MADRID.- La reforma laboral permitirá a las cajas de ahorro, en plena  reconversión, acometer intensos ajustes laborales bien diferentes de las  "jubilaciones de oro" a las que estaba acostumbrado el sector.
Las cajas están a punto de entrar en un nuevo baile de fusiones y  adquisiciones, la segunda fase de un proceso que ha reducido su número  de las 45 que había hace apenas dos años a los 17 grupos actuales, una  cifra que aún tiene que ser más pequeña, según prevé el Gobierno.
La crisis, que cumplirá su cuarto aniversario en agosto, puso de  manifiesto el exceso de oficinas y de empleados del sector financiero  español, que se cifró en torno al 20 % en ambos casos y que se ha visto  agravado en algunas zonas con los solapamientos producidos tras las  fusiones.
Las cajas y los sindicatos trabajan actualmente a toda máquina para  intentar solucionar estos problemas de la forma menos sangrante posible,  aunque la reforma laboral ha abierto la ventana de posibilidades con  que cuentan los empresarios.
Lo que se da por supuesto es que ya no se van a repetir las  jubilaciones doradas con que el sector mimaba a sus empleados de mayor  edad.
Los ajustes que se han puesto sobre la mesa en los últimos días  incluyen ya medidas que tratan de imponer una mayor flexibilidad, como  Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) temporales, eliminación de  puestos de trabajo y recortes salariales.
Según fuentes del bufete Sagardoy Abogados, las  prejubilaciones dejarán de ser la herramienta más utilizada en el sector  "por razones de coste" y por las dificultades legales que tiene su  articulación.
Y además, dicen las fuentes, las entidades financieras han agotado  casi totalmente tal posibilidad, ya que no quedan muchos empleados en  activo próximos a la jubilación.
Aunque explican que es imposible estimar a cuántos trabajadores puede  afectar la nueva reestructuración financiera, creen que la cifra será  más reducida si se utilizan a fondo las medidas alternativas de  flexibilidad.
De momento nadie puede precisar a cuánto ascenderá el coste de este  ajuste, aunque será más reducido por la propia situación del sector,  entre un 30 y un 40 % menos que en anteriores procesos similares.
Mientras, los sindicatos ultiman la contrapropuesta al plan  presentado esta semana por la dirección del Banco Mare Nostrum (BMN)  -Caja Granada, Caja Murcia, Caixa Penedés y Sa Nostra- que incluye la  extinción de entre 530 y 550 contratos y el cierre de 120 oficinas.
La propuesta incluye también otras medidas temporales como una  suspensión de empleo voluntaria y rotatoria durante dos años que  afectaría a 200 trabajadores cada trimestre, es decir, a 800 en los dos  años.
También se ha planteado, dentro de estas medidas temporales, una  reducción salarial media de en torno al 5 % durante dos años, algo que  los sindicatos rechazan, ya que el sector lleva ya cuatro años "de  congelación salarial", por lo que piden que "se deje el convenio como  está".
Según el coordinador de UGT para las cuatro cajas ante BMN, Sebastián  Vázquez, la oferta de la entidad "sobrepasa" lo firmado en el convenio y  "va hacia la reforma laboral", algo que desde BMN rechazan con  contundencia, ya que alegan que los sindicatos conocían las propuestas  antes de que se aprobara la reforma.
Vázquez recordó que los representantes de los trabajadores apuestan  por suspensiones temporales de empleo en lugar de extinciones, para  mantener el empleo, entre otras medidas alternativas.
Banca Cívica también ha planteado un programa de suspensiones  temporales de contratos, con mecanismos rotatorios, una reducción  generalizada de salarios y la suspensión de aportaciones a los planes de  pensiones "como alternativa" a realizar despidos.
Con estas medidas, propuestas ayer, la entidad pretende "cumplir con  el objetivo de reducción de gastos de personal, necesario para alcanzar  una eficiencia del 50 % y así equiparase con los estándares de mercado  en términos de productividad", aunque los sindicatos no están  satisfechos y han anunciado movilizaciones.