Empleados de CajaGranada se reunirán este sábado para decidir protestas ante BMN y no descartan la huelga

GRANADA.- Los trabajadores de CajaGranada tienen previsto celebrar una asamblea este sábado en la capital granadina para decidir nuevas estrategias y nuevas movilizaciones en contra de la propuesta para la segunda reestructuración laboral, que contemplan la extinción de 530 contratos --nuevo recorte que se suma a los 120 del ERE en vigor hasta las 650 extinciones--, el cierre de 120 oficinas, una reducción salarial del cinco por ciento durante dos años, y la suspensión rotatoria durante dos años de 800 contratos durante tres meses cada uno, entre otras medidas.

Fuentes sindicales han indicado que entre esas movilizaciones y nuevas acciones que llevarán a cabo "no se descarta ninguna medida, e incluso la más extrema de convocar una huelga general en el seno de la entidad".

Las fuentes han explicado que el pasado miércoles se han concentrado los trabajadores de BMN en Murcia y en Palma de Mallorca, que han efectuado paros de diez minutos en contra de dicha propuesta, en unas acciones que han tenido una "respuesta masiva" por parte de los empleados, según las fuentes.

Asimismo, las fuentes precisan que este próximo sábado se celebrará una asamblea en Granada a la que acudirán los 2.000 trabajadores de CajaGranada y donde éstos "tomarán decisiones y aportarán ideas y nuevas estrategias de movilización, sin descartar la huelga", con nuevas acciones en contra de la propuesta planteada por la dirección de la entidad.

"Aunque la negociación sigue abierta, no vamos a negociar nada que suponga despidos de la plantilla, y menos de carácter forzoso", han agregado las fuentes, que destacan la importancia de la asamblea del sábado, donde "los trabajadores de CajaGranada adoptarán una posición ante este conflicto".

El grupo BMN (Banco Mare Nostrum), formado por CajaGranada, Cajamurcia, Caixa Penedés y Sa Nostra, ha planteado a las centrales sindicales su propuesta para la segunda reestructuración laboral necesaria para cumplir los requisitos apuntados por el Gobierno, que contemplan la extinción de 530 contratos --nuevo recorte que se suma a los 120 del ERE en vigor hasta las 650 extinciones--, el cierre de 120 oficinas, una reducción salarial del cinco por ciento durante dos años, y la suspensión rotatoria durante dos años de 800 contratos durante tres meses cada uno, entre otras medidas.

Según la propuesta planteada por la dirección de BMN en la reunión mantenida con los sindicatos, este plan de reestructuración tiene por finalidad "adecuar el volumen de plantilla a las necesidades reales de BMN, adecuar los costes de personal a las posibilidades reales del banco, teniendo en cuenta la coyuntura económica en la que nos encontramos y armonizar las condiciones laborales, conforme a los compromisos adquiridos por ambas partes en el pacto laboral de 2010 y en el protocolo de intenciones de 2011".

Esta negociación "deberá estar cerrada antes del 31 de marzo".

El plan de reestructuración contiene una serie de medidas de carácter "coyuntural" para "dar respuesta a la necesidad de liberar recursos económicos hasta que se devuelvan las ayudas públicas", y otras con un carácter "permanente o estructural", para "alcanzar los datos de eficiencia y eficacia necesarios para operar en el mercado e igualdad de condiciones que el resto de entidades bancarias".

Incluyen el contenido del juicio a Amorós en la querella a los exdirectivos

ALICANTE.- La Plataforma CAM incluirá en la querella de acción popular en la Audiencia Nacional contra la antigua cúpula directiva de Caja Mediterráneo las pruebas aportadas en el juicio con la ex directora general, María Dolores Amorós, referidas a que hubo un supuesto delito de estafa.

El pasado 24 de febrero los juzgados de lo social de Alicante vieron la vista oral por el despido improcedente de Amorós, donde algunos de los peritos y nuevos responsables de la CAM tras la intervención por el Banco de España apuntaron que los anteriores gestores habían realizado diversas irregularidades.

El portavoz de la Plataforma, Carlos Pena, ha explicado hoy que en la querella se añadirán esas declaraciones de la vista oral de los interventores del Banco de España y de varios peritos.

Debido a esta novedad, la Plataforma no entregará hoy la querella en Madrid, como inicialmente estaba previsto, y lo retrasa hasta el próximo martes.

