Los seminarios españoles prohibirán la entrada de seminaristas homosexuales

MADRID.- El nuevo secretario-portavoz del Episcopado, Luis Javier Argüello, no se esconde en maniobras clericales y contesta a todas las cuestiones que se le plantean, incluso las más complicadas. Por ejemplo, pide que se conjugue "razón y sentimiento" para abordar el tema catalán y el de cambio de sexo o reconoce abiertamente que los seminarios españoles se van a cerrar para los gays, según El Mundo.

En el caso del tema catalán o de cambio de sexo, a juicio del secretario de los obispos "se ha elevado a categoría jurídica el sentimiento". Y ante eso, se pregunta retóricamente: "¿Sólo el sexo sentido puede ser suficiente para algo tan serio como el cambio de sexo?" Y, por supuesto, se responde que "en asuntos tan serios, hay que conjugar el respeto a los sentimientos de las personas y la racionalidad".

Ese mismo argumento hay que aplicarlo, según Argüello, a las tensiones que estamos viviendo como pueblo y, refiriéndose implícitamente al procés, se vuelve a preguntar retóricamente: "¿Es el sentimiento la única categoría a tener en cuenta a la hora de cambiar la configuración del Estado?". 

Evidentemente que no, porque "cuando hablamos de diálogo, hacemos referencia al 'logos' o razón, que tiene que conjugarse siempre con el sentimiento".

En el tema del eventual acceso de los homosexuales a los seminarios españoles, Argüello fue todavía más contundente y, desde la amplia experiencia que le da el haber sido, durante muchos años, formador y rector del seminario de Valladolid, sostiene que "la Iglesia tiene derecho a seleccionar sus candidatos y a elegir su perfil".

Por eso, entre las cualidades que exige a los candidatos a curas (a pesar de le penuria vocacional por la que está atravesando) es que "se reconozcan y sean enteramente varones y, por tanto, heterosexuales" y, además, que "quieran ser célibes".

Dos requisitos que impone, por otra parte, el Vaticano y que, como tales, van a figurar en la próxima aprobación de la Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis en España, que se concretará en un plan de formación que va a regir próximamente en todos los seminarios españoles.

Horas más tarde, Argüello ha enviado un audio en el que pide disculpas por sus palabras "desafortunadas" y se disculpa "si ha podido molestar a algunas personas". 

"No puedo ni quiero decir que los varones homosexuales no sean perfectamente varones", explica el secretario de los obispos, que ha pedido que se circunscriba su declaración a la pregunta que se hacía en la rueda de prensa, sobre el sacerdocio: "La Iglesia pide que los candidatos sean varones y que su orientación no sea la atracción por el mismo sexo", ha aclarado.

Exención del IBI

Por otro lado, los obispos insisten en que no piensan renunciar a la exención del IBI, ni siquiera ante la amenaza de que este u otro Gobierno les obligue a ello. Se escudan, como dice el vicesecretario de Asuntos económicos, Fernando Giménez Barriocanal, en que la ley de mecenazgo se lo permite a la Iglesia y a otras muchas organizaciones no lucrativas, porque "están aportando valor a la sociedad".

Ofrecen también los prelados españoles diálogo, tanto en este tema como en el de la "reforma educativa que se ha filtrado" y que les tiene preocupados "no sólo por la clase de Religión y por la enseñanza concertada, sino por el tema más amplio de la educación en España en todas sus dimensiones".

A este respecto, el portavoz episcopal pide al Ejecutivo que sea consecuente "con el diálogo y el pacto educativo que pedía, cuando estaba en la oposición". La Iglesia, que mantiene siempre lo mismo, "quiere diálogo y pacto educativo", que no esté al albur de los cambios de Gobierno, porque "el corazón de este pacto está en la Constitución" y, por eso, reclama "que lo que ahí se dice se respete y se cumpla"

Eso es lo que la CEE va a plantear en la próxima reunión que el secretario general va a mantener con la ministra de Educación, sin olvidar, por supuesto, la defensa de la clase de Religión como derecho de los padres, recogido en los Acuerdos Iglesia-Estado, y que contribuye a una formación humanista.

Por su parte, el gerente del episcopado, Fernando Giménez Barriocanal, presentó un año más las cuentas de la Iglesia, estimando que va a recibir 256 millones de euros a través de la asignación tributaria, lo que representa un 2,3% de incremento con respecto al año anterior.

El grueso de este dinero se destina a pagar el salario y la seguridad social del clero. Los curas, que cotizan por el salario mínimo interprofesional, reciben al jubilarse unos 600 euros, que las diócesis complementan, "para que puedan seguir siendo unos buenos mileuristas", explicó el portavoz, Luis Argüello.

El Banco de España multa a Bankia y BMN con 2,1 millones por deficiencias burocráticas en 2014

MADRID.- El Banco de España ha impuesto dos multas a BMN, que suman 1,2 millones de euros, y una a Bankia, de 900.000 euros por deficiencias burocráticas en contratos del año 2014, que ahora tendrá que asumir en conjunto el grupo cotizado.

Según ha informado el supervisor, las sanciones están recogidas en la Ley sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito.

Bankia, en su condición de sucesora universal de BMN, entidad con la que se fusionó el año pasado, asumirá las tres multas, por un montante conjunto de 2,1 millones de euros. Fuentes de la entidad financiera señalaron que estas sanciones corresponden a deficiencias burocráticas en contratos del ejercicio 2014.
Una de las multas impuestas a BMN (300.000 euros) y la de Bankia (900.000) se refieren a una infracción grave tipificada en el artículo 5 de la Ley, "consistente en la realización de actos u operaciones con incumplimiento de normas dictadas al amparo del número 2 del artículo 29 de la Ley de Economía Sostenible, y, en concreto, con incumplimiento de la Orden 2899/2011 y de la Circular 5/2012 del Banco de España".
La segunda multa a BMN, de 900.000 euros, es por una infracción muy grave tipificada en el artículo 4 de la Ley sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, "consistente en la realización de actos u operaciones prohibidas por normas de ordenación y disciplina con rango de Ley o con incumplimiento de los requisitos establecidos en las mismas, salvo que tenga un carácter meramente ocasional o aislado".

La OCDE pide que las autonomías gasten menos a las puertas de las elecciones

MADRID.- La OCDE ha querido dar hoy un tono conciliador en sus impresiones sobre la economía española en presencia del Gobierno, después de que ayer rebajara sus previsiones de crecimiento , junto al FMI. 

