Las autopistas vacías, otra cara de la burbuja española

MADRID.- En la garita del peaje de Leganés, a la entrada de Madrid, los empleados miran a la distancia, pero los coches llegan con cuentagotas: la crisis hace que los españoles deserten de las autopistas, llevando a varias de ellas al borde de la quiebra.

"Hemos solicitado el concurso de acreedores, por cuanto ahora mismo no podemos hacer frente a los vencimientos que tenemos de la deuda... ya estamos en manos del juez", explica José Antonio López Casas, director general de Accesos de Madrid, que gestiona las autopistas Radial 3 y Radial 5.

En el caso de estas dos vías, puestas en marcha en 2004, la carga es pesada: 660 millones de euros de deuda con los bancos, 340 millones con los constructores originarios del proyecto y 400 millones que se deben pagar a los vecinos por las expropiaciones para la construcción de esas autopistas.

Una situación que se repite en los últimos meses en España, cuarta economía de la zona euro en plena recesión.

La autopista Madrid-Toledo fue la primera en solicitar un concurso de acreedores en mayo, seguida en septiembre por las Radiales 3, 4 y 5, que sirven para entrar a la capital y luego continuar hacia Cartagena-Vera y Ocaña-La Roda.

"No hay ninguna sorpresa", comenta Paco Segura, especialista del sector transportes de la ONG Ecologistas en Acción. "En España, del mismo modo que ha habido una burbuja inmobiliaria, ha habido otra burbuja de infraestructuras, y una de las que más se ha desarrollado ha sido la de las autovías", explica antes de denunciar "una situación absolutamente aberrante".

 "Hemos estado construyendo miles y miles de kilómetros de autovías en itinerarios que no tenían la densidad de tráfico que lo justificase", afirma.

"Está fuera de duda que se construyeron demasiadas infraestructuras en un momento determinado, muchas de las cuales han resultado que posteriormente no tienen utilización: ha pasado con carreteras, ha pasado con aeropuertos y antes o después se descubrirá que esta pasando con el AVE", el tren de alta velocidad, admite López Casas.

Esta política, muy activa hasta el estallido de la burbuja en 2008, permitió a España alcanzar auténticos récords: líder europea en kilómetros de autopistas y en número de aeropuertos comerciales de vocación internacional; número dos mundial en kilómetros de vías de alta velocidad, sólo por detrás de China.

Los concesionarios de autopistas ponen cara larga, sufriendo por el frenesí constructor incluso antes del inicio de la crisis, ya que el Estado, mientras daba curso a una serie de vías de peaje, siguió construyendo una red paralela de carreteras gratuitas, muy preferidas por los automovilistas.

La crisis agravó los efectos perjudiciales: en el primer trimestre, el tráfico por las autopistas de pago bajó un 8,2% interanual, alcanzando su nivel más bajo desde 1998, según el ministerio de Fomento.

"Los cálculos más solventes dicen que el tráfico en el entorno de Madrid ha caído en los últimos cinco años en el orden de un 15-20%" y "en nuestro caso ha caído mucho más", se lamenta el propietario de Accesos de Madrid.

"La coyuntura económica nacional hace que el coste del peaje es un elemento que se mide mucho más a la hora de tomar la decisión de si se va por una carretera de pago o no, siempre que hay una alternativa gratuita", destaca Jacobo Díaz, director general de la Asociación Española de Carreteras (AEC). Globalmente, "es evidente que ha habido una sobrevaluación de la demanda estimada y el tráfico real es la cuarta parte frente a lo previsto", añade.

Según Ecologistas en Acción, la autopista Madrid-Toledo sólo ve pasar el 11% del tráfico inicialmente previsto, mientras que en los accesos a la capital, "en casi todas las que están quebrando, prácticamente ninguna llegaba al 40% del tráfico estimado para el que se habían construído", asegura Paco Segura.

"Donde tendríamos que tener 35.000 vehículos diarios, tenemos 10.000", confirma López Casas, mostrándose poco optimista en cuanto a una ayuda del Gobierno, enzarzado en un esfuerzo de austeridad sin precedentes. "Si no hay dinero para prácticamente nada, tampoco debe haberlo para resolver los problemas de los privados", como los concesionarios, concluye.

La crisis deja a la Armada española con solo dos submarinos, basados en Cartagena

MADRID.-   La crisis ha reducido a la mitad la flota de submarinos de la Armada, ya que después de que el 'Siroco' fuera dado de baja el pasado junio los presupuestos para el próximo año no contemplan la gran revisión a la que se tendría que someter el 'Tramontana' para continuar operativo. De esta manera, España permanecerá sólo con dos submarinos disponibles a la espera de que se incorpore la nueva flota que está siendo construida por Navantia en Cartagena, un programa de más de 2.000 millones de euros.

   La Armada espera que el primero de los nuevos submarinos, que ya está en avanzado estado de construcción en los astilleros de Navantia en Cartagena, esté operativo en 2016. Ese mismo año tendrá que darse de baja uno de los dos submarinos de la actual flota, el 'Galerna', que ya se ha pasado su última gran carena posible.

