No cabía esperar otro fin que no fuera el naufragio para una singladura
instructora tan errática, anómala y voluntarista como la llevada a cabo
por Llarena. Ya tenemos el primer pecio: la euroorden belga. No es lo
mismo creer que el fin último de preservar la unidad de España soportará
todos los medios, incluso los irregulares, en un país cuyos altos
tribunales tienen un nivel de sumisión a la llamada Razón de Estado
inaceptable, que intentar que ese trágala funcione también en el resto
de Europa.
No se trata de ningún manejo extraño ni de estados hostiles
ni de nada de lo que nos van a argumentar ahora, sino de que las
anomalías en esas euroórdenes con freno, marcha atrás y regreso no son
digeribles por nadie que no esté dispuesto a supeditar la ley a los
deseos, por muy patrióticos que estos sean.
La fiscalía belga ha acabado por presentar los mismos
argumentos que las defensas de los ex consellers porque el cenagal
procesal en el que Llarena ha sumido el procedimiento no admite mirar
para otro lado. En su informe, los fiscales belgas desgranan con
indisimulado estupor las incongruencias y renuncios, por no decir
falsedades y contradicciones, que los reclamantes españoles han ido
poniendo sobre la mesa de la Justicia belga. Dejan claro que no se trata
de cuestiones formales de la euroorden, como que esta sea incompleta o
que contenga alguna inexactitud o falta de claridad, puesto que la
jurisprudencia belga ya establece que eso no sería un motivo para
denegar la ejecución de una orden europea de detención y entrega.
No, la
cuestión va más allá. La Fiscalía deja claro que es preciso que la
autoridad judicial belga verifique si la orden de detención ha sido
emitida por una autoridad judicial, si procede efectivamente de esa
instancia judicial y si, atención, la orden está precedida de una orden
de detención nacional. “Si no se cumplen estas condiciones, la orden de
detención europea no es regular y, por lo tanto, no se puede ejecutar”.
Lo que está claro es que un auto de procesamiento no tiene en ningún
lugar ni de dios ni del diablo el valor de una orden de detención “y por
lo tanto no puede constituir una base válida para ejecutar la
euroorden”.
Así que ahí que se pone la Fiscalía belga a determinar
si existe esa orden de detención nacional previa o no, de la que cuelgue
su euroorden. Y hasta le piden ampliación a España sobre tal
circunstancia. El caso, por abreviar, es que Llarena les respondió a
través de Eurojust que en su auto de procesamiento prorrogó las medidas
cautelares de Lamela y eso incluía la orden de detención. Quiere decir
pues que la orden de detención nacional válida es la dictada el 3 de
noviembre de 2017.
Claro que, dicen los belgas, si el título de
detención válido es ese -dado que la euroorden no es autónoma, sino que
cuelga de esa orden nacional- es de esperar que “su contenido responda
con los hechos y calificaciones penales conexas”. Lo que sucede es que,
en sus explicaciones, Llarena evidencia que eso no es así, sino que se
remite al auto de procesamiento, y además queda que se ha ampliado y
alterado el contenido de las misma.
Hay un párrafo de los fiscales
belgas que es demoledor para el Tribunal Supremo español y que se
refiere a las contradicciones de las diversas explicaciones y
ampliaciones de Llarena: “Las órdenes subyacentes, repentinamente, ya no
son las de noviembre de 2017 -contrariamente a lo dicho a Eurojust-,
tampoco el auto de procesamiento en sí -como se menciona en la carta de
Llarena- sino las órdenes emitidas el mismo día que la euroorden y que
son esencialmente una mera repetición del auto de procesamiento”.
Así
que, tras este fárrago, los fiscales, al igual que las defensas, han
determinado que “en realidad no existe una orden de detención nacional
subyacente que se corresponda en esencia con la orden de detención
europea”. Se acabó. Es irregular y el procedimiento queda sin objeto. El
tribunal no ha podido sino admitir la alegación coincidente de ambas
partes.
¿Cómo ha hecho este ridículo un magistrado del Tribunal Supremo?
Queriendo jugar con el procedimiento como si fuera una parte procesal
habilitada para intentar buscar los resquicios del sistema. Lo que le
podría estarle permitido a un defensor no puede hacerlo un instructor.
Retirar la euroorden cuando se constata que no se va a obtener lo que se
pretende, por causas legales, y hacer una prestidigitación para
conseguir por otras vías lo pretendido junto a otros fines, que no
pueden ser considerados sino políticos, como obtener la inhabilitación
en un plazo determinado, no casa con la tarea del juez.
La decisión belga de denegar de plano la entrega y terminar el
procedimiento ha coincidido casi en el tiempo con el planteamiento
público de Pedro Sánchez de una posible reforma legislativa del delito
de rebelión. No es una propuesta baladí ni a humo de pajas, que el líder
de los socialistas plantee esta posibilidad implica el reconocimiento
de que los hechos sucedidos en Catalunya no encajan ni a martillazos en
el tipo penal existente y, por lo tanto, como venimos diciendo el
procedimiento de Llarena se desmorona, a pesar de haber sido utilizado
para restringir derechos y libertades.
Hace casi un año que lo escribí:
los independentistas catalanes estaban surfeando el Código Penal y
evitando incumplirlo. No vale pues ahora intentar encajar a martillazos
su insurrección pacífica 2.0 en un tipo de rebelión que es el que es. Si
se pretende cubrir lo sucedido, habrá que estudiar las posibilidades de
legislación, que tampoco están claras, pero nunca de forma retroactiva
sino pensando en el futuro.
Todo esto sólo me hace
volverme a situar en el grupo de los que creen que no todo vale y que el
Estado sólo puede defenderse de forma legítima y sin trampas ni atajos.
Prefiero que España no se rompa, pero exijo que no quiebren el Estado
de Derecho precisamente los llamados a defenderlo. Me da pena que haya
sido preciso ir a buscar la Justicia en el exterior, pero cada vez queda
más claro que esa estrategia era la única posible.
En España todo
esguince jurídico iba a ser aceptado. Los belgas no han tragado y los
alemanes tampoco lo harán. Nadie socava su propio Estado de Derecho por
amparar a otro país. Es demasiado lo que hay en juego, aunque Llarena y
otros no quieran verlo.
(*) Periodista
