MURCIA.- El Gobierno central ha defendido como
"ajustadas al ordenamiento jurídico" las actuaciones policiales que
tuvieron lugar con motivo de la concentración de vecinos en el paso a
nivel de Santiago el Mayor el día del Bando de la Huerta de 2013 para
exigir el soterramiento de las vías, así como la intervención policial
en junio de 2012 con ocasión de la protesta a las puertas del Palacio de
Justicia por la declaración del alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara,
y la intervención en septiembre de 2012, con motivo de la protesta
'Rodea el Congreso' frente a la Delegación de Gobierno en Murcia.
El Gobierno ha respondido de esta forma al portavoz de Interior de
Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en el Congreso de los Diputados, Ricardo
Sixto, quien lamentaba que desde hace más de un año, en la Región de
Murcia "se está viviendo una etapa de represión a los movimientos
sociales y contra la protesta ciudadana, sin precedentes".
En concreto, el diputado de Izquierda Plural lamenta que en la
Región se han sucedido "numerosas actuaciones desproporcionadas,
identificaciones arbitrarias e indiscriminadas, sanciones
administrativas, numerosos detenidos y ciudadanos que han sufrido
agresiones" con fines "intimidatorios y disuasorios", por lo que "se
reportaron y fueron denunciadas".
A modo de ejemplo, Sixto citaba las protestas pro soterramiento en
el Barrio de Santiago el Mayor el 2 de abril de 2013, día del Bando de
la Huerta, cuando "cinco personas fueron detenidas como consecuencia de
la actuación policial", a pesar de que "todas ellas se encontraban
alejadas de las vías del tren". Además, lamenta que tres de ellas
requirieron atención médica y, de ellas, dos tuvieron que ser
hospitalizadas por urgencias.
En segundo lugar, Sixto citaba la protesta que tuvo lugar a las
puertas del Palacio de Justicia con motivo de la declaración del alcalde
de Murcia, Miguel Ángel Cámara, por su imputación en el denominado caso
'Umbra' de corrupción urbanística. Durante la intervención policial,
lamenta que la docena de personas que protestaban "sufrieron agresiones
físicas".
En tercer lugar, el diputado de Izquierda Plural recuerda que con
motivo de la protesta 'Rodea el Congreso', un joven de 16 años fue
"atropellado y golpeado ante la Delegación de Gobierno, sufriendo como
consecuencia un pie roto y seis meses en silla de ruedas, además de las
innumerables contusiones y heridas". Además, critica que varios
ciudadanos que habían participado pacíficamente de la concentración y se
retiraban de la misma "también padecieron las cargas policiales".
Por todo ello, Sixto ha preguntado al Gobierno central cómo valora
las "desproporcionadas actuaciones policiales, sin precedentes, que se
han llevado a cabo en Murcia durante el último año con motivo de las
diversas manifestaciones, concentraciones o protestas ciudadanas contra
las políticas del Gobierno".
Asimismo, preguntaba si el Gobierno ha previsto el Gobierno abrir
alguna investigación sobre la "brutalidad" de las actuaciones
policiales, si tiene previsto "exigir alguna responsabilidad a los
mandos que ordenaron las cargas policiales", y si tiene previsto dictar
alguna instrucción para poner fin a las "identificaciones arbitrarias e
indiscriminadas" de ciudadanos.
A este respecto, el Gobierno ha respondido que la intervención
policial en manifestaciones y concentraciones "consiste, exclusivamente,
en procurar la protección de los derechos y libertades de los
ciudadanos". En este sentido, puntualiza que durante los años 2012 y
2013 en la Región se desarrollaron un total de 783 actos de
manifestación y concentración, habiéndose producido "disturbios" en seis
de ellos.
En concreto, el Gobierno defiende que en la protesta por el
soterramiento de la vía del tren en Santiago el Mayor un grupo de unos
300 manifestantes "cortó, durante un acto de manifestación no
comunicada, las vías del ferrocarril, impidiendo la circulación del
tráfico ferroviario en Murcia". Paralelamente, explica que el Cuerpo
Nacional de Policía fue informado de la existencia de "incidentes entre
usuarios del tren y empleados de la Estación del Carmen".
Teniendo en cuenta la "numerosa asistencia" de visitantes a la
fiesta del Bando de la Huerta, el Gobierno sostiene que "existía una
situación de riesgo grave para la seguridad pública siendo precisa la
presencia de funcionarios policiales con la finalidad de despejar el
citado tramo de vía".
Sin embargo, el Gobierno central explica que los manifestantes
"hicieron caso omiso a las reiteradas solicitudes de disolución,
negándose los responsables de la manifestación a identificarse ante los
agentes que se lo requerían", por lo que considera que la actuación
policial "se ajustó a derecho y, en cumplimiento de la normativa de
seguridad ciudadana, se procedió a la detención de las personas que
estaban al frente de la manifestación".
A juicio del Gobierno, tal afirmación "se corrobora por el
pronunciamiento emitido al efecto por el Juzgado de Instrucción, al
condenar a los detenidos como responsables de una falta contra el orden
público, así como al pago de las costas causadas".
Con respecto a la protesta frente al Palacio de Justicia con
ocasión de la declaración de Cámara, el Ejecutivo señala que una vez se
produjo la entrada del alcalde, un grupo de personas que protestaban
contra él se desplazó hacia la calle Trapería y Gran Vía,
"introduciéndose en varias entidades bancarias, interrumpiendo el normal
desempeño comercial de las mismas y provocando diversos daños en sus
cajeros automáticos".
Posteriormente, sobre las 13.30 hora, unas 20 personas del mismo
grupo, "se presentaron de nuevo en las puertas del Palacio de Justicia a
la espera de la salida del declarante", y allí "se produjeron una serie
de disturbios, provocando empujones y forcejeos con los funcionarios
policiales, llegando uno de los organizadores de la protesta a intentar
coger el arma reglamentaria de uno de los agentes", según la versión del
Gobierno.
Como consecuencia de tales conductas, afirma que fueron
identificados los manifestantes más activos, remitiéndose el atestado
policial a la autoridad judicial.
La tercera actuación policial tuvo lugar el 29 de septiembre de
2012, con ocasión de la iniciativa 'Rodea el Congreso' frente a la
Delegación, donde el Gobierno recuerda que "un grupo de unas 250
personas gritaban consignas en favor de asaltar la sede institucional,
motivo que dio lugar al traslado de varias dotaciones policiales con el
fin de impedir tal asalto".
Posteriormente, el Gobierno explica que el grupo de manifestantes
"se desplazó por las calles de Murcia, provocando diversos incidentes,
interrumpiendo el tráfico rodado, acometiendo contra varios vehículos y
sus ocupantes, intentando paralizar la actividad de varios comercios y
de una entidad bancaria, y arremetiendo contra diversos viandantes".
Según las mismas fuentes, el referido grupo de personas "finalizó
su recorrido en la Delegación del Gobierno, donde comenzaron a lanzar
objetos contundentes como botellas, rodamientos metálicos y piedras
contra los funcionarios policiales allí desplegados".
El Gobierno remarca que el menor de edad herido "era una de las
personas que presuntamente lanzaba piedras contra los agentes, por lo
que fue seguido por un policía que conducía una motocicleta". En el
momento de llegar a su altura, el funcionario "le dio el alto y éste le
respondió con una patada que impactó en el vehículo del agente". Como
consecuencia de la patada, el agente "perdió el equilibrio y cayó de la
motocicleta, y ésta, en su caída, golpeó al joven en el pie".