La iniciativa, respaldada por 130 afectados, busca una compensación económica para ellos por las cuotas participativas, participaciones preferentes y la deuda subordinada de la institución financiera con sede en Alicante.

La ampliación de la jornada laboral para personal del SMS supondrá "ajuste presupuestario" de 30 millones

 MURCIA.- El Ejecutivo regional ha aprobado este viernes, en Consejo de Gobierno, la ampliación de la jornada laboral del personal de Administración y Servicios, así como la de los trabajadores del Servicio Murciano de Salud (SMS), que queda establecida en ambos casos en 37,5 horas semanales y que será implantada a partir del día 12, como también para el personal docente --aprobada la semana anterior--.

En el SMS, el aumento de la jornada laboral se realizará convirtiendo en ordinaria la jornada de los sábados que realice el personal de este servicio hasta cubrir la ampliación horaria semanal en 2,5 horas.

   En el caso concreto del personal del SMS, la ampliación de esta jornada supondrá un "ajuste presupuestario" estimado en 30 millones a partir de esa fecha, de los que cinco millones se obtendrán al ser ordinaria la jornada del sábado; mientras que los 25 restantes vendrán de la ampliación de esa jornada, evitando así tener que contratar a unos 600 eventuales.

   Así lo ha explicado en rueda de prensa la consejera de Sanidad, María Ángeles Palacios, quien ha precisado que hay que hablar en todo momento de "ajuste presupuestario" y no ahorro, ya que en Sanidad "no se ahorra, dado que lo que no se gasta en algo se gasta en otra cosa", como por ejemplo, en este caso, en las peonadas, donde en el momento en que "las listas de espera empiezan a ser importantes se aligeran para no tener al paciente esperando". De ahí, que ha advertido que "nunca estará en juego eso, porque es la atención sanitaria que se le presta al paciente".

   En términos de empleo, ha lanzando un mensaje de tranquilidad al dejar claro que "no se tocará la plantilla, sino que se dejará de contratar por encima de plantilla, lo que serán sustituciones, vacaciones".

   Mientras que en la ampliación de jornada en 37,5 horas, en el caso de los médicos la consejera ha puntualizado que es donde se plantea la diferencia fundamental, ya que trabajan 48 horas.

   De forma que la diferencia está en ese exceso de horas, que antes eran 13 --jornada laboral de 35 horas-- y ahora pasan a 10,5 --jornada laboral de 37,5 horas--. Su distribución finalmente será la de trabajar dos sábados al mes, pues esas dos horas y media de más se computarán como 10 horas al mes, traducido en dos sábados mensuales tanto en Centros de Salud de Atención Primaria como en hospitales.

   Así, las 37,5 horas semanales para el sector sanitario se traducen en una jornada anual que se fija en 1.645 horas para el turno diurno, en 1.470 horas para el nocturno y en 1.530 horas para el turno rotatorio.

   Se vuelve, por tanto, a la situación anterior a 2008, donde todos los trabajadores de la Administración regional volverán a trabajar el mismo número de horas semanales que en 2007.

   Palacios ha recordado que en la primera reunión de la mesa sectorial "se trataba de escuchar a los sindicatos y saber cómo querían ellos que lleváramos a cabo la aplicación de esas 37,5 horas". "Sabíamos que no era aceptado por parte de los sindicatos esa jornada, pero era nuestra obligación reunirnos con ellos e intentar llegar a un acuerdo", ha incidido Palacios.

   Tras el planteamiento de distintas opciones, ha reconocido que "al final no ha habido acuerdo, pero para evitar cualquier tipo de daño o de hacer inventos distintos y plantear jornadas distintas se ha optado por volver otra vez a la situación que teníamos antes de 2008".

   Palacios ha dicho entender la postura "de cualquier persona que trabaje para la Administración Regional a la que se le pide el esfuerzo de trabajar más". "Entendemos que como sindicato y personas que defienden a sus trabajadores consideren que es una pérdida frente a lo que ocurría en 2008 y hasta 2011 y es cierto que llevaban una jornada de 35 horas y ahora se les pide ampliarla hasta las 37,5 horas y que como sindicato no quieran firmar ese acuerdo, pero sabemos que son conscientes de cuál es la situación actual", ha defendido Palacios.

