poyatos; la cónyuge de Francisco Gil Eguino, Ofelia González; los contratistas de Limusa, Juan Antonio Franco y Antonio Francisco Córcoles.

   En este caso, a Jesús Molina el TSJ le reclama prestar fianza por 520.000 euros; a Francisco Javier Poyatos 865.000 euros; a Ofelia González en la cantidad de 265.000 euros; a Juan Antonio Franco en la cantidad de 42.000 euros; y para Antonio Francisco Corceles en la cantidad de 42.000 euros.

   Será la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia el órgano competente para el enjuiciamiento.

El TSJ ordena abrir juicio oral contra Pedro García Balibrea y el ex alcalde de Santomera, José Antonio Gil

MURCIA.- El magistrado-instructor de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM), Manuel Abadía Vicente, ha ordenado la apertura de juicio oral contra el presidente de Áridos del Mediterráneo (Arimesa), Pedro García Balibrea, y contra el ex alcalde de Santomera, José Antonio Gil, por el procedimiento que investiga un presunto delito medioambiental en la cantera El Zacacho.

   García Balibrea, quien también es presidente de la Cámara de Comercio de Murcia, está acusado por un delito contra el medio ambiente en concurso con el de lesiones, mientras que Gil está acusado por un delito de prevaricación medioambiental.

   El Ministerio Fiscal dirige su acusación contra García Balibrea por un delito contra el medio ambiente con peligro grave para el sistema natural y riesgo de grave perjuicio para la salud de las personas, según informaron fuentes del TSJRM en un comunicado.

   Así solicita que se le imponga por el delito contra el medio ambiente una pena de tres años y dos meses de prisión, accesoria de inhabilitación del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, con multa de 18 meses a 20 euros de cuota diaria e inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio que conlleve una actividad potencialmente contaminadora durante dos años, y el pago de costas.

   A su vez, el Fiscal estima que procede imponer la clausura de la actividad de cantera desarrollada por Arimesa en el lugar de los hechos durante un periodo de cinco años.

   Además, el Ministerio Fiscal pide para Gil Sánchez la pena de 18 meses de prisión, accesoria de inhabilitación del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

   Por su parte, la acusación particular estima a García Balibrea responsable de un delito contra el medioambiente en concurso con un delito de lesiones. Además, responsabiliza por pasividad municipal de un delito de prevaricación a Gil Sánchez.

   Así, la acusación particular ha pedido para García Balibrea tres años y dos meses de prisión con accesoria de inhabilitación del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo que dure la condena, multa de 20 meses con una cuota diaria de 50 euros, e inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio que conlleve una actividad potencialmente contaminadora durante dos años, y costas, incluidas las de esta acusación particular.

   A su vez, estima que procede imponer a Arimesa la clausura definitiva de las instalaciones sitas en El Zacacho (Santomera) en las que se han cometido los hechos descritos.

   Además, pide para Gil Sánchez la pena de 24 meses de prisión, accesoria de inhabilitación del derecho de sufragio pasivo durante la duración de la condena, y 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público por el delito de prevaricación ambiental.

   El magistrado del TSJ solicita a los acusados que presten en un plazo de 24 horas fianza por la cantidad de 9.960 euros a cada uno, para asegurar las responsabilidades pecuniarias. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia será el órgano competente para el enjuiciamiento.

El Gobierno central niega un trato favorable a Cataluña para emitir deuda

MADRID.- El Gobierno ha negado que se esté dando un trato favorable a Cataluña a la hora de autorizar nuevas emisiones de deuda, ya que  todas las comunidades autónomas se rigen por las mismas reglas de juego.

   El Gobierno salía así al paso de las declaraciones del presidente de la Generalitat, Artur Mas, que ayer aseguró, tras la reunión con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que Cataluña podría emitir más deuda para hacer frente a sus necesidades de financiación.

   Fuentes del Ejecutivo han explicado que la cifra que podrá emitir Cataluña, que rondará los 2.000 ó 2.500 euros, no es deuda nueva, sino que se corresponde la deuda sanitaria de 2006 reconocida en el año 2007 y con la amortización de la deuda que vence este año.

   Así, Cataluña no podrá emitir deuda nueva hasta que presente el plan de reequilibrio del déficit y sea aprobado por el Ministerio de Economía y Hacienda, tal y como ocurre con otras dos comunidades que actualmente están elaborando este plan: Murcia y Castilla-La Mancha.

   Sin embargo, el Gobierno sí autorizará este viernes una nueva emisión de deuda para Andalucía por valor de 1.500 millones de euros, ya que se trata de una de las comunidades que sí está cumpliendo con los planes del Ejecutivo para reducir el déficit.

Axa amenaza con ir a los tribunales si BMN usa la marca Mare Nostrum

MADRID.- El flamante Banco Mare Nostrum no podrá utilizar esta denominación sin arriesgarse a que la aseguradora Axa lo denuncie en los tribunales ante la falta de avance en los contactos habidos entre ambas entidades, según publica Economía Digital.

