La expresión es muy dura, desagradable,
grosera, probablemente injusta. No es mía. Es de Ignacio Gónzález en una
de sus castizas conversaciones telefónicas con alguno de sus
compinches, cómplices y amigos, entre los que se encuentran, al parecer,
el ministro de Justicia, el ex-ministro Zaplana, etc. Todas personas
relevantes de la derecha; gentes de orden, probablemente católicas.
Entre ellas el tal González, personaje público que llegó a ser
presidente de la Comunidad de Madrid, tras haber sido mano derecha (y
larga) de Aguirre.
Un hombre por encima de toda sospecha, que administró
miles de millones de dinero público de los que, con ayuda de su familia
(la derecha siempre vela por la familia) sustrajo presuntamente cientos
en una complicada red mafiosa, según parece con complicidades en muchos
puntos de todos los poderes del Estado. Del ejecutivo, ministros; del
legislativo, diputados y senadores; del judicial, jueces y fiscales.
¿Un
caso aislado? No, claro. Un partido con 900 imputados no tiene 900
casos aislados. Es un partido corrupto o, como dicen los jueces, una
supuesta organización para delinquir. Y no de hace tiempo o en un lugar
lejano. Aquí, ahora y hasta el futuro inmediato. Ese partido y ese
gobierno tienen un nuevo presidente de Comunidad Autónoma (el de Murcia)
imputado y un ministro reprobado con petición de dimisión junto a sus
dos máximos fiscales, esos probos funcionarios a los que se atribuye la
resurrección del viejo afilador. El titular de "Anticorrupción" es
copropietario de una sociedad off-shore. El conjunto presidido por alguien citado a declarar como testigo en un proceso penal por primera vez en la historia.
Todo
lo anterior era evidente hace meses, años incluso. Defenestrado en el
golpe de mano "chusquero", Sánchez levantó bandera por el "no", sostuvo
que la abstención habia sido un error y ganó las elecciones asegurando
que pediría ipso facto la dimisión de Rajoy por que ni él ni su partido
están en condiciones de gobernar. En lugar de ello lo ha llamado y se ha
puesto literalmente a sus órdenes. Esgrimiendo el sagrado interés de la
Patria, el PSOE renuncia a cuestionar la gestión anterior de la derecha
respecto a Cataluña y apoya incondicionalmente una orientacion
represiva del gobierno. Nada de dimisión: apoyo en toda regla. Y, de
regalo, los presupuestos.
¿Cuál
es la razón de este giro? Tengo una hipótesis. Asustados los barones y
viejas glorias del PSOE (los de la foto del Ifema), al ver en directo y
en tiempo real las condiciones de la candidata que apoyaban, tomaron una
decisión. Hablaron con el candidato al que habían defenestrado por
sospecharle veleidades pactistas con los indepes y le prometieron
neutralidad en la campaña si él, a su vez, prometía mantener la unión
nacional bajo la égida del PP.
Obsérvese que ninguno de los del Ifema
volvió a hablar en público a favor de Díaz, exceptuado el inimitable
Zapatero. La andaluza se trabajó la campaña a solas y únicamente
consiguió llevar al mitin de cierre a un Alfonso Guerra que parecía el
espectro del Comendador. El resultado fue el que fue y lo primero que ha
hecho Sánchez ha sido cumplir con el pacto antes que con su palabra. Y,
de este modo, quien venía del frío para echar a la derecha, ha sido
quien ha acabado de apuntalar el gobierno de la derecha más corrupta de
Europa. Si non è vero, è ben trovato.
Hay
que hacer las paces, unir y recuperar el partido y prepararlo para las
próximas elecciones que pueden ser en cualquier momento, sobre todo si
el mandato del congreso es que pida la dimisión de Rajoy y haga una
oposición eficaz, no "constructiva" como la de la gestora y la que el SG
ha empezado a hacer. Esto quizá le resuelva la cuestión de la paz
interna en el partido, depende de cómo se lo tome la militancia.
Pero
le queda articular una posición respecto al otro partido de la
izquierda. La obsesión de Podemos con el protagonismo mediático lo lleva
a entender su relación con el PSOE como una de amor-odio en la que
acaba prevaleciendo el odio porque está anclado en el esquema conceptual
de la vieja relación PSOE-IU. Por ello no puede convertir el
espectáculo en realidad tangible y se ve obligado a recurrir muy a su
pesar al primogénito, al que, como Jacob, trata de engañar sin
conseguirlo porque el PSOE ahora está ahito, pisa fuerte, pues ¿no se
codea con el presidente del gobierno en un episodio que sintetiza el
renacer del venerable bipartidismo? Eso es preparar maquinaria de
elecciones en nada de tiempo. Chapeau.
Lo
malo es el discurso. Y sobre todo el punto negro de este, el pasaje de
turbulencia, el nombre que, como el de la Biblia, no se puede nombrar:
Cataluña y su proceso independentista. Al llegar aquí, se cierran las
filas y surge un "no" bronco y a coro, el "no" nacional español. Sin
razones, salvo el respeto a la ley. Pero ninguna ley puede pasar por
encima de la voluntad del 75% del electorado de un territorio, una
inmensa mayoría. Se responde que esa mayoría es minoría en el seno de
otra mayoría, la española. Cabe dejar este debate a quien le interese y
preguntar directamente al PSOE (a la izquierda en general) si también
cree, como finje hacerlo la derecha, que el independentismo es una
cuestión de un grupo de fanáticos, medio nazis y corruptos que han
secuestrado la voluntad del buen pueblo catalán, más español que los
manchegos.