El secretario general, Ángel Gurría, ha dado esta mañana una rueda de prensa con la ministra de Economía, Nadia Calviño, en Madrid en la que ha mostrado su apoyo a la subida del 23% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). «La utilidad del salario mínimo es ser un mínimo de protección social para evitar que haya empleos de extrema precariedad», ha aseverado y recoge Abc.

El propio Gurría, con Calviño a su vera, ha valorado que en plena desaceleración global, España lo está haciendo «mejor que otros países» si bien los mercados son «menos pacientes y tolerantes». Una defensa que el informe sobre España que presentó ayer el organismo no incluye, al estar repleto de deberes y advertencias para el Gobierno.

 La OCDE pide que las comunidades autónomas apliquen con más rigor la regla de gasto –el tope al desembolso ligado al crecimiento del PIB– en lugar del déficit. 

«Las comunidades autónomas únicamente aplican la regla de déficit, lo que en parte explica que sus gastos sean más cíclicos», denuncia la institución con sede en París.

«Es preciso (...) que la regla de gasto sea el instrumento principal para alcanzar la sostenibilidad de las finanzas públicas», sentenció. 

El objetivo es que así vayan reduciendo su abultada deuda, del 24,7% del PIB, que según la Ley de Estabilidad debe bajar al 13% en 2020 –un objetivo imposible–. Pese a que las regiones ahora tienen déficits más acotados, la regla de gasto aseguraría que destinaran sus superávits a reducir el pasivo.
La petición del organismo no es casual y llega unos meses antes de las elecciones regionales. Las comunidades, hasta agosto, dispararon su gasto computable a efectos de la regla un 2,7%, por encima del límite del 2,4%. 

Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña y Valencia: siete de las ocho tienen elecciones en mayo. Junto a ello reclama «recurrir a los impuestos ambientales y al IVA» para elevar la recaudación, recomendando elevar el tributo a productos con tipos reducidos y súperreducidos en el impuesto al consumo.
También exige eliminar y deducciones en el Impuesto de Sociedades, así como aumentar los impuestos sobre los combustibles. Tanto en su recomendación sobre el IVA como en impuestos medioambientales –tanto a combustibles como a emisiones– cifra cada alza tributaria en 4.800 millones de euros adicionales. 

Otro de los reproches van dirigidos a las diferencias de regulación entre comunidades: reclama potenciar la ley de unidad de mercado y eliminar distorsiones, ya que los servicios públicos difieren considerablemente, lo que arroja distintas tasas de abandono escolar y productividad entre regiones. 

También pidió la OCDE «ampliar el periodo de referencia» para calcular la pensión, que ahora está en los últimos 21 años, y «el número de años de cotización exigidos para cobrar una pensión completa». De esta forma se endurecería el cobro de la prestación, que ahora exige 35 años y seis meses trabajados.
El secretario general de la OCDE también ha recomendado al Gobierno «disminuir los incentivos a la jubilación anticipada», así como «vincular la edad de jubilación obligatoria a la esperanza de vida en el momento de la jubilación».
Ello significa elevar la edad de jubilación, que ahora está en 65 años y 6 meses. 

«Hay que prolongar la vida activa y elevar la edad de jubilación, para hombres y mujeres», ha añadido Gurría, que apostilló que es necesario aumentar también las cotizaciones sociales de empleados y empleadores, además de fomentar los planes de pensiones privados. A ello se le suma que Gurría ha instado a recortar las pensiones y «sus beneficios» en relación al porcentaje del último salario que se cobra en la primera pensión.

 La OCDE apunta que en el mercado laboral, España debe mejorar sus salarios y proteger con más ahínco a los desempleados de larga duración. «El riesgo de pobreza es significativo, con un 15% de la población viviendo en hogares pobres en 2014», subraya, para remarcar también la elevada pobreza infantil. 

En España el 20% que más posee gana seis veces más que el 20% más pobre, por encima de la media de la OCDE. Curiosamente, la desigualdad de ingresos es mayor internacionalmente que la de riqueza, que está por debajo de la media de los 35 países desarrollados incluidos en el organismo.
Por ello denuncia que las transferencias públicas son menores a los más pobres que a los más ricos: el 20% con menores ingresos recibe solo un 55% más que el hogar medio mientras que el 20% más rico recibe un 60% más. Ello se debe a que muchas de las exenciones fiscales en España «tienden a ser regresivas», como ocurre con los tipos reducidos del IVA.

El Supremo prohíbe el uso de la vivienda familiar a los divorciados con hijos si entra a vivir una nueva pareja

MADRID.- El Tribunal Supremo ha establecido que el padre o la madre que vive con sus hijos en una vivienda familiar en régimen de gananciales y que lleva su nueva pareja a convivir con ellos de manera estable, pierde el derecho a disfrutar del uso de esa casa.

En la sentencia, el Pleno de la Sala Primera del Supremo explica que el progenitor, una vez que se liquide la sociedad de gananciales, deberá abandonar la vivienda.
La resolución desestima el recurso de casación de la Fiscalía contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid que había acordado la extinción del derecho de uso de la vivienda por considerar que la entrada de una tercera persona en el inmueble hacía perder a este su antigua naturaleza de vivienda familiar, al servir ahora en su uso a una familia distinta y diferente.
En este caso, una pareja de Valladolid se divorció y la mujer se quedó con sus hijos en la vivienda familiar. Pasado un tiempo, entró a vivir su nueva pareja, por lo que su ex marido la demandó.
El Supremo afirma que el derecho a residir en la vivienda familiar se mantiene "en tanto que se conserve este carácter familiar".
Sin embargo, en el caso que ha estudiado la Sala, dicho carácter "ha desaparecido, no porque la madre e hijos hayan dejado de vivir en ella, sino por la entrada de un tercero, dejando de servir a los fines del matrimonio".
Y explica: "La introducción de una tercera persona hace perder a la vivienda su antigua naturaleza por servir en su uso a una familia distinta y diferente".
La Sala recuerda que "el interés de los hijos no puede desvincularse absolutamente del de sus padres, cuando es posible conciliarlos", por lo que "el interés en abstracto o simplemente especulativo no es suficiente".
Por tanto, "la misma decisión adoptada en su día por los progenitores de poner fin al matrimonio, la deben tener ahora para actuar en beneficio e interés de sus hijos respecto de la vivienda."
Y recuerda que el carácter ganancial del inmueble facilita otras soluciones económicas que permiten precisamente esa conciliación de intereses como, por ejemplo, que el tercero compre la parte de la casa que le corresponde al que no reside en ella.

El juez ordena la "suspensión inmediata por riesgo de las obras" del 'Edificio España'

MADRID.- Jarro de agua fría para la cadena hotelera Riu, dueña del Edificio España. El juzgado de primera instancia numero 67 de Madrid acaba de ordenar la "suspensión inmediata por riesgo en las obras del Edificio España". Accede de este modo a la petición, según el propio juzgado, "del propietario de los locales comerciales" del inmueble, que denunció irregularidades en el refuerzo de la estructura.