La creación por parte de Caixa Penedès, Caja Murcia, Sa Nostra y Caja Granada, del Banco Mare Nostrum amenaza pues con sufrir primer conflicto nada más nacer. La razón es el nombre de la entidad.

Al crear el banco se dio de alta el nombre en el registro de la propiedad sin ningún problema. Pero al inscribir la marca en el registro correspondiente de patentes y marcas, los responsables del nuevo banco vieron que existían otras tres entidades habían legalizado la denominación: una aseguradora ahora vinculada al grupo Axa, un Spa y un fondo de inversión radicado en las islas del Canal de la Mancha.

Justo al conocerse que el banco adoptaba citado nombre, hubo un primer contacto entre Axa y los responsables de la nueva entidad. Según la aseguradora desde el banco se ofreció comprar la marca, pero esta posibilidad no fue aceptada por la multinacional de seguros. Como compensación desde esa sociedad se planteó un acuerdo que desbloquearía el problema.

En síntesis se ofreció al banco renunciar a la marca a cambio de que durante unos “10 o 15 años” la red de oficinas de las cuatro cajas “distribuyesen seguros de Axa” que no fuesen redundantes con los que las cajas ya venden. Este extremo es ciertamente complicado porqué hay cajas que comercializan productos de la marca Aviva y otras, como Penedès, que comercializan directamente sus seguros en algunas áreas y en otras tienen un acuerdo con Caser.

La posibilidad de comercializar algunos productos de Axa en las 1.700 oficinas de las cuatro cajas que forman parte del nuevo banco se ve difícil de compaginar con el negocio de bancaseguros que realizará dicha entidad. No obstante, el precio de dicha colaboración se considera muy alto en fuentes de Penedès.

Desde la aseguradora se explica que “hacia el pasado diciembre hubo un contacto en el que el banco nos ofreció un acuerdo de buena voluntad, que no comprometía a nada y que no aceptamos”. Desde entonces no hay más reuniones entre las dos partes.

Los directivos de la entidad bancaria han decidido que, de momento usarán la marca BMN, únicamente en siglas, "porqué esta marca es totalmente nuestra". asume un portavoz. Los responsables de BMN creen que pueden utilizar sin problemas las siglas que “son correctamente interpretadas por los medios de comunicación y por el público”.

En Axa explican que “la marca aún figura en centenares de miles de pólizas de asegurados de zonas como las Baleares, donde Mare Nostrum era una aseguradora de referencia”. Por lo tanto entienden que la denominación, sobre la que mantienen todos los derechos es perfectamente correcta.

En BMN, creen que “quizás se tenga que esperar a que decida la autoridad sobre marcas”. Aseguran que “fuera de España no hay problemas en usar Mare Nostrum, y en España seguramente la oficina de patentes y marcas deberá dilucidar sobre un aspecto como la notoriedad, “porqué hasta que lo fuimos a mirar, convivían tres marcas con la misma denominación y nadie discutió nada”.

Sea como sea, si no se consigue un acuerdo entre la aseguradora y el nuevo banco, se producirá el choque. En Axa han asegurado que “si vemos que utilizan la marca Mare Nostrum y a pesar de nuestra buena voluntad inicial, iremos hasta donde haga falta para defender nuestros derechos”. Concretamente, si se usase la marca, Axa denunciaría el uso a los tribunales, ha manifestado un portavoz.