   Que cuando un Gobierno regional "le pide ese esfuerzo es porque es necesario y son responsables y aunque no lo hayan firmado, lo entienden y no esperamos sinceramente que haya ningún tipo de movilización ni de presión al Gobierno".

   En esta línea, el portavoz del Ejecutivo regional, José Ballesta, ha recordado que la pasada semana el Consejo de Gobierno aprobó la aplicación de las 37,5 horas al personal docente de la Consejería de Educación, que supondrá un ahorro de 24 millones de euros hasta final de curso y de entre 55 y 60 millones a partir del próximo año.

   En su opinión, el Gobierno, en uso de su responsabilidad, "toma las decisiones y determinaciones que considera adecuadas en cada momento y esto es mejor para el mantenimiento no solo en lo que afecta a la continuidad de servicios públicos, sino también la calidad de los mismos servicios públicos".

   La nueva jornada se adapta a la actual realidad económica y al Real Decreto-Ley, de 30 de diciembre de 2011, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, además de estar incluida en la Ley de Presupuestos 2012 de la Región de Murcia.

   En el caso del personal de Administración y servicios, la medida fue abordada la pasada semana en la Mesa Sectorial de la Función Pública, en la que participan las organizaciones sindicales CCOO, UGT, STERM y CSIF.

   Esta decisión se ha tomado después de la celebración de la Mesa Sectorial de Sanidad, en la que se negociaron diferentes propuestas con los sindicatos CESM, SATSE, CCOO y UGT, sin llegar a alcanzar un acuerdo.

   Los profesionales del SMS han recuperado este año los complementos salariales por guardias y turnicidad que fueron minorados el año pasado por la aplicación de la Ley regional de Medidas Extraordinarias.

Retegui pedirá a Bernal que especifique la cuantía y los plazos para pagar a los proveedores

CARTAGENA.- La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Begoña García Retegui, le ha solicitado una reunión al consejero de Economía y Hacienda, Juan Bernal, para conocer el plan de pagos que tiene pensado ejecutar el gobierno Regional, donde "se especifique la cuantía y los plazos para pagar a los proveedores".

   Para Retegui se trata de "una cuestión de urgencia, para que no se cierren más empresas", a la vez que ha manifestado la intención de su Grupo Parlamentario de "ayudar a que se tramite de la forma más rápida y sin oposición por nuestra parte".

   Eso sí, ha matizado esta intención diciendo que "queremos que nos diga los datos, queremos saber cuánto dinero se debe y qué se va a dejar de pagar para pagarle a los proveedores".

   La portavoz socialista dice que está convencida que "en abril todavía no será posible hacer esos pagos" y que mientras tanto "no se puede tener entretenidos a los proveedores".

   Por todo ello, ha manifestado que lo que quiere es "un plan de pago real y efectivo para que todos sepamos lo que va a costar y cuándo se va a pagar".

El anuncio del ministro Arias Cañete sobre el PHN desilusiona en Murcia

MURCIA.- El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, José Manuel Claver, señala que el anuncio del ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, "es, en cierto modo, una desilusión" porque "las condiciones óptimas para su aprobación se dan ahora".

   Así, lamenta que el ministro "nos confíe a otra legislatura de la que desconocemos cuál será la capacidad del Gobierno que esté entonces".

   Y es que, indicó, "no sabemos si de aquí a cuatro años será posible llegar a algún tipo de acuerdo, porque necesitamos un gobierno fuerte y mayoritario en el Congreso, de lo contrario, será muy conflictivo y complicado poder sacar adelante en el futuro un plan hidrológico nacional, otra vez".

   Aunque no es menos cierto, resaltó, que "hay unos plazos que se tienen que guardar" y se tardaría un año y medio o dos años en poder terminar todos los planes de cuenca, luego, incidió, "está el poder abordar después el plan hidrológico nacional con garantías y llevarlo a efecto".

   En concreto, el titular de Medio Ambiente ha precisado que, una vez se acabe la planificación hidrográfica, se solucione la "mala" depuración de las aguas en más de 900 municipios, y se modifique la Ley de Aguas, en materia de policía de dominio público hidráulico y materia de sanciones será cuando "como broche" se propondrá un "gran Pacto Nacional del Agua que derive en un Plan Hidrológico Nacional", por lo que traslada esta iniciativa para al menos, finales de 2013 ó 2014.

