MURCIA.- El Ministerio Fiscal, la acusación particular y el abogado defensor de la ex concejal de Empleo del Ayuntamiento de Fortuna han hecho referencia, en su exposición final, a las declaraciones de los testigos que han prestado declaración en el juicio que ha concluido este viernes, en la Audiencia Provincial, contra el alcalde de la localidad, Matías Carrillo; esta ex edil, María Dolores Sánchez; y el fuera concejal de Economía y Hacienda, José Antonio López.
Para el representante del ministerio público, que ha sustituido la pena de arresto de 12 fines de semana por la privacidad de libertad durante 24 días, "nos hemos visto en la tragicomedia" por la calidad de algunas declaraciones de testigos que han intervenido en la vista oral, que comenzó este martes.
"Es inmoral, ha declarado, que se basterdeé el voto de la ciudadanía, como se ha hecho en este caso, aprovechando de la necesidad de las personas", por lo que, haciendo referencia a una cita teatral, advierte que "algo huele a podrido" porque la compra de votos "se efectuó y existen pruebas" respecto de la ex concejal, cuyo testimonio, considera, hubiera sido más fiable "si en lugar de inculpar a todos los de la lista del PP, ella también se hubiera inculpado".
Mientras que para la acusación particular, que ejerce a instancia de IU, el perfil de los testigos "no pasa desapercibido", ya que responde a "gente con mucha necesidad, en muchos casos desarraigada y con un nivel cultural muy bajo, además de problemas físicos y psíquicos".
La acusación particular ha reconocido que a la ex concejal "le han llovido las acusaciones en este proceso y era el último eslabón de la cadena si participó en los hechos, teniendo la valentía de llevarlos a juicio y no dejarse llevar por el alcalde", lo que pide valorar como atenuante de confesión.
Llegado el turno de intervención del letrado que defiende a la ex edil María Dolores Sánchez, éste ha denunciado públicamente que da la impresión de que "parece que se va contra una única persona", apoyándose en las manifestaciones de cinco testigos que "han ido contra ella, no existiendo evidencia alguna" de que pudiera haber incurrido en un presunto delito electoral.
La ex concejal "se ve envuelta en un proceso, por desgracia, donde los vecinos no querían acudir a declarar porque hay una ley del silencio, hay miedo", ha expuesto el abogado Antonio Pagán.
Precisamente, se ha referido a la "amnesia" que parecía tener uno de los testigos y el interés de "incriminar" a su defendida, "quizás porque debían necesitar algo del Ayuntamiento por sus necesidades, porque trabajan en cosas municipales y son pensionistas".
A lo que se une "las ganas de venganza" de dos testigos con respecto a María Dolores Sánchez, que "incluso antes de sentarse, una de ellas ya se dirigió a la ex edil y cambió su declaración, contradiciéndose".
Por ello, la estrategia del letrado que defiende a la ex concejal ha sido la de desmontar las acusaciones de cinco testigos que han declarado en el juicio, al no "haber ni recompensa ni dádivas" de su defendida a cambio del voto. "No hay delito y todos los indicios del auto contra ella han quedado desmoronados con la infinidad de contradicciones", ha manifestado el abogado Antonio Pagán.
Esto se fundamenta en el hecho de que cuatro de los cinco testigos a los que se ha referido "acudieron a pedirle trabajo a María Dolores y no se ha probado que ella pidiera los DNI" para comprarle el voto, además de que la última decisión, ha enfatizado, correspondía a la persona del alcalde.
También ha criticado el testimonio del joven que aseguró que la ex concejal le abordó en plena calle para pedirle el DNI, desconociendo que su madre era concejal de la oposición. En opinión de Pagán, "se contradijo, ya que en una primera declaración en instancias judiciales dijo que venía de casa de su tía y aquí dice que iba", además de que hay que tener en cuenta que ese día precisamente, la ex edil estuvo en casa todo el día porque no se encontraba bien, tal y como ha corroborado una amiga que la acompañó en el domicilio.
Por esta razón, considera que la versión de este joven "es más que discutible", al igual que la del empresario que declaró este jueves, "que tiene un negocio con el alcalde e interés, ya que es de un partido afín".
Se la juzga, según ha señalado, "por unos indicios" pero "nada de lo que se ha dicho contra ella ha sido probado y no firmó ningún contrato ni ninguna solicitud" en la compra de votos en Fortuna en las elecciones de 2003.
Una afirmación en la que no está de acuerdo Jaime Peris, el abogado defensor del alcalde y el ex edil, dejando claro que en este juicio "solo se puede hablar de pruebas y datos fehacientes, y no de historias ni de indicios", descartando, en todo momento, hablar de argumentaciones políticas.
Su exposición se ha basado en los siete "pretendidos" indicios que las acusaciones y defensa han mantenido, entre ellos, el aumento del voto por correos y las declaraciones inculpatorias.
Así, ha defendido que "no hay ni un solo indicio, ya que los datos no son contrastados ni fehacientes, sino interesados y sesgados".
Ha llamado la atención sobre el hecho de que el procedimiento se inició con una denuncia de un concejal en un Pleno, "cuyo padre es el protagonista estelar y tiene el estómago de hacer declaraciones en ese Pleno sin comprobarlo ni hablar con su padre, como manifestó aquí".
Así como que en la instrucción inicial no sale el nombre de sus dos defendidos, que es posterior una vez que la ex edil los "inculpa", por lo que la Sala, a su entender, "sólo podría dictar sentencia condenatoria" respecto del alcalde y el ex edil por la declaración de una de las testigos, que cambia su versión de los hechos y se contradice.
El juicio ha quedado visto para sentencia. El fiscal considera que los hechos son constitutivos de un delito electoral y pide para cada uno de los acusados la privación de libertad durante 24 días, multa de seis meses con una cuota diaria de seis euros, y la inhabilitación especial para el cargo de concejal y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante cinco años.
Por su parte, la acusación particular, representada por el letrado Joaquín Dólera, considera que los hechos, además de un delito electoral, son constitutivos de malversación de caudales públicos y prevaricación; este último por el hecho de que hubieran 49 contratos que "no pasaran ningún tipo de selección".
Pide para el alcalde y el ex concejal 17 años de inhabilitación y 20 fines de semana de arresto por los tres delitos; y para la ex edil, dos meses de multa al considerar que incurrió únicamente en delito electoral.