Core capital

Las cajas de ahorros, los bancos españoles y la comunidad financiera están esperando como agua de mayo los detalles del decreto esbozado recientemente por el Gobierno español para dar el que podría ser el paso definitivo en la reestructuración de las cajas de ahorro.
"Urge tener el decreto en el que se aclare cómo se computa el capital básico y cuáles son esas pautas de recapitalización para los no que lo consigan", dijo recientemente el presidente del Banco Popular.
El Gobierno no desvela la fecha en la que el esperado Decreto -que busca despejar la inquietud por el sector financiero español- se someterá a aprobación del Consejo de Ministros para su posterior tramitación parlamentaria y se limita a asegurar que se realizará "a lo largo del mes de febrero".
Responsables de bancos y cajas, de las patronales y analistas, esperan con particular interés la definición del core capital que el gobierno exigirá a las entidades, habida cuenta de que no hay una definición armonizada en Europa y ni siquiera se trata de un ratio válido a efectos regulatorios.
De hecho, en las pruebas de resistencia europeas en verano de 2010 se utilizó el ratio Tier I (capital básico más preferentes) unificado a nivel europeo.
"El core capital como tal ni siquiera está definido en Basilea III, hace falta una definición explícita que aclare qué puede computar como capital y qué no", dijo un experto en regulación.
El gobierno dijo que iba a adelantarse a Basilea III (prevista en 2013 y con mayores exigencias graduales hasta 2019) para elevar la exigencia de capital mínimo al 8 por ciento en entidades cotizadas y entre el 9 y el 10 por ciento en las no cotizadas.
"Es una cuestión espinosa, porque en la propia Basilea III hay definiciones de capital - en lo que ellos denominan "Common Equity Tier 1" - diferentes para según qué plazo. En 2013 se aplican unos criterios y en 2018 otros", explicó un analista.
En términos generales el core capital define capital más reservas frente a deuda, pero entre medias, hay una serie de deducciones que se pueden usar o no y, en definitiva, es difícil saber qué computa como capital sin que esté meridianamente definido.
En Basilea III, por ejemplo, pueden computar como capital determinadas participaciones preferentes siempre que se emitan en condiciones especiales, más ligadas a las acciones tradicionales. Banca Cívica ha sido la primera entidad española en usar este instrumento para reforzar capital.
Una de las cuestiones que más incertidumbre y división genera entre los observadores es si la financiación recibida (hasta ahora unos 11.600 millones de euros) por el FROB computará o no como capital.
Sin embargo, una fuente próxima al Banco de España dijo que el dinero aportado por el FROB computará como capital básico.
La definición exacta del requerimiento de capital para no cotizadas o con escasa presencia de accionistas es otra de las cuestiones que habrá de aclarar el real decreto.
Cuando el Gobierno anunció que el Banco de España determinará en septiembre las entidades que no podrán cumplir por sí mismas con los criterios exigidos, explicó que el Gobierno, a través del FROB, podría entrar temporalmente en el capital de las entidades como accionista.
Aunque la ministra de Economía aseguró que estas potenciales inversiones no computarán en el déficit público, hay algunas dudas entre los intermediarios hasta ver la fórmula concreta del texto de manera que permita a Eurostat considerar como financiera la inversión.
"Si hay dinero público no siempre va a déficit aunque casi siempre a emisión de deuda (...) el Gobierno conoce cuáles son las normas de Eurostat y cuándo se contabilizará como déficit o deuda. Tiene que explicarlo bien para que sea creíble desde ese punto de vista", explicó el presidente de la patronal bancaria hace poco.
"Eurostat establece que tiene que computar con el déficit en el caso de una inversión o intervención en una entidad en quiebra y ese no es el caso, así que no hay duda sobre este asunto", explicó una alta fuente financiera conocedora del asunto.
En todo caso, como reconoció el propio gobierno, la eventual entrada del FROB en entidades sí aumentará la apelación del Estado a la deuda pública.
La tercera cuestión de importancia tiene un carácter fundamentalmente de tiempo. Al poner fecha límite en septiembre para que el Banco de España identifique a las entidades en dificultades y empujar directamente a la salida a bolsa de las cajas, existen algunas dudas sobre si tendrán tiempo para cumplir los trámites.
Los procesos de salida a bolsa, incluyendo folletos, aprobaciones, revisiones del regulador y otros requerimientos, llevan de media un plazo de tres meses en el mejor de los casos, explicó una fuente de la CNMV.
El director del sector financiero de PriceWaterhouseCoopers y consejero de Mare Nostrum, Luis de Guindos, dijo el lunes que el plazo dado por el Gobierno para que las cajas se recapitalizaran de forma privada parecía "corto", teniendo en cuenta que se tenía que hacer antes de agosto, un mes considerado inhábil en los mercados.
La propia CNMV lanzó en una carta abierta a la patronal de las cajas el lunes una serie de advertencias a las cajas recordándoles lo largo y complejo del proceso de salida a bolsa y la necesidad de colocar entre inversores no relevantes un 25 por ciento del capital.

http://www.economiadigital.es/es/notices/2011/02/axa_amenaza_con_ir_a_los_tribunales_si_bmn_usa_la_marca_mare_nostrum_16782.php

La negociación entre los sindicatos y la Comunidad Autónoma parece estancada

MURCIA.- Los nueve sindicatos que están sentados en la mesa de negociación -UGT, CSI-F, CC.OO, SATSE, STERM-Intersindical, ANPE, SAE, SIDI y Sindicato Médico- con miembros del Gobierno regional han mantenido "bastante unanimidad" en la valoración del texto presentado por el Ejecutivo, y reconocen los avances pero, aseguran, "no llegan, ni mucho menos, a lo deseado". Asimismo, los sindicatos están "más o menos de acuerdo en la priorización de las partes que son más o menos importantes". 

   La propuesta del Gobierno regional contemplaba rebajar al 50 por ciento el recorte salarial contenido en la Ley original, así como recuperar el 50 por ciento de algunos puntos del Ayudas del Plan de Ación Social, según informaron fuentes sindicales en un comunicado.

   Las mismas fuentes han explicado que la jornada laboral "no sufre cambios y se mantienen las 37 horas y media, lo que supone un escollo importante para la negociación", al tiempo que "se sigue atascado en lo que respecta a la disminución del sueldo por incapacidad transitoria".

   Por ejemplo, la Ley contemplaba la eliminación de ciertas ayudas del Plan de Acción Social, que consiste en dedicar el 1 por ciento de la masa salarial a ayudas con criterios sociales. En concreto, se eliminaban las ayudas relacionadas con ayudas a la matriculación o a hijos menores de seis años, que la nueva redacción alternativa propuesta este martes recupera al 50 por ciento.  

