MURCIA.- La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de la Región de Murcia
(UPA-Murcia) ha realizado hoy una valoración del año 2019 desde la
perspectiva de los pequeños y medianos agricultores y ganaderos y las
explotaciones agrarias familiares, calificándolo como "un año negro"
debido a la falta de rentabilidad en la mayoría de grupos de productos
agrícolas y producciones ganaderas y los ataques y acusaciones
generalizadas que está sufriendo el sector agrario.
El secretario general de UPA-Murcia, Marcos Alarcón, ha declarado que
con la excepción de los graves daños ocasionados por las "DANAS" de
mediados de septiembre y primeros de diciembre, la meteorología no ha
tenido una especial incidencia negativa en la evolución de las
producciones agrícolas, "siendo incluso benévola en precipitaciones, en
comparación con otros años, con las producciones de las zonas de
secano".
Situación de los grandes grupos de cultivos y producciones
Persisten en cambio a juicio del dirigente de UPA y resultan
especialmente perjudiciales para la viabilidad de los agricultores, por
su reiteración con las producciones de fruta, los comportamientos y
prácticas comerciales abusivas, que pese a las actuaciones de inspección
de la AICA (Agencia de Información y Control Agroalimentarios) del
Ministerio de Agricultura, continúan caracterizando las relaciones
comerciales entre productores y operadores comerciales.
El abuso de posición de dominio de los operadores comerciales de este
sector provoca la inexistencia y la irregularidad de contratos de
compra-venta de fruta (obligatorios por Ley), lo que se traduce en una
actuación especulativa de los operadores, la imposición del modelo de
"compra a resultas" y la demora en los pagos a los agricultores.
Por su
parte, las prácticas comerciales de la distribución provocan colapsos en
la salida de la fruta a los mercados, con incidencia negativa en los
precios que está teniendo ya sus consecuencias en forma de arranque de
plantaciones.
Los arranques de viñedo, con la consiguiente reducción de superficie,
ha sido otra de las características de 2019, provocados por los
injustificables bajos precios que reciben los viticultores, que este año
se han situado en niveles similares a los de 2018, pese a una
producción más corta y la práctica ausencia de stocks de vino de
calidad.
UPA estima que la superficie de viñedo regional se sitúa ya
sensiblemente por debajo de las 20.000 hectáreas y tal disminución de la
capacidad productiva tendrá consecuencias no sólo sobre los ingresos de
los productores, sino también una incidencia negativa en el futuro del
sector vitivinícola de calidad y el tejido socioeconómico, las
expectativas de relevo generacional y la conservación del medio ambiente
en amplias zonas desfavorecidas de la Región de Murcia.
Melón y sandía son otros de los cultivos cuya rentabilidad ha salido
mal parada en el año que ahora acaba, cuyos precios medios de campaña se
han situado por debajo de los costes de producción. Sólo algunos
productores que pudieron recolectar el grueso de su producción en los
primeros días de campaña pudieron compensar los gastos realizados en las
plantaciones.
El limón finalizó con precios razonables de ventas la campaña
anterior en el primer semestre de 2019, mejores para Verna que para
Fino. La campaña 2019-2020 de limón fino arrancó con precios muy
ajustados que ya han iniciado su recuperación.
El hecho de que la actual
sea una campaña con una producción más corta que las anteriores debería
mantener el repunte de los precios garantizando la rentabilidad de los
productores.
Está siendo asimismo una campaña irregular para la producción de uva
de mesa, con precios rentables para algunas variedades "premium" cuya
producción está en manos de un reducido número de empresas, pero sin
precio ni movimientos de venta para las producciones de variedades
"tradicionales".
En cuanto al grupo de hortalizas, puede hablarse de un año de
regularidad en los precios de brócoli y coliflor, productos que
arrancaron con buen precio la actual campaña de invierno debido en parte
a la falta de producción puntual ocasionada por temperaturas más bajas y
las inundaciones, pero que han vuelto a valores normales.
Por otra parte, la lechuga es un cultivo en el que, gracias sobre
todo a la obtención de buenos rendimientos de producción/Ha. puede
hablarse de recuperación de los costes de los cultivos, ya que los
precios se sitúan en los límites de la rentabilidad y sólo grandes
volúmenes de producción ofrecen beneficios.
En cuanto a la alcahofa, la irregularidad en los rendimientos y la
afectación a la producción en Campo de Cartagena y Vega Baja de Alicante
por las inundaciones, han dado lugar a una campaña con dificultades de
calidad y precios bajos.
Finalmente, en cuanto a las producciones agrarias, cabe destacar el
mantenimiento en precios rentables para los agricultores de la
producción de almendra, especialmente la ecológica.
Por lo que respecta a las producciones ganaderas, la leche de
caprino, las aves y el porcino se manifiestan en una línea de precios
que cabe calificar de "sostenibles" para los ganaderos, siendo la cruz
la carne de vacuno y ovino, la leche de vaca y la producción de conejos.
Las incertidumbres atenazan al sector agrario
Con respecto al agua, por una parte, si no fuera por las
controvertidas decisiones adoptadas por la Ministra para la Transición
Ecológica de "trasvases 0" para regadío en los meses de noviembre de
2018 y 2019 (en Nivel 3) podríamos hablar de un funcionamiento normal de
los trasvases del Tajo al Segura en aplicación de las reglas de
explotación de la famosa "Ley del Memorándum"; pero por otro lado los
anuncios constantes y permanentes sobre la intención de limitar o
suprimir los trasvases no permiten eliminar las incertidumbres sobre
buena parte del regadío murciano.