Según ha podido confirmar El Confidencial por fuentes jurídicas, el juzgado no ha entrado aún en razonamientos jurídicos y se limita a dar curso a la petición del dueño de la superficie comercial. 

Junto al auto, el juzgado emite la orden ejecutiva de paralizar temporalmente las obras de manera inminente y acuerda "el reconocimiento pericial" de las mismas antes de la próxima vista. 

Apercibe asimismo a Plaza de España 19 Development, sociedad de Riu responsable del inmueble, a que, en caso de no cumplir con la orden de paralización, "podrá procederse" contra ella "por desobediencia a la autoridad judicial".

Fuentes de Riu aseguran no haber recibido notificación alguna por parte del juzgado hasta esta misma mañana. Por su parte, desde Grupo Baraka confirman que ellos sí la han recibido y que el grupo hotelero no se personó en la causa y por eso no ha sido notificado.

La propiedad de los locales, de hecho, es un punto de polémica. 

Desde Riu aseguran que el 100% del edificio es suyo mientras Baraka asegura que tiene una opción de compra sobre los establecimientos comerciales. 

En este contexto, el Juzgado de Primera Instancia número 51 de Madrid desestimó el pasado 15 de noviembre la demanda del empresario murciano Trinitario Casanova, dueño de Baraka, contra la cadena por no escriturar a su favor la zona comercial del inmueble.

Quién es el dueño

El juzgado rechazó la petición de medidas cautelares que solicitaban una anotación preventiva en el registro de la propiedad que manifestase que sobre dicho inmueble existía un pleito abierto. Según Baraka, que tiene recurrida esta decisión judicial, el juzgado desestimó su demanda por un defecto de forma, no de fondo.

Hace algo más de un mes, el empresario murciano interpuso otra demanda contra Riu en la que pedía que se paralizasen las obras del edificio ya que temía incluso que puediera producirse una catástrofe, y acusaba a la cadena hotelera de "primar la reducción de costes y plazos de la ejecución de la obra en detrimento de la seguridad del inmueble". 

Esta última denuncia correspondería con el proceso que sigue el juzgado de primera instancia 67 ya mencionado que ha llevado a la paralización.

En aquel momento, Riu declaró que "no existe ningún fundamento en las críticas que provengan de personas, ya sean cualificadas pero no involucradas en la obra como no cualificadas". 

El proyecto de la cadena hotelera contempla construir un hotel con 26 plantas y 550 habitaciones.

Es imposible echar a un funcionario en España: tan sólo 500 inhabilitaciones desde 1996

MADRID.- Conseguir una plaza de funcionario en España implica tener trabajo garantizado de por vida, a diferencia de lo que sucede en la mayoría de países, donde los empleados públicos pueden ser despedidos por multitud de razones, de forma similar a lo que sucede en el sector privado. En Suecia, por ejemplo, tan sólo el 1% de los trabajadores de la Administración ostentan la condición de funcionario, recuerda https://www.libremercado.com.

En España, sin embargo, no sucede lo mismo. Una vez obtenida la plaza, es casi imposible despedir a un funcionario. Y la prueba esta en el escasísimo número de ceses registrado en los últimos años. La Fundación Civio acaba de publica un detallado informe al respecto, y las cifras hablan por sí solas.

Tan sólo 524 funcionarios perdieron su plaza desde 1996. En concreto, 19 lo hicieron tras una sanción administrativa -la mayoría por dejar de ir a trabajar- y los otros 505, el grupo más numeroso, perdieron la condición de funcionario tras haber sido condenados por sentencia firme. Esto supone una media de apenas 20 funcionarios inhabilitados al año, equivalente al 0,0007% de la plantilla pública, que en la actualidad ronda los 3 millones de trabajadores. 

Entre los condenados solo hay 45 mujeres (frente a 460 hombres), pese a que estas representan más de la mitad del funcionariado.

Hay cinco formas de perder una plaza en España, tal y como señala el estudio: por renuncia, por pérdida de la nacionalidad, por jubilación, por sanciones administrativas o por condena. En este último caso, la sentencia debe marcar la inhabilitación, ya sea absoluta (para cualquier puesto) o especial (para un sector o profesión concreta). 

Esta última es habitual, por ejemplo, cuando se veta que alguien vuelva a trabajar con menores tras ser condenado por abusos.

El delito de inhabilitación más frecuente es la malversación, cometido por 109 de los funcionarios cesados. "Un ejemplo: el concejal de Palma de Mallorca que gastó 50.000 euros de dinero público en prostíbulos, o la pareja formada por el decano de la facultad de Medicina de la Universidad del País Vasco y la directora de Estomatología, que falsificaron decenas de facturas para llevarse fondos de la facultad". 

Le siguen los delitos de falsedad documental (94) y cohecho (61).

El cuerpo donde más funcionarios han perdido su plaza por condenas es la Policía Nacional, con 201 casos. Sus delitos más comunes son aquellos contra la salud pública, vinculados al trapicheo de drogas, y los de detenciones ilegales y secuestro, con 28 casos para cada uno de ellos. 

Otros de los cuerpos con más presencia en la lista son los administrativos, con 97 pérdidas de plaza, o las 87 de los cuerpos de servicios postales. En este último caso, además de malversación y falsedad, se suman a los delitos más comunes dos relacionados con su empleo: infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos.

Le siguen los 41 funcionarios de Justicia, solo uno de ellos juez. 

Igualmente, 31 profesores de todos los niveles perdieron su plaza por condena desde 1996, 23 de ellos maestros. Su delito más común fue el de abusos sexuales (9). Le siguen los 16 de la administración local, en su mayoría interventores, y, a la cola, un meteorólogo condenado por el delito más común, la malversación.

España se encuentra a la cola de Europa en dotación de enfermeras, según el SATSE

MURCIA.- El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha reclamado la celebración urgente de un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en el que el Ministerio de Sanidad y las consejerías autonómicas se comprometan a centrar sus esfuerzos en la dirección “correcta”, abordando de manera exhaustiva el desmesurado déficit de enfermeras y enfermeros existente en  nuestro país.

SATSE recalca que en la última reunión del Consejo Interterritorial del SNS se volvió a perder una gran oportunidad para analizar la realidad de las plantillas de profesionales existentes en el sistema sanitario público español y proponer medidas concretas para dar respuesta a la necesidad actual, “y no a futuro”, de poder disponer de más enfermeras y enfermeros para prestar atención sanitaria y cuidados a 46 millones de ciudadanos.