   Los representantes del Ejecutivo "también han dejado claro el carácter coyuntural o temporal de la Ley, añadiendo una disposición final en la que dicen que la vigencia de la Ley es de un año, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2011".

   Sin embargo, las mismas fuentes suponen que esa propuesta que supondría "volver a la situación en un año", pero los sindicatos consideran que "no queda claro la manera en que se recuperaría la situación de inicio, los acuerdos que se suspenden y las condiciones en los aspectos de jornada, salario o acción social".

   Al parecer, los nueve sindicatos que están sentados en la mesa de negociación reconocen los avances y están "más o menos de acuerdo en la priorización de las partes que son más o menos importantes".

   Sin embargo, aclaran que "no está claro lo que los diferentes sindicatos considerarán aceptable, de forma que algunos se pueden conformar a pesar de no estar de acuerdo en un punto".

   El encuentro han asistido los consejeros de Educación, Formación y Empleo, Constantino Sotoca; de Presidencia y Administraciones Públicas, María Pedro Reverte; y de Sanidad, María Ángeles Palacios, entregaron a los sindicatos una propuesta alternativa de la Ley de recortes.

   Los sindicatos hicieron una lectura y primera valoración  y, posteriormente, hicieron una ronda de valoración cada sindicato sobre los avances que ha habido sobre la Ley inicial.

Los nueve sindicatos que están sentados en la mesa de negociación valoraron tras la jornada de tarde una nueva propuesta del Gobierno regional, de reducir la ampliación de la jornada laboral hasta las 36,5 horas semanales, en función de las 37,5 establecidas por la Ley de Medidas Extraordinarias, aunque, advierten que en este escenario "nos estamos moviendo sin acuerdo".

   Y es que, señalan, "es un punto de inflexión importantísima". De hecho, el cambio de horario era uno de los asuntos cruciales para los sindicatos y uno de los que hasta ahora la Comunidad no consideraba negociable.

   Los sindicatos valoran este "avance", aunque parece no ser suficiente y que la negociación esté "estancada".

   Según han asegurado fuentes sindicales, el comité está pendiente de una alguna novedad por parte del Gobierno regional, pendiente de la "voluntad" de una nueva reunión esta semana.

   Además de la reducción de la jornada laboral, Gobierno y sindicatos han hablado de la reducción a la mitad de los recortes salariales aplicados a los funcionarios y la fijación de una fecha de caducidad de la Ley.

SPCT denuncia que los diputados disfrutan de una indemnización desorbitada por cese actividad

CARTAGENA.- Socialistas por Cartagena (SPCT) denuncia que los diputados regionales de Murcia disfrutan de un régimen complementario que fija una indemnización por cese de actividad de 30 días de salario por año trabajado.

   Por lo que exige que su equiparación a la indemnización por despido del resto de los trabajadores y la publicación de la indemnización acumulada de cada diputado.

   Y es que, señalan en comunicado de prensa, primero conocimos el Plan de Ahorro de casi 200.000 euros anuales de los diputados regionales, pagado con cargo a los presupuestos de la propia Asamblea Regional, y ahora SPCT desvela la existencia de un Régimen Complementario de Asistencia Social y otras previsiones económicas a favor de los miembros de la Asamblea Regional de Murcia.

   El pasado 10 de julio de 2007 se publicó en el Boletín Oficial de la región de Murcia (BORM) el acuerdo. Dicho régimen se público en el primer ejemplar del BORM de la VII Legislatura. Este régimen establece un régimen de indemnizaciones por cese en la actividad parlamentaria de 30 días por cada año que haya ejercido el cargo en la Asamblea  Regional de Murcia o fracción superior a seis meses y hasta un límite máximo de veinticuatro mensualidades.

   Además para la determinación de la cuantía de esta indemnización, se tomará como base la remuneración bruta correspondiente a la anualidad en que se hubiera producido el cese. SPCT invita así a los diputados regionales a que hagan público cuanto dinero recibirán cuando terminen su actividad, y recuerda que algunos de ellos llevan hasta 16 años en la Asamblea.

   SPCT muestra, de tal forma, "su más absoluto rechazo a este régimen complementario, porque consolida un privilegio intolerable que no disfrutan el resto de los trabajadores de esta Región". Con la reforma laboral recién aprobada por el Gobierno central y que encontró el rechazo entre otros del PP, la indemnización por despido es de 20 días por año trabajado, e incluso puede ser menor si se justifican pérdidas continuadas por parte de la empresa.

   "Nos parece intolerable que este régimen complementario tenga además carácter retroactivo, porque según establece el régimen, los miembros de la Asamblea Regional de Murcia que hayan ejercido como diputado-a en régimen de dedicación exclusiva (es decir todos) desde el 1 de julio de 1999 tendrán derecho a esta indemnización", añade la formación.

   SPCT piensa que este tipo de privilegios "no ayudan en absoluto a encontrar un clima favorable para que la sociedad de nuestra Región ayude a su clase política a sacar nuestra comunidad autónoma adelante".

   "Hay mucha gente pasándolo mal y es intolerable e inmoral que este tipo de privilegios sigan existiendo en este tiempo tan duro para muchas de las familias de nuestra comunidad autónoma", concluye.