Por su parte, el portavoz del Gobierno regional, José Ballesta, espera que no se vinculen las declaraciones del ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, "a una falta de voluntad política para llevar adelante el plan hidrológico".

   Ballesta respondía así al ser preguntado por las declaraciones del  ministro de Agricultura, quien ha señalado que el Pacto Nacional del Agua "no es inminente" porque "todos" los planes de demarcaciones hidrográficas (planes de cuenca) están "muy retrasados".

   Al respecto, el portavoz del Gobierno de Murcia ha subrayado que "hay que respetar los tiempos" y destacado que "hay una decisión de hacer el plan hidrológico", pero, "no es una cuestión fácil, que se pueda resolver en poco tiempo porque exige el más sentido consenso posible", finalizó.

El Gobierno Valcárcel no logra contener en Murcia la sangría del desempleo (+ 4.012 parados en febrero)

MURCIA.- El número de desempleados registrados en las oficinas del Instituto Nacional de Empleo (Inem) en la Región de Murcia al término del mes de febrero ascendió a 151.232, lo que supone un aumento de 4.012 personas respecto a enero, según datos difundidos este viernes por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

   En términos relativos, el aumento del paro en el mes de febrero en la Región fue del 2,73 por ciento respecto al mes de enero. El desempleo se incrementó en términos interanuales, de forma que en los últimos 12 meses creció en Murcia en 14.493, un 10,6 por ciento más.

   El paro en febrero se incrementó en todas las comunidades autónomas respecto a enero, salvo en Islas Baleares, que descendió en 575 personas; y en Extremadura, que lo hizo en 548. En el caso de la Región de Murcia, el crecimiento relativo supone el séptimo mayor aumento por comunidades.

   En lo que respecta al paro masculino, éste se situó en 77.052 personas, mientras que el femenino alcanzó un total de 74.180 personas.

   Por sectores, el paro subió en Servicios en 2.045 personas, en Industria y en Agricultura lo hizo en 862 personas en cada uno, en el Colectivo sin empleo anterior en 528 personas, y en Construcción en 223 personas.

   En cuanto al paro registrado en los extranjeros en la Región de Murcia durante febrero se situó en 24.246 personas, lo que supone un aumento de 936 personas respecto a enero (4,02 por ciento).

   Respecto al año anterior, el paro entre los extranjeros subió en 1.092 personas (4,72 por ciento). Del total de desempleados extranjeros, 19.998 son extracomunitarios y 4.248 pertenecen a países de la UE.

   El sector con más extranjeros en paro en la Región de Murcia fue Servicios (11.432), seguido de Construcción (4.425), Agricultura (4.303), el colectivo Sin Empleo Anterior (2.304) e Industria (1.782).

La afiliación media a la Seguridad Social gana en la Región 239 trabajadores

MURCIA.- La afiliación media a la Seguridad Social en la Región de Murcia se situó en febrero en 497.755 personas, que supone en términos absolutos un aumento de 239 personas con respecto al mes anterior (0,05 por ciento), según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

   En términos medios, la afiliación se redujo en 15.135 personas en los últimos 12 meses (-2,95 por ciento).

   De las 497.755 personas afiliadas a la Seguridad Social en la Región, 399.673 pertenecen al Régimen General, 89.601 al Régimen de Autónomos, 7.446 al Régimen del Hogar (en extinción), 1.034 a Trabajadores del Mar, ninguno a Minería y Carbón.

   En el caso concreto del Régimen General, está integrado por el sistema especial agrario, con 63.802 trabajadores; el régimen de Empleadas del Hogar, con 1.498; y el general, con 334.373.

Convocan una manifestación en defensa de la enseñanza pública y concentraciones en centros educativos

MURCIA.- El Comité de Resistencia ha convocado ya las primeras movilizaciones tras los "nuevos recortes" del Gobierno regional en materia de educación. Así, el día 13 habrá una manifestación en defensa de la enseñanza pública y el día 9 concentraciones simultáneas en todos los centros educativos de la Región.

