 MURCIA.- El ex director general de  Calidad Ambiental del Gobierno de Murcia, Antonio Alvarado, aseguró hoy que "por  fin ha habido alguien que ha escuchado con oídos jurídicos y no con oídos  políticos mi declaración. Ha sido un adelanto importante que el Fiscal Jefe,  Manuel López Bernal, haya podido escuchar las explicaciones".
MURCIA.- El ex director general de  Calidad Ambiental del Gobierno de Murcia, Antonio Alvarado, aseguró hoy que "por  fin ha habido alguien que ha escuchado con oídos jurídicos y no con oídos  políticos mi declaración. Ha sido un adelanto importante que el Fiscal Jefe,  Manuel López Bernal, haya podido escuchar las explicaciones".
Alvarado hizo estas afirmaciones tras  declarar hoy, durante más de dos horas, ante el titular del Juzgado de  Instrucción número 3 de Murcia, Antonio Alcázar, por presuntas irregularidades  en la recalificación del paraje protegido de La Zerrichera (Águilas).  Y al observar el juez indicios de delito en el proceso de urbanización del citado terreno.
También fueron llamados por el juez la que fuera directora  general de Medio Natural, Encarna Muñoz; y el antiguo jefe de servicio de  Calidad Ambiental y presidente de la comisión técnica de Impacto Ambiental, Juan  Ignacio Sánchez Gelabert. 
Antonio Alvarado indicó que "antes de que yo  estuviera en Murcia ya se aprobaron urbanizaciones en Zonas de Especial  Protección para Aves (ZEPA)". En este sentido, exigió que "el derecho sea igual  en un municipio donde gobierne el PSOE y donde gobierne el PP". 
"Lo que  no se puede es aplicar la ley con caracter político y el Fiscal es el defensor  de la legalidad en todos sitios por igual" afirmó al tiempo que dijo que "el  Fiscal Jefe debería de ser el defensor de la legalidad y aquí en Murcia hay  construcciones en ZEPA".
"Si estamos en un Estado de Derecho, la ley tiene que ser exactamente igual aquí  que allí", dijo, para añadir que el Derecho es igual en un municipio o una  comunidad autónoma del PSOE o del PP, y que no se puede aplicar la ley "con oído  político".
En este sentido, dijo haber declarado ante las  autoridades judiciales estar "sorprendido" de que en lugares como "Extremadura,  en el embalse de Valdecañas, se pueda construir en una ZEPA y no pase nada". Y  es que si "el Estado de España es un estado de derecho la ley tiene que ser  igual para todos" espetó. "Allí no pasa absolutamente nada y no se se ha imputado a nadie".
Alvarado criticó que "se ha lanzado la  idea interesada de que en una ZEPA no se puede construir absolutamente nada".  "Quien haya dicho eso miente, porque la Unión Europea (UE) habla de que hay que  tener en cuenta los valores sociales y medioambientales, además de que se tiene  que hacer una adecuada evaluación de repercusiones", manifestó.
Subrayó que La Zerrichera no obtuvo la declaración de Lugar de Interés  Comunitario (LIC) hasta octubre de 2006, dos años después de iniciado el proceso  de recalificación de esos terrenos.
Preguntada su opinión sobre la decisión del TSJ de paralizar de forma  cautelar la recalificación urbanística del proyecto, matizó que la paralización  cautelar la hizo él mismo en mayo pasado "porque no cumplía la declaración de  impacto ambiental de la modificación puntual del Plan General, y además  -subrayó- el auto del Tribunal reproduce mi paralización".
El ex  director general aseguró que en La Zerrichera "no hay ninguna urbanización  aprobada, sólo una modificación puntual de uso agrícola a urbanizable" del  suelo. "Aquí todavía no se ha construido nada".
Igualmente, Alvarado expresó que durante su declaración "el Fiscal sólo  me ha hecho dos preguntas" ya que "prácticamente el que ha llevado el peso de la  declaración ha sido el juez". Según Alvarado, las autoridades judiciales durante  su intervención le preguntaron acerca de "mis competencias y por el archivo de Águilas". 
En relación al delito de cohecho, uno de los cinco por los que  Alvarado está imputado, expresó que "se me imputa de cohecho" y "aparte de  llevarme miles de disgustos y haber trabajado doce horas al día, no me he llevado nada",  puntualizó. 
Además aseguró que "cuando se  termine todo esto, haremos lo que tengamos que hacer, no se terminará aquí, esto  tendrá largo recorrido. Ahora toca defenderse y defenderé todo lo que tenga que  defender".
"Ahora voy a defender mi trabajo, mi honradez; cuando todo esto termine alguien  deberá decir algo. Como funcionario público también se pueden cometer otro tipo  de delitos, como prevaricación, acusaciones o denuncias falsas...", señaló.
Alvarado, que aseguró que no se le ha informado de cuál o cuáles de los  cinco delitos de la querella se le imputan, afirmó que para que haya cohecho  "alguien tiene que llevarse el dinero". Y "habrá que preguntar al fiscal a quién  le imputa el cohecho", añadió.
Por su parte, Encarna Muñoz, que fue la primera en comparecer y lo  hizo durante cerca de dos horas y media, afirmó que "estoy bastante contenta de, por fin, después de siete meses, haber tenido la oportunidad de contar cual  ha sido toda la actuación de la Dirección General del Medio Natural".  
Debido a ello se mostró "totalmente satisfecha de colaborar con la  autoridad judicial y, de verdad, contar cual ha sido la intervención de Medio  Natural en todo el proceso".
"Las actuaciones han sido varias, totalmente  ajustadas a derecho, y creo que he tenido la oportunidad de aclararlo ante la  autoridad judicial", agregó. 
Además manifestó tener "confianza plena en  la Justicia a partir de ahora porque he tenido la oportunidad de aclarar a su  señoría toda la actuación de Medio Natural", por lo que espera "nos liberemos  ya de juicios paralelos sobre el tema". 
También argumentó que la primera  vez que declaró ante la autoridad judicial, "no conocía bien los antecedentes del  procedimiento, ni las denuncias que se estaban haciendo, y ahora conozco la  querella, y qué es lo que se formulaba a raíz de las denuncias". 
Con  respecto a la paralización de La Zerrichera, consideró que "estaban plenamente  ajustadas a derecho todas las actuaciones que hizo la Dirección General de Medio  Natural; eso es lo que he dicho y lo mantengo". 
Muñoz señaló que  la decisión judicial de paralizar todo el proceso de La Zerrichera "no viene más  que a confirmar una actuación del entonces director general de Calidad  Ambiental, Antonio Alvarado. Confirma una actuación, que fue paralizar ese Plan  Parcial", agregó. 
Finalmente, las declaraciones del resto de imputados,  el actual alcalde de Águilas, Juan Ramírez; el ex concejal del PP aguileño, José López; el ex director general de Arquitectura,  Vivienda y Urbanismo, Manuel Alfonso Guerrero; y el subdirector general de  Vivienda, José María Ródenas, se tomarán el próximo jueves en el Palacio de  Justicia de Murcia.- (Agencias)