Pujante pide al presidente Valcárcel que "se baje del burro" y derogue la ley

MURCIA.- El candidato de Izquierda Unida-Verdes a la presidente de la Comunidad, José Antonio Pujante, ha pedido hoy al jefe del Ejecutivo murciano, Ramón Luis Valcárcel, que "se baje del burro" y derogue la Ley de Medidas Extraordinarias para cambiarla por otra "que no afecte a los trabajadores ni a los servicios públicos".

   Pujante ha apostado por el incremento de los ingresos a través de la disminución del número de altos cargos, la eliminación de fundaciones públicas "innecesarias" y de parte del gasto de la televisión autonómica, así por el aumento del tramo autonómico del IRPF para las rentas superiores a 60.000 euros al año.

   Además, ha mostrado su apoyo a los estudiantes y ciudadanos en general que se han manifestado en contra de la Ley por considerar que merma la calidad de servicios públicos como la educación, la sanidad y las políticas sociales.

Más de 2.000 estudiantes protestan contra el 'tijeretazo'

MURCIA.- Más de 2.000 estudiantes, la inmensa mayoría alumnos de Secundaria procedentes de Murcia, Totana, Cartagena o Molina de Segura, según CCOO y unos 2.500 según organizaciones convocantes, se han manifestado de forma pacífica este martes en contra de la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas, conocida como el 'tijeretazo', hasta el final de la protesta. No obstante, fue al final de la misma cuando se produjeron altercados a las puertas de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, regida por Constantino Sotoca.

   Convocados por el Sindicato de Estudiantes Independientes y la Coordinadora de Estudiantes de Murcia 'Por una educación digna', los estudiantes han tirado huevos y una botella de cristal a la puertas de Educación, donde Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) han retenido durante unos minutos a un joven, a quien han terminado soltando.

   Motivo por el que la multitud se ha congregado alrededor de los agentes con cánticos de 'Esto sólo pasa por un gobierno facha', 'Terrorismo de Estado' y 'No sois nada sin esa pistola', exigiendo con una sentada la libertad del joven.

   La convocatoria, que ha sido "un éxito" para reivindicar "una educación pública de calidad, unos servicios públicos para todos dignos y en contra de todos los recortes contra la educación", puesto que "estamos tomando conciencia de que tenemos que luchar por nuestro futuro", explicó la portavoz del Sindicato de Estudiantes Independiente, Lourdes Raya, comenzó pasadas las once y media de la mañana en la Plaza Santo Domingo de Murcia y culminó sobre las 13.00 horas con un tímido aplauso.

   Desde la Coordinadora de Estudiantes, Rebeca González concretó que esta Ley "nos afecta" porque supone la masificación de las aulas, la eliminación de las PROAS (Refuerzos Escolares por las Tardes) y las PCPI (Programas de Integración de Jóvenes Conflictivos o Extranjeros), así como que muchos profesores vayan a las colas del paro y que la educación "no fluya".

   Así los cientos de manifestantes, que gritaban al unísono 'Valcárcel aprende la escuela no se vende, 'Tenemos una escuela que queremos defender', 'Valcárcel delincuente, escucha a la gente, estamos en la lucha', 'Manos arriba, esto es un atraco', 'Más educación, menos corrupción', 'Si somos el futuro porque nos dan por culo' o 'En estas condiciones estudian los cojones' y cánticos de 'Tenemos un deseo que el presi se vaya de paseo' o 'Si esto no se escucha, caña, caña, caña y si esto no se arregla, huelga, huelga, huelga', exigían la dimisión del presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel.

   Los jóvenes congregados, al son de una banda de música compuesta por gaita, tambores y platillos, se preguntaban asimismo 'Dónde están, no se ven los niñatos del PP' bajo carteles de 'Queremos soluciones', 'No jugéis con nuestro futuro', 'A más recortes, menos educación', 'La educación no es un gasto, es una inversión', 'El titanic murciano: la Comunidad se hunde', 'Educación D.E.P.. No más recortes', realizaron varias sentadas a la puerta de la Universidad de Murcia, frente a la plaza de Toros y en la Consejería de Educación, gritando 'No nos miréis, uniros' o echando a correr simulando que el presidente estaba al final de la calle.

   Al hilo, Rebeca González de la Coordinadora de Estudiantes ha lamentado las críticas vertidas por la Federación Regional de Estudiantes Murcianos (Feremur), una asociación, destacó, "con claras vinculaciones políticas, que está manipulando la información para desviar la atención y no se vea esta realidad".

   Desde Comisiones Obreras (CCOO), Pedro Fernández, ha agradecido esta muestra reivindicativa y estudiantes porque "significa que tenemos una juventud rebelde y comprometida que lucha por una educación de calidad, en contraposición con Feremur, dependiente del PP".

   A esta manifestación se ha unido una huelga en Secundaria desarrollada también este martes en los institutos de la Región de Murcia que la propia Coordiandora de Estudiantes de Murcia ha calificado de "exitosa", ya que, asegura, la mayoría de los centros de enseñanza Secundaria han realizado huelga o parones en las clases.