En este sentido, desde la organización sindical se subraya el hecho de que, a diferencia del colectivo médico, cuya necesidad de profesionales, salvo en alguna especialidad y determinada zona geográfica, será real dentro de unos 10 años, la falta de enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas es, hoy por hoy, un hecho incontestable. España es el primer país en la Unión Europea en número de médicos por habitante, mientras que se encuentra a la cola de Europa en dotación de enfermeras.

Según datos de la OCDE, en Enfermería, la media de la Unión Europea es 8,8 enfermeras por 1.000 habitantes y en España es 5,3,  mientras que en Medicina, la media europea es 3,4 y en España, 4,9. En nuestro país hay casi el mismo número de enfermeras y enfermeros que de médicos, mientras que en la UE hay el doble de enfermeras y enfermeros que de médicos. En el caso de los fisioterapeutas, en España hay solo un profesional para atender a 10.000 personas en la sanidad pública cuando la ratio establecida por la OMS es de uno por 1.000 personas.

“Llama poderosamente la atención que sean solo los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas los que reclaman más médicos, cuando la propia Organización Médica Colegial (OMC) y los decanos de facultades de Medicina aseguran que no hacen falta, y en el caso de las enfermeras y enfermeros, los consejeros, a diferencia de la OMS y la UE, no entienden prioritario aumentar las plantillas cuando son los profesionales cualificados en base a sus estudios universitarios para garantizar de manera ininterrumpida y normalizada la atención a pacientes y ciudadanos”, recalca SATSE.

Ante esta realidad, SATSE reclama a los responsables del Ministerio y de las consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas que “no caigan en tentaciones endogámicas y corporativistas” y que prioricen, en estos momentos, el aumento de las plantillas enfermeras y de fisioterapeutas, como así lo reclaman también organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud.

En su informe “Orientaciones estratégicas globales para el fortalecimiento de la enfermería y la partería 2016-2020”, la OMS defiende la necesidad de contar con más profesionales  tras  un detallado análisis de la salud de la población mundial, poniendo especial énfasis en el continuo envejecimiento de la misma y que, en la actualidad, la carga de la enfermedad es cada vez mayor y más compleja, incluso en relación con las enfermedades no transmisibles, las contagiosas, y las emergentes y reemergentes.

En el caso de España, la población mayor de 65 años será superior al 25% en 15 años y al 30% en 40 años, y tendremos una esperanza de vida sólo superada por Japón, lo que determinará también el consecuente aumento de la cronicidad, la pluripatología, la fragilidad y la dependencia. 

 Por ello, es necesario realizar un cambio de modelo en el SNS que conlleve la incorporación de más enfermeras y enfermeros, asevera el Sindicato.

De otro lado, SATSE recuerda que estudios internacionales como el RN4CAST concluyen que los pacientes tienen mayor probabilidad de morir después de procedimientos quirúrgicos comunes cuando son atendidos en hospitales con altas cargas de trabajo y menor proporción de enfermeras. 

 En concreto, afirma que cada paciente adicional agregado a la carga de trabajo media de una enfermera aumenta en un 7 por ciento, la probabilidad de que los pacientes quirúrgicos mueran dentro de los 30 días de la admisión, mientras que un 10 por ciento de aumento en la proporción de enfermeras se asocia con una disminución del 7 por ciento en el riesgo de muerte.

A tenor de todos estos datos, el reciente estudio presentado por SATSE  “Análisis de la situación de los enfermeros y enfermeras en los centros sanitarios del país” sostiene que para llegar, al menos, a la media de la Unión Europea, en España faltan más de 131.00 enfermeras y enfermeros, un 34 por ciento más de profesionales.
El SATSE ha iniciado hoy en toda España, a las puertas de hospitales y centros de salud, una recogida de firmas de los usuarios de la Sanidad pública en apoyo de la reposición y ampliación de plantillas, para que una mayor carga de trabajo no recaiga en los actuales profesionales, a través de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que garantice más enfermeras por ley.

Denuncia Mazón que el registrador amigo de Rajoy cobró indebidamente dos sueldos en Santa Pola

MADRID.- La Asociación por la Transparencia del Registro de Santa Pola, representada por el abogado oriolano José Luis Mazón, ha reclamado al Ministerio de Justicia y al Ministerio de Presidencia que inicien un expediente contra el registrador Francisco Riquelme Rubira, murciano de Abanilla, que sustituyó a Mariano Rajoy durante 28 años en el Registro de la Propiedad de Santa Pola (Alicante), por cobrar indebidamente dos sueldos, según el escrito de 1 de octubre al que ha tenido acceso Vozpópuli.

El abogado Mazón sostiene que Riquelme Rubira, que como registrador de Elche ya percibía un sueldo, se benefició de otras dos retribuciones incompatibles con su empleo.
El primer sueldo irregular tendría su origen, según el escrito, en la sustitución de Rajoy en el Registro de la Propiedad número 1 de Santa Pola.
El segundo ingreso incompatible con su primer empleo lo habría recibido Riquelme por su gestión de la Oficina Liquidadora de este municipio alicantino, cuyo titular original era también el expresidente del Gobierno del PP.

Y por eso, la Asociación por la Transparencia ha reclamado a los ministerios encabezados por Dolores Delgado y Carmen Calvo que abran un expediente al "amiguísimo" de Mariano Rajoy con la finalidad de que devuelva "los abonos recibidos como sustituto del Registro de la Propiedad número 1 de Santa Pola" al haber transgredido supuestamente la Ley de Incompatibilidades de 1984.

"En el caso de que no se proceda a aplicar el deber de reintegro, nos reservamos el ejercicio de acciones de responsabilidad a que haya lugar en derecho", anuncia Mazón en su escrito dirigido a los ministerios de Justicia y Presidencia.

Una remuneración

La Ley de Incompatibilidades establece que un funcionario público no puede percibir más de una remuneración, incluidos ahí los ingresos que resulten de la aplicación de un arancel, como es el caso de los registradores de la propiedad.
Y por eso, el letrado Mazón pide a las ministras que obliguen al registrador Riquelme que "restituya todos los aranceles" percibidos en Santa Pola en sustitución de Mariano Rajoy, que se reincorporó a su empleo el pasado 20 de junio tras abandonar la política.

"Riquelme, que sepamos, nunca obtuvo la autorización de desempeño del segundo puesto que era competencia del Ministerio de Presidencia como funcionario del Estado que es sometido a la Ley de 1984 que expresamente menciona en su ámbito a los funcionarios retribuidos mediante arancel, por lo que estamos ante una arbitrariedad consentida que puede tener encaje de tipo penal de ilícito cometido por funcionario público", completa el letrado.

