BERLÍN.- Las cajas de ahorro españolas podrían verse obligadas
a deshacer sus posiciones de control en la banca comercial española,
según se desprende del borrador del Memorándum de Entendimiento acordado
entre Bruselas y el Gobierno español para la recapitalización del
sistema financiero nacional.
Según una copia del borrador del MoU -siglas en inglés
del documento- a la que tuvo acceso la agencia británica Reuters, España deberá "preparar
para finales de noviembre de 2012 una legislación que clarifique el
papel de las cajas de ahorro en su papel de accionistas de entidades de
crédito con la idea de reducir eventualmente sus participaciones a
posiciones de no control".
En todo caso, España deberá ofrecer una hoja de ruta
para antes de diciembre de 2012 con el fin de que las entidades
financieras que hayan recibido ayudas salgan a Bolsa.
La desaparición de los vínculos entre las cajas y los
bancos que han creado -y por tanto entre estas entidades financieras y
los poderes políticos que durante décadas las han controlado- está en
línea con las recomendaciones de un reciente informe del FMI sobre el
sector bancario español, cuya larga resaca de la burbuja inmobiliaria ha
hecho necesario el rescate por parte de los socios europeos.
Los ministros de finanzas de la zona euro acordaron en
la madrugada del martes otorgar a Madrid relajar el calendario de
consolidación a cambio de nuevos ahorros presupuestarios y establecieron
los parámetros de un paquete de ayuda para los bancos de España, con un
máximo de 100.000 millones de euros, y la concesión anticipada de unos
30.000 millones de euros estarían disponibles para fines de julio si hay
una necesidad urgente.
Es previsible que estos 30.000 millones de euros, para
los que España tendrá que enviar una petición, vayan a cubrir las
necesidades de las cuatro entidades en manos del Estado (Bankia,
CatalunyaCaixa, NGC Banco y Banco de Valencia).
Aunque las condiciones que se exigen a España a cambio
del rescate de su banca son específicas para la banca, el MoU señala que
"en paralelo España tendrá que cumplir plenamente sus compromisos y
obligaciones bajo el EDP (procedimiento por déficit excesivo) y las
recomendaciones para abordar los desequilibrios macroeconómicos dentro
del marco del semestre europeo".
Estas condiciones llegan en un momento en el que el
Gobierno español se dispone a aprobar una serie de ajustes fiscales que
coincidirán previsiblemente con las recomendaciones presupuestarias de
Bruselas con el fin de reconducir las cuentas públicas dentro de los
límites europeos de déficit.
Los avances en este sentido "se vigilarán
estrechamente", dice el borrador del MoU, que añade que habrá un control
trimestral -incluyendo visitas al país- del programa de ayuda a la
banca a cargo de las autoridades europeas, acompañadas por el FMI.
La recapitalización de los bancos, que finalmente
parece que no podrá hacerse de manera directa hasta el año que viene
-una vez esté en vigor el supervisor bancario europeo-, se realizará a
través del estatal FROB, que recibirá bonos del FEEF (fondo temporal de
rescate europeo, que será sustituido posteriormente por el MEDE) para
entregárselos a los bancos. Las entidades podrán utilizar estos bonos,
que tendrán una vida media de 12 años y medio, para obtener liquidez del
BCE, según dijo el ministro español de Economía, Luis de Guindos.
Está previsto que las condiciones finales del crédito
al sector bancario español -con un interés que estaría en torno al 3-4
por ciento- se firmen el 20 de julio.
El documento incluye numerosas condiciones a las
entidades financieras que reciban ayudas y al conjunto del sector
financiero, entre ellas que todas las entidades deberán tener un capital
principal Tier 1 -una medida de la solvencia de los bancos- de al menos
el 9 por ciento hasta finales de 2014.
Esta exigencia de core capital ya estaba vigente como
resultado de las exigencias de la EBA para los bancos sistémicos
europeos, entre ellos las cinco mayores entidades españolas -seis
teniendo en cuenta la compra de CAM por Sabadell.
En el MoU, las autoridades españolas se comprometen a
dar un papel más preponderante al Banco de España, estableciendo una
nueva legislación que le transfiera la potestad sancionadora y de
concesión de licencias para la banca española.
No obstante, el Banco de España estará controlado muy
cerca por la Comisión Europea, con el asesoramiento de la Autoridad
Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés), el BCE y el FMI, que
recibirán, con carácter semanal, información sobre el nivel de depósitos
bancarios y de la posición de liquidez de las entidades y, cada tres
meses, sobre el nivel de deuda soberana que atesoran los bancos en sus
carteras.
En el MoU se establece un calendario para el proceso de
recapitalización, con la vista puesta en las pruebas de estrés que se
realizarán en la segunda mitad de septiembre y que servirán para
dividir, en octubre, a los bancos en cuatro grupos: entidades sin
necesidad de capital, las cuatro entidades ya nacionalizadas, entidades
que necesitan más capital pero lo pueden captar por sí solas y entidades
que necesitan ayuda pública.
Los bancos que reciban ayudas deberán además transferir
sus activos problemáticos a una sociedad de liquidación (el denominado
"banco malo", que deberá estar listo antes de que acabe este año),
recortar sucursales y plantilla, vender participaciones industriales y
activos no estratégicos, no podrán pagar dividendo y deberán limitar el
salario de sus ejecutivos.
Asimismo, aquellos inversores que posean títulos
híbridos y de deuda subordinada de los bancos que reciban ayudas deberán
soportar una quita en el valor de sus participaciones.