   Por ello, el comandante de la flotilla de submarinos de la Armada, capitán de navío Carlos Martínez-Merello, advierte de que "si se produjesen retrasos en la entrega del S-81, dada la complejidad de la construcción, que lo llevaran más allá de 2016" las Fuerzas Armadas se quedarían "con un sólo submarino operativo". Sería el 'Mistral', que en estos momentos está pasando su última gran revisión, y que en esos años estaría agotando su vida operativa.

   Según ha explicado el comandante Martínez-Merello, si finalmente no se somete a la gran carena al 'Tramontana', la actual serie de submarinos S-70 finalizará su vida operativa en 2018. Para entonces, la Armada espera tener ya las primeras unidades de la serie S-80.

   La situación actual del Arma Submarina contrasta con la de los últimos años del siglo XX y primeros del XXI, cuando la Armada llegó a contar con ocho submarinos: los cuatro de la serie 70 y los de la anterior serie S-60, que se dieron de baja entre 2003 y 2006.

   En la actualidad, la Armada sólo cuenta con dos submarinos operativos con una media de 27 años, el 'Galerna' y el 'Tramontana', ya que el 'Mistral' está en revisión hasta la primavera de 2013, momento en que debería entrar en este proceso el 'Tramontana', el más moderno de la serie. Sin embargo, según han indicado fuentes del Ministerio de Defensa, a fecha de hoy no se han previsto los más de 30 millones que costaría.

   El "efecto perjudicial" de que no se haga esta gran carena, según explica el comandante de la flotilla, además del "obvio de contar con una unidad menos", tiene que ver con la "transición" de una serie a otra desde el punto de vista del personal.

   "Si el submarino 'Tramontana' es dado de baja, la mayor parte de los miembros de su dotación ocuparán otros destinos fuera del ámbito del Arma Submarina --explica--, perdiéndose así una parte del núcleo de personal del que deben salir las dotaciones de los submarinos de la serie S-80, lo que indudablemente irá en detrimento de una mejor selección del citado personal".

   Según indica, la formación de "una buena plantilla de personal submarinista" precisa de "un esfuerzo significativo y tiempo", ya que las dotaciones de los submarinos están compuestas por "personal muy especializado, que requiere conocimientos y experiencia".

   Según explica el jefe de la flotilla, el Arma Submarina es un "factor de gran importancia para la defensa nacional", un instrumento fundamental de disuasión cuyas características propias de "discreción, movilidad y autonomía logística" le permiten llevar a cabo "múltiples cometidos", algunos de forma "exclusiva".

   Entre sus misiones están la neutralización de amenazas, la obtención de inteligencia y reconocimiento encubierto, el reconocimiento avanzado en situaciones de crisis y el despliegue encubierto de operaciones especiales en objetivos situados en la franja costera.

   Algunas de estas misiones se llevaron a cabo en la reciente participación de España en la misión internacional en Libia, en la que las Fuerzas Armadas aportaron su Arma Submarina. De hecho, el 'Tramontana' fue el primer submarino español en acudir a la zona y en su primera misión identificó a alrededor de 450 embarcaciones, entre las que se encontraban al menos 40 de carácter sospechoso. También participó en la resolución de la crisis con Marruecos por el islote de Perejil.

   "El hecho de poseer un arma submarina es un factor de gran importancia para la defensa nacional de un país", recalca el comandante, antes de recordar que "tanto los países aliados del entorno, como Portugal, Francia o Italia, como países fuera del ámbito de la OTAN, por ejemplo Argelia o Chile, están modernizando sus unidades o adquiriendo otras nuevas".

   Una vez se incorporen los nuevos submarinos S-80 a la Armada, España contará con "uno de los mejores submarinos convencionales del mundo", que permitirá "actuar más lejos y más discretamente, así como disponer de armas más eficaces", explica el comandante.

   El buque que construye Navantia es un submarino "más grande, con mayor autonomía" y con un sistema de "propulsión independiente de la atmósfera (AIP) que mejora su discreción, sin perder las cualidades que le permitan operar en aguas litorales". Entre sus novedades también se incluye la capacidad de ataque a tierra.

   El programa, cuyo coste tostal se estima en más de 2.000 millones de euros, incluye un "alto componente de innovación tecnológica", al que se atribuye parte del retraso que ya acumula y los que todavía se puedan producir, según han indicado fuentes del Ministerio de Defensa.

   Los planes iniciales del programa, firmado tras años de estudio en 2004, contemplaban que el primero de los cuatro submarinos fuera entregado a la Armada a finales de 2013 y el último en 2016. Ahora, la Armada espera que el primero de los S-80 "tome el relevo" de la actual flota en 2016.

   A estos avatares hay que añadir la revisión que está haciendo de todos los Programas Especiales de Armamento el Ministerio de Defensa con el objetivo de reducir su carga en los presupuestos, un plan que contempla retrasos en entregas y reducciones de los pedidos. La primera decisión tomada en este sentido es el aplazamiento hasta 2015 de la llegada de aviones de combate 'Eurofighter'.

   Con los retrasos de entregas, Defensa pretende aplazar los pagos y evitar que la deuda por material entregado y no abonado pasara a convertirse en déficit del Estado. Además, está estudiando reducciones de pedidos, en función de las necesidades que defina para las Fuerzas Armadas.