   En una reunión celebrada en la mañana este viernes, los sindicatos miembros del Comité de Resistencia han acordado un calendario inicial de movilizaciones en el sector docente no universitario con el objeto de que el profesorado de la Región de Murcia, junto al resto de la Comunidad Educativa "responda a la nueva agresión a la calidad de la educación pública que han supuesto los recortes aprobados por el Gobierno regional", según fuentes de Sterm.

   En concreto, el día 13, a las 18.00 horas, se ha convocado una manifestación con el lema 'En defensa de la enseñanza pública: contra los recortes en educación y en defensa del empleo interino'.

   La marcha comenzará en el Palacio de San Esteban, con un recorrido desde la Plaza Fuensanta hasta la calle Obispo Frutos y, desde ahí, por la Puerta de Orihuela hasta la Consejería de Educación, en la Avenida de la Fama. Al finalizar el recorrido, los asistentes procederán a ocupar de modo "pacífico" la sede de la Consejería de educación.

   Asimismo, el día 9 se han convocado concentraciones de diez minutos en todos los centros educativos de la Región en el comienzo del recreo matutino. El objeto de esta protesta será mostrar el rechazo del colectivo docente a la aplicación, desde el 12 de marzo, de la ampliación del horario laboral docente.

   Un día antes, a las 17.30 horas, se celebrará una asamblea abierta de profesorado interino en el salón de actos de la sede de CCOO, en donde se informará de las repercusiones de las medidas en este colectivo y se decidirán las propuestas de actuación.

   El 12 de marzo, a las 18.00 horas, se mantendrá una reunión con la FAPA 'Juan González', la Asociación Estudiantil Femae y el Sindicato de Estudiantes Independiente en la que se planificarán actuaciones conjuntas "en defensa del sistema educativo público".

   En la semana del 5 al 9 de marzo, se convocarán asambleas comarcales en distintas localidades para debatir los recortes y decidir las medidas de respuesta.

   Al respecto, el Comité de Resistencia ha hecho un llamamiento público al profesorado regional, así como al resto de organizaciones y colectivos de la comunidad educativa a sumarse a participar activamente en estas movilizaciones, defendiendo la enseñanza pública.

El Gobierno español distribuirá alimentos por valor de 80 millones de euros a los "más necesitados"

MADRID.- El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente distribuirá a lo largo de este año alimentos por valor de 80 millones de euros para las personas más necesitadas, en el marco del Plan de ayuda alimentaria de la Unión Europea 2012. 

   Esta cantidad ha sido asignada a España por la Comisión Europea, a través de un Reglamento Comunitario en el que se establece la distribución presupuestaria para cada Estado miembro del montante económico del Plan de Ayuda Alimentaria 2012, dotado con 500 millones de euros.

   La Comisión Europea establece la asignación presupuestaria de cada Estado según los siguientes indicadores: la inversa del Producto Interior Bruto (PIB), el porcentaje de población en riesgo de exclusión social y la población total.

   Así, España, con la asignación de más de 80 millones de euros y 10.094 toneladas de leche desnatada en polvo procedente de los almacenes de intervención pública, se convierte en el segundo país de la Unión Europea, por detrás de Italia, que más fondos comunitarios va a recibir para la implementación de esta medida.

   El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) es el responsable, desde 1986, de la ejecución en España del Plan de ayuda alimentaria a las personas más necesitadas. Dicho plan distribuye alimentos de primera calidad entre más de 1,8 millones de personas necesitadas de nuestro país

   El Plan 2012 tiene previsto distribuir distintos tipos de alimentos. Por un lado, se suministrarán tres productos (leche entera UHT, galletas y pasta alimenticia a la leche) obtenidos a partir del intercambio de la leche desnatada en polvo de la intervención pública por dichos alimentos.

   Además, está prevista la compra directa en el mercado de los siguientes alimentos: arroz, legumbres, aceite de oliva, tomate frito, conservas de pescado, verdura en conserva, fruta en conserva sin azúcar añadido, zumos de frutas, leche de continuación infantil, cereales y potitos infantiles. Esta distribución se hará a través de las organizaciones benéficas que en los próximos meses designará el FEGA.

   En 2011 el Plan fue desarrollado por Cruz Roja Española y la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), que repartieron más de 130 millones de kilos de alimentos a unas 8.000 entidades benéficas que, a su vez, los entregaron a las personas más necesitadas.