Además, no es posible obviar el incremento de costes que se viene
produciendo constantemente por la utilización de volúmenes procedentes
de la desalación, que pese a haberse establecido por Ley del parlamento
español que su coste no debería superar los 30 céntimos/m3, sigue
facturándose a los regantes a precios en el entorno de los 60
céntimos/m3.
Con respecto a las ayudas de la PAC a los productores, cuya gestión
es realizada por las Comunidades Autónomas, los agricultores murcianos
ven cómo, un año más, mientras sus colegas del resto de regiones
cobraron un anticipo del 70% del pago básico en la segunda quincena de
octubre, ellos aún esperan (con algunas excepciones de pagos ganaderos)
recibir los ingresos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
cosa que no extraña demasiado si además tenemos en cuenta que el
Gobierno Regional aún tiene vacante la Dirección General de la PAC
dentro de la estructura de la Consejería de Agua, Agricultura,
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente.
Achacable o no a la ausencia de director general de la PAC, lo cierto
es que la tramitación de los expedientes de ayuda para la Modernización
de Explotaciones y la Incorporación de Jóvenes parecen encontrarse en
situación de parálisis administrativa, una situación grave que afecta a
medidas fundamentales de la política agraria comunitaria de las que está
necesitada la agricultura familiar: modernización y relevo
generacional.
Mención especial merece expresar la profunda preocupación por las
consecuencias que sobre el sector agrario y especialmente sobre las
explotaciones familiares puede acarrear la emergencia medioambiental del
Mar Menor.
UPA ha reiterado su compromiso para colaborar y apoyar la puesta en
marcha de medidas y la ejecución de infraestructuras que permitan
minimizar el impacto medioambiental del sector agrario sobre el Mar
Menor a partir de una premisa básica: ha de ser un proceso justo en el
que se garantice que en su tránsito no caigan los más débiles.
Sin embargo, en el momento actual, la percepción de UPA es que el
Gobierno regional elabora un Decreto-Ley de Protección Integral del Mar
Menor que, lejos de regular con rigor las actividades excluidas de la
vigente Ley de Medidas Urgentes (todas menos el sector agrario),
profundiza en las prohibiciones, exigencias y limitaciones al sector
agrario pasando de puntillas por el resto de actividades con impacto
medioambiental en el Mar Menor y sumándose así a la "moda" de
responsabilizar a la agricultura y la ganadería como causante exclusivo
de los malos medioambientales, incluido el Cambio Climático.
Estas son las razones por las que UPA manifiesta una profunda
preocupación ante la elaboración del Decreto-Ley para la protección
integral del Mar Menor:
La interlocución mantenida con el sector agrario ha sido mínima y
deficiente, sin presentar siquiera un texto del borrador sobre el que
realizar una valoración.
La información aportada sobre la futura "Ley Integral" se ha
realizado de forma verbal y solo referida a modificaciones de aspectos
incluidos en la Ley de Medidas urgentes (por tanto sólo al sector
agrario), con ampliación de limitaciones, prohibiciones y obligaciones.
Mientras que se nos trasladan medidas y prohibiciones más drásticas
para el desarrollo de la agricultura, se nos comenta que para otras
actividades habrá "moratorias".
De la deficiente información verbal aportada, se desprende la
extensión de medidas a todas las superficies agrícolas, desde la Sierra
de Carrascoy hasta la ribera del Mar Menor, sin distinción de secano ni
regadío.
Igualmente se desprende la ausencia de actuaciones e inversiones
públicas, del Gobierno Regional, en lo que se refiere a la protección
del Mar Menor, haciendo descansar toda la financiación sobre el sector
agrario y sin prever indemnizaciones por las nuevas prohibiciones y
pérdida de derechos que ocasionaría la futura Ley Integral.
Las conclusiones de UPA, a día de hoy en esta materia se concretan en:
El Gobierno regional comete otra vez el mismo error que con el
Decreto-Ley de Medidas Urgentes, elaborando un Decreto-Ley que se centra
en el ensañamiento con el sector agrario (el propio Consejero de
Agricultura, tras la reunión de la Comisión de Seguimiento del Mar Menor
celebrada el pasado miércoles anunciaba que "contará con 11 capítulos
en los que se busca establecer un orden de preferencia de sistemas de
cultivo en parcelas de la zona, determinar las condiciones de las
plantaciones que se realicen en dichos lugares, minimizar las
escorrentías hacia el Mar Menor así como el aporte de nutrientes,
regular y controlar de forma exhaustiva el uso de fertilizantes o
regular la velocidad de navegación en el Mar Menor, entre otras." A la
vista está donde vuelve a centrarse el futuro Decreto-Ley.
El Gobierno regional no parece que vaya a realizar aportaciones
presupuestarias ni inversiones para la mejora del Mar Menor, parece que
"todo es cosa de los demás".
No se prevén excepciones ni condiciones distintas en función del
tamaño de las explotaciones, tratando por igual a las explotaciones
familiares y las grandes explotaciones.
Los pequeños y medianos agricultores y ganaderos serán los primeros
que caerán en un proceso de transición injusto. Los más débiles, una vez
más, serán los más agredidos.