   Rebeca González, miembro de la Coordinadora, ha indicado que "esta lucha no es más que el comienzo de una serie de movilizaciones que se acentuarán en la medida en que el gobierno regional siga instalado en el autoritarismo y no escuche las voces de las y los trabajadores y el estudiantado".

   Por su parte, Fernando García, portavoz de la Coordinadora de Estudiantes, "los intentos por parte del Gobierno murciano o de sus organizaciones satélite de distorsionar la realidad de las movilizaciones, no van a conseguir que nuestras reclamaciones se paralicen, pues estas son justas y consensuadas con el conjunto de los estudiantes".

   De hecho, la Coordinadora de Estudiantes continuará las movilizaciones este próximo jueves 10, conformando un 'Bloque Joven' junto a jóvenes y estudiantes en la manifestación convocada por los sindicatos a las 18.00 horas en la Plaza Fuensanta. Así mismo, en la ciudad de Cartagena tendrá lugar por la mañana una manifestación convocada por los centros de secundaria de la Comarca.

   Según rezan los panfletos que entregaban a su paso, "la educación pública está cada vez peor". En la universidad, la aplicación del plan Bolonia "nos obliga a los estudiantes a realizar un máster para completar nuestros estudios, a lo cual hay que añadir la subida de las tasas". La situación empeorará "de nuevo" por el 'tijeretazo' del presidente Ramón Luis Valcárcel, por el cual se destina menos dinero a la educación, tanto universitaria como secundaria.

   En los institutos se traduce en menos personal, más alumnos por aula y menos instalaciones. Así están las cosas, denuncian, y es que Valcárcel y Zapatero dicen que ahora toca apretarse el cinturón. Sin embargo, "al decir esto no incluyen a empresarios, banqueros ni a ellos mismos". Y mientras las familias trabajadoras están en el límite y reduciendo continuamente su nivel de vida, empresas y bancos aumentan sus beneficios.

   Los jóvenes, aseguran, "no podemos quedarnos quietos ante un futuro que se nos niega, ante una educación pública que agoniza". A su juicio, "esto es sólo el inicio de las reformas y los recortes. Si no les paramos los pies irán mucho más allá".

   "El futuro es nuestro y la única batalla que se pierde es la que no se hace", subrayan al tiempo que recuerdan que la Ley de Medidas Extraordinarias del Ejecutivo murciano reduce la aportación regional a la Universidad Pública "y con ello hipoteca nuestro futuro", elimina las ayudas para la compra de material escolar y reduce las becas.

    Además provocará la suspensión de actividades extraescolares, elimina la oferta de empleo público, reduciendo "nuestras salidas laborales", aumentará el número de alumnos por clase y se eliminarán los desdobles.

Magrebíes y gitanos son quienes denuncian más discriminaciones racistas

MADRID.- Los magrebíes y los gitanos son las personas que más quejas han presentado por haber sido discriminados por su raza o etnia, según un informe de la Red de centros de asistencia a estas víctimas con datos recogidos desde junio hasta diciembre de 2010. 

Este primer informe, que ha sido presentado hoy por el presidente del Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y no Discriminación de las personas por su origen racial o étnico, José Manuel Fresno, recoge un total de 235 quejas, de las cuales 188 corresponden a casos individuales y 47, a colectivos.

La Red de centros de asistencia a víctimas de discriminación por origen racial o étnico fue creada por el extinto Ministerio de Igualdad el pasado mes de junio y tiene como finalidad detectar y evitar casos de discriminación por raza o etnia a través de la información a las víctimas y la sensibilización de la sociedad.

El informe destaca que de las 235 quejas, 212 corresponden a casos con "claros indicios de discriminación" y del total, el 57 por ciento las hicieron hombres y el 43 por ciento, mujeres,

El 54 por ciento de las denuncias que las víctimas hicieron llegar a los diferentes organismos que componen la red (como Cruz Roja o la Fundación de Secretariado Gitanos, entre otros) el agente discriminador fue la propia administración pública, el 30 por ciento fueron particulares y el 16 por ciento, organizaciones privadas, como empresas.

Respecto al ámbito en el que se han producido las discriminaciones, el 24 por ciento tuvo lugar en el acceso a bienes y servicios, tanto públicos como privados, el 22 por ciento por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad, en tanto que un 17 por ciento se produjo en el empleo.

El informe refleja el perfil de estas víctimas, quienes en un 33 por ciento tenían entre 26 y 35 años, mientras que un 28 por ciento tenían menos de 25 años y un 26 por ciento se encontraba en la franja de edad entre los 36 y los 45 años.

En cuanto al origen racial o étnico, el 22 por ciento fueron inmigrantes magrebíes; el 20 por ciento, gitanos; un 17 por ciento eran latinoamericanos procedentes de países andinos; el mismo porcentaje de las quejas que fueron presentadas por subsaharianos.

En el 56 por ciento de los casos, la discriminación fue por actitudes xenófobas, el 29 por ciento por insultos, y el 15 por ciento fueron por agresiones.