Además, el escrito asegura que Rajoy asignó "a dedo" a su sustituto en el Registro de la Propiedad, "saltándose la norma de reparto equitativo de cuadro de sustituciones entre registradores, que es lo que se hace cuando no es Rajoy el afectado, y se hace de forma permanente, lo que huele a prevaricación", se lamente Mazón.

Una jornada de trabajo

Asimismo, el representante de la Asociación de Transparencia de Santa Pola considera que de haber obtenido una autorización para cobrar los tres sueldos, Riquelme nunca podría haber percibido tres sueldos por una misma jornada de trabajo: "Los que han autorizado a Riquelme a estar en tres puestos de trabajo en la misma jornada, dos incompatibles, obviamente están al alcance de la responsabilidad del dictado (u omisión) de resoluciones arbitrarias", destaca el letrado murciano.

Por todo ello, Mazón considera que Riquelme debe reintegrar todo el dinero recibido como sustituto de Mariano Rajoy "al infringir la prohibición de percibir tres sueldos en la misma jornada claramente establecida en la Ley de Incompatibilidades", concluye el escrito.

El abogado José Luis Mazón fue condenado en 2017 por el Tribunal Supremo con el pago de 18.000 euros de indemnización por vulnerar el honor de Francisco Gaspar Riquelme, registrador de la propiedad de Santa Pola que sustituyó en el puesto al presidente Mariano Rajoy.

Según la sentencia, Mazón denunció "sin ningún fundamento una situación gravemente irregular en cuanto al dinero que puede ser repartido entre uno y otro, sustituto y sustituido, de manera ilegal".

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy se reincorporó en junio pasado a su puesto de registrador de la propiedad en Santa Pola. Un mes después abandonó este registro tras conseguir plaza en el mercantil número cinco de Madrid.

Discriminaciones ferroviarias / Inocencio Arias *

Todas las zonas de España tienen un manojo de agravios. “El gobierno de Madrid no se entera” es una queja generalizada. Los que más gritan son los separatistas catalanes. Ya saben ustedes, se está robando a Cataluña y se la asfixia culturalmente. Luego está lo de las gravosas autopistas, las tardanzas ferroviarias con esa comunidad etc. 

Cuando viajas por España, sin embargo, y yo lo hago, te das cuenta que hay otras autopistas de peaje, no solo las catalanas y que, ¿será una casualidad?, Cataluña es la única comunidad autónomas en la que el AVE llega a sus cuatro capitales. Curiosa casualidad y curiosa forma de asfixiarlos económica o culturalmente cuando la ministra Celaá puede que dé allí otro mazazo al castellano.

Ocurre, sin embargo, que otras muchas zonas del país están de verdad asfixiadas logísticamente. Los extremeños protestan de nuevo con razón, lo de su tren es penoso. El Presidente gallego ha perdido la cuenta del número de ministros, algunos de su partido, que le han asegurado que el AVE era cuestión de meses; he ido a Granada, la de la Alhambra y otras joyas turísticas, por carretera, claro, porque hace unos 1.100 días que no hay tren. 

La tardanza en llegar en ferrocarril a mi provincia de Almería es casi la del tardo franquismo, te obliga a ir en avión aunque ames a la Renfe, y ahora me ha tocado Murcia, una capital, aunque mucha gente lo ignore, séptima ciudad de España y una comunidad uniprovincial con más población que todo Aragón. Primera exportadora de fruta de nuestro país.

Mi tren a Murcia ha empleado cuatro horas y veintiséis minutos. Increíble. Eso en fechas en que los murcianos se percatan de que el AVE se retrasará de nuevo y no solamente unos meses. Bastante más. (Hace cinco noviembres un hotelero murciano, soñador él, me decía que podía inaugurarse después de aquella Navidad). 

Me cuentan que las autoridades murcianas, incluido su animoso Presidente, se enteraron del atraso por unas declaraciones a la prensa del delegado del Gobierno. Debe ser el toque elegante de la era del doctor Sánchez. Como Presidente del gobierno proclama que será bueno que el Mundial de Fútbol sea organizado por España y Portugal sin haber consultado a los dirigentes lusos. Su subordinado en Murcia informa sobre la postergación temporal del AVE sin hablar con los mandos de esa Comunidad.

Lo del tren de Murcia, no estoy hablando del pueblo de Villapelusa del condado, es de llorar; la Comunidad, me estoy repitiendo, cuenta con un millón quinientos mil habitantes. El reiterado retraso, con evidentes consecuencias para su exportación y turismo, tiene repercusiones asimismo en las instalaciones. 

La estación, con parches constantes mientras no llega el tren rápido, tiene un aspecto patético. Peor que cuando yo estudiaba allí hace más de medio siglo. Salas de espera improvisadas en los andenes, entrada por recovecos, gente de Renfe amable y eficaz pero en instalaciones lamentables, obritas aquí y allá…Todo desvencijado, propio para un rodaje de una película cuya acción transcurra hace un siglo. 

Uno espera ver bajar de un anticuado coche cama a Kira Knightley o a Amparo Rivelles y a un huertano con guardapolvos que se quita la gorra y le dice: “señora condesa, la calesa (o la tartana) está al final de este sendero, cuidado por donde pisa porque ha llovido y está lleno de charcos”. 

Hace 105 años cuando el ministro Bugallal, antes de firmar la orden de creación de la Universidad, argumentó en desagravio que “Murcia es la cenicienta de las provincias españolas”. 

Entrado el siglo XXI, la región ha subido espectacularmente, en algunos aspectos, como la actividad agroalimentaria, tiene rango de princesa. En el tren, con todo, es una de las cenicientas.

(*) Diplomático almeriense

https://www.republica.com/relatos-diplomaticos/2018/11/22/discriminaciones-ferroviarias/ 

Iglesias pide una república para romper España / Pablo Sebastián *

El diario El País ha publicado, en su página 26 y fuera de su sección de Opinión, un artículo secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, bajo el titulo de: ‘¿Para que sirve hoy una Monarquía?’. El escrito revela la nueva deriva republicana de Podemos ante el deterioro electoral de su formación política a la que las encuestas le otorgan una pérdida notable de intención votos de 4 ó 5 puntos con respecto a los comicios generales de 2016.

Lo que no impide reconocer que tanto Iglesias como Podemos siempre han defendido la República como su ideal político para España, aunque en los últimos tres años y en sus grandes manifestaciones (en la Puerta del Sol en enero de 2015) y Asambleas de Vistalegre 1 y 2 lo han escondido.