   La última fase de dicho Plan 2011 se está llevando a cabo en estos momentos ya que se planificó el establecimiento de una fase de enlace entre los planes de 2011 y 2012 para que los alimentos pudieran llegar de una manera periódica y constante hasta los beneficiarios.

   La Unión Europea ha aprobado recientemente la continuidad de este plan de ayuda alimentaria en 2012 y 2013. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente defenderá la continuidad de este plan comunitario a partir de 2014, tal y como ha venido haciendo en los últimos 25 años.

Nuevas proyecciones económicas de España para 2012

MADRID.- España anunció este viernes el techo de gasto y las proyecciones macroeconómicas y de déficit público que servirán de base para la elaboración de los Presupuestos (actualmente prorrogados) de 2012 que previsiblemente aprobará el Gobierno el 30 de marzo.

El Gobierno de Mariano Rajoy, que ya había aprobado un ajuste de 15.000 millones de euros a finales de diciembre, estableció un límite del gasto público de 116.295 millones de euros (en términos homogéneos), con un descenso del 4,7 por ciento en términos sobre el techo de gasto del año pasado. 

El techo de gasto previsto por el anterior Gobierno socialista para 2012 ascendía a 117.353 millones.

A continuación, las principales magnitudes previstas por el Ejecutivo de Rajoy para el año que viene.

CUADRO MACROECONÓMICO (**)

2011 ant 2012 ant

PIB real 0,7 1,3% -1,7 2,3%

Consumo final -0,7 0,9% -4,0 1,4%

Consumo AAPP -2,2 -1,3% -11,5 -0,8%

Formación Bruta Capital Fijo -5,1 -1,3% -6,9 2,7%

Demanda Nacional -1,8 0,0% -4,6 1,3%

Exportación Bienes/Servicios 9,0 8,3% 3,4 7,9%

Importaciones de ByS -0,1 3,0% -5,9 4,1%

Aportación exterior* 2,5 1,3% 2,9 1,0%

Empleo -2,0 0,2% -3,7 1,4%

PIB nominal (Variación %) 2,1 2,6% -0,8 3,8%

(*) Contribución al crecimiento en puntos porcentuales (**) Previsiones realizadas teniendo en cuenta una "ligera depreciación" del euro y un precio del petróleo prácticamente a 120 dólares por barril, según informó el ministro de Economía, Luis de Guindos.

Tasa de paro: pasa del 21,6 por ciento de 2011 a una previsión de una media del 24,3 por ciento de la población activa.

Necesidad de financiación: pasa del -3,4 por ciento de 2011 al -0,7 por ciento del PIB en 2012.

Gasto de los ministerios pasa de 66.249 millones de euros en 2011 a 57.978 millones de euros en 2012.

Nota: Los datos anteriores corresponden al Cuadro macro presentado el 24 de junio de 2011 bajo el anterior Gobierno socialista.

PREVISIONES DEFICIT/SUPERÁVIT ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

%/PIB 2010 2011 ant 2012

Administración Central -5,66 -5,1 -4,8 -4,0

Comunidades Autónomas -2,83 -2,94 -1,3 -1,5

Corporaciones Locales -0,40 -0,38 -0,3 -0,3

Seguridad Social -0,24 -0,39 +0,4 0,0

DÉFICIT TOTAL AA.PP. -9,3 -8,51 -6,0 -5,8

CCAA y ayuntamientos recibirán 35.000 millones para pagar a proveedores

MADRID.- Las comunidades autónomas y los ayuntamientos recibirán 35.000 millones de euros en un préstamo sindicado a diez años y a un interés cercano al 5% para pagar las facturas pendientes a proveedores, con un periodo de carencia de dos años. 

   Así lo anunció la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros junto a los titulares de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, y el de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro. 

   "Las administraciones tienen que pagar a partir de ahora puntualmente las obligaciones. Será la tónica general", explicó la vicepresidenta, quien argumentó que este plan de pago a proveedores es "clave" para dar confianza, y defendió esta medida como "estímulo" para la recuperación y la creación de empleo en las pymes y autónomos.