El 61 por ciento de las discriminaciones fueron directas y el 30 por ciento, indirectas, es decir, disposiciones o prácticas aparentemente neutras pero que en el fondo provocan desventajas en los colectivos más desfavorecidos.

La Comunidad de Madrid es la autonomía donde se han producido la mayoría de los casos, un 19 por ciento, seguida de Andalucía y Castilla y León, con un 18 por ciento, y de la ciudad autónoma de Melilla, con un 16 por ciento.

Los derechos más vulnerados han sido la dignidad (en 36 por ciento de los casos), al acceso al empleo (en un 17 por ciento), a las prestaciones socioeconómicas (un 13 por ciento) y a una vivienda (once por ciento).

Durante el acto de presentación que ha tenido lugar en la secretaría de Estado de Igualdad, dos mujeres han relatado los casos de discriminación de las que fueron víctimas.

Así, Rosario ha contado cómo le negaron el acceso a una piscina municipal por ser gitana y María del Carmen cómo tuvo que acudir a Cruz Roja por los impedimentos que le pusieron para atenderla en un centro sanitario cuando estaba embarazada.

También ha intervenido la directora general por la Igualdad en el Empleo y contra la Discriminación, Carmen Navarro, quien ha instado a los poderes públicos a "no permanecer impasibles" ante la necesidad de actuar contra la discriminación.

Cataluña niega "privilegios" por la autorización a endeudarse

BARCELONA.- La ha negado que tenga "privilegios" en relación a otras comunidades autónomas después de que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, le haya permitido endeudarse más.

   Lo ha expresado el secretario general de Presidencia y portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, al preguntársele sobre las críticas que han hecho presidentes de gobiernos autonómicos y también alcaldes como el de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón (PP), a que el Gobierno central avale la ampliación de deuda catalana.

   Según Homs, lo único que pide la Generalitat es que se cumpla con la normativa y el acuerdo de financiación autonómica vigentes, por lo que asegurar que Cataluña tiene privilegios es "desconocer" las leyes españolas.

   Homs ha emplazado a quienes critican que Cataluña pueda endeudarse a que tengan "madurez democrática", y ha lamentado que cada vez que esta comunidad pide algo que no reclaman las otras, siempre se la critique, algo que lleva ocurriendo desde las últimas tres décadas.

   "No nos vienen de nuevo las críticas. Estamos acostumbrados", ha asegurado Homs, quien ha indicado que el Gobierno catalán rechaza entrar en una espiral de polémicas, aunque lamenta el tono en que se ha hecho.

   "Siempre que conseguimos que a Cataluña se le pague lo que se le debe, llueven críticas, no nos hemos inventado nada", ha asegurado Homs, quien ha recalcado que lo único que exigió el presidente de la Generalitat, Artur Mas, en su reunión con Zapatero era cumplir con los compromisos que adquirió con el tripartito, entre ellos el acuerdo de financiación firmado en 2008.

   "Reivindicamos el dinero que se nos debe por la ley española, y las críticas son sorprendentes", ha apostillado.

   Homs también ha lanzado una advertencia al Gobierno central: "No aceptaremos traspasos mal financiados, y menos ahora".

   "La Generalitat no está para asumir responsabilidades que vengan mal dotadas económicamente", ha insistido Homs.

   Mas entregó este lunes a Zapatero un listado de todas las competencias que contempla el nuevo Estatut y que no se han desarrollado --en total, una treintena-- y también de otras seis que en su opinión el anterior tripartito no negoció bien, entre ellas la de la gestión de los trenes de Cercanías y Regionales.

Valcárcel demanda una reunión urgente con Zapatero para desbloquear el endeudamiento público regional

MURCIA.- El presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, ha adelantado este martes que ha enviado una carta al jefe del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, en la que le demanda una reunión, con carácter urgente, al objeto de "desbloquear la situación actual de la Región, a la que no se le autoriza un endeudamiento que sí se permite a Cataluña". 

Además, ha avanzado que se va a presentar una moción en este sentido en la Asamblea Regional.  

  Preguntado sobre la reunión mantenida por José Luis Rodríguez Zapatero y el presidente de Cataluña, Artur Mas, el jefe del Gobierno regional ha criticado que el Estado "no le esté pagando a los murcianos lo que realmente contribuyen a España".

Sin embargo, las comunidades autónomas que hayan cumplido sus objetivos de déficit podrán refinanciar sus deudas de próximo vencimiento este año, pero no podrán emitir nueva deuda, dijo el martes el Ministerio de Hacienda.
Las 17 comunidades autónomas suponen alrededor de la mitad del gasto público español, con una deuda total próxima a los 105.000 millones de euros, lo que ha preocupado a los analistas, temerosos de que no puedan cumplir sus objetivos de recorte del déficit público del país.
Un portavoz de Hacienda explicó que ninguna de ellas podrá emitir deuda nueva este año, después de que el presidente de Cataluña, Artur Mas, dijera el lunes tras reunirse con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que espera que el Ejecutivo central le autorice a emitir deuda a largo plazo.
Las autonomías tenían un objetivo de un déficit del 2,4 por ciento para 2010, pero se espera que al menos tres de ellas - Cataluña entre ellas - no lo cumplan. El Gobierno central espera recortar el déficit público de alrededor del nueve por ciento el año pasado al seis por ciento este año.