Si
no es así, si cree que el millón y medio de votantes del JxS y los
cuatro y pico millones de electores que piden un referéndum merecen un
respeto y que se les escuche, como tanto preocupa a la vicepresidenta
del gobierno, ¿qué piensa hacer al respecto? ¿Tratar la cuestión como un
problema de orden público que se resuelve solo con medidas represivas
o, como dice un dirigente de la nueva socialdemocracia, coercitivas?
Esa propuesta de reforma federal de la Constitución, se inspire o no
en las de Anselmo Carretero, ¿qué viabilidad tiene? Sobre todo, ¿qué
viabilidad tiene en Cataluña?
Entre
tanto, en este país, en donde rige la ley, y donde se fusiló a un
presidente de la Generalitat, hoy hay otro que lo fue, procesado, como
procesada está la presidenta del Parlamento y otros cargos o excargos de
la Generalitat. Y la perspectiva es que el conflicto se agrave y se
convierta en una espiral.
A lo mejor tiene razón Ignacio González en su juicio. Él parece parte inseparable de este país.
Escuchar a los catalanes
Realmente, ¿cómo iba a haber diálogo
cuando una de las partes no parece estar enteramente en sus cabales? El
contundente juicio de Sáenz de Santamaría sobre las auténticas
intenciones de Puigdemont roza el delirio, es casi una declaración
patafísica, dadaísta: Puigdemont quiere hacer un referéndum para no
escuchar a la población. Desde luego, el diálogo era imposible.
Y
esa imposibilidad viene apuntalada por el respaldo manifiesto de Pedro
Sánchez a la línea del “no” del PP, formándose así ya de hecho una
“unión sagrada” de los tres partidos dinásticos, PP, PSOE y C’s. Frente
al independentismo catalán que es, además, republicano. Es también una
“unión dinástica”.
Tan
fuerte que permite a la vicepresidenta seguir haciendo gala de su
sentido de la lógica, cuando sostiene que el referéndum es ilegal pero
invita a Puigdemont a defenderlo en el Parlamento; es decir, lo invita a
defender una ilegalidad. Como cuando el emperador convocó a Lutero a la
Dieta de Worms para que abjurara de sus tesis. Lutero no abjuró y
Puigdemont no compareció.
La
cumbre del referéndum no tiene otra opción que convocarlo con fecha y
pregunta. A partir de aquí empieza la cuenta atrás del juego de
acción-reacción-nueva acción. El Estado estará al acecho para impugnar
cualquier acto de la Generalitat, por nimia que sea la causa, si
entiende que propicia la realización del referéndum. A su vez esta
tendrá que ir poniendo barreras y cortafuegos para avanzar en sus
intenciones, descansando en su base popular y la movilización social.
Sin pacto por medio, el referéndum se convierte de hecho en otro 9N,
pero en condiciones distintas, agravadas.
La
cuestión no es hasta dónde está dispuesta la Generalitat a seguir con
su hoja de ruta pues está clara: hasta el final, hasta la celebración
del referéndum. Antes bien, la cuestión es hasta dónde está dispuesto el
Estado (es decir, el gobierno con su mayoritario apoyo parlamentario) a
llegar en su política represiva o, como dicen sus aliados socialistas
en esta tarea, sus “medidas coercitivas”.
Según
se acerca el momento de eso que llaman los medios “el choque de
trenes”, surgen vacilaciones, desconciertos, presiones, búsquedas de
terceras vías sin mucho crédito ya y hasta bien intencionadas
propuestas. Por ejemplo, se dice que la represión del referéndum se
mantendrá hasta que el bloque independentista desista en su actitud con
el menor descalabro posible y convoque elecciones autonómicas ordinarias
que, se espera, traerán una composición distinta del Parlamento.
La
opción de elecciones autonómicas es tan válida como otra cualquiera y,
de verse en la necesidad por causa de fuerza mayor sin duda los partidos
independentistas estarán preparados. Es una vía que tienen abierta y a
la que pueden dar el valor simbólico que quieran. Pero no es eso lo que
pretenden y, al mismo tiempo, temen que una nueva consulta electoral por
imposibilidad de culminar la hoja de ruta desmovilizará un porcentaje
del electorado independentista.
Por
ello, a la vista del bloqueo sistemático de todas las iniciativas de la
Generalitat, la mayoría independentista del Parlamento puede acudir a
otra vía posible, la declaración parlamentaria unilateral de
independencia (DUI). La unión sagrada española de los tres partidos
habrá previsto que, al negar toda posibilidad de diálogo, esta opción se
hace verosímil.
De
adoptarse, se generarían dos reacciones paralelas: de un lado, una
intensificación de la acción represiva del Estado, por medios
excepcionales, incluida la intervención de hecho de la Generalitat y una
previsible escalada de inestabilidad que no beneficiará a nadie y
servirá como trasfondo de la otra reacción, la de una
internacionalización del problema, pues la Generalitat la llevaría a la
Corte Internacional de Justicia, argumentando el precedente de la
opinión consultiva sobre Kosovo.
No
está claro que prosperara pero la internacionalización sería un hecho,
con el agravante de una situación interior de excepcionalidad. Justo los
elementos que invitarán ofertas de mediación extranjera todas las
cuales, obviamente, comenzarán por recomendar un referéndum.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