   De Guindos, quien concretó que el interés será el que paga el Tesoro (en el entorno del 3,5%) más un diferencial de 115 puntos básicos, aseguró que prácticamente todos los bancos españoles participarán en el préstamo sindicado, entre los que se incluirá también el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

   "Se inyecta liquidez en un momento de estrangulamiento del crédito, lo que supondrá un alivio importantísimo que tendrá su impacto en el crecimiento", explicó el titular de Economía, quien agregó que la emisión estará avalada por el Tesoro y contará con el "contraaval" de los ingresos estatales de las regiones y corporaciones locales. 

   "Las administraciones tienen que pagar a sus proveedores", enfatizó la vicepresidenta, para después agregar que persigue erradicar la morosidad, que se ha llevado por delante a "muchas" empresas y puestos de trabajo.  

   El Gobierno anunció la semana pasada que las corporaciones locales tendrán que suministrar al Ministerio de Hacienda con anterioridad al 15 de marzo el listado de facturas pendientes de pago con los proveedores hasta el 31 de diciembre de 2011, y antes del 31 de marzo tendrán que remitir un plan de ajuste que les permita hacer frente en el futuro al pago de dichas deudas.

   Según avanzó la Sáenz de Santamaría, este plan se hará extensible a las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal que se celebrará el próximo martes 6 de marzo.

   Por su parte, Montoro coincidió en la "importancia" de este préstamo, al considerar que abre "una gran ventana" para acometer la reforma de los servicios públicos. "Poner las cuentas al día es la manera para hacer viables los servicios públicos", concluyó.

El Gobierno español aprueba la ley de Estabilidad Presupuestaria

MADRID.- El Gobierno español ha aprobado el proyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que obliga a las administraciones públicas a tener déficit cero a partir del año 2020, y lo ha remitido a la Cámara Alta para su convalidación.

   Una vez que el Congreso dé 'luz verde' al texto y se introduzcan las enmiendas correspondientes, el proyecto de ley será enviado al Senado para recibir también el visto bueno de la Cámara Alta. Finalmente, volverá de nuevo al Congreso para ser aprobado de forma definitiva.

   La nueva ley introduce la deuda pública como criterio de sostenibilidad presupuestaria, que no podrá superar el 60% del PIB, y obliga a todas las administraciones públicas a presentar equilibrio o superávit computado en términos SEC a partir de 2020, por lo que ninguna podrá incurrir en déficit estructural desde entonces.

   Este objetivo es mucho más estricto que el que pactaron este verano PP y PSOE, con motivo de la reforma de la Constitución para controlar el gasto público, y que contemplaba un déficit estructural máximo del 0,4% del PIB.

   Ahora, este déficit estructural del 0,4% sólo podrá registrarse en caso de que las administraciones estén llevando a cabo reformas estructurales con efectos presupuestarios a largo plazo o en situaciones excepcionales, como catástrofes naturales, recesión económica o situación de emergencia extraordinaria.

   Para conseguir estos objetivos, el proyecto recoge que la deuda pública se reducirá siempre que la economía nacional experimente una tasa de crecimiento real positiva. Además, cuando se alcance una tasa de aumento del PIB del 2% o se genere empleo neto en términos anuales, la ratio de deuda se reducirá anualmente, como mínimo, en dos puntos del PIB.

   En la misma línea, el déficit estructural del conjunto de las administraciones se deberá reducir un 0,8% del PIB nacional en el promedio anual hasta llegar al déficit cero en 2020. En 2015 y 2018 se revisarán las sendas de déficit y deuda.

   Además, todas las administraciones deberán aprobar un techo de gasto, similar al que ya aprueba la Administración Central, consistente con el objetivo de estabilidad, y el gasto público no podrá aumentar por encima de la tasa de crecimiento del PIB, de acuerdo con la normativa europea.

   El proyecto de ley contempla la prioridad absoluta de atender los intereses y el capital de la deuda pública frente a cualquier otro gasto, tal y como establece la Constitución.

   El incumplimiento de los objetivos de déficit exigirá la presentación de un plan económico-financiero que permita la corrección de la desviación en el plazo de un año. Dicho plan deberá explicar las causas de la desviación y las medidas que permitan retornar a los límites.

   En caso de incumplimiento del plan, la administración incumplidora deberá constituir un depósito retribuido del 0,2% de su PIB nominal, que a los seis meses podrá convertirse en multa en caso de que los incumplimientos se reiteren. Pasados nueve meses, el Ministerio de Hacienda podrá enviar una delegación para valorar la situación económico-presupuestaria de la administración en cuestión.