El argumento de Iglesias para abrir el debate de la República se basa en imputar al rey Felipe VI, con falsedad, que La Corona ya no garantiza la unidad de España en Cataluña y País Vasco. 

Y centra Iglesias su ataque a la Monarquía en el discurso de Felipe VI de 3 de octubre de 2017 donde el Monarca defendió el orden constitucional frente a la ruptura de la legalidad y la violación flagrante del Estatuto y la Constitución que impulsaron la Generalitat y el Parlament con los apoyos de ERC, PDeCAT y la CUP .

Ese discurso de Felipe VI no solo fue un importante alegato en defensa de la unidad de España y de la Constitución, sino la obligación del Jefe del Estado frente a los graves y delictivos acontecimientos, exigiendo al Gobierno de España, ante la débil actuación de Rajoy, la recuperación del orden constitucional lo que, lamentablemente, aún está por consolidar.

De manera que la actuación del rey Felipe VI, como la de su padre Juan Carlos I frente al golpe de Estado del 23-F, fue impecable y democrática en contra de lo que afirman Iglesias y Podemos. Los que, tras inhibirse en los inicios golpistas, finalmente se han sumado al golpe catalán negando la evidente violación de la Ley, el Estatuto y la Constitución, y situándose del lado de los responsables del golpe a los que tildan de ‘presos políticos y exiliados’, faltando a la verdad y negando la legalidad.

De ahí el apoyo de Podemos a la reprobación del Rey en el Parlament y el Ayuntamiento de Barcelona y, en vísperas de los ya cercanos procesos electorales, la nueva proclama republicana de Iglesias como banderín de unas campañas electorales donde pretenden marcar en la izquierda ciertas distancias con el PSOE. Partido que les quita a Podemos muchos votos a nivel nacional amparado en los gestos progresistas del Gobierno del PSOE.

Pero el alegato republicano de Iglesias lejos de apoyar la unidad de España como pregona pretende precisamente lo contrario como se aprecia en las últimas líneas de su artículo donde escribe: ‘Una nueva república será la mejor garantía para una España unidad sobre la base del respeto y la libre decisión de sus pueblos y sus gentes’.

Es decir una República que favorezca el derecho de autodeterminación de todas las Autonomías (empezando por Cataluña y País Vasco) y también de las provincias, ciudades y pueblos de España (Tabarnia ahí incluida) lo que conduciría a la centrifugación del Estado y la destrucción de España.

Por supuesto Iglesias en su escrito republicano no reproduce, aunque publicadas están, las que han sido sus posiciones anti democráticas en contra de la separación de los Poderes del Estado, las libertades o la independencia de la Justicia y los medios de comunicación porque él está en línea con el ‘centralismo democrático’ de regímenes comunistas, o los populistas y bolivarianos como el de Venezuela. Ni tampoco menciona su frontal animadversión a la Unión Europea a la que España pertenece.

A sabiendas Iglesias, como debería desde su condición de profesor en la materia, que esa separación de Poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, y la libertad de Prensa, son las bases indiscutibles de toda República y no la autodeterminación de una o varias partes del territorio nacional, lo que no existe fuera de la ley y la Constitución, en los sistemas democráticos de todo el mundo.

La pregunta que surge tras la lectura del artículo de Iglesias, en el que si hace un buen relato de la Transición, no es la de ‘¿Para qué sirve hoy la Monarquía?’, sino ‘¿Para qué sirve hoy y hacia dónde camina Podemos?’ 

Y ellos dirán que para impulsar políticas sociales, lo que es cierto pero en el ámbito democrático, institucional y territorial y de las libertades no aportan nada bueno ni positivo para España y Europa, y de ahí su techo electoral.

(*) Periodista

https://www.republica.com/el-manantial/2018/11/22/iglesias-pide-una-republica-para-romper-espana/ 

El torcido Estado de derecho / Ramón Cotarelo *

Mi artículo en elMón.cat del miércoles, titulado Jueces injustos y políticos corruptos. Por desgracia, no requiere mayor aclaración. La jornada ha venido a confirmar lo desesperado de la situación. 

 

Tras el whatssapp de Cosidó (que pudiera no ser de Cosidó, sino de alguno/a más arriba) y la renuncia de Marchena, los tres partidos interesados en la renovación del CGPJ, PP, PSOE y Podemos, retiran sus candidatos. Consejo vacante.

El PP replantea su vieja fórmula: el CGPJ debe ser elegido por los propios jueces y magistrados. Y resurge así un debate de los primeros tiempos de la Constitución. El PSOE, por boca de su vicepresidenta del gobierno, defiende la fórmula también clásica del PSOE que juzga más progresista y democrático el nombramiento en sede parlamentaria. 

En principio, para Palinuro, correcto. El nombramiento a través de jueces es sospechoso de prácticas corporativas y, tratándose de España, clientelares y hasta nepotistas. No hay más que mirar la composición de muchos órganos judiciales.

Pero resulta que el nombramiento parlamentario plantea otros problemas no menos graves, como la politización de la justicia, la última de las corrupciones. Un partido corrupto, como el PP, con mayoría parlamentaria absoluta acaba produciendo un poder judicial corrupto. 

Aquí el texto en castellano.

Jueces injustos y políticos corruptos

                                                                                                             

Lamela es una incompetente. Por eso la han ascendido. Llarena es un incompetente, probable causa de la nulidad de la farsa judicial del 11-0; también ascendido. Lesmes, un incompetente, manipulador e intrigante, irá a un destino radiante. Marchena otro incompetente enchufado nepotista y ahora dimitido al que sus colegas alaban por su rectitud moral.

No, no son las zahurdas de la Justicia. Es la cúpula misma del poder judicial. En cualquier otro lugar del mundo sería imposible tanta y tan inepta corrupción acumulada. Pero en otro lugar. En España, en donde los banqueros roban, los rectores plagian, los curas violan, los policías delinquen, los empresarios estafan, los periodistas mienten y los políticos hacen todo eso y más, lo normal es que los jueces prevariquen.

Pero sucede que esta cuadrilla de indeseables tiene en sus inescrupulosas manos el destino de quince personas inocentes sometida a la injusticia de sus inicuas decisiones. Estos magistrados y magistradas, jueces y fiscalas que no saben dictar una euroorden, ni instruir un proceso, ni respetar un reglamento, ni cumplir la ley tienen encerrados y/o exiliados por razones políticas desde hace meses a ciudadanos ejemplares, representantes democráticos que no han hecho otra cosa que cumplir el mandato popular.

