MURCIA.- El empresario Juan Ortín, propietario de la empresa subcontratada
para realizar las obras del tramo del AVE comprendido entre Crevillente y
Murcia consiguió que, pese a estar en la Central de Riesgos (Cirbe), el
Banco de Valencia en Santomera le concediera una línea de crédito por un millón de
euros.
El dato se contiene en las actas de las declaraciones efectuadas a la
Guardia Civil por los que eran interventor y director de la oficina de
la citada entidad bancaria en Santomera, que fueron
interrogados dentro de las investigaciones abiertas por un presunto
fraude en dichas obras que podría superar los 17 millones de euros.
En su declaración el que fuera interventor del banco, A.G., que
declaró como testigo, afirmó que conocía la empresa y al propio Ortín,
empresario que fue captado por la entidad bancaria tras conocerse que
trabajaba con Uniones Temporales de Empresas (UTES) que desarrollaban
obras del AVE, como la de Sacyr.
Asimismo, indicó que estas sociedades pagaban con pagarés con un
importe bastante alto y que Ortín emitía pagarés a terceras empresas,
"lo que hacia habitualmente y por importes elevados".
Al preguntarle los agentes si conocía que existían informes de
morosidad sobre la empresa de aquel y que cómo era posible que pese a
ello hubiera obtenido una línea de descuento por un millón de euros,
declaró que "de estos temas estratégicos no se ocupaba él, si bien de
hablar con el director de la sucursal tuvo conocimiento de alguna de
esas circunstancias".
Añadió que debido a esas "circunstancias", cuando le autorizaban
descuentos de pagarés, "dicha operativa tenía que ser autorizada por los
jefes de zona del banco".
También reveló que el trato que ofrecía a este cliente era el que le
había indicado el director de la oficina, F.S., investigado en estas
diligencias que se tramitan en un Juzgado de Instrucción de Murcia.
En cuanto al cobro de pagarés, cuyo importe total se calcula que
ascendió a siete millones de euros, lo habitual -añadió- era que Ortín
se pusiera en contacto con la oficina para anunciar su vista y para que,
por parte de esta, se procediera a la provisión de fondos, que luego
este pasaba a recoger personalmente.
En esas visitas a la entidad bancaria, Ortín habría cobrado los
pagarés pese a que los mismos estaban emitidos a favor de otras empresas
y los supuestos firmantes no comparecían en la oficina.
Los pagarés, declaró este testigo, "venían con el sello de la empresa
que supuestamente era la beneficiaria y firmados por una persona que
presuntamente debía ser la autorizada para su cobro, si bien él nunca
presenció el momento en que se firmaban dichos documentos de pago ni
recordaba haber visto a ninguna de estas personas por la oficina".
Por su parte, el exdirector, F.S., al prestar declaración en calidad
de detenido, afirmó que cuando conoció a Juan Ortín este le dijo que no
conseguía créditos de ningún banco porque tenía riesgos en Cirbe "por un
asunto pendiente con el constructor murciano José Lopez Rejas, pero que
hacía mucho tiempo que no había tenido ningún incidente".
Declaró también que para la apertura de la línea de descuento por un
millón de euros que se le concedió a Ortín se utilizó un pagaré emitido
por la UTE compuesta al 90% por Sacyr, que ya estaba en poder de aquel y
que fue aportado a la entidad para el estudio de la apertura de la
misma.
El departamento de riesgos del banco lo aprobó, pero "con la
condición de que, aproximadamente, el 50% del importe del mismo quedara
retenido en la entidad hasta la fecha de cobro".
Los agentes de la Guardia Civil le preguntaron también el motivo por
el que informo a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT)
de que los pagarés por importe de más de siete millones de euros habían
sido cobrados por tres personas distintas de Juan Ortín, cuando en
realidad había sido este.
El detenido aseguró que se limitó a enviar la documentación que
existía en los archivos del banco, pero sin la menor intención de
engañar al fisco.
Hacia el final del interrogatorio, los agentes le preguntaron si
conocía el destino que el empresario dio a la elevada suma de dinero que
cobró, supuestamente, "de forma irregular", con los pagarés, a lo que
respondió que aquel le decía que era para pagar salarios y, también,
para los regantes propietarios de terrenos afectados por las obras del
AVE.
C's llevará al Congreso el desvío de dinero del AVE de Alicante a Murcia
Ciudadanos llevará al Congreso la polémica el desvío de fondos de la
línea de Alta Velocidad a Alicante y Murcia y pedirá que el el
secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez Pomar, y el
presidente de Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF),
Gonzalo Ferre, den explicaciones a la Cámara antes de que acabe el mes.
El secretario general del grupo parlamentario de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez, considera que las noticias sobre ese desfase de las obras del AVE, por un importe de más de 17 millones de euros,
“son de tal gravedad que exigen de explicaciones inmediatas de los
responsables directos de esa obra, en este caso la empresa pública
ADIF”.
A su juicio, “la interinidad el Gobierno no puede ser una excusa para el silencio, sobre todo cuando llueve sobre mojado en la corrupción asociada a las grandes obras públicas”.
Los cargos a los que Ciudadanos pide explicaciones fueron nombrados en su día por Ana Pastor, ahora presidenta del Congreso con los votos de PP y Ciudadanos.
Otras formaciones como Compromís han elevado el listón y han pedido explicaciones a la propia exministra.