   En realidad, se trata de una forma de intervención de las cuentas públicas, pero nada tendrá que ver con la suspensión de competencias autonómicas, sino que será algo similar a lo que sucede en la UE con los países que han sido intervenidos.

   El cumplimiento de los objetivos se tendrá en cuenta para autorizar emisiones de deuda, conceder subvenciones o suscribir diferentes convenios, y las sanciones impuestas a España por la UE en materia de estabilidad serán asumidas por la administración responsable.

   Antes de llegar a situaciones de incumplimiento del déficit, la ley también refuerza el principio de transparencia y, por ello, cada administración deberá dar información sobre las líneas fundamentales de sus presupuestos antes de aprobarlos. Además, se amplía la información a suministrar para mejorar la coordinación en la actuación económico-financiera de todas las administraciones.

   Según el Gobierno, ésta es una de las grandes reformas estructurales que vendrá a reforzar la estructura institucional de España, mostrando que hay unos controles establecidos para asegurar el cumplimiento del déficit.

El fiscal general del Estado declara la guerra a la corrupción

MADRID.- El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha adelantado hoy que piensa ser "extremadamente beligerante" con la "corrupción política, social y económica", hasta el punto de que ha dado  instrucciones a los responsables de la Fiscalía Anticorrupción para que se muestren "extremadamente vigilantes en esta cuestión". 

   A su entender, la corrupción es "un cáncer social" que "mina elementos esenciales de la convivencia, lastra recursos necesarios para la propia convivencia y establece un clima de enorme desconfianza en instituciones importantes para la convivencia social y el Estado de Derecho".

Organizaciones cristianas piden proteger el domingo como día festivo

MADRID.- Doce organizaciones cristianas de España han pedido a las administraciones locales, provinciales, autonómicas y estatales del conjunto del Estado español que protejan el domingo como día de descanso laboral en la futura legislación nacional y comunitaria relativa al calendario de trabajo, con el fin de "mejorar la protección de la salud de las personas trabajadoras y la conciliación de la vida laboral y la vida familiar".

   Estas organizaciones son la Federación de movimientos de Acción Católica --integrada por Acción Católica General (ACG), Juventud Obrera Cristiana (JOC), Juventud Estudiante Católica (JEC), Mujeres Trabajadoras Cristianas (MTC), Profesionales Cristianos (PX), Movimiento de Jóvenes Rurales Cristianos (MJRC), Movimiento Rural Cristiano (MRC), Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) y la Fraternidad Cristiana de personas con discapacidad de España (Frater)--, la Comisión General de Justicia y Paz (JyP), Acción Católica Obrera (ACO) y las Hermandades del Trabajo (HHTT).

   De esta forma, se suman a la jornada de acción en defensa del 'Domingo Libre' del próximo 4 de marzo, convocada por la Alianza Europea por el Domingo Libre de Trabajo, que reúne a más de 65 organizaciones civiles, sindicales y eclesiales --incluida la Comisión de Conferencias Episcopales de la Comunidad Europea (COMECE) y la Conferencia de Iglesias Europeas (KEK)--.

   En esta jornada, se pedirán medidas legislativas y políticas "que permitan una mejor conciliación de la vida privada y profesional" y una regulación "más humana" del tiempo de trabajo. En este sentido, reivindicarán el domingo libre porque, a su juicio, permite el encuentro con la familia y con los amigos, así como tomar conciencia de las cuestiones fundamentales de la vida.

   Además, las organizaciones animan a todas las entidades, especialmente del ámbito eclesial, a que "difundan y den visibilidad a esta Alianza, que pretende garantizar el descanso dominical" ya que, según recuerdan, es "lo que recuerda la Iglesia insistentemente en su magisterio".

   Por todo ello, confían en que la sociedad civil reconozca "que el día del Señor es también el día de descanso del trabajo" para que sea posible "liberarse de las actividades laborales sin sufrir por ello perjuicio alguno". En esta línea, recuerdan la exhortación apostólica de Benedicto XVI del 22 de febrero de 2007 'Sacramentum Caritatis', que proclama que "es indispensable que la persona no se deje dominar por el trabajo, que no lo idolatre, pretendiendo encontrar en él el sentido último y definitivo de la vida".