¿Quién compensará a estas víctimas de un daño tan inmenso? ¿Quién les devolverá el tiempo perdido a ellos/as y sus familias? ¿Cómo puede la sociedad no exigir su libertad inmediata el castigo ejemplar a los victimarios prevaricadores al servicio de la tiranía española? La conciencia moral española está muerta. Y, si se trata de victimizar a los dirigentes catalanes y a todo el pueblo de Catalunya, está muerta y enterrada. Y eso es grave, muy grave. En realidad, es indignante.

Es indignante que, para mantener un régimen podrido de corrupción y latrocinio, administrado por los franquistas del PP o sus sucesores, los neofranquistas del PSOE, sea preciso negar sus derechos y encarcelar injustamente a la gente, destrozarle la vida y la de sus familias.

Es indignante que eso se haga por connivencia y orden de un poder político corrrupto hasta la médula. Que la última fase de este contubernio vergonzoso se haya descubierto por el whatsap de otro incompetente que durante sus años como Director General de la Policía estuvo cometiendo todo tipo de desmanes.

Es indignante que se haga con la colaboración y complicidad activa del PSOE, que venía a acabar con la corrupción y a regenerar la política. Su ministra de injusticia, otra incompetente en amistosas relaciones con la mafia policial/judicial que va a lo suyo, habla de independencia judicial, pensando que la gente es idiota. Por no hablar de su ministro del Interior, otro juez incompetente que nunca veía torturas en donde las había.

Es indignante que el PSOE haya cerrado filas con el anterior partido de ladrones y criminales para bloquear la investigación parlamentaria sobre las presuntas corruptelas del Borbón emérito. Y también que haya llegado a un acuerdo propio de granujas del hampa, para proteger al gran responsable del saqueo de España, de la guerra sucia contra Catalunya, de la ruina del país y su ruptura, el corrupto M. Rajoy (a) el Sobresueldos.

Y todo este panorama es el contexto en que se produce el abuso de un juicio político a demócratas, apoyado por unos medios sectarios y unos partidos políticos coincidentes en que “contra Catalunya todo vale”. Incluida la “verdadera” izquierda de Podemos que se ha prestado a chantajear al independentismo para que se olvide de nuestros presos/as y exiliadas/os políticas.

Un sentido mínimo de la justicia manda anular esta farsa judicial de raíz. Exonerar de cargos falsos a los/as presas/os y exiliados políticos, reponerlas en sus cargos y proceder contra quienes han organizado este ridículo pandemónium en el ámbito político y en el judicial.

 

 

 

(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

Gibraltar o el orgullo español / José Antich *

En plena campaña de las elecciones andaluzas ―esos comicios que se celebrarán el día 2 y que giran fundamentalmente sobre Catalunya― al gobierno de Pedro Sánchez le acaba de estallar el obús de Gibraltar. 

 En la recta final de las negociaciones del Brexit entre la Unión Europea y el Reino Unido, Bruselas y Londres acaban de introducir unas modificaciones en el memorándum que, en la práctica, alejan el Peñón de Madrid, ya que vienen a reconocer que su futuro depende del Reino Unido, dando por buena su pertenencia a la familia británica. De aprobarse así el domingo en la cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la UE, la reivindicación española de Gibraltar pasaría a ser historia.

España ya ha anunciado que de no modificarse, no votará el acuerdo y la primera ministra británica, Theresa May, por su parte, ha respondido que protegerá la soberanía británica de Gibraltar. Mientras todo esto sucedía, Pedro Sánchez hacía pucheros y desde Exteriores se aseguraba que el Reino Unido había actuado con nocturnidad y alevosía. 

Del ministro Josep Borrell, el titular del ramo, tan locuaz en otras ocasiones, se saben pocas cosas después de su último incidente en el Congreso de los Diputados asegurando, y mintiendo, que un diputado de Esquerra Republicana le había escupido en el hemiciclo. Algo que ha resultado ser falso y sobre lo que aún no se ha disculpado pese a la evidencia manifiesta de que era mentira.

Borrell sí que ha hablado sobre el Reino Unido desde Bruselas para el semanario Politico en aquellas declaraciones tan controvertidas en las que vaticinó que antes se rompería el Reino Unido [por Escocia] que España [por Catalunya]. Unas manifestaciones que no sentaron nada bien en Londres pero eso al ministro Borrell no parece preocuparle mucho ya que no deja de ser un frente más de los que tiene abiertos la diplomacia española. 

Acaba de presentar una queja a su homólogo francés por las protestas de los chalecos amarillos en la frontera que considera interfieren el comercio; ha retirado el estatus diplomático al embajador de Flandes en España y ha abierto una crisis importante; y ha exigido a Grecia, y logrado, el cese de su cónsul honorario en Barcelona por su simpatía con el movimiento independentista catalán.

Demasiados frentes para un político cuyo principal objetivo a estas alturas no es la política exterior española. Aunque la UE es el club de los acuerdos por muy difíciles que parezcan y de no dejar desairado a uno de sus socios, en el Madrid incendiado que es hoy la capital española se puede aceptar el descrédito de todas las instituciones pero Gibraltar es un punto y aparte. Es el orgullo español.

(*) Periodista y ex director de La Vanguardia

https://www.elnacional.cat/es/editorial/jose-antich-gibraltar-orgullo-espanol_327573_102.html 

La educación saudí en el odio / Félix Flores *

El número de yihadistas dispersos por el mundo es casi tres veces mayor que en el 2001, cuando se cometieron los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, mientras que conceptos ideológicos fanáticos y de odio que alimentan el yihadismo siguen apareciendo en los libros de texto de Arabia Saudí, que no solo se utilizan en este país sino que se exportan o llegan a la mayoría de países existen comunidades musulmanas, sean mayoritarias o minoritarias.

Dos informes estadounidenses han venido a coincidir estos días en un momento en que el asesinato del periodista Jamal Khashoggi ha puesto el foco en el reino saudí. El primero, del Center for Strategic and International Studies (CSIS), analiza “La evolución de la amenaza salafista-yihadista” después de la aparente derrota del Estado Islámico y señala que actualmente existen 67 grupos yihadistas, con un total de entre 125.000 y 230.000 miembros (un margen quizá demasiado grande). 

El segundo informe se fija en los libros de texto saudíes de enseñanza primaria y secundaria para el curso actual. En ellos se dicen cosas como estas: 

-“La cristiandad en su estado actual es una religión pervertida y no válida”.

-“Entre los más prominentes efectos del sionismo en el mundo están la difusión de drogas y enfermedades sexuales y otras en muchos países musulmanes”.

-“Los pueblos que son originalmente infieles, como los judíos, los cristianos y los paganos (...) Llamar a estos pueblos infieles es una obligación, porque aquel que no les llame infieles o dude de su carácter infiel es él mismo un infiel”.

