MURCIA.- El alcalde de Caravaca de la Cruz, el médico Domingo
Aranda (PP), que ejerce como regidor desde 1999 de forma ininterrumpida,
está imputado por un presunto delito de tráfico de influencias, según
se ha podido saber hoy. El PP puede terminar expulsándolo del partido.
El Comité de Dirección del PP murciano decidirá mañana si
convoca la Comisión de Derechos y Garantías para debatir la suspensión
de militancia de Domingo
Aranda.
Según ha informado el vicesecretario de Comunicación
del PP, Francisco Bernabé, "todavía es pronto para decidir
nada al respecto", pero mañana se reunirá ese comité para conocer todo
lo referente a la imputación de Aranda y "se tomará una decisión".
Bernabé ha explicado que si finalmente el Comité de
Dirección del PP decide convocar la Comisión de Derechos y Garantías
tras estudiar toda la información de que disponga, esta le comunicaría
al afectado, si lo considera procedente, la suspensión de militancia.
El proceso concluiría con la expulsión del alcalde de
Caravaca del Partido Popular o con la anulación de la suspensión de
militancia en el caso de que se le retire la imputación.
El Ayuntamiento ha informado, a través de la red social Twitter,
que tanto el primer edil como los funcionarios "colaboran en la
instrucción". La Guardia Civil tras entrar en las dependencias
municipales ha solicitado "documentación del expediente de El
Roblecillo de 2004".
Desde primera hora de esta mañana, el Grupo de Delitos
Urbanísticos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil
registró las dependencias del Ayuntamiento por un asunto de
recalificación de terrenos en dicha localidad.
Pero este no es el único registro que se está realizando. Son siete las actuaciones llevadas a cabo,
seis de ellas en la Región y una más en la provincia de Alicante.
Concretamente, han entrado para recabar información sobre la
urbanización El Roblecillo, proyectada en el municipio murciano de
Caravaca de la Cruz, al propio Consistorio de la localidad, a la
Consejería de Obras Públicas, la Confederación Hidrográfica del Segura
(CHS), la Comisaría de Aguas, un domicilio particular y una asesoría,
todos ellos en Murcia; así como una promotora de Torrevieja (Alicante).
Con estos registros se pretende recabar información para el
análisis de documentación y estaría relacionada con una pieza separada
de la operación 'Líber' y 'Biblioteca' de presunta corrupción
urbanística en Aledo y Librilla, respectivamente.
La investigación sigue abierta, aunque no se prevén detenciones.
En el Ayuntamiento de Caravaca, cuya actividad está totalmente
paralizada, hay un despliegue de la Guardia Civil y varios vehículos
desde las 9.00 horas.
El juzgado que lleva la investigación es el de Instrucción nº
6 de Murcia, que ha decretado el secreto de las actuaciones, según ha informado
fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia.
Una denuncia de 2005
Una denuncia de 2005
La Asociación para la Defensa de la Naturaleza en Caravaca
de la Cruz (Caralluma) denunció en 2005 ante la Fiscalía presuntas
irregularidades en relación a la urbanización El Roblecillo, cuyo cambio
en el uso de suelo investiga el juzgado de instrucción nº 6 de
Murcia.
El presidente de esta asociación, Bernardo Robles, ha
recordado hoy, tras conocer los registros que se están practicando en el
Ayuntamiento de Caravaca, que Caralluma presentó un escrito ante el
ministerio público por presuntas irregularidades relacionadas con esa
urbanización, que no se llegó a construir y que promovía la empresa
Golden Sky.
Entre otros hechos, Caralluma informó a la fiscalía de la
roturación de ocho hectáreas de terreno en las que se eliminó una
superficie de cubierta vegetal, y aportó a la Fiscalía pruebas gráficas y
documentales de todo lo que estaba teniendo lugar, información que en
primera instancia recibió el fiscal de Medio Ambiente, José Luis Díaz
Manzanera.
Según el presidente de este colectivo, la urbanización no
se llegó a construir por la crisis económica "porque administrativamente
no han tenido ningún problema" para llevar a cabo esa construcción.
Por otra parte, ha informado de que también denunciaron en
2005 ante la Dirección del Medio Natural y la Confederación Hidrográfica
del Segura la ocupación del dominio público hidráulico de cauces por
parte de "El Roblecillo".
Según el presidente de Caralluma, la propia fiscalía le
envió una carta de agradecimiento por la información aportada, si bien
le advertía entonces que, al no concluir el procedimiento
administrativo, no apreciaban causa de imputación, pero que ello no
quería decir que la documentación pudiera servir para posteriores
investigaciones sobre este tema.
La empresa promotora proyectaba construir 8.000 viviendas y
un campo de golf de 27 hoyos en una zona de Caravaca de la Cruz, una
población de poco más de 20.000 habitantes, en la que el Plan de
Desarrollo Sostenible y Ordenación de los Recursos Naturales de la
Comarca del Noroeste recomendó considerar no urbanizables.