El Gobierno dará permiso por arraigo los inmigrantes cuyos hijos tengan nacionalidad española

MADRID.- El Gobierno otorgará permiso por arraigo a los inmigrantes cuyos hijos tengan la nacionalidad española, según se desprende del borrador del Reglamento que desarrolla la Ley de Extranjería, publicado este martes por la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, ocho meses después de la fecha prevista. 

   Este requisito forma parte de una nueva figura denominada 'arraigo familiar' mediante la cual se regularizará la situación de los padres de los menores con nacionalidad española, "siempre que el niño esté a cargo de y conviva con el progenitor que solicite la autorización". Asimismo, se otorgará este arraigo cuando se trate de hijos de padre o madre que hubieran sido originariamente españoles.

   Este documento de 264 artículos inicia desde este martes un periodo de alegaciones y, según ha indicado la secretaria de Estado de Inmigración, Anna Terrón, el borrador definitivo estará terminado en "aproximadamente dos meses", tras las aportaciones de los interlocutores sociales y el informe del Consejo de Estado.

   El Reglamento también concreta las figuras de 'arraigo laboral' y 'arraigo social'. El primero determina que podrán obtener una autorización los extranjeros que acrediten la permanencia continuada en España durante un período mínimo de dos años, siempre que carezcan de antecedentes penales en España y en su país de origen o en el país o países en que hayan residido durante los últimos cinco años, y que demuestren la existencia de relaciones laborales cuya duración no sea inferior a seis meses.

   En cuanto a la residencia temporal por razones de 'arraigo social', el Gobierno establece que se otorgará a los extranjeros que acrediten la permanencia continuada en España durante un período mínimo de tres años. Además, tendrán que carecer de antecedentes penales en los últimos cinco años y contar con un contrato de trabajo firmado por el trabajador y el empresario en el momento de la solicitud para un periodo que no sea inferior a un año.

   Para obtener el arraigo social, los extranjeros también tienen que tener vínculos familiares con otros extranjeros residentes o deben presentar un informe que acredite su integración social, emitido por la comunidad autónoma en cuyo territorio tengan su domicilio habitual.

   Sobre el arraigo, la secretaria de Estado de Inmigración ha señalado que se trata de "un remedio jurídico a una situación de irregularidad", al tiempo que ha indicado que se trata de un asunto "excepcional". En este sentido, ha subrayado que la figura del arraigo "tiene que ser cada vez más excepcional", pues, según ha insistido, "en el Reglamento se encuentra bajo el epígrafe de 'residencia por circunstancias excepcionales".  

   El Gobierno también pretende con este borrador elevar la protección a las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género. De esta manera, si denuncian, y la sentencia es condenatoria para el maltratador, se les otorgará a las víctimas un permiso de residencia y de trabajo durante cinco años, sin perjuicio de la posibilidad de acceder durante este tiempo a la situación de residencia de larga duración, previa solicitud.

   Además, el Reglamento establece, como novedad, la autorización temporal de residencia a los hijos menores de edad de las extranjeras que sufren maltrato y, en su caso, los mayores de 16 años también contarán con un permiso de trabajo.

   "En este país no se expulsa a las víctimas de violencia de género, ni a las víctimas de trata, que quedan protegidas contra la expulsión en los términos en que establece la ley", ha indicado la secretaria de Estado.

   Por el contrario, de haber concluido el proceso con sentencia no condenatoria o resolución de la que no se deduzca que la mujer ha sido víctima de violencia de género, se le denegará las autorizaciones, tanto a la denunciante como a sus hijos y se reanudará el proceso sancionador en materia de extranjería (expulsión) inicialmente suspendido.

   Sobre los informes de integración social de los inmigrantes, cuya competencia corresponde a las comunidades autónomas, aunque la mayoría han decidido delegarlos a los ayuntamientos, el Gobierno establece que estos documentos no son vinculantes, a pesar de la demanda de varios consistorio catalanes.

   "El permiso de residencia tiene un ámbito claramente supramunicipal, que va más allá del establecimiento de la persona en una comunidad determinada, no podemos hacer que el informe del ayuntamiento sea vinculante porque sería como decir que el Estado renuncia a sus competencias en materia de extranjería", ha subrayado Terrón.

   La Ley de Extranjería fue reformada por el Gobierno en el año 2009 y entró en vigor el 1 de enero de 2010 con la previsión expresa de que se desarrollase reglamentariamente durante los seis meses siguientes.

   Sin embargo, el cambio en la titularidad de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración en el mes de febrero demoró el proceso, de forma que en primavera el Ministerio de Trabajo e Inmigración anunció que no habría una propuesta hasta después del verano. Cuando llegó el otoño, la iniciativa se emplazó hasta finales de año y después, hasta los primeros meses de 2011.