Los extractos pertenecen a Teaching Hate and Violence: Problematic Passages from Saudi State Textbooks for the 2018–19 School Year (Enseñando odio y violencia: pasajes problemáticos de los libros de texto saudíes para el año escolar 2018-19), que ha sido publicado por la Liga Antidifamación, un poderoso lobby judío estadounidense, y su autor es David Andrew Weinberg, un hombre que lleva años dedicado a los libros de texto saudíes, antes como miembro de la neocon Foundation for the Defense of Democracies.

En este empeño, Weinberg declaró en el 2016 ante el Congreso de EE.UU., pidiendo que interviniera ante Arabia Saudí. Decía entonces lo siguiente: “En el 2014 expuse en una monografía que el Departamento de Estado había destinado medio millón de dólares de los contribuyentes a un estudio de los libros de texto saudíes destinado a ser publicado, pero en lugar de esto fue congelado para evitar comprometer a los saudíes o la administración de EE.UU. 

Sus hallazgos, muy detallados, fueron ocultados durante años y solo fueron expuestos ante los saudíes de alto nivel después de que los libros que habían sido evaluados ya estaban obsoletos”.

El problema con los libros saudíes es que alcanzan todo el orbe. Las autoridades y fundaciones religiosas y benéficas saudíes hacen proselitismo por todo el mundo del wahabismo, su propia versión del salafismo suní, que ha sido repetidamente calificada de oscurantista y radical. Desde el siglo XVIII, los wahabíes han sido aliados de la familia Al Saud y un pilar del régimen a partir de la fundación del estado saudí en 1932. 

El hecho de ser país custodio de La Meca y Medina y el recurso del petróleo ha permitido a los saudíes construir miles de mezquitas, escuelas coránicas y centros islámicos desde el norte de África hasta el sudeste asiático, pasando asimismo por Europa. Con todo ello van los libros y su propia versión del Corán.

Este influjo ha ido imponiendo una única manera de ver las cosas en países de cultura islámica diversa, y ha fomentado, indiscutiblemente, el radicalismo. La prueba más evidente es que el Estado Islámico estuvo utilizando libros saudíes para su adoctrinamiento hasta que empezó a editar los suyos propios, y aun así continuó basándose en las ideas wahabíes.  

Washington ha sido siempre consciente del influjo destructivo del wahabismo, pero, que se sepa, no abordó la cuestión con los saudíes hasta casi diez años de los atentados del 11-S, 15 de cuyos 19 autores eran de esa nacionalidad. Con los años, y siguiendo el relato del propio David Weinberg, el gobierno saudí ha ido anunciando “reformas”, pequeños cambios de vez en cuando...

Según Weinberg, los textos que rigen en el curso académico saudí actual –y que afectan a la enseñanza primaria pero sobre todo a la secundaria– son algo menos intolerantes que en el curso 2010-2011, en que se decía que dios convirtió a los judíos en monos y cerdos y daba por auténticos los llamados Protocolos de los sabios de Sión, un clásico histórico del libelo antisemita, publicado en Rusia en 1902 y que ha sobrevivido durante décadas (de forma notoria, en la Europa del este tras la caída del muro de Berlín). 

Sin embargo, señala el autor, esos libros “aún contienen pasajes que animan al fanatismo o a la violencia contra numerosas categorías de personas, incluidos judíos, cristianos, musulmanes chiíes y sufíes, mujeres, personas que practican el sexo anal y cualquiera que se mofe o se aparte del islam”.

Más ejemplos:

-”Pegar a las mujeres está permitido cuando es necesario”.

-”Uno de los casos más serios de imitación de los infieles: unirse a los infieles en sus celebraciones, ya que esta es una de las mayores en términos de daño y perjuicio y la más extendida entre los musulmanes, y esta participación está prohibida por lo que contiene en términos de aceptación hacia ellos con algo que no es de nuestra propia religión”. 

En otros términos: nada de dejarse invitar a compartir fiestas religiosas, ninguna convivencia con el vecino... Este mensaje –dado que no hay otra religión que el islam en el país– está obviamente orientado a la separación de la mayoría suní de la minoría chií. Fuera de Arabia Saudí, da argumentos a políticas como las que aplicó el Estado Islámico en la ciudad iraquí de Mosul, donde siempre habían convivido suníes, chiíes, kurdos, cristianos, judíos y otras confesiones minoritarias.

Si nos fijamos ahora en el estudio del Center for Strategic and International Studies de Washington sobre el estado actual del yihadismo, resulta que este think tank muy ligado al poder señala que la marginación de los suníes en Irak nutrió las filas del Estado Islámico, pero no reconoce que lo facilitó el apoyo estadounidense a un gobierno sectario chií.También atribuye el resurgimiento de Al Qaeda y la aparición del Estado Islámico a la retirada de las tropas norteamericanas y occidentales.

El CSIS admite al menos “un componente importante –quizás el más importante– de la política occidental debería ser ayudar a los regímenes que afrontan el terrorismo a mejorar su gobernanza y a resolver de manera más efectiva los agravios –en lo económico, lo sectario...– que han sido manipulados por los grupos salafistas yihadistas”.

Siria, Libia y Afganistán, países abocados al caos después de intervenciones militares occidentales, concentran las mayores proporciones de yihadistas, según estos mínimos y máximos:

- Afganistán: entre 27.000 y 64.000

- Libia: entre 4.900 y 9.900

-Siria: entre 43.650 y 70.550

A ellos se suman Pakistán, con al menos 17.900, e Irak, con al menos 10.000. Más Nigeria, Mali, Somalia, Filipinas y Yemen.

En todos los casos ha estado presente la ideología radical wahabí, aunque en el caso de Afganistán y Pakistán los talibanes tienen su propia versión. Resulta curioso que el CSIS no hace mención del factor ideológico salvo para señalar que “otra ronda de la Primavera Árabe o el colapso de uno o más gobiernos en el mundo árabe podrían permitir fortalecerse al Estado Islámico, Al Qaeda u otros salafistas yihadistas”.

Es decir, según este criterio, fueron las primaveras árabes -y no su fracaso- lo que favoreció a los yihadistas, y si cae uno de esos gobiernos contra los que se manifestaba la gente en el 2011 será peor... 

Donald Trump, cuando estaba en campaña electoral, decía que los saudíes eran “los mayores financiadores del terrorismo del mundo”. Ahora defiende al príncipe Mohamed bin Salman, fuera culpable o no de la muerte de Khashoggi.

(*) Periodista

https://www.lavanguardia.com/autores/felix-